Excluyendo la participación ciudadana, vulnerando la institucionalidad ambiental, y con fuerte lobby ejercido a nivel de la administración y de los servicios regionales, el gobierno de Sebastián Piñera aprobó el megaproyecto HidroAysén, de Endesa Chile (filial de Enersis) y Colbún (Grupo Matte) , que pretende inyectar 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC) con cinco […]
Excluyendo la participación ciudadana, vulnerando la institucionalidad ambiental, y con fuerte lobby ejercido a nivel de la administración y de los servicios regionales, el gobierno de Sebastián Piñera aprobó el megaproyecto HidroAysén, de Endesa Chile (filial de Enersis) y Colbún (Grupo Matte) , que pretende inyectar 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC) con cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, y una inversión de aproximadamente 7.500 millones de dólares, considerando la línea de transmisión.
Pero la lucha por detener el megaproyecto transnacional no termina aquí. Por el contrario, comienza una etapa de «judicialización» del proceso y el debate por otro aspecto que, sin duda, sumará mayor nivel de rechazo ciudadano: el trazado de la línea de transmisión de 2.270 kilómetros, que significaría 23.000 hectáreas de vulneración y deforestación. Cuatro veces más que los territorios que serán inundados por las represas.
Para Patricio Rodrigo, secretario del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), «la aprobación ambiental del proyecto es un mero trámite administrativo. Estamos convencidos que la central HidroAysén no va a lograr concretarse en Chile. Queda pendiente someter a evaluación ambiental la línea de transmisión energética más larga del mundo, que producirá grave impacto en muchos terrenos privados. La empresa tendrá que al menos indemnizar a tres mil propietarios que se verán afectados por la instalación de gigantescas torres de alta tensión».
Desde Coyhaique, Patricio Segura, del Movimiento Aysén Reserva de Vida, opinó que «la aprobación ambiental del proyecto es sólo una escena de una farsa que se montó por parte del gobierno. Se requiere hacer creer a la ciudadanía que se podía confiar en la institucionalidad ambiental, y lo que hicieron fue vulnerarla presionando a los servicios públicos y cambiando informes técnicos a favor de la aprobación del proyecto. El 21 de mayo la ciudadanía saldrá a las calles a pedirle cuentas al presidente Piñera, porque no puede entregar la Patagonia a empresas transnacionales mientras las comunidades no tienen acceso al recurso agua».
En opinión del cientista político y abogado Santiago Escobar, el costo político que deberá enfrentar el gobierno será de poco impacto, «si se considera que la conciencia ambiental del país es aún baja, y que lo actuado por el gobierno y la empresa se encubre con ‘ideología del crecimiento’ y ‘la energía que el país necesita’. En este aspecto, el de Sebastián Piñera es el quinto gobierno de la Concertación. Toda la política ambiental, desde Aylwin hasta ahora, ha estado supeditada al crecimiento económico, basado en costos ocultos que se traspasan a la sociedad o al Estado».
Conflicto de interés
y «lobby»
Antes de la votación del lunes 9 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén se vio envuelta en una serie de denuncias por conflicto de intereses, por lo que se inhabilitaron los seremis de Vivienda, Minería, Economía y Medioambiente. A lo que se sumó la abrupta renuncia del director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén, Eduardo Lagos Reyes .
Uno de los cuestionamientos más serios a nivel regional se dirigió a Nicolás Terrazas, seremi de Vivienda, porque su hermano Pablo, jefe de gabinete del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, posee terrenos que podrían ser inundados con el proyecto eléctrico y por los que recibiría, eventualmente, una indemnización millonaria. Además, su padre asesoró a la Agrupación Gremial Río Baker, organización que ha negociado con la compañía HidroAysén sus terrenos. También su repartición está involucrada en la manipulación de informes para conseguir la aprobación del proyecto eléctrico.
