Uno de los principales epicentros de la avanzada paramilitar en el país de los últimos meses, se encuentra en el Nordeste del departamento de Antioquia, donde se evidencia el copamiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y constantes enfrentamientos en los municipios de Remedios y Segovia. Esta región del país ubicada en la cordillera […]
Uno de los principales epicentros de la avanzada paramilitar en el país de los últimos meses, se encuentra en el Nordeste del departamento de Antioquia, donde se evidencia el copamiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y constantes enfrentamientos en los municipios de Remedios y Segovia.
Esta región del país ubicada en la cordillera central que limita con la Serranía de San Lucas (Sur de Bolívar) y con otras subregiones de vital importancia como el Norte, Bajo Cauca y Magdalena Medio Antioqueño, es entre otras cosas una zona que alberga gran variedad de recursos naturales como fauna y flora, fuentes hídricas de gran importancia (Ríos Ité, Tamar, el Bagre, Manila entre otros) y gran riqueza en minerales como oro y plata, cuya explotación se remonta a los tiempos de la colonia, pero en donde las luchas del movimiento social por alcanzar a arañar alguna parte de las riquezas naturales para ponerlas al servicio de su subsistencia y el mejoramiento de sus condiciones de vida, ha forjado desde hace décadas un vigoroso movimiento de pequeños, medianos mineros artesanales e informales, que ha alcanzado importantes niveles de organización cooperativa y de gestión colectiva del territorio mediante cooperativas controladas por los pobladores de estos territorios[1].
En el municipio de Segovia se ubica la mina El Silencio, una de las minas de oro que más riqueza le ha generado al Estado, pero sobre todo a la multinacional que se ha beneficiado de su concesión. Las expresiones de control violento del territorio no han estado desconectadas de los intereses y dinámica económica de la multinacional[2]. Así mismo este vasto territorio que entre los dos municipios suman aproximadamente 3.200km2, es a su vez escenario de una larga historia de luchas y resistencias por la defensa de los territorios y sus recursos naturales, pero donde el conflicto armado ha dejado también una huella indeleble y sensible entre sus pobladores a lo largo de los años, con distintos ciclos de la violencia, que parecen destinar a sus comunidades a seguir viviendo entre el retumbar de las bombas, las balas y la presencia de hombres armados por sus caminos.
Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP y la posterior dejación de armas y desmovilización de los/as guerrilleras del Frente 4 y de la Compañía Raúl Eduardo Mahecha de esa organización insurgente, en muchas áreas de la zona rural, el control territorial quedó prácticamente a cargo de la única organización guerrillera con presencia en esta zona, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de los frentes Darío Ramírez Castro y José Antonio Galán, que en sus disputas con el Ejército Nacional conllevaron una amenaza muy latente y cada vez más intensa para esta región.
Progresivamente y sin ningún obstáculo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, llegaron las estructuras paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con el frente Jorge Iván Arboleda Garces, estructura paramilitar que se fue fortaleciendo incluso con la unificación de pequeños reductos de otras estructuras delincuenciales y sucesoras del paramilitarismo que hacían presencia en el territorio. Aparte de su objetivo de controlar el territorio y sus riquezas, llegaron con el propósito de eliminar al frente Virgilio Peralta de la estructura paramilitar los “Caparrapos” o “Los de Abajo”, que habían sido creados adrede y fortalecidos con el fin de impedir o entrabar la desmovilización que un sector de las AGC tenía previsto acordar al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos.
A esta situación en particular, se suma la importancia geoestratégica del Nordeste Antioqueño como corredor para el tránsito entre diferentes partes del país y del control de economías informales (cobro de impuestos), economías ilegales (cultivos de coca y su procesamiento), extorsión (Cobros por la actividad comercial y ganadera de la zona) e incluso el proceso de explotación aurífera en que participan los mismos actores armados ilegales que operan estos negocios bajo la modalidad del testaferrato tanto en la (minería de socavón como en la de aluvión en los municipios de Segovia, Remedios, Zaragoza y Nechí).
En el Nordeste Antioqueño y según cálculos del año 2021, la Compañía Multinacional Gran Colombia Gold proyecta que en los próximos tres años “sus operaciones en los municipios de Segovia y Remedios, en el Nordeste de Antioquia, produzcan, en promedio cada año, unas 200.000 onzas de oro (6,22 toneladas)[3]”. Aunque nunca hubo procesos de consulta con las comunidades, la empresa Gran Continental Gold se benefició de la entrega de la concesión a perpetuidad durante el gobierno de Álvaro Uribe de un área de 9.000 hectáreas, en la que los mineros que tradicionalmente desarrollan sus actividades han sido declarados ilegales, y en la que vienen siendo objeto de múltiples acciones judiciales y amparos administrativos por parte de la multinacional, ahora con el nombre de Aris Gold, y en el que incluso ha llevado sus pretensiones ante un Tribunal de Arbitramento adscrito al Banco Mundial. En este contexto, la estrategia de expansión paramilitar de las AGC o Clan del Golfo ha arreciado su arremetida contra las comunidades de las áreas mineras de estos municipios del Nordeste de Antioquia con el propósito de desalojarlas, apropiarse de sus emprendimientos y entregarlos a pobladores afines, para lo cual ha venido estigmatizando, hostigando y exterminando los liderazgos de las organizaciones sociales y ejerciendo control armado en esta región y en todo el territorio integrado por la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar y Nordeste de Antioquia.
Lo anteriormente dicho, es un indicativo de las enormes riquezas que poseen estos municipios, y que son codiciados por las estructuras armadas ilegales y los intereses de la multinacional. Las enormes cantidades de oro que se producen, su rentabilidad permanente, y el abandono estatal de las comunidades han creado las condiciones para que la presencia de grupos armados ilegales, de diferentes corrientes, se mantengan y se disputen a sangre y fuego el control armado de todo el territorio del Nordeste.
