El pasado jueves, 6 de junio, fue asesinado por la Fuerza Pública Jefferson Trochez, un joven de solo 16 años, quien apenas comenzaba a vivir. Su asesinato ocurrió en la finca Vista Hermosa del municipio de Caloto, departamento del Cauca, en medio del desalojo que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y miembros del Ejército […]
El pasado jueves, 6 de junio, fue asesinado por la Fuerza Pública Jefferson Trochez, un joven de solo 16 años, quien apenas comenzaba a vivir. Su asesinato ocurrió en la finca Vista Hermosa del municipio de Caloto, departamento del Cauca, en medio del desalojo que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y miembros del Ejército realizaban contra comunidades indígenas que se encuentran asentadas allí desde hace tres años.
Quienes estaban presentes aseguran que el joven fue herido hacia las once de la mañana, y denuncian que, a pesar de la gravedad de las heridas, la Fuerza Pública lo arrastró y no permitió el paso de ningún delegado de Derechos Humanos, ni siquiera de la madre del menor, para verificar su estado de salud. Solo después de las dos de la tarde pudo ingresar la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Para ese momento Jefferson estaba