Una vez ordenada la libertad de Alejandra Méndez, Natalia Trujillo, Lina Jiménez, Lizeth Rodríguez, Iván Darío Ramírez, Boris Rojas, César Barrera, Cristian Sandoval, Juan Camilo Pulido y Andrés Bohórquez, -acusados por presuntamente cometer el atentado contra el centro comercial Andino-, desde un muy alto nivel de la Fiscalía General de la Nación, se diseñó una […]
Una vez ordenada la libertad de Alejandra Méndez, Natalia Trujillo, Lina Jiménez, Lizeth Rodríguez, Iván Darío Ramírez, Boris Rojas, César Barrera, Cristian Sandoval, Juan Camilo Pulido y Andrés Bohórquez, -acusados por presuntamente cometer el atentado contra el centro comercial Andino-, desde un muy alto nivel de la Fiscalía General de la Nación, se diseñó una estrategia para evitar que recobraran su derecho. Solicitar otra orden de captura, fue una de las acciones jurídicas emprendidas por la entidad. El 26 de agosto, el Juez 4 penal municipal con funciones de control de garantías de Medellín avaló el pedido de privación de la libertad con fines de realizarles una nueva imputación y solicitud de medida de aseguramiento intramural, esta vez por el delito de Rebelión, según una dudosa investigación que adelanta el Fiscal 135 Especializado (DECOC) de Medellín por presuntos hechos ocurridos en febrero de este año, es decir, cuando ellas/os ya se encontraban presos/as.
A su vez otros factores se entrecruzaron en la concreción de esta detención arbitraria. El 27 de agosto de 2018 La reclusión de Mujeres El Buen Pastor, la cárcel Nacional Modelo y el Complejo Penitenciario de Bogotá – Picota, se negaron a conceder la libertad de las y los detenidos ordenada por la Juez 10 el día anterior; primero porque -según sus manifestaciones- no lograban acceder a la información de los antecedentes de las y los internos y luego por presuntos errores de en las órdenes de captura que no lograron aclarar con el Juzgado que la emitió. Pese a que de todo que venía aconteciendo se informó a un juez de habeas corpus, la prolongación ilegal de la privación de la libertad continúo, sin una intervención oportuna y eficaz.
El 26 de agosto de 2018 los familiares de Iván Darío, Cristian y Juan Camilo, -entonces presos en la cárcel nacional Modelo- fueron informados serían dejados en libertad ese día, por lo que se desplazaron desde temprano al centro de reclusión. Horas más tarde fueron testigos de un desproporcionado operativo del Escuadrón Anti-Disturbios que ordenó el envío de un gran número de hombres equipados para la confrontación, para acompañar a varios uniformados que iban con la misión de capturarlos de nuevo. Apenas salieron del Establecimiento, los tres jóvenes fueron de nuevo aprehendidos por la Policía. Se sabe que lo mismo ocurrirá con quienes se encuentran detenidos en La Picota y el Buen Pastor de Bogotá.
Rechazamos con vehemencia la condena realizada desde autoridades públicas de alto nivel como la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fiscalía, al sector de jueces que privilegian el derecho a la libertad. Un grave mensaje se trasmite a la Judicatura, afectando de muerte la independencia judicial.
Denunciamos y expresamos nuestro repudio a la deslealtad y arbitrariedad con que actúa la Fiscalía General de la Nación, al perseguir y encarcelar a todo/a aquel/la que ejerce el derecho al pensamiento crítico.
Exigimos del Estado, el respeto de las garantías vulneradas y el restablecimiento de los derechos de todos/as los/as procesados/as.
Llamamos a la solidaridad y la acción del Movimiento social y de derechos humanos de Colombia y el mundo. La feroz afrenta a las garantías de las y los jóvenes acusados por supuestamente haber realizado el atentado en el Centro Comercial Andino, es y seguirán siendo una práctica del Estado contra quien considera su opositor o que afecte sus intereses; la cual debe ser develada y enfrentada.
BANCADA DE LA DEFENSA HUMANIDAD VIGENTE. COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS – EJP