Esta situación se ha agudizado desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Ante el incumplimiento de la obligación estatal contenida en la Constitución y reafirmada en el Acuerdo de Paz de garantizar la seguridad de los territorios antes bajo el control de esa guerrilla, se generó una situación en la que la pasividad, o más bien la complacencia de la Fuerza Pública con la llegada y expansión de nuevos actores armados, reconfiguraron la situación de conflicto y de reactivación de la guerra. Ello, a pesar de que, desde mediados del 2023 se anunció la creación del Comando Conjunto Nro. 5 (CCON5) bajo el mando del BG Hernando Garzón Rey, con la finalidad de “impactar de manera decidida y a través de la presencia total y fortalecida de la Fuerza Pública, los delitos de extorsión, microtráfico, homicidio, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de migrantes, así como el fenómeno del control territorial y social ejercido por las estructuras criminales” con una fuerza de 30.000 tropas[4]. Pero la verdad es contraria a lo anunciado, bajo su jurisdicción se ha incrementado el accionar paramilitar de las AGC y se han multiplicado los eventos en que se ha denunciado la connivencia de tropas militares bajo su responsabilidad con las AGC en el área de dicho Comando Conjunto Caribe 5, que coordina las distintas fuerzas armadas de municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Boyacá.
La reconfiguración de actores armados en dicho territorio se amplió con la llegada en el segundo semestre de 2021 del primer núcleo de disidencias de las FARC a veredas de Remedios y Segovia, con el propósito de refundar el histórico 4to. Frente, siguiendo el proceso de expansión dispuesto hacia esta región por voluntad del Frente 33 con base central en la región del Catatumbo. Su llegada implicó tensiones iniciales con el ELN, básicamente por el control del cobro de rentas a las actividades mineras. Bajo la orientación del Frente 33 del llamado EMC se da también el despliegue del Frente 24 hacia la Zona Baja de Remedios y Cimitarra, y del Frente 37 hacia la Serranía de San Lucas, que junto con el Frente 36 que opera hacia el Norte y Bajo Cauca conforman la estructura denominada Bloque Magdalena Media articulados al llamado Estado Mayor Central.
De nuevo se reconfigura un escenario casi idéntico al de años anteriores, aunque ahora con una constante confrontación con las AGC[5] y la pasividad de la Fuerza Pública, y con aumento en las medidas de control y cobro del impuesto a los ingresos de la población minera, que ha generado malestar generalizado con las nuevas prácticas rentísticas y alcabaleras de las organizaciones insurgentes; si bien antes en la zona rural la cuota alcanzaba un 10% del ingreso para las dos organizaciones insurgentes, hoy en día llega hasta a un 15 o 20%, sumado a los cobros que realizan los paramilitares de las AGC por dicha actividad minera. Sin embargo, más allá del cobro por estas actividades – base de la supervivencia de muchas familias campesinas en situación de vulnerabilidad – es la confrontación violenta por el recaudo de estas contribuciones lo que agrava la crisis humanitaria y la situación de DD. HH que se presenta por la disputa del territorio y las hostilidades entre los grupos armados. Muy a pesar de las supuestas disposiciones de paz y ceses al fuego declarados por todos los grupos, estos hechos están ubicando o han convertido a la subregión como una de las más conflictivas y agobiadas por la violencia cotidiana en el país en los últimos meses.
Avanzada Paramilitar hacia la zona rural de Remedios y Segovia:
Para los años 2022 y 2023 fueron innumerables las denuncias que organizaciones de DD. HH en el Nordeste Antioqueño realizaron sobre la situación de asedio y confrontación entre grupos armados ilegales, agravados principalmente por la avanzada paramilitar de las AGC hacia territorios de control insurgente, y que han generado una delicada situación de crisis humanitaria, vulnerabilidad a población campesina y minera, lideres/as sociales y personas defensoras de DD. HH.
Así, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (ahora en adelante CAHUCOPANA) en su Informe Anual sobre la Situación de DD.HH y DIH del año 2022, indica que durante ese año se presentaron diversas acciones de violación a los DD.HH e infracción al DIH producto de la fuerte presencia de actores armados ilegales y sus disputas por el control territorial, la presencia perturbadora y de connivencia de Fuerza Pública (Ejercito Nacional) con el accionar paramilitar y al recurrente abandono estatal y falta de presencia de instituciones del Estado de derecho en el territorio.
Según CAHUCOPANA y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitario – OCHA – se reportó que durante el año 2022 en los municipios de Remedios y Segovia “6 personas protegidas por el DIH fueron asesinadas en el municipio de Segovia y 5 en Remedios; 1 caso de amenaza colectiva ocurrió en Segovia y 1 en Remedios. Así, mismo se reportó 2 personas extranjeras, de nacionalidad ecuatoriana pertenecientes a una comunidad indígena como víctimas asesinadas en zona rural de Remedios; 1 material explosivo encontrado en Segovia y 3 en Remedios; 3 ataques a infraestructura de la fuerza pública y en general miedo y zozobra que pone en riesgo la vida e integridad de los habitantes”[6], situación bastante preocupante, pues la misma fue puesta en conocimiento de autoridades nacionales y locales en diversas ocasiones por los líderes/as sociales que se atreven a denunciar y personas de la comunidad, sin que hasta el momento fuesen tenidos en cuenta sus peticiones para frenar esta situación.
