El reciente proyecto de ley destinado a darles penas irrisorias a la generalidad de los autores que cometieron decenas de miles de crímenes de lesa humanidad (incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas) bajo la dictadura de Pinochet, debiera generar la total repulsa de todos los chilenos que efectivamente queremos que nunca más se implante […]
El reciente proyecto de ley destinado a darles penas irrisorias a la generalidad de los autores que cometieron decenas de miles de crímenes de lesa humanidad (incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas) bajo la dictadura de Pinochet, debiera generar la total repulsa de todos los chilenos que efectivamente queremos que nunca más se implante en nuestro país un terrorismo de Estado que desarrolle un virtual genocidio.
Más gravedad alcanza lo anterior si tenemos en cuenta que hasta la fecha se ha hecho justicia en un número ínfimo de casos de aquellas decenas de miles (los de Mario Fernández, Tucapel Jiménez, Juan Alegría , José Manuel Parada, Manuel Guerrero, Santiago Nattino, Miguel Ángel Sandoval y Orlando Letelier); y que en varios de ellos los autores intelectuales han quedado impunes o las penas han sido muy bajas, en virtud de la muy discutible aplicación del beneficio de la media prescripción.
Asimismo, nos parece incomprensible el reciente indulto presidencial a quien degolló a Tucapel Jiménez, siendo que había sido condenado a la extraordinariamente baja pena de ocho años de cárcel, a que ni siquiera había reconocido su participación en el crimen, ni menos se había arrepentido de el.
Pero lo que hace definitivamente escandalosa la presentación de dicho proyecto (por los senadores de la UDI Jorge Arancibia y Hernán Larraín; de RN Baldo Prokuriza; del PDC Edgardo Boeninger y del PRSD Enrique Silva Cimma) y el indulto mencionado es que se insertan en una política de búsqueda sistemática de la impunidad que se ha impulsado desde diversos poderes e instituciones del Estado, desde hace más de treinta años.
Es preciso tener en cuenta, además, que los escasos avances experimentados en los últimos años en el ámbito de la Justicia, lo han sido por la constante presión de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y por los cambios positivos habidos en la Justicia Chilena luego de la detención de Pinochet en Londres.
1.- Búsqueda de la impunidad bajo la dictadura
El mismo régimen que violó grave y sistemáticamente los derechos humanos casi 17 años estableció naturalmente políticas destinadas a garantizar la impunidad de los agentes del Estado que cometieron dichas violaciones. Es más, el horrendo método de la desaparición forzada de personas se empleó precisamente -entre otras razones- para ocultar todo rastro de los restos humanos de las personas asesinadas, con lo que se lograba una garantía de impunidad mucho mayor para los autores, cómplices y encubridores de aquellos atroces delitos.
Luego de la entrega de Michael Townley a Estados Unidos -debido a la durísima presión del gobierno de Carter – se generó una gran intranquilidad en el personal de la DINA. En reacción, Pinochet impuso el Decreto Ley 2.198, de abril de 1978, que pretendió amnistiar los masivos crímenes efectuados desde el Estado en los primeros años de la dictadura; arguyendo engañosamente que ella se imponía para beneficiar a «ambos bandos» en la perspectiva de la reconciliación nacional. Así, de acuerdo a los datos de la Comisión Rettig y de su sucesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, durante el período cubierto por la amnistía (Septiembre de 1973 a Marzo de 1978) se calificaron 2.570 víctimas de agentes del Estado (98,6%) y sólo 38 (1,4%) víctimas de personas o grupos opositores al régimen militar (Ver Comisión Chilena de Derechos Humanos y Fundación Ideas.- «Nunca Más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig»; Lom Edic., 1999, p. 230)
Lo anterior explica porqué la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado oficialmente tal decreto-ley como de «autoamnistía», lo ha condenado como una violación gravísima de los derechos humanos y su vigencia la ha calificado como una total vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado de Chile.
Respecto de las ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas efectuadas entre 1978 y 1990, el régimen dictatorial logró su impunidad fundamentalmente a través de la subordinación de los tribunales de justicia y particularmente de la Corte Suprema. De tal modo, que no se obtuvo la debida sanción de ninguno de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese período.
2.- Continuación de las políticas a favor de la impunidad a partir de 1990.
Lamentablemente, los gobiernos de la Concertación -pese a sus propuestas programáticas a favor de la justicia- han desarrollado, a su modo, diversas políticas destinadas a consagrar y perpetuar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente por la dictadura.
Es así que, desde el comienzo del gobierno de Aylwin, el liderazgo de la Concertación decidió mantener la vigencia del decreto-ley de autoamnistía de 1978, a pesar de que el programa presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia prometió explícitamente impulsar su derogación o anulación (Ver Edgardo Boeninger.- «Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad»; Edit. Andrés Bello, 1997, pp. 31-2)
La misma denominación que se le dio a la Comisión y al Informe destinados a esclarecer las víctimas fatales del régimen dictatorial («Verdad y Reconciliación») y las declaraciones gubernamentales de lo que se esperaba de ellos («La Tercera»; 4-1-1991 y «La Época»; 4-2-1991) demuestran claramente que el liderazgo de la Concertación pretendía lograr la reconciliación nacional, solo con la verdad y reparación respecto de las ejecuciones y desapariciones forzadas (excluyendo la tortura) y escamoteando la justicia en todos los casos.
Es más, el ministro del Interior Enrique Krauss desarrolló una inédita argumentación que pretendía demostrar que una auténtica justicia se lograría con el exclusivo esclarecimiento de la verdad de los hechos y la reparación material y moral de los familiares de las víctimas; y que la sanción de los victimarios introduciría un elemento de «venganza» que la contaminaría («Las Ultimas Noticias»; 17-2-1991)
Al mismo tiempo, la tesis del presidente Aylwin de que antes de aplicar la amnistía había que esclarecer los hechos criminales incluyendo la identidad de los responsables, constituía también una implícita aceptación de la impunidad.
La confirmación definitiva de la absoluta falta de voluntad para derogar el decreto-ley de autoamnistía, por parte de los gobiernos de la Concertación, se tuvo entre agosto de 2000 y marzo de 2002, cuando fortuitamente (por los desafueros de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz) el presidente Lagos obtuvo mayoría en ambas ramas del Congreso y no envió ningún proyecto de ley en tal sentido.
Pero los distintos gobiernos de la Concertación no se contentaron con dejar incumplido aquel compromiso programático; sino que además han promovido directa o indirectamente -con el concurso de las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de los partidos de derecha- diversos proyectos de ley destinados a avalar y consagrar el decreto-ley de autoamnistía o a promover la impunidad a través de sustanciales rebajas de penas a violadores de derechos humanos o de la inmunidad de muchos de los autores de desapariciones forzadas de personas a cambio de entrega de informaciones sobre los crímenes.
Han sido los casos del «acuerdo-marco» de 1990 (Ver «El Mercurio»; 12-4-1990 y Andrés Allamand.- «La travesía del desierto»; Edit. Aguilar, 1999, p. 259); del proyecto de ley Aylwin de 1993 («El Mercurio»; 24-8-1993); del proyecto de ley Frei de 1995 (Allamand; op. cit.; pp. 441-2); del acuerdo Figueroa-Otero del mismo año («La Tercera»; 17-11-1995); del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de fines de 1998 («La Nación»; 17-7-1999); del proyecto de ley de inmunidad de 2003 («El Mercurio»; 21-1-2004 y «La Nación»; 28-4-2004); y del proyecto que se está promoviendo actualmente por parte de algunos senadores de la Concertación y la derecha.
Afortunadamente gracias a la reacción en contra de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; de los partidos de la izquierda extraconcertacionista y de algunos partidos miembros de la propia Concertación -particularmente del PS- ha sido posible impedir que aquellos intentos de impunidad se consumaran.
Además, los gobiernos de la Concertación han efectuado acciones u omisiones a favor de la impunidad en diversos casos judiciales de gran trascendencia nacional e internacional, no importando siquiera en ello el desprestigio de nuestro país en el mundo. Así, en el caso del asesinato del ex agente de la DINA en Uruguay, Eugenio Berríos, el gobierno de ese país le representó, tanto al gobierno de Aylwin y de Frei, su malestar por la escasa colaboración brindada a su investigación judicial («La Época»; 14-6-1993 y «La Segunda»; 15-2-1996) En el juicio por el asesinato del ciudadano chileno-español Carmelo Soria, el gobierno de Frei le aportó a la Corte Suprema una información sesgada que fue crucial para que ella aplicara la amnistía a sus victimarios («El Mercurio»; 27-9-1996) En relación con el frustrado asesinato de Bernardo Leighton y su esposa, los gobiernos de Frei y Lagos no se han preocupado de que los condenados por dicho caso en Italia (Manuel Contreras y Raúl Iturriaga) sean extraditados a ese país o se abra en subsidio un juicio a ellos en Chile. Respecto del caso del asesinato del general Carlos Prats y su esposa, el desinterés concreto del gobierno de Frei por lograr la condena de quienes idearon y organizaron el complot, llevó a sus tres hijas a publicar una carta de protesta dirigida al ministro del Interior («El Mercurio»; 9-6-1999).
