La insistencia de Rodríguez Zapatero en defender los gastos sociales ante las arremetidas de la patronal y la derecha política es encomiable. Lo sería más si la política económica del gobierno no hubiera estado caracterizada en estos últimos años por un marcado sesgo neoliberal, lo cual genera cierta desconfianza -hay elecciones a la vista- en […]
La insistencia de Rodríguez Zapatero en defender los gastos sociales ante las arremetidas de la patronal y la derecha política es encomiable. Lo sería más si la política económica del gobierno no hubiera estado caracterizada en estos últimos años por un marcado sesgo neoliberal, lo cual genera cierta desconfianza -hay elecciones a la vista- en relación con las declaraciones presidenciales. Pero, en cualquier caso, esa insistencia debe ser bienvenida.
Hay un aspecto, sin embargo, que el gobierno de Zapatero está descuidando, el que hace referencia a los desahucios e impagos de hipotecas.
Es cierto que se impulsaron algunas medidas para los hipotecados que hubieran perdido el empleo, pero dichas medidas se han revelado ineficaces, sobre todo porque son discrecionales y es la banca quien decide que sean o no aplicadas. Por otra parte, y contradictoriamente con la supuesta buena voluntad del ejecutivo, hace unos meses se aprobó lo que ya ha sido denominado el desahucio-exprés: la reducción del tiempo necesario para poner a una familia de patitas en la calle.
Echar a una familia de su vivienda se me antoja que debería ser algo anticonstitucional. ¡Si incluso Franco impedía el desahucio de las familias por impago de deudas!
Y existen formas de suavizar el tema de los impagos hipotecarios (en este mismo número Antonio Almazán propone algunas) y de evitar los desahucios. ¿O es que las ayudas sólo hay que dárselas a los bancos y a la industria del automóvil?
Algunas Cajas y entidades bancarias están aflojando, de motu propio, el collar hipotecario que ahoga a tantos trabajadores. Lo hacen en general reconvirtiendo la hipoteca en otra de mayor duración en el tiempo (es decir, traspasando la hipoteca a hijos y nietos), lo cual, como solución de emergencia, no está mal.
Pero sólo conceden ese aplazamiento a quien puede acreditar una solvencia suficiente. Y quien no, ¡a la calle! Algo que en una sociedad rica (rica al menos hasta hace cuatro días) y solidaria no puede consentirse. Quizás, el hecho de que los primeros en verse despojados de su hogar hayan sido mayoritariamente inmigrantes haya embadurnado de insensibilidad la piel de nuestros gobernantes. La inmigración se ha convertido en la carne de cañón de la guerra económica de nuestros días. No creo que sea necesario subrayar la inmoralidad -y la crueldad- de semejante ignominia, si fuera ese el caso. Pero es que, además, la amenaza de desahucios masivos se cierne ya sobre miles de familias autóctonas, de modo que a quienes nos gobiernan no les vale ya mirar para otro lado. Dejar a alguien sin abrigo, pudiendo evitarse, es asunto grave, me atrevería a decir que de lesa humanidad. Al gobierno, a las fuerzas políticas de izquierda, les corresponde evitarlo. Y si hay que legislar, que lo hagan, porque es para eso, para legislar protegiendo a los ciudadanos para lo que les hemos votado.