Aun así, la situación de homicidios para el año 2022 reportó una leve disminución, en comparación al año anterior, sin embargo, durante 2023 esta siguió siendo elevada, con un incremento en la zona rural de ambos municipios, principalmente a la disputa entre grupos armados ilegales y acciones de intimidación en contra de la población, el principal actor armado tanto en el área rural y urbana, responsable de estos homicidios es la estructura paramilitar de las AGC. El informe de CAHUCOPANA da cuenta de 89 homicidios (Remedios y Segovia) para el año 2022[7] y en el año 2023 según la Policía Nacional en Segovia se registraron un total de 39 homicidios y en Remedios de 22, entre el periodo de enero a octubre.
Los desplazamientos forzados, se siguen presentando hacia los cascos urbanos de ambos municipios o de manera interna (Inter veredal) ocasionados en mayor medida por el nivel de las hostilidades y confrontaciones entre grupos armados ilegales, los cuales se han intensificado desde el año 2021 (septiembre) y hasta la fecha. Para el año 2022 se registraron un total de 117 personas desplazadas en Remedios y en Segovia 172[8] y en el año 2023, según OCHA tan solo el municipio de Segovia reportó 1.239 personas desplazadas. Sin embargo, es de resaltar que muchos de estos casos mencionados en el informe de CAHUCOPANA no logran dimensionar la gravedad del asunto, debido a las pocas denuncias que las mismas víctimas logran o pueden realizar, que los exponen frecuentemente a probables retaliaciones.
Sin embargo, lo que más preocupa y llama la atención es la agresiva ofensiva paramilitar de las AGC hacia este territorio, en especial a las zonas rurales, logrando posicionar una guerra de disputa que se desarrolla principalmente en zonas rurales en contra de la alianza que mantienen el ELN y el EMC.
Los abusos que se presentan en esta arremetida paramilitar por el control del territorio, tolerados y consentidos por la Fuerzas Militares, han sido denunciados gracias a la labor de defensores/as de DD.HH de la región. El informe presentado por CAHUCOPANA da cuenta de la gravedad del asunto, alertando que “algunos de los puntos en alerta por la presencia de este grupo armado son: El Rio, El Diamante o el Aporreado, veredas ubicadas aproximadamente a 30 minutos del casco urbano de Segovia; por el sector de Remedios se identificaron; la finca El Osito o la denominada “placa huella” y veredas como Gorgona, Popero y Chorro de Lágrimas”[9] . Estos lugares, reportados también en la Alerta Temprana de las Defensoría del Pueblo 023/septiembre 2022, son centros de constante aparecimiento de las AGC e instalación de puestos de control (retenes ilegales) donde han logrado incluso, bloquear la entrada de víveres y suministros de los cascos urbanos a las zonas rurales.
Las autoridades locales, departamentales y nacionales han tenido público conocimiento de esta situación, o de los hechos ocurridos entre el 2022 y 2023, donde la presencia de los paramilitares de las AGC se ha incrementado, desarrollando diferentes incursiones paramilitares a distintas veredas de ambos municipios[10]. Enfrentado enormes riesgos, la comunidad ha puesto estas denuncias incluso en frente de autoridades nacionales (Ministerio de Defensa) denunciando la connivencia entre integrantes del Ejército Nacional y miembros de las AGC[11] La respuesta invariable que reportan las comunidades, por parte de funcionarios de dicho ministerio, es que el paramilitarismo como tal ya no existe en el país aunque queda difícil negar el actual relacionamiento de colaboración activa de estos grupos con agentes del Estado[12].
Ante la incredulidad que generan sus denuncias, incluso se ha llegado aportar fotografías que evidencia el estrecho vínculo de reconocidos paramilitares de la región con militares del Ejército Nacional que hacen presencia en el corregimiento de Carrizal del municipio de Remedios, específicamente con militares adscritos al Batallón Vial y Energético #8. Una fotografía del año 2021 muestra como el paramilitar conocido como alias “Toño Mentiras” se ve departiendo en lo que parece la preparación de una comida con soldados que prestaban su servicio en dicha unidad militar; la situación fue denunciada y corroborada con las comunidades que señalan a este individuo como uno de los principales responsables de dicha avanzada paramilitar. Este mismo integrante de las AGC ha sido señalado por habitantes de veredas de Remedios de continuar bajo el amparo del Ejército y la Policía Nacional, derealizar patrullajes conjuntos, y de realizar señalamientos contra personas de veredas acusándolos de “ayudar” o “pertenecer” a otros grupos armados de la región y así demostrar resultados operacionales.
Así mismo resulta incomprensible que en el puesto de control militar, conocido como la “Base del Pollo” adscrito al Batallón Vial y Energético #8 en el sitio de la “Y” que comunica a Remedios con veredas de su misma jurisdicción y otros municipios de Antioquia como Yondó y Puerto Berrío y posteriormente salida a la ciudad de Barrancabermeja, se haya convertido en un lugar de constantes empadronamientos a la población civil que recurre a este camino para poder llevar suministros a sus parcelas, pero que a la vez sea lugar frecuente de tránsito también de paramilitares de las AGC que por allí hacen presencia y que también, a escasos metros de la base militar se atreven a instalar sus retenes de manera ilegal, haciendo incluso presencia armada en veredas contiguas como el Popero y la Gorgona.
Esta notoria connivencia reproduce los vínculos de colaboración que recuerdan lo sucedido en décadas atrás en esta misma región de Antioquia cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron su arribo e incluso perpetraron la recordada masacre de Segovia en el año de 1998 un 11 de noviembre con un saldo de 49 asesinados y más de 50 heridos. De esta connivencia no se ha escapado la Policía, pues como ha sido denunciado por el mismo alcalde del mismo municipio Didier Osorio, policías adscritos a la estación de Segovia han suministrado información de operativos previstos en contra de la estructura paramilitar de las AGC, en las ocasiones teniendo conocimiento previo les han informado[13], poniéndolos en aviso para así evadir estos operativos, denuncias que al alcalde le implicaron reiteradas amenazas en su contra[14].
