El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado un Plan de Ajuste siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), al igual que hizo hace unos meses el Gobierno de Grecia. Estas nuevas medidas reducen sustancialmente el gasto social, cargan sobre la espalda de los trabajadores y pensionistas el enorme peso económico de […]
El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado un Plan de Ajuste siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), al igual que hizo hace unos meses el Gobierno de Grecia.
Estas nuevas medidas reducen sustancialmente el gasto social, cargan sobre la espalda de los trabajadores y pensionistas el enorme peso económico de la crisis que han provocado los grandes banqueros y empresarios, quienes no han sufrido ningún recorte económico ni en derechos desde que comenzó la crisis.
El Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero ha ido dinamitando los derechos laborales cambiando la legislación para que las grandes empresas y bancos privados estuvieran protegidos frente a la crisis que ellos mismos han provocado. Muestra de ello la representan la flexibilización de la situación laboral de los trabajadores, la eliminación del Impuesto de Patrimonio que ha ahorrado 2.200 millones de euros a los que más tienen, el ataque flagrante al Sistema de Pensiones y el recorte en 45-000 millones de euros en el gasto social. Además no se ha impuesto un salario máximo ni se han puesto en marcha mecanismos para que los billetes de 500 euros no declarados dejen de ser dinero negro y paguen impuestos quienes los posean.
La regresividad del sistema fiscal impide recaudar más dinero para las arcas públicas, siendo al final los ciudadanos los que cargan con los problemas financieros derivados de esa situación.
Frente a esta situación sindicatos y partidos políticos de izquierda se han opuesto a estas medidas. Desde Comisiones Obreras (CCOO), su Secretario General Ignacio Fernández Toxo no ha descartado ninguna medida para frenar esta iniciativa del ejecutivo. Toxo ha declarado que «el Plan presentado por Zapatero merece nuestro rechazo más absoluto. No compartimos ni las medidas ni la orientación». Ademas el líder sindical ha acusado al Gobierno de «plegarse a las exigencias de los sectores que provocaron la crisis y que ahora marcan el camino de salida».
El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha llamado a la movilización contra estas medidas que califica como antidemocráticas, «hay que seguir la lucha, hay que ocupar la calle, hay que movilizarse, hay que participar en la manifestación del 16 en Madrid, hay que demostrar que el sindicalismo sigue vivo, que no se ha arrodillado ante el Gobierno y la patronal, que la lucha sindical es el camino elegido para recuperar nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, que la huelga general y movilización social es posible y necesaria«.
El Partido Comunista de España (PCE) mediante un comunicado ha mostrado su preocupación porque «ahora sí empezamos a estar como en Grecia, por la política de recortes sociales y de hacer pagar a los más débiles los errores de una política que sólo ha propiciado la acumulación de grandes riquezas y el aumento de las diferencias entre pobres y ricos, las medidas cargan sobre los trabajadores/as el coste de esta crisis.»
El PCE ha calificado estas medidas como «antisociales y llamadas al fracaso, claramente contrarias al interés general«, debido a que «en lugar de poner en valor la lucha contra el fraude fiscal, y de cumplir los anuncios de eliminar los paraísos fiscales, recortar los grandes salarios y controlar los grandes beneficios de la banca como medidas para superar el déficit, opta por unas medidas dirigidas directamente a que sean los mas débiles quienes paguen el déficit y sufran una salida de la crisis que va a generar más desempleo al reducir el consumo y crear más incertidumbre social».
Para Izquierda Unida (IU) «quienes van a sufrir estas medidas son los de siempre, los de abajo, es decir los pensionistas, los parados, los trabajadores en general, los trabajadores públicos, precisamente todos aquellos que no han generado esta crisis. Lo vamos a pagar todos menos los que se han forrado en tiempos de bonanza, los especuladores, los banqueros, las altas rentas. Todos ellos se van de rositas», ha declarado Cayo Lara, Coordinador Federal de la formación de izquierdas.
El máximo dirigente de IU ha anunciado que el PSOE no va a contar con el apoyo de su formación, ya que «se opondrá radicalmente a ellas. Hay otras formas de abordar una crisis cuya existencia el Gobierno reconoció tarde y mal. Llevamos mucho tiempo haciéndole propuestas en este sentido y no ha atendido ninguna».