Asimismo, la Conaf, el Servicio Nacional de Geología y Minería, y la seremi de Planificación están siendo investigados por los tribunales, bajo el delito de «falsificación ideológica de documento público y prevaricación administrativa», informó el abogado Marcelo Castillo.
Pero la discusión sobre conflictos de interés no se ha dado sólo a nivel regional. La ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, se desempeñó -hasta antes de asumir tal función- como profesional de Gestión Ambiental Consultores, liderando los equipos de varios estudios de impacto ambiental de proyectos energéticos, incluso de Endesa. Otro caso que complica a La Moneda es el vínculo que tiene el cuñado del presidente Piñera, Eduardo Morel, con HidroAysén. Ahí ocupa el cargo de director suplente desde hace tres años. Además, es gerente de la División Ingeniería y Proyectos de Colbún. El cuñado de Piñera es asesor del Grupo Matte hace más de 25 años. A esto se suma que hace dos semanas, Endesa, una de las empresas socias de la iniciativa energética, donó un millón de euros a la Fundación Integra, dirigida por Cecilia Morel de Piñera.
E l Plan Aysén, que lanzó Sebastián Piñera el 11 de abril en Cochrane y que es el programa de gobierno regional para 2010-2014, contempla una glosa por 1.505 millones de dólares en energía que correspondería a los proyectos HidroAysén y Energía Austral. Es la política de los hechos consumados a espaldas de la voluntad ciudadana que se repite en estas inversiones. Y el lobby ha sido descarado. Hace un año, Enersis, brazo inversor de Endesa España en Latinoamérica , realizó una donación por 10 millones de dólares mediante la entrega de un enorme cheque simbólico en La Moneda al Fondo Nacional de Reconstrucción, en presencia de las más altas autoridades del país.
Tráfico de influencias
y cohecho ambiental
En ese sentido, el cientista político Santiago Escobar asegura que «así ha sido en todos los proyectos. En todo caso, en el tema medioambiental ha sido peor que en otros sectores. Ello por la existencia de una puerta giratoria para técnicos en altos puestos del Estado que luego pasan a ser ejecutivos ambientales en empresas, o empresarios de consultoría ambiental. En el campo ambiental ha habido un tráfico de influencias tal, que si se hiciera una auditoría de procedimientos desde los años 90 hasta 2010, sería un escándalo conocer la cantidad de nombres que se repiten y se entrecruzan como en una telaraña».
Uno de ellos es Daniel Fernández Koprich, quien antes de ocupar el puesto de vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, fue gerente general de Enap, presidente del Metro y director ejecutivo de TVN durante los gobiernos de la Concertación. Hoy parlamentarios y organizaciones del medioambiente piden su expulsión del Partido por la Democracia (PPD). Hipólito Medina, de Ecosistema Aysén, asegura que «a pocos días de tomar el control del estudio y su tramitación, Daniel Fernández diseñó una estrategia comunicacional atroz, mal llamada ‘responsabilidad social empresarial’, que no es más que comprar la conciencia de las comunidades a través de becas, proyectos de bajo monto de dinero y todo tipo de facilidades con tal que los ciudadanos acepten el proyecto. También a nivel regional se intervino todo tipo de organizaciones sociales, provocando divisiones en las localidades, algo idéntico a las prácticas desarrolladas en el otro polémico proyecto aprobado y ejecutado en el Alto Bío Bío».
El megaproyecto de Endesa y Colbún vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una pérdida anual de más de cuatro mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de cinco mil hectáreas de la cuenca del río Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.
Monopolio eléctrico
Hernán Sandoval, presidente de Chile Ambiente, afirma que «desde el comienzo sabíamos que sería una lucha larga, porque las empresas involucradas tienen todo el poder económico, y además la institucionalidad ambiental no permite rechazar los proyectos, sino sólo agregarles compensaciones y mitigaciones. Pero estamos optimistas: cada vez hay más apoyos para detener la destrucción ambiental en la Patagonia y la excesiva concentración del poder económico y el monopolio en la generación de energía que representa HidroAysén».
