Una treintena de miembros del Consejo Consultivo de Género y Salud de las Mujeres del Ministerio de Salud de Chile pidieron este miércoles al gobierno que garantice el cumplimiento de un instructivo que ordena dar un trato humanizado a las mujeres que se han practicado un aborto. Tres representantes de este Consejo Consultivo llegaron hasta […]
Una treintena de miembros del Consejo Consultivo de Género y Salud de las Mujeres del Ministerio de Salud de Chile pidieron este miércoles al gobierno que garantice el cumplimiento de un instructivo que ordena dar un trato humanizado a las mujeres que se han practicado un aborto.
Tres representantes de este Consejo Consultivo llegaron hasta la sede del Ministerio de Salud, en el centro de la capital chilena, para dejar una carta al titular de esa cartera, Álvaro Erazo, donde le exigen cumplir un instructivo que él mismo envió el 24 de abril de este año a todas las direcciones de los servicios de salud del país.
«Esta es una protesta por la delación de las chicas que han abortado y que están internadas en hospitales públicos», dijo a IPS Adriana Gómez, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, quien lideró la entrega de la misiva junto a Rosa Ferrada, del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, y Rosa Yánez, del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos.
Gómez se refería a dos mujeres que en los últimos días llegaron hasta centros de salud por complicaciones derivadas de abortos inducidos con misoprostol, un medicamento recetado para las úlceras gástricas que se aplica con éxito como fármaco abortivo.
Los nombres y domicilios de las mujeres fueron informados por los medios de comunicación, y las dos fueron procesadas por la justicia por el delito de aborto, penado con entre tres y cinco años de cárcel.
En Chile el aborto está prohibido sin excepciones, inclusive si la madre se encuentra en riesgo vital. Pese a ello, cifras no oficiales indican que entre 120.000 y 160.000 mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos cada año.
El 19 de este mes, una santiaguina de 19 años ingresó con una grave hemorragia y con riesgo vital al Hospital El Pino de la comuna de la San Bernardo tras consumir misoprostol para interrumpir un embarazo de cuatro meses.
Cinco días después, otra mujer de 21 años fue internada en el Hospital de Concepción, en la sureña región del Bío-Bío, tras presentar dolores abdominales. Al examinarla, los médicos encontraron la cabeza de un feto de 21 semanas en el útero de la joven, mientras el resto del cuerpo del nonato fue hallado por la policía en su domicilio.
Aunque reconoce que el aborto es una práctica tipificada como delito, el instructivo dictado por el Ministerio en abril conmina a los directores de los servicios de salud a no extraer confesiones a las mujeres que soliciten asistencia y presenten complicaciones derivadas de abortos, que después puedan ser utilizadas en procesos judiciales contra ellas.
Obtener declaraciones bajo coerción viola el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, ratificada por Chile en 1988, recuerda el instructivo.
Condicionar la atención de salud de estas pacientes a la prestación de declaraciones sobre las circunstancias de sus abortos, también vulnera el derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución de la República y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El instructivo advierte además sobre la obligación de resguardar el secreto profesional derivado de la confidencialidad médico-paciente.
«Esta Secretaría de Estado entiende que, pese a que la extracción de confesiones bajo coerción a mujeres con complicaciones de salud derivadas de la práctica de un aborto, no es una práctica habitual en el Sector Salud, es necesario explicitar nuestra política sobre la materia», concluye el documento al que tuvo acceso IPS.
Según Gómez, fue el Consejo Consultivo el que impulsó la elaboración del mentado instructivo y ahora exige que se cumpla.
Entre los integrantes de este grupo asesor que firmaron la carta figuran representantes de redes, foros, observatorios, organizaciones de no gubernamentales feministas y centros académicos.
Lejos de alentar un debate sobre la despenalización del aborto, los casos de las dos jóvenes atendidas y delatadas en los centros de salud motivaron la preocupación de diversos actores sobre la facilidad con que se puede conseguir misoprostol a través de Internet a un precio que oscila entre los 40.000 y 60.000 pesos (entre 73 y 109 dólares).
El misoprostol, desarrollado para tratar úlceras gástricas, pero que provoca contracciones uterinas, es un derivado de la prostaglandina y se vende bajo los nombres comerciales de Misotrol y Cytotec. En las farmacias sólo se vende con receta médica.
Pero basta escribir el nombre de este fármaco en cualquier motor de búsqueda de Internet para que la pantalla se llene con avisos del tipo «Vendo pastillas abortivas, 100 por ciento seguras», «40.000 misoprostol», «Farmacia virtual vende pastillas abortivas», «Urgente necesito misoprostol».
El 21 de este mes, la portavoz del gobierno de la socialista Michelle Bachelet, Carolina Tohá, llamó a la población a denunciar ante la justicia casos de venta de medicamentos por Internet, dado que esta actividad es ilegal en Chile.
El director del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile, Ramiro Molina, afirmó que en este país el uso del Misotrol para interrumpir embarazos es «muchísimo» más frecuente de lo que se piensa.
«Se está utilizando de una manera extraordinariamente frecuente (como método abortivo) en todos los países de Latinoamérica, y Chile no hace la excepción», enfatizó.
Precisamente en mayo, la Red Salud Mujeres de Chile, que agrupa a una treintena de organizaciones no gubernamentales, lanzó un servicio telefónico para asesorar a las mujeres que deseen interrumpir sus embarazos con misoprostol de forma segura.
La misma iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización no gubernamental holandesa Mujeres sobre las Olas, se puso en marcha en junio de 2008 en Ecuador y este mes en Argentina.
La información que entregan estas organizaciones son los resultados de estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, que incluyó al misoprostol dentro de su lista de medicamentos esenciales para uso ginecológico y obstétrico, y por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia.
Desde 2001 el estatal Hospital Pereira Rossell de Montevideo, Uruguay, entrega asesoramiento para la utilización de misoprostol en su consejería pre y post aborto.
Desde mayo a la fecha la Red Salud Mujeres de Chile ha recibido más de 1.000 llamadas telefónicas de personas consultando por el uso del medicamento, que tiene 80 por ciento de efectividad antes de las nueve semanas de gestación, contó a IPS Siomara Molina, de la Red.
Aunque se abrió una investigación judicial en su contra en Concepción, hasta ahora no han tenido inconvenientes, dice Molina, porque «nosotros sólo entregamos información de uso público».
Sobre las chilenas que tuvieron complicaciones por uso de misoprostol, Molina señaló que su impresión es que «ellas usaron el medicamento en dosis incorrectas y de manera incorrecta».
«Un aborto inducido con misoprostol tiene los mismos riesgos de un aborto espontáneo», los cuales han sido manejados desde siempre por las mujeres y los servicios de salud, comentó.
«Después de las nueve semanas de gestación aumentan los riesgos de complicaciones», por lo que después de ese tiempo en los países donde el aborto es legal el misoprostol es administrado en clínicas y hospitales, explicó Molina.
«Este tipo de situaciones ocurren porque el Estado chileno no le entrega a las mujeres la información suficiente. Si hubiesen sabido que la dosis que usaron no era la correcta, una de ellas no hubiera terminado conectada a un respirador artificial», acusó.