Liderados por las autoridades locales, habitantes de Chiloé bloquearon este viernes los accesos a ese austral territorio insular de Chile, en protesta por la decisión del gobierno nacional de Michelle Bachelet de no construir el puente que lo uniría con el continente. Cerca de 200 vehículos impiden desde la mañana de este viernes el ingreso […]
Liderados por las autoridades locales, habitantes de Chiloé bloquearon este viernes los accesos a ese austral territorio insular de Chile, en protesta por la decisión del gobierno nacional de Michelle Bachelet de no construir el puente que lo uniría con el continente.
Cerca de 200 vehículos impiden desde la mañana de este viernes el ingreso a la Isla Grande de Chiloé, ubicada en la décima región de Los Lagos, 1.030 kilómetros al sur de Santiago. Sólo se permite el paso de ambulancias.
El presidente del Comité Pro Puente, Daniel Villalobos, aseguró que el bloqueo, que afecta principalmente a los camiones de carga, es por tiempo indeterminado.
La movilización busca que la presidenta Bachelet reciba a los 10 alcaldes del archipiélago, dado que no están dispuestos a conversar con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, quien les informó el pasado 21 de julio de la decisión gubernamental de no realizar la obra.
Bachelet indicó que recibirá a los alcaldes la próxima semana, pero sólo después de que el ministro Bitrán tenga listo el plan alternativo para conectar el archipiélago al continente. No obstante, los isleños quieren que se fije una fecha concreta para la cita.
Pablo Ossio Muñoz, alcalde de Ancud, una de las ciudades de las islas, aseguró que la construcción del puente es «la única vía de conexión que tienen los chilotes con el continente», por lo que se movilizarán hasta que obtengan una respuesta positiva por parte del gobierno.
Los 160.000 habitantes de Chiloé no quieren seguir transportándose en transbordadores de y desde el territorio continental y se niegan a recibir soluciones temporales.
Esto representa un gran desafío para Bachelet, dado que en sus cinco meses de mandato ha debido enfrentar diversas críticas sobre su manera de resolver los conflictos, entre los cuales se destaca la huelga nacional protagonizada por los estudiantes secundarios de todo el país en mayo.
Los ataques a su gestión motivaron incluso la remoción en julio de tres de sus ministros, los de Interior, Educación y de Economía.
Además, está en juego la real importancia que el gobierno de Bachelet le da a la descentralización y el progreso de las regiones, una de sus promesas de la campaña electoral.
«Yo entiendo que en democracia pueden haber expresiones (de disgusto), pero también espero que haya orden necesario para que Chiloé, como el resto de la región, pueda continuar con sus actividades necesarias», explicó Bachelet, quien no descarta ninguna alternativa dentro de las posibles soluciones, entre las cuales está la edificación del puente.
En tanto, el ministro Bitrán aseguró que llegará «como sea» a la isla este sábado para explicarles a los chilotes las razones que tuvo para suspender el proyecto, que a su juicio es económicamente inviable.
Bitrán informó el lunes pasado de la decisión del gobierno de dejar sin efecto la concesión para construir el puente sobre el Canal de Chacao, debido a que el presupuesto presentado por la empresa constructora excedía ampliamente los recursos asignados por el Estado.
Según el estudio de factibilidad económica presentado por la Sociedad Concesionaria Puente de Chiloé, la obra de 2,6 kilómetros de longitud con tres torres de sustentación, cuesta hoy 935 millones de dólares, 330 millones más de lo que establecía el contrato original entre la sociedad y el fisco.
La concesionaria, que está conformada por cinco empresas, dos de Chile y una de Francia, Estados Unidos y Alemania, informó que el incremento del costo de construcción se debió al aumento de los precios de los insumos, entre ellos el acero.
A cambio, el ministro Bitrán señaló que se estudiarían otras alternativas de transporte marítimo para la zona.
Esto motivó la airada reacción de los habitantes del territorio insular, debido a que es un proyecto demorado por los gobiernos de la coalición centroizquierdista Concertación por la Democracia que se sucedieron tras el final de la dictadura de 17 años en 1990 en este país hoy con 15, 6 millones de habitantes.
Una de las críticas más enconadas contra el gobierno la protagonizó el diputado Gabriel Ascencio, del propio cogobernante Partido Demócrata Cristiano, quien aseguró que, si no se construía el puente, no seguiría trabajando con la presidenta Bachelet.
«Esto es frustrante y decepcionante. Es un balde de agua fría a las ilusiones de tanta gente de Chiloé, ilusiones y expectativas que los distintos ministros de Obras Públicas de los gobiernos de la Concertación ayudaron a levantar» dijo el parlamentario luego de conocer el anuncio oficial.
«Aquí se compran submarinos, (aviones caza) F16 (à) nos armamos para no se qué, gastamos miles de millones de dólares en esas cosas y el gobierno no es capaz de ver como se concreta una obra que es beneficiosa para toda la gente de Chiloé», enfatizó Ascencio.
El legislador hizo un llamado al gobierno a analizar la «rentabilidad social» del proyecto antes que la «rentabilidad económica».
La presidenta de la Democracia Cristiana, senadora Soledad Alvear, se solidarizó con Ascencio y llamó a la presidenta a buscar una «salida política» al conflicto.
En tanto, el senador del también cogobernante Partido por la Democracia (PPD) Guido Girardi salió en defensa del ministro Bitrán.
«Nosotros no vamos a permitir que un ministro que está defendiendo el interés nacional, un ministro que por oponerse a los grupos económicos que están detrás de las concesionarias que quieren mantener sus privilegios, sea cuestionado», dijo.
De igual forma, los diputados PPD Guillermo Ceroni y Jorge Tarud aseguraron que la construcción del viaducto en Chiloé podría generar innumerables perjuicios en el resto de las regiones, ya que su alto costo no permitiría concretar una serie de otras obras en el país.
Consultada sobre la posibilidad de aplicar la ley de Seguridad Interior para levantar el bloqueo de la isla, Bachelet llamó a no hacer «política ficción» y señaló que, en cualquier caso, las autoridades locales harán lo que tienen que hacer.