Ituango, al ser sometido al abandono sistemático por parte del Estado y por su posición geoestratégica, ha apalancado la presencia de todos los grupos armados que han surgido en nuestro país, ya que este corredor comunica con la costa Atlántica, la subregión de Urabá, la subregión del Bajo Cauca y la subregión del Occidente. Pero […]
Ituango, al ser sometido al abandono sistemático por parte del Estado y por su posición geoestratégica, ha apalancado la presencia de todos los grupos armados que han surgido en nuestro país, ya que este corredor comunica con la costa Atlántica, la subregión de Urabá, la subregión del Bajo Cauca y la subregión del Occidente. Pero es totalmente falso, como se ha señalado, que los 25.000 habitantes que tiene el municipio participen de alguna forma con tales grupos.
Las comunidades campesinas ubicadas en el municipio de Ituango tienen bajos niveles en su calidad de vida: pobreza generalizada, significativos índices de desplazamiento forzado, déficit de infraestructura socio-productiva, deficiente desarrollo institucional, mal manejo de los recursos naturales, prácticas inadecuadas para la producción agropecuaria y los funestos efectos del conflicto armado. A estos factores se suma la imposición violenta de megaproyectos minero-energéticos, la concesión inconsulta de cuatro títulos mineros y 23 solicitudes más que colocan a la mega minería a puertas del municipio y sólo a la espera de que las condiciones de orden público mejoren para iniciar la explotación de nuestros recursos naturales a sabiendas de todas las consecuencias negativas que esta actividad acarrea para la comunidad como la destrucción ambiental, el desarraigo, la destrucción del tejido social y organizativo. El ejemplo está a la vista con el Proyecto Hidroituango que ha traído todas estas funestas consecuencias.
La falta de apoyo por parte de las instituciones gubernamentales nacionales, departamentales y locales, y la ausencia de políticas que den solución a los problemas estructurales que padecen las comunidades, no ha permitido enfrentar la situación de conflicto y garantizar los derechos y protección a la población civil de manera efectiva. La presencia del Estado sólo ha sido a través de la Fuerza Pública con efectos desastrosos, reprimiendo y estigmatizando a la población ituanguina así como aumentando el número de hechos de violación a los derechos humanos.
No obstante estar en camino de que el proceso de paz con las FARC llegue a buen término y de que se inicie la negociación con el ELN, aparecen propuestas en contravía de la paz que no ayudan en nada a darle solución a las causas que generaron el conflicto armado que hemos vivido los colombianos por más 50 años. En el caso específico de Ituango, las políticas militaristas y guerreristas del Estado bañaron con sangre, muerte y desolación el territorio; solo basta recordar las masacres de El Aro, La Granja, El Cedral, la quebrada de El Medio, San Agustín Leones, Badillo, entre otras tantas y el magnicidio del apóstol de los derechos humanos -Jesús María Valle Jaramillo- que mereció condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por estas razones, la propuesta de crear vicealcaldías militares -presentada de manera mediática y mesiánica por parte del gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez- ha sido rechazada y censurada de manera contundente por la gran mayoría de los habitantes, urbanos y rurales, del municipio, quienes en una sola voz expresaron: ¡no queremos más militarización, exigimos inmediata inversión social!.
Estos procesos de militarización, en una comunidad ya afectada y con profunda desconfianza en el Estado por todos los hechos y el abandono, generan que ese distanciamiento y esa desconfianza se acrecienten en un momento en el que todas las condiciones están dadas para generar justamente lo contrario: posibilitar acercamientos y generar nuevas relaciones de confianza.
No a las vicealcaldías militares, sí a la salud, sí a la educación, sí a las vías de comunicación, sí al saneamiento básico, sí al deporte y la cultura, sí a las viviendas dignas, sí a la legalización de las tierras de los campesinos.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article20506