Uribe investigado El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el ex presidente Álvaro Uribe por «su presunta participación en la manipulación de testigos». Según la Corte, Uribe habría intervenido las declaraciones de testigos para acusar al senador del Polo democrático Iván Cepeda de conformar un cartel de falsos […]
Uribe investigado
El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el ex presidente Álvaro Uribe por «su presunta participación en la manipulación de testigos».
Según la Corte, Uribe habría intervenido las declaraciones de testigos para acusar al senador del Polo democrático Iván Cepeda de conformar un cartel de falsos testigos y desprestigiar su labor como congresista. Por lo anterior, la Corte también archivó la investigación contra Iván Cepeda.
Alergia a rendir cuentas
Denuncias e investigaciones como esa son apenas lógicas en época electoral. Lo inusual es que los aspirantes a cargos públicos respondan airadamente cuando se analiza su responsabilidad en el desempeño de sus funciones, hasta el punto de descalificar todo examen de su pasado en la vida pública afirmando ser víctimas de una «persecución política».
Ese tipo de reacciones desconoce que la primera característica de la responsabilidad política es precisamente la obligación de rendir cuentas sobre sus acciones y omisiones en el desempeño de un cargo. Es decir cumplir con el artículo 6 de nuestra Constitución:
«Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones».
Si cada aspirante a un cargo público rindiera cuentas sobre la forma como cumplió sus funciones constitucionales y legales en los cargos que ocupó en el pasado, los ciudadanos podrían tomar la decisión responsable de reelegirlo o de sancionarlo.
Portales web como el de Congreso Visible ya permiten ejercer esta vigilancia ciudadana, y toda persona responsable debería hacerlo. Si tal responsabilidad ciudadana se ejerciera, con absoluta seguridad depuraríamos el Congreso de muchos impostores de la voluntad general y quizá cobraría vigencia el artículo 133 de la Carta:
«Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura».