Para la Red de Redes, el texto resulta «opaco y confuso» en relación a la lucha y prevención de la corrupción y a solventar los conflictos de intereses. Por ello, presenta a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas para «mejorar los proyectos de ley para el impulso de una compra pública responsable». La Red […]
Para la Red de Redes, el texto resulta «opaco y confuso» en relación a la lucha y prevención de la corrupción y a solventar los conflictos de intereses. Por ello, presenta a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas para «mejorar los proyectos de ley para el impulso de una compra pública responsable».
La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), ante el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público aparecido en el Boletín Oficial de Cortes Generales, ha difundido un comunicado donde considera, como ya declaró en relación al anteproyecto de ley presentado en marzo de 2015, que el texto del Proyecto de Ley es «claramente insuficiente» en relación a la introducción de criterios sociales y medioambientales en los procesos de compra y contratación pública.
Para REAS el texto resulta «opaco y confuso» en relación a la lucha y prevención de la corrupción y a solventar los conflictos de intereses. «Las imprecisiones, ambigüedades y la poca concreción en relación a estos aspectos también fueron señaladas en el Dictamen 8/2015 del 25 de junio del Consejo Económico y Social, órgano consultivo del gobierno, con respecto al anteproyecto, pero se han mantenido en el proyecto de ley», advierte en el comunicado.
Desde el colectivo señalan también que, «aunque en la exposición de motivos del proyecto se hace mención al espíritu de la Directiva 2014/24/UE, su trasposición, sin embargo, es claramente insuficiente y no se corresponde con las pretensiones señaladas». En concreto, se refieren a los contenidos sociales que debiera tener la contratación pública: «Permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo a objetivos sociales; los órganos de contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación; conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo y promoción de las PYMES, etcétera».
Según explica REAS fue por la suma de estos argumentos por los que ya propusieron una revisión en profundidad del texto, de manera que su articulado recogiese con mayor claridad y precisión los criterios de tipo social y ambiental presentes en la directiva europea y en la propia exposición de motivos del anteproyecto.
Ante el paso adelante dado por el Gobierno español mediante la tramitación con carácter de urgencia del proyecto de ley, REAS anuncia que ha elaborado un documento de propuestas que recoge un total de 19 enmiendas: 12 a la Ley de Contratos del Sector Público y siete a la Ley sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales. Asimismo, apuntan que, desde hoy mismo y a lo largo de los próximos días, se están manteniendo encuentros con todos los grupos parlamentarios, a los que ya se les ha hecho llegar este documento, con el fin de que asuman las enmiendas como propias y las presenten para modificar los proyectos presentados. El documento presentado puede consultarse en este enlace.
La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria subraya, además, que «el carácter de urgencia no corresponde a la importancia que se le debe a una ley que se propone como herramienta a nivel europeo para evitar la corrupción, garantizar un uso eficiente de los fondos públicos y conseguir objetivos sociales comunes».
Para tal fin, remarcan, «urge la consulta y participación de los agentes sociales interesados, partidos políticos y grupos parlamentarios, sindicatos y agentes económicos, a quienes convocamos, junto a asociaciones de consumo, movimientos sociales y entidades del tercer sector, a que muestren abiertamente su rechazo a este proyecto de ley que, más allá de sus planteamientos generales, se demuestra insuficiente, poco claro y pobre de ambición y firmeza». En especial, desean apelar a todo el movimiento de la Economía Social y Solidaria: «Redoblemos nuestros esfuerzos y presiones, difundamos la opacidad del texto y nuestra resistencia, de manera que consigamos introducir aquellos aspectos que demandamos para una socialmente transformadora política de compra pública».
REAS y la contratación pública
La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) es una red formada por 14 redes territoriales y cuatro sectoriales para un total de cerca de 600 empresas y entidades que dan empleo a alrededor de 9.000 personas y cuenta con unos ingresos anuales de 380 millones de euros. Suma también cerca de 30.000 personas voluntarias y miles de socias en proyectos cooperativos relacionados con las finanzas éticas, la comercialización y consumo de energías renovables o la producción y consumo de productos alimentarios locales. REAS-Red de Redes, pertenece a CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) e internacionalmente a RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria).
El objetivo de REAS es impulsar alternativas económicas desde valores relacionados con la equidad, la sostenibilidad ambiental y social, la solidaridad, la participación y la inclusión social, como se recoge en la carta de principios común a todas las entidades y personas participantes. Así, realiza campañas de sensibilización ciudadana, fomenta el emprendizaje en economía social y solidaria, impulsa la construcción de mercados sociales, desarrolla herramientas de auditoría social, fomenta la investigación y la formación, trabaja propuestas de políticas públicas locales, etc.
Desde esta perspectiva, REAS viene trabajando desde hace años en impulsar la contratación pública responsable, entendida como la contratación de productos y servicios por parte de las administraciones públicas desde criterios relacionados con la equidad social, el medio ambiente o la ética en el desarrollo de dichos productos y servicios. Las administraciones públicas, con ello, «multiplican los efectos positivos de su acción, garantizan un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitan la participación de determinadas empresas que prestan servicios con un valor añadido y apoyan el desarrollo de otras políticas sociales», aseguran. Así, se viene avanzando en estas propuestas junto a muchos ayuntamientos, diputaciones y gobiernos territoriales, ofreciendo para ello herramientas concretas para su impulso.
«En REAS, acogimos con satisfacción las últimas directivas europeas en materia de contratación pública que animaban a los estados a promover aspectos sociales, éticos y ambientales», remarcan. Sin embargo, consideran que los proyectos de ley sobre esta materia recientemente presentados en el Parlamento, «si bien recogen algunos de ellos, no desarrollan todo su potencial y son muchas las opciones que dichas directivas abren y que no han sido consideradas». Es por ello que presentan ahora a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas, con sus argumentaciones y justificaciones, que «persigue mejorar dichos proyectos de ley para el impulso de una compra pública que contribuya a la cohesión e inclusión social y esté al servicio de un desarrollo humano sostenible».
Fuente: http://arainfo.org/reas-enmienda-la-ley-de-contratos/