La avanzada que hoy desarrolla las AGC en estos municipios y su fortalecimiento vertiginoso en los últimos años, desarrollando operaciones simultáneas en diferentes subregiones de Antioquia e incluso en algunos momentos colocando en jaque la seguridad del departamento, reiteran la evidencia de una capacidad creciente de control en casi que el total en los 125 municipios del departamento; control que les ha permitido demostrarlo en los innumerables “paros” armados desarrollados desde el 2021[15] a la fecha, y que a la vez dan cuenta de la intencionalidad de las AGC de ser la única fuerza armada ilegal y paramilitar que se siente autorizada y con protección suficiente para controlar a su voluntad el departamento de Antioquia.
La labor de defensa de los DD.HH en riesgo, una noticia anunciada y denunciada.
Amenazas reiteradas y hostigamientos han tenido que soportar como víctimas los líderes/as sociales, defensores/as de los DDHH, comunales y comunidades enteras que han ejercido su legítimo derecho a la organización civil y comunitaria por sus actos de denuncia de los diferentes hechos de violencia, asedio y vulneración de derechos por variados grupos armados ilegales y Fuerza Pública que allí hacen presencia.
Como si se tratase de una muerte anunciada, ni las denuncias y su labor arriesgada les ha permitido contar con la salvaguarda de sus propias vidas y de las comunidades a las que defienden. Para el año 2022 CAHUCOPANA denuncio diferentes hechos de amenaza individual, violaciones al derecho de la integridad personal, violación del derecho a la vida e infracciones al DIH por grupos armados ilegales y Fuerza Pública[16], sin mencionar los diferentes hechos que quizás queden sin documentar por la falta de denuncias que den cuenta de ellos.
Bajo este angustioso contexto, las AGC han sido responsables en gran parte de estos hechos violentos y del asesinato de lideres comunales en la región, y de amenazas a gran parte de ellos por su actividad. De ello, da cuenta la sevicia con la que retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron al líder comunal de la vereda el Carmen, Elmer Lenin Guerra, quien fue interceptado junto con su compañera sentimental, la también lideresa social y secretaria de la Junta de Acción Comunal, quien recientemente había participado de una gira de incidencia con CAHUCOPANA denunciando que por la crisis humanitaria presentada en Remedios y Segovia situaciones como esa podían presentarse en cualquier momento.
En diferentes hechos, muchos de ellos amparados bajo la modalidad del anonimato y con la consabida práctica de intentar ocultar a toda costa su responsabilidad, los abusos siguen presentándose en la mayoría de los casos bajo especial responsabilidad las AGC. Durante el 2022 en diferentes veredas de ambos municipios se presentaron 10 homicidios (todos hombres), algunos de ellos siendo personas con vínculos comunitarios y destacados por su labor de servicio a la comunidad donde residían.
En uno de estos hechos y producto de una de las incursiones paramilitares de las AGC aparecieron sin vida los cuerpos de dos indígenas de nacionalidad ecuatoriana, uno de ellos en condición de discapacidad, quienes se dirigían al casco urbano de Remedios a recibir atención médica, pero luego de ser retenidos por las AGC el día 6 de julio en la vereda el Puna, fueron hallados sin vida el 23 del mismo lejos del lugar donde fueron retenidos por dicha estructura paramilitar.
A lo largo del 2023 la situación no tuvo mucha variación, a pesar de la declaración de todos los grupos de cesar el fuego y las hostilidades manteniéndose constante, las retaliaciones contra la población civil acusada de ser auxiliadora de X o Y grupo armado ilegal. Durante este año han sido víctimas de estos señalamientos y amenazas líderes/as sociales y personas defensoras de DDHH. En hechos más recientes es de resaltar el caso del dirigente campesino de la región y representante legal de CAHUCOPANA quien fue amenazado de muerte y declarado objetivo militar por las AGC, por su labor de denuncia y visibilización de la situación de crisis humanitaria en la región.
Sin embargo, la situación de vulnerabilidad no solo se ve reflejada en este dirigente campesino, sino en el conjunto de organizaciones sociales que allí hacen presencia. Es el caso de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y del Comité de Integración Agrominera del Nordeste Antioqueño (CIANA), quienes ven en situación de riesgo su labor, a pesar de haberla denunciado en diferentes ocasiones. Hasta el momento en ninguno de los casos presentados por las organizaciones sociales en el territorio y por sus liderazgos más visibles, se ha logrado el esclarecimiento de los hechos y judicialización de los responsables y su situación de riesgo sigue siendo latente y se eleva con el pasar de los días por la intensidad de la confrontación y la disputa por el control de los territorios.
La más grande incursión paramilitar de las AGC se viene llevando a cabo desde mediados del mes de enero, cuando, según reportan las comunidades, entre 300 y 400 paramilitares han copado veredas de Segovia con la finalidad declarada de tomar el control del territorio y sacar al ELN de las veredas donde dicen tener conocimiento de que hacen presencia. Desde septiembre del año pasado, organizaciones del Nodo Antioquia de nuestra Coordinación han venido denunciando la avanzada paramilitar desde el Sur de Bolívar y especialmente desde el Cañón de Chicamoqué hacia estos territorios, sin que las Fuerzas Militares hayan tomado ninguna acción en este sentido[17].