En efecto, el megaproyecto perpetúa un modelo monopólico de producción de energía. Entre Endesa y Colbún -los socios del proyecto- controlan más del 75% de la energía del Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece al 80% de los chilenos. De construirse el proyecto, controlarían más del 90%. Además, se consolidaría el monopolio del agua en Aysén, al concentrar el 100% de los derechos sobre los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente a los otros usuarios. El monopolio del agua en Aysén esta en manos de HidroAysén de forma totalmente ilegal. «En el último trimestre de la dictadura militar, se cedieron los derechos de todo Aysén a espaldas de la comunidad aysenina, y del país, a Endesa España, que es controlada actualmente por la italiana Enel, propietaria del 80% de los derechos de agua no consuntivos de Chile».
Así lo señala Andrés Gillmore, secretario y vocero de la Corporación Costa Carrera, quien agrega que «hoy la cuenca del río Baker es una ‘cuenca seca’ para los ayseninos y para todos los chilenos y está en manos de Endesa-Enel y del Grupo Colbún-Matte». La cuenca del Baker en la región de Aysén es la cuenca más grande de Chile; en ella se encuentra el segundo lago más grande de Latinoamérica, el General Carrera, y la segunda reserva de agua dulce del planeta: Campos de Hielo Norte.
Campaña del terror: «Chile quedará a oscuras»
Pero la opinión pública no se ha dejado amedrentar por la multimillonaria campaña publicitaria, que además, con enormes recursos, intenta neutralizar a los medios de comunicación. Emprendida por Enel y Endesa, se asegura que sin HidroAysén, Chile quedaría sin energía eléctrica. El rechazo ciudadano al megaproyecto llegó a un 61,1 por ciento, según la encuesta Ipsos: el más amplio de los últimos años. «El proyecto de HidroAysén es innecesario, al igual que las centrales nucleares y la mayor parte de las plantas termoeléctricas a carbón; y por cierto, no son para entregarle energía eléctrica a los chilenos. Podría ser para la expansión transnacional minera en las regiones de Atacama, Coquimbo y de la cordillera de la Región de Valparaíso. Y claro, para mantener el oligopolio y las tremendas utilidades que les da aplicar las tarifas de electricidad más caras de América», advierte el director del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora de Aysén, Peter Harmann.
Según Roberto Román, ingeniero civil de la Universidad de Chile y vicepresidente de Internacional Solar Energy Society, «desde el año 2000 en adelante impera una tendencia decreciente de demanda energética, incluso con las proyecciones oficiales de crecimiento de la demanda de un 5,8 por ciento anual. Con el ingreso de las energías renovables no convencionales más la energía eléctrica, serían innecesarias la mitad de las plantas térmicas a carbón ya aprobadas y el proyecto HidroAysén».
Román asegura que «la aprobación del proyecto de HidroAysén no responde a una necesidad del país. Obedece a presiones indebidas con un lobby enorme, por los intereses en juego. Con su aprobación pierde el país, al tratarse de megaproyectos en que el costo lo asume la ciudadanía, y el beneficio se lo llevan unos pocos».
El Estado chileno está creando un pasivo ambiental enorme para el país. Los daños irreversibles que provocaría la instalación de la central HidroAysén no han sido evaluados en las mediciones. El proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas, como el Parque Nacional Laguna San Rafael, tres zonas de interés turístico y 26 humedales.
La ciudadanía informada queda con la sensación que en el país las normas no valen nada y que el principio «las instituciones deben funcionar», es simple demagogia.
(Publicado en «Punto Final» edición Nº 733, 13 de mayo, 2011)
www.puntofinal.cl
FOTO: CARABINEROS actuó con inusitada violencia para disolver las manifestaciones pacíficas de protesta por el megaproyecto HidroAysén que el gobierno impuso al país.