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article15120
Políticos e intelectuales no liberales ofrecen otras opciones para equilibrar el déficit
Impactados por el anuncio de las medidas de ajuste del presupuesto público del Gobierno, políticos y economistas contrarios a la doctrina económica liberal sacaron ayer sus calculadoras para demostrar que hay alternativa.
La principal sorpresa entre los intelectuales de la izquierda económica radica en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero haya concentrado todo el ajuste en el tijeretazo al gasto público, lo que afecta negativamente al PIB y por tanto al crecimiento, sin introducir fórmulas para equilibrar el presupuesto por la vía de los ingresos.
La repercusión del Impuesto sobre el Patrimonio, clave para recaudar más.
Todos los consultados coinciden en bloque en considerar absurda la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio. «Su recuperación serviría para financiar el gasto de dependencia», apunta como ejemplo Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. En la misma línea, Alfredo Serrano, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, propone que se recupere al menos para niveles muy altos. Serrano reconoce que eliminar Patrimonio está en línea con lo que se ha hecho en toda la Unión Europea, pero recuerda que la diferencia estriba en que «España tiene establecido un tipo máximo para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) muy por debajo de la media UE-15».
ICV propone un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al desaparecido sobre el Patrimonio y que gravaría «la tenencia de bienes muebles e inmuebles desde un millón de euros». Según sus cálculos, permitiría recaudar «2.250 millones de euros más al año» .
De lo que se trata, explica Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, es de «mirar dónde está el dinero en este país y tomar medidas que obliguen a utilizar parte para reducir la deuda pública». Otro de los puntos para lograrlo sería la reforma del IRPF . «En los últimos años se han reducido sistemáticamente los impuestos a las rentas más altas», comenta Montero. «Incluso cuando se veía que esto iba a llegar», en referencia a la situación actual de desequilibrio presupuestario, «no se hizo nada», añade. «En una década se ha pasado de gravar con un 56% las rentas más altas al 43%», recuerda Serrano.
Se propone elevar la fiscalidad a las empresas con más beneficios
ICV concreta en sus propuestas que la reforma del IRPF debería establecer «un nuevo tramo con un tipo marginal del 50% para las rentas superiores a 8.000 euros mensuales», medida que permitiría recaudar 2.940 millones más.
En el IRPF, Serrano recomienda fijarse también en el alto volumen de gastos deducibles que se han establecido y que introducen «bastante arbitrariedad, porque no responden a criterios de redistribución de la riqueza» .
Carmen Torres, economista, apunta que el IRPF debería eliminar la fórmula de la declaración conjunta, que desincentiva el acceso de la mujer al mercado laboral. Suprimirla supondría 2.000 millones más para la recaudación.
La coincidencia es total también en la necesidad de gravar con un impuesto más alto el beneficio que obtienen los grandes patrimonios a través de las sicav, instrumentos de inversión que sólo tributan con un 1%.
El siguiente foco de los economistas consultados se dirige a las empresas con mayores ganancias, que se han beneficiado de la rebaja en el Impuesto de Sociedades aplicada por el Gobierno del PSOE, la primera en toda la historia del impuesto. Según ICV, «aplicar un 35% a las empresas con base superior a 1.000 millones de euros, lo que afectaría a 14 firmas, supondría 2.500 millones adicionales de recaudación». «Hay mucha capacidad aún de incrementar la presión fiscal» , comenta Etxezarreta recordando que «la media europea está en el 42% frente al 31% en España».
Para quien busca en la tiranía de los mercados el argumento para meter tijera, Montero, Serrano y Etxezarreta proponen obligar a la banca a comprar más deuda pública para mitigar los movimientos especulativos.
Por la parte del gasto, poco creen que se deba hacer. Etxezarreta recuerda que menos inversión es menos empleo y menos sueldo (también el de los funcionarios) significa menos consumo. La idea más repetida es la reducción del gasto militar, incluida la retirada de Afganistán, que supondría 400 millones al año, según ICV.
Fuente: http://www.publico.es/espana/312316/izquierda/economica/plantea/alternativas
rCR