En esta arremetida, los paramilitares han copado masivamente las veredas la Manuela, los Aguacate, San José del Pescado, Arenales, Jagua, Rancho Quemado y demás veredas circundantes, generando combates en medio de los poblados, desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, retenciones arbitrarias a pobladores, el desabastecimiento y confinamiento ha afectado también a la Comunidad Indígena Tagual La Po, según denuncia la Alcaldia Municipal[18].
Aunque los paramilitares declaran que su intención es controlar el territorio y expulsar al ELN y las disidencias del EMC-FARC, y respetar a las comunidades, los atropellos permanentes incluyen además de los confinamientos y retenciones de pobladores, incursiones por la fuerza y registro de las viviendas, disparos y enfrentamientos en los caseríos y la prohibición de la movilidad vehicular y de personas, prohibición del desplazamiento bajo amenaza de pérdida de la vivienda e imposibilidad de regresar para quienes lo intenten, así como movimientos forzados a toda la comunidad hacia determinados sitios para llevar a cabos combates.
En estas condiciones, las declaraciones de la Alcaldía hacia los medios señalan que unas 3.500 personas han permanecido bajo estas angustiosas condiciones de confinamiento[19]. Los confinamientos se prolongan ya por semanas, sin que la Fuerza Pública muestre decisión de asumir el control del territorio. De hecho, el accionar armado se ha prolongado hasta la Vereda Rancho Quemado, que venía siendo usado como Refugio Humanitario habilitado por la propia comunidad, pero que ha llegado a convertirse en una de las zonas con más presencia de armados ilegales, razón por la cual, y ante la desprotección por parte de los organismos del Estado, el Alcalde ha venido durante varios días pidiendo la habilitación de corredores humanitarios[20].
La reacción de las Fuerzas Militares es lenta, ambigua y en términos generales connivente y tolerante con esta situación. lideres de la región constatan que “Nosotros no hemos podido entender el por qué las autoridades no han realizado ninguna acción de prevención y de protección y cómo realmente el dominio territorial persiste y el escenario de riesgo permanece sobre las personas que habitan estas comunidades”[21]. A pesar de la presencia militar, los paramilitares han podido llegar masivamente sin ningún percance. Los militares parecen no estar al tanto de nada, y cuando los medios de comunicación los interpelan responden que van a verificar la situación[22].
Las comunidades han denunciado que los paramilitares las han obligado bajo presiones a acudir a atender sus reuniones, primero en Las Manuelas, el 4 de febrero, y una semana más tarde, en la vereda Cancha Manila[23]. A ella deben acudir los habitantes de estas y todas las veredas circundantes, y a pesar de esto, la Fuerza Pública parece no darse por enterada, a pesar de que los ilegales llevan ya semanas en estos sectores. Tampoco se dieron por enterados cuando según medios de prensa, las AGC habrían utilizado bajo intimidación algunos vehículos que cubren la ruta rural cuyos pasajeros fueron bajados a la fuerza, así como algunos vehículos de habitantes de la zona para trasladar los heridos, al parecer, para la vereda Arenales[24].
Pareciera que, según informaciones recogidos por los medios, los protocolos para el despliegue de las Fuerzas Militares en el territorio no permitieran acciones eficaces de prevención y de protección de las comunidades[25]. En los últimos días, los medios anuncian la llegada de otros 220 soldados a estos territorios, acompañados del apoyo de helicópteros de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial, para el transporte y movimiento de las tropas, que incluso cuentan con el apoyo de drones no tripulados que realizan sobrevuelos preventivos y registran los movimientos en las áreas circundantes[26]. Pero tampoco estas acciones se han traducido en acciones efectiva para neutralizar la presencia de los miembros de las estructuras ilegales, pues por el contrario las AGC han comenzado a moverse al parecer sin obstáculos hacia la Vereda Altos de Manila y avanzan hacia la región del Bagre, donde a su llegada al corregimiento de Puerto López, ha generado ya el desplazamiento de cerca de 40 personas[27].
Estas conductas reiterativas de connivencia con el accionar paramilitar o de delegación en ellos de las funciones de seguridad, van en contravía de las orientaciones del gobierno nacional sobre el enfoque de la seguridad humana, que se centra en las garantías de seguridad para las personas y las comunidades. La política de Paz Total que pretende el desmonte de la totalidad de factores de violencia que inciden en los territorios, no es consistente tampoco con el favorecimiento en el territorio del accionar del grupo criminal más implicado en el dominio de economías ilegales y de control territorial violento en las comunidades. Las políticas del gobierno comprometidas con la primacía del valor de la vida y la búsqueda de la paz cuentan con el apoyo de las comunidades, pero las conductas que observan en terreno por parte de quienes deben protegerlos, los marginan de la posibilidad de avanzar en dichos fines.
Toda esta dinámica de connivencia, presencia pasiva y tolerancia al accionar y proceso de expansión y control territorial del paramilitarismo solo deja dudas sobre cuál es la real estrategia contrainsurgente del Estado, que más allá de la que plantean las autoridades centrales del gobierno, se concreta en la conducta efectiva de las Fuerzas Militares en el territorio.
Pareciera que la estrategia militar fuera la de consentir, tolerar o propiciar que el combate a los actores insurgentes (defiendo como tales aquellos que han sido reconocidos por el Gobierno como sujetos con los que se torna viable emprender procesos de negociación política) sea llevado a cabo, con consentimiento o aquiescencia, por medio del avance de la estrategia paramilitar, llevada a cabo por el grupo paramilitar con mayor control y presencia territorial, es decir, las llamadas AGC.
