En Colombia la «seguridad» se ha convertido en un concepto que entraña disímiles interpretaciones, porque resulta, por ejemplo, que por atender un desvelo del Estado que es la seguridad inversionista, se derivan políticas criminales que se arropan bajo la categoría de seguridad ciudadana. ¿De qué estamos hablando entonces cuando se habla de la seguridad democrática, […]
En Colombia la «seguridad» se ha convertido en un concepto que entraña disímiles interpretaciones, porque resulta, por ejemplo, que por atender un desvelo del Estado que es la seguridad inversionista, se derivan políticas criminales que se arropan bajo la categoría de seguridad ciudadana. ¿De qué estamos hablando entonces cuando se habla de la seguridad democrática, hoy denominada con el eufemismo de prosperidad democrática? Porque es que nos encontramos con la situación de que ya desde el ministerio de Defensa no solamente se traza la política agraria, que es tema que concierne al ministerio de agricultura, sino que también se diseña la política criminal, que es asunto que debiera tratar el ministerio de justicia.
¿Qué peligroso juego se está haciendo desde el gobierno, hasta dónde se va a llegar en el afán de asegurar a toda costa los derechos del capital?
Advertimos al país, y necesario sería en este sentido leer con detenimiento la entrevista que la periodista Cecilia Orozco hace al parlamentario Germán Navas Talero [ «Se busca ‘encajar’ a los manifestantes en varios delitos»] , pues cursa en el Congreso, a iniciativa del señor Juan Carlos Pinzón, ministro de defensa, un adefesio jurídico encaminado a criminalizar la protesta social y a encarcelar a los activistas de los paros, que afectaría los derechos fundamentales de los ciudadanos modificando los códigos penal y de procedimiento penal, entre otros. Cada vez más la democracia en Colombia se convierte en un vano formalismo y en una ficción.
Asistimos sin duda a la legalización de la criminalización de la protesta. Pues se observa a simple vista la decisión, por ejemplo, de encarcelar de manera sumaria, con penas de 3 a 5 años, a quienes, movidos por la indignación que genera la acumulada injusticia social, obstruyan vías, o hayan estado cerca de las protestas y los pasados paros. Entonces se irían para la cárcel los estudiantes que «inciten» a protestar, los paperos de Boyacá, los campesinos del Catatumbo, los mineros artesanales, la gente sencilla que no quieren que se destruyan sus fuentes de agua pura, como ocurre con quienes defienden el páramo de Santurbán.
El pueblo en la calles, después de mucho tiempo de promesas incumplidas y engaños, pide medidas para acabar con la miseria y la desigualdad en la que están sumergidos alrededor de 30 millones de colombianos, y la respuesta que se le da no es la de incrementar las política sociales, sino la de extremar a niveles de tiranía las política criminales.
Al responder a una pregunta de Cecilia Orozco en el sentido de que las normas punitivas de Pinzón excluyen a quienes obtengan permiso para manifestarse, Navas Talero ha dicho una gran verdad, y es que es absurda esa condición «porque las protestas sociales no tienen el carácter de procesión de semana santa ni de marcha del día del trabajo. Las manifestaciones surgen por razones puntuales y no se organizan consultando con el Estado, puesto que, precisamente, su naturaleza es la de ser una expresión de rechazo a una actitud o a una decisión oficial».
Por obra y gracia de leguleyadas dictatoriales se pretende arrasar no solamente con los instrumentos de trabajo de los mineros informales, sino sobre todo con el ordenamiento mismo constitucional del cacareado estado de derecho colombiano, generando ilegalidades que solo benefician a las trasnacionales. Hemos vuelto a versiones agravadas del estado de sitio y del estatuto de seguridad de décadas pasadas.
Ya no les basta la brutalidad del ESMAD ni las balas contra los pechos desnudos de los manifestantes. Ahora pretenden disuadir amenazando con cárcel y premeditando que van a incumplirle a la gente, preparan el terreno para aplastar a quienes insistan en movilizarse para exigir sus reivindicaciones.
Estos son los asuntos que deberemos debatir en el punto dos de la agenda con la particularidad que las FARC-EP levantarán su voz del lado de los derechos de los ciudadanos. Nos opondremos decididamente a que la gente de ruana y alpargata, a que la gente que labra la tierra, los barequeros del oro, los defensores del medio ambiente y de nuestras riquezas naturales, sean arrollados sin piedad por la locomotora minero energética y la deshumanizada maquinaria del neoliberalismo.
Colombia no puede permitir que al pueblo se le siga dando tratamiento de enemigo interno, desatando sobre él medidas fascistas como las contenidas en el proyecto 091 de 2013 presentado por el ministro Pinzón a consideración de la cámara de representantes. No más Doctrina de Seguridad Nacional. Colombia requiere que se establezca urgentemente una verdadera doctrina de seguridad humana.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 7 de 2013