Pero, sin duda, la conducta más ilustrativa en este ámbito han sido los esfuerzos de los gobiernos de Frei y Lagos por lograr la impunidad de Pinochet luego de haber sido detenido en Londres. Primero, a través de las fervientes gestiones por salvarlo de su segura condena en Europa, logrando su vuelta a Chile. Y, luego, a través de una verdadera campaña pública y privada de presión a los tribunales, para lograr la eximición de juicio de Pinochet por falsas razones de salud mental («La Segunda», 2-6-2000; «La Nación», 10-8-2000; «Caras», 18-8-2000; «Que Pasa», 2-9-2000; «La Nación», 16-4-2001; «La Nación», 28-8-2002; «La Nación», 30-8-2002; y «El Mercurio»; 18-1-2004)
También los gobiernos de la Concertación han designado o pretendido designar -y mantenido, en varios de los casos que suscitaron controversia- a numerosos oficiales que se han visto involucrados en graves violaciones de derechos humanos como agregados de Chile en el exterior, en cargos diplomáticos o en misiones internacionales. Todo lo cual es expresivo de una virtual consagración de la impunidad, además de haber generado bochornosas situaciones para la imagen internacional de nuestro país. Han sido los casos de Jaime Lepe en España (Ascanio Cavallo.- «La historia oculta de la transición»; Edit. Grijalbo, 1998, p. 350); Pablo Belmar en Ecuador y El Salvador («La Nación», 31-1-1996 y «La Tercera», 17-2-1996); George Willeke en El Salvador («La Nación»; 31-1-1996); Miguel Krasnoff Marchenko en Rusia («El Mercurio»; 1-2-1996); Hector Barrientos en España («La Época»; 21-11-1997); Sergio Espinoza Davies en Naciones Unidas («La Nación»; 17-10-1998); Rodolfo Ortega en España («La Nación»; 1-3-2004) y Ricardo Manríquez en Honduras («La Nación»; 12-4-2004)
Otro elemento a favor de la impunidad lo ha constituido la permanente renuencia gubernamental a buscar la justicia en las decenas de miles de casos de tortura. Así, a las declaraciones del propio ministro del Interior en contra de la presentación de querellas por dichos crímenes contra la humanidad («La Nación»; 15-2-2001), se ha sumado la virtual impunidad que estableció la ley de reparaciones aprobada en diciembre de 2004 para los casos de tortura, al impedirle a los jueces tener acceso a las decenas de miles de denuncias concretas en tal sentido efectuadas ante la Comisión Valech.
Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado se ha sumado a la promoción de la impunidad, particularmente en dos frentes: el alegato en contra de toda indemnización conferida por los tribunales a favor de las víctimas (o sus familiares) de gravísimas violaciones de derechos humanos; y la actitud favorable a la aplicación del decreto-ley de autoamnistía que ha planteado en tribunales ¡en juicios por desapariciones forzadas de personas en que ha sido parte querellante!
Respecto de los intentos por impedir que las víctimas o sus familiares reciban indemnizaciones, el Consejo de Defensa del Estado ha llegado al extremo de asumir la tesis de la patrulla militar de que Carmen Gloria Quintana se habría quemado accidentalmente a sí misma en 1986 («La Nación»; 29-7-2003); de plantear que el Informe Rettig constituye un informe privado sin fuerza probatoria en los tribunales; de negar la existencia de campos de concentración y tortura; e, incluso, de cuestionar que haya habido un sistema político dictatorial («El Mercurio»; 28-5-2003)
En relación a la actitud favorable a la aplicación del decreto-ley de autoamnistía, con ocasión del juicio por la desaparición forzada de Miguel Ángel Sandoval («La Nación»; 30-9-2004), es importante destacar que aquello fue precedido por numerosos pronunciamientos públicos a favor de la impunidad efectuados por la presidente del Consejo, Clara Zszcaranski («El Mercurio», 19-7-2003; «El Mercurio», 24-7-2003; y «El Mercurio», 7-9-2003); todo lo cual no ha suscitado ninguna reacción crítica de parte de las autoridades gubernamentales.
Por último, es importante resaltar que los diversos pronunciamientos del actual comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, críticos a las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura y a favor del «nunca más», no han tenido ninguna correspondencia con algún apoyo institucional sustantivo a favor de su esclarecimiento y sanción.
De este modo, ninguno de los poquísimos casos en que se ha llegado a la verdad y la justicia, lo ha sido en virtud de investigaciones efectuadas por las propias Fuerzas Armadas. Tampoco se ha contado con algún apoyo en ese sentido respecto del esclarecimiento de diversos casos comprobados judicialmente en que se produjo – años después del 73 – una remoción y destrucción de restos humanos de las personas detenidas-desaparecidas, lo que – en los marcos de una organización tan jerarquizada como el Ejército – es inimaginable que se hayan llevado a cabo extrainstitucionalmente.
A tal grado ha llegado esa falta de apoyo, que para identificar al comandante del Estadio Chile (actual Víctor Jara) luego del golpe, el abogado Nelson Caucoto tuvo que recurrir a avisos en los diarios para obtener testimonios de ex presos. Fue imposible obtener del Ejército tal información.
Asimismo, la senadora Carmen Frei se ha quejado públicamente, en reiteradas ocasiones, de la falta de colaboración del Ejército en las investigaciones judiciales destinadas a esclarecer el muy probable asesinato del ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva.
Incluso hemos sido testigos que en casos judiciales originados con posterioridad a 1990 -como el contrabando de armas a Croacia y el asesinato del coronel Gerardo Huber- la justicia militar ha demostrado una lentitud e ineficacia que ha impedido hasta el día de hoy establecer la verdad y la justicia.
Además, los miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados por violaciones de derechos humanos reciben un apoyo económico del conjunto de sus miembros para costear sus defensas judiciales, el cual es descontado por planilla, salvo – lo que en la práctica se hace casi imposible – que la persona de manera explícita manifieste lo contrario.
3.- Consideraciones éticas
La democracia y la justicia constituyen las bases fundamentales de la convivencia civilizada. Una sociedad realmente pacífica y armónica se construye en la medida que los diversos miembros de ella respetan recíprocamente sus derechos fundamentales. Derechos universales e inalienables, anteriores y superiores al Estado, ya que son inherentes a la igual dignidad de toda persona humana.
Si bien no es el Estado la fuente de los derechos humanos, es fundamental su acción para que los miembros de la sociedad puedan lograr que aquellos sean efectivamente garantizados. Y la garantía por excelencia de estos derechos se obtiene cuando el Estado hace vigente el derecho a la democracia y la justicia. La violación de estos corroe completamente la convivencia entre los seres humanos. Genera la opresión, la desigualdad y la explotación de unos hombres por otros. Introduce la desconfianza, el resentimiento y el odio. Y un hecho no menor resultan ser los efectos de la impunidad en la salud mental no sólo de los afectados, sino del conjunto de la sociedad. Y más allá de las apariencias de conformidad social, la impunidad crea un caldo de cultivo para que, tarde o temprano, se den violentas convulsiones sociales de consecuencias imprevisibles.
Desgraciadamente, en nuestro país falta mucho aún para obtener la vigencia de una auténtica democracia y de una real justicia. Las últimas reformas constitucionales representaron un avance, ciertamente, en el camino hacia una efectiva democracia, en la medida que eliminan la tutela militar impuesta por la Constitución del 80. Sin embargo, estos avances son completamente insuficientes para alcanzar un requisito básico de dicho sistema: Que la Constitución y las leyes sean el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo. La mantención del sistema electoral binominal y de los altos quorums necesarios para modificar la propia Constitución y las leyes orgánicas constitucionales, hacen imposible lo anterior.
A su vez, la preservación del decreto-ley de amnistía y de la falta de voluntad política reseñada en los puntos anteriores hace todavía imposible el acceso a la justicia respecto de las graves y sistemáticas formas de violación de derechos humanos que caracterizaron la dictadura de Pinochet.
4.- Conclusión
Por todo lo anterior, estamos convencidos que el restablecimiento de nuestra convivencia social sobre sólidas bases éticas requiere -entre otros elementos – de una total reversión de las políticas de impunidad que se han promovido desde hace más de treinta años. Y de un real compromiso del conjunto de los poderes e instituciones del Estado para lograr la mayor verdad y justicia posibles; y de este modo avanzar efectivamente hacia una auténtica reconciliación nacional.
A 26 de noviembre de 2005 han suscrito este documento las siguientes organizaciones y personas:
Agrupación de Ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura – Comisión Etica Contra la Tortura – CINTRAS – Departamento de Justicia, Paz y Ecología de la Conferencia de Religiosos de Chile – Coordinadora Nacional de Ex Presas y Presos Políticos
Fabiola Letelier – Beatriz Brickmann – Helmut Frenz – José Comblin – Marcel Claude – Mireya García – Hervi Lara – Felipe Portales – Marcel Claude – Maria Dolores Cruzat – Carmen Hertz — Juan Subercaseaux – Ana María Cortéz – Elías Padilla – Ricardo Frodden – Juana Aguilera – Patricio Quevedo – Enrique Nuñez – Armando Uribe – Mario Amorós