Es decir, pareciera que la estrategia fuera llevar a cabo una guerra a través de proxies, a través de aliados con los que se tiene afinidad ideológico o política, y con los que amplios sectores de élites económicas y políticas han mantenido relaciones de mutua conveniencia y mutuo apoyo político. No es posible afirmar que esa sea la política oficial de este gobierno. De su compromiso con la primacía del derecho a la vida, no quedan dudas. Pero la dinámica militar se impone en las regiones, con fuerza propia, y a pesar de los esfuerzos, no parece estar siendo efectiva la realinderacion de la dirección de las operaciones militares en el sentido de recuperar para las fuerzas legítimas del Estado el control territorial, combatir con eficacia y de manera imparcial a los actores ilegales y garantizar condiciones de seguridad efectivas para las comunidades.
De fondo persisten también preguntas sobre si la motivación de esta presencia tolerante u omisiva obedece meramente a la vocación contrainsurgente de las Fuerzas Militares o a intereses en la participación de la expansión y disputa por el control de rentas en las economías ilegales o en el control ilegal de rentas de rentas de la economía legal o aparentemente legal, en la que estos grupos paramilitares vienen ganando terreno… y la evidencia de cuentan con apoyo militar en amplias regiones para estos propósitos, es cada día más evidente. Lo que sucede en las zonas mineras del Sur de Bolívar y Nordeste de Antioquia deja amplias evidencias de esta realidad.
RECOMENDACIONES
1. Exhortar a las empresas mineras asentadas en el sector, en especial a las grandes empresas mineras nacionales y transnacionales, en conformidad con los códigos de conducta empresarial responsable y los principios sobre Empresas y Derechos Humanos hacer explícito su rechazo al accionar de grupos paramilitares y otros grupos ilegales en sus áreas de operaciones y las zonas donde llevan a cabos actividades de exploración, explotación minera.
2. Exhortar al Ministerio de Defensa a llevar a cabo proceso públicos de evaluación y rendición de cuentas a los mandos militares con responsabilidad en esta región, y dar públicamente explicaciones al hecho de que las unidades militares con jurisdicción en esta zona y de manera general en los departamentos del norte del país (XIV Brigada, IV Brigada, VII División y CCON 5), son precisamente aquellos bajo cuya jurisdicción es donde con mayor libertad y en mayor proporción han venido expandiéndose el control y la presencia de las estructuras paramilitares.
3. Exigir a la Fiscalía General de la Nación investigar las dinámicas de connivencia y tolerancia de mandos y unidades de la Fuerza Pública con responsabilidad de control en el norte del país y en especial en el nordeste, norte de Antioquia, Bajo Cauca y Sur de Bolívar con la expansión, los crímenes, abusos y control territorial de los grupos paramilitares e individualiza y llevar ante la justicia a los responsables de tales omisiones y tolerancia con el accionar criminal paramilitar
4. Exigir a la Procuraduría General de la Nación, medidas eficaces de protección de los derechos humanos de los pobladores del nordeste de Antioquia, y especialmente de las comunidades de Segovia, Remedios y el Bagre, e iniciar acciones disciplinarias a los mandos y efectivos de las Fuerzas Militares que permiten o toleran la expansión y las actividades criminales de estas estructuras criminales
5. Solicitar al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía, la Procuraduría y demás entidades estatales que hacen parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad priorizar y hacer explícitos los planes de acción, con metas, plazos e indicadores, para el desmantelamiento de las estructuras criminales y paramilitares que se han venido expandiendo y reforzando su control territorial y poblacional en dicha región, con especial énfasis en el desmonte de su presencia en el Nordeste de Antioquia, Bajo Cauca, Sur de Bolívar y Norte de Antioquia donde la ofensiva paramilitar se ha enseñado contra estas comunidades, con exterminio de los liderazgos sociales y atropellos cotidianos a las organizaciones sociales y comunitarias.
NOTA DE SEGUIMIENTO 1.
En Boletín Nexus Nro. 1 del pasado 22 de noviembre alertamos sobre la avanzada paramilitar de las AGC hacia el municipio de Briceño, su asentamiento en el Corregimiento Las Auras, el asesinato en esta avanzada del líder de la comunidad Hugo Arley Muñoz Palacio, y su pretensión de avanzar con tropas provenientes del Bajo Cauca, Ituango y Urabá para copar los territorios alrededor del casco municipal de Briceño, posicionándose en el control de la ladera occidental de la Cordillera Central y el margen oriental del Rio Cauca. Este dominio les permite a los paramilitares ejercer la custodia sobre todo el margen oriental de la Hidroeléctrica y el embalse de Hidro Ituango, además de su control estratégico sobre el Bajo Cauca y el avance desde el corredor estratégico que desde el Urabá vienen expandiendo de manera progresiva a través del sur de Córdoba y el municipio de Ituango.
A pesar de estas alertas, y de la visita al municipio de autoridades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares que prometieron hacer presencia y controlar la situación, con posterioridad el Alcalde Municipal denunció la llegada masiva de paramilitares de las AGC a las veredas La Molina, El Pescado, La América, Los Naranjos, Cucurucho y Travesías, generando desplazamientos que llegaron a afectar a cerca de 300 personas, y que posicionaron a los paramilitares en veredas que rodean el casco urbano del municipio[28]. Para el día 2 de diciembre, los medios informaron además que los paramilitares habían llegado a la Vereda El Hoyo, de donde habrían salido huyendo unas 200 personas[29].
NOTA DE SEGUIMIENTO 2.
En el mismo Boletín Nexus Nro. 1 sobre el control paramilitar en el Norte de Antioquia, dábamos cuenta del avance del Plan 1000, mediante el cual los paramilitares de las AGC vienen tomando posesión del territorio del municipio de Ituango, posicionado a mil integrantes en la zona, desde donde tienen control sobre el margen oriental de la Cordillera Occidental del norte de Antioquia, desde donde pueden custodiar toda el área de la Represa y el margen occidental de la zona de inundación de Hidroituango[30], que complementa el control que en la rivera opuesta obtienen a través del control que le permite el copamiento del municipio de Briceño.
Este avance en el control de este territorio les permite además tener retaguardia estratégica sobre los territorios del Bajo Cauca Antioqueño, el Sur de Córdoba y conectar con el corredor estratégico hacia la región de Urabá. En dicho boletín denunciamos el proceso de copamiento creciente de dicho territorio, de cuya expansión han informado también las organizaciones de derechos humanos de Antioquia[31]. Este copamiento pretende además imponerse, mediante una presencia abrumadora, con la presencia que en dicho municipio han venido teniendo las disidencias de los llamados Frente 18 y 36 del Estado Mayor Central de las Farc.
Elaboración propia Observatorio de DDHH y DIH – CCEEU
En las primeras semanas de este año, cientos de
paramilitares de las llamadas AGC han llegado hasta las Veredas Monte Alto y
Chontaduro del municipio de Ituango, que algunos calculan entre 300 y 400
integrantes, de dónde han venido desplazando pobladores, apropiándose de sus
viviendas y sus tierras, obligándolos a desplazarse a otras veredas, a la
cabecera municipal o incluso hacia la capital del departamento de Antioquia.
Muchas familias se han visto obligadas a huir a causa del reclutamiento forzado
de sus hijos/as. Hechos que llevan sucediéndose varias semanas, de manera
increíble siguen pasando desapercibidos por las autoridades y mandos militares
con responsabilidad en dicha región: Cuarta Brigada, Séptima División y Comando
Conjunto Nro. 5 (CCON5).
[1] El Espectador (2023). Oro: la disputa por la montaña. Natalia Herrera Duran. https://www.elespectador.com/investigacion/oro-la-disputa-por-la-montana/ .“Tras la guerra de Independencia, en 1852 se conformó The Frontino and Bolivia Company, una empresa de capital inglés con minas de veta (que perfora por dentro la montaña) en Remedios y Segovia, Antioquia. En una zona rica en agua que se extiende entre las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, y es paso estratégico entre el Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueño. Con título de explotación a perpetuidad, que tecnificó y mejoró la explotación de oro. Las minas El Silencio, Providencia y Sandra K, en Segovia, y La Carla, en Remedios, se volvieron famosas por su productividad. De esta manera, la fiebre del oro puso sus ojos en el nordeste antioqueño. Y no cede desde entonces, como tampoco la disputa violenta”.
[2] Ibid.
[3] El Colombiano (29, octubre 2021). Minas de Segovia y Remedios tienen oro y plata para 10 años. https://www.elcolombiano.com/negocios/minas-de-segovia-y-remedios-tienen-oro-y-plata-para-10-anos-KI15952989
[4] Gobernación de Antioquia (11, julio 2023). Gobernadores de Antioquia, Córdoba y Chocó presentaron al Ministro de la Defensa el Plan de Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad Ciudadana y Convivencia. https://antioquia.gov.co/prensa/historico-de-prensa-2/18779-gobernadores-de-antioquia-cordoba-y-choco-presentaron-al-ministro-de-la-defensa-el-plan-de-territorializacion-de-la-politica-de-defensa-seguridad-ciudadana-y-convivencia
[5] Antes de la firma del Acuerdo de Paz Estado-FARC (2016), se conocía de un pacto de no agresión entre ambas guerrillas (ELN y FARC-EP) con estructuras paramilitares presentes en la región, acuerdo este que permitió que durante algunos años se repartieran el territorio, estableciendo algunas fronteras donde se establecía las zonas donde cada actor podía hacer presencia y permitir así el libre tránsito de las comunidades. Es de anotar que a pesar de ello en algunas situaciones particulares dicho pacto se infringió.
[6] CAHUCOPANA (14, marzo 2023). Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: Paz y las Dinámicas del Conflicto. Zona rural, municipios de Segovia y Remedios Nordeste Antioqueño. Pag, 8. https://www.facebook.com/share/p/GU8dfYbsJwTVbPdz/?mibextid=qi2Omg
[7] Bis, pág. 7.
[8] Bis, pág. 9.
[9] Bis, Pág. 10.
[10] CAHUCOPANA (2023), Base de datos e información recopilada por sus Equipos Locales de Acción Humanitaria o conocidos como Comités de DDHH. Las incursiones realizadas por la estructura paramilitar de las AGC a través del Frente Jorge Iván Arboleda Garces a veredas de Segovia o Remedios durante el 2023 dan cuenta de un total de 8, realizadas en las siguientes fechas: 11 y 31 de marzo y 19 de agosto a la vereda Montefrio, 26 de junio en la vereda Arenales, 7 de julio en la vereda la Jagua, 19 y 22 de septiembre en la vereda Bocas de Chicamoqué y 27 de octubre en la vereda los Aguacates.
[11] Las comunidades han denunciado como en el Sector el Diamante a escasos 30 minutos del casco urbano del municipio de Segovia y a lo largo del recorrido en estos lugares: antes del Diamante por el sector de Buenos Aires y la entrada al 20 de Julio se empieza a detectar la presencia de integrantes de las AGC a sus alrededores e igualmente de la Fuerza Pública (Policía Nacional). Después del Diamante hasta la vereda el Rio (Segovia) y por el estadero conocido como el Palmar es notoria la presencia de las AGC, con la Fuerza Pública (Ejército Nacional) a escasos metros de estos, sin que se evidencia la más mínima voluntad de realizar capturas ni mucho menos de desmantelamiento de esta estructura paramilitar.
[12] Se ha recurrido hoy a llamar a las estructuras paramilitares vigentes en Colombia o sucesoras de éstas, como Estructuras Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EOACAI) tal cual como está estipulado en la ley 2272 del 4 de noviembre de 2022 o llamada ley de “Paz Total”, acudiendo una vez más eufemismos para evadir la naturaleza colaborativa y vocación contrainsurgente del paramilitarismo y la responsabilidad por vínculos persistentes de instituciones y agentes del estado con estas organizaciones paramilitares.
[13] El Tiempo (25, agosto 2021). Investigan denuncia de alcalde de Segovia, sobre corrupción en la Policía. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/segovia-antioquia-alcalde-denuncia-corrupcion-en-la-policia-612817
[14] El Tiempo (2, septiembre 2023). Alcalde de Segovia, Antioquia, denunció estar siendo amenazado por el Clan del Golfo. https://www.noticiascaracol.com/antioquia/alcalde-de-segovia-antioquia-denuncio-estar-siendo-amenazado-por-el-clan-del-golfo-rg10
[15] Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y Corporación Jurídica Libertad (2021). Balance del paro armado impuesto por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC en Antioquia. https://coeuropa.org.co/balance-del-paro-armado-impuesto-por-las-autodefensas-gaitanistas-de-colombia-agc-en-antioquia/
[16] CAHUCOPANA (14, marzo 2023). Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: Paz y las Dinámicas del Conflicto. Zona rural, municipios de Segovia y Remedios Nordeste Antioqueño. Pag, 16 a la 21. https://www.facebook.com/share/p/GU8dfYbsJwTVbPdz/?mibextid=qi2Omg
[17] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (22, septiembre 2023). Continua la grave situación humanitaria en Nordeste y Norte antioqueño y el gobierno no avanza en medidas eficaces para proteger a las poblaciones. Comunicado Nodo Antioquia.
[18] Alcaldía Municipal de Segovia. Comunicación al Presidente de la República y otras autoridades Solicitud de Plan Integral de Intervención Humanitaria para Segovia. 30 de enero de 2024
[19] Caracol Radio. (9, febrero de 2024). Reforzarán seguridad a secretaria de gobierno de Segovia por nuevas amenazas. https://caracol.com.co/2024/02/09/reforzaran-seguridad-a-secretaria-de-gobierno-de-segovia-por-nuevas-amenazas/
[20] Caracol Radio (9, febrero de 2024). Alcalde de Segovia pide corredor humanitario ante confinamiento ordenado por grupos armados. https://caracol.com.co/2024/02/09/cerca-de-3500-personas-estan-confinadas-por-amenazas-de-grupos-armados-alcalde-de-segovia/
[21] Caracol Radio (9, febrero 2024). Denuncian que las AGC hicieron un retén ilegal y retuvieron a varias personas en Segovia. https://caracol.com.co/2024/02/09/cerca-de-3500-personas-estan-confinadas-por-amenazas-de-grupos-armados-alcalde-de-segovia/
[22] Caracol Radio (7, febrero de 2024). Denuncian que las AGC hicieron un retén ilegal y retuvieron a varias personas en Segovia. https://caracol.com.co/2024/02/08/denuncian-que-las-agc-hicieron-un-reten-ilegal-y-retuvieron-a-varias-personas-en-segovia/
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Caracol Radio (9, febrero de 2024). Alcalde de Segovia pide corredor humanitario ante confinamiento ordenado por grupos armados. https://caracol.com.co/2024/02/09/cerca-de-3500-personas-estan-confinadas-por-amenazas-de-grupos-armados-alcalde-de-segovia/
[26] Infobae (11, febrero de 2024) Qué está pasando en Segovia, Antioquia: Fuerzas Militares tuvieron que desplegar 220 uniformados por situación de orden público. https://www.infobae.com/colombia/2024/02/11/que-esta-pasando-en-segovia-antioquia-fuerzas-militares-tuvieron-que-desplegar-220-uniformados-por-situacion-de-orden-publico/
[27] Caracol Radio (9, febrero de 2024). Reportan nuevos desplazamientos por combates entre ilegales en El Bagre. https://caracol.com.co/2024/02/09/reportan-nuevos-desplazamientos-por-combates-entre-ilegales-en-el-bagre/
[28] Alcaldía Municipal de Briceño. Solicitud con Mensaje de Urgencia. Comunicación del alcalde Municipal a los Ministros de Interior y de Defensa. 1 de diciembre de 2023.
[29] Blu Radio. Campesinos de diferentes veredas siguen llegando al casco urbano de Briceño; ya serían más de 300. 2 de diciembre de 2023. https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/campesinos-de-diferentes-veredas-siguen-llegando-al-casco-urbano-de-briceno-ya-serian-mas-de-300-rg10
[30] La Nueva Prensa (2020). Más de 300 paramilitares se suman al Plan Mil de las AGC desde el sur de Córdoba hacia el norte de Ituango. 6 de julio de 2020. https://www.lanuevaprensa.com.co/uribe-el-asesino-que-nos-puso-la-mafia-2/mas-de-300-paramilitares-se-suman-al-plan-mil-de-las-agc-desde-el-sur-de-cordoba-hacia-el-norte-de-ituango
[31] Corporación Jurídica Libertad y Fundación Sumapaz. La Guerra no para en Antioquia. Balance de la situación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y garantías para las personas defensoras de derechos humanos en el año 2021. Marzo de 2020. Pags. 34-42. https://cjlibertad.org/comunicaciones/Informe%20La%20Guerra%20No%20Para%20en%20Antioquia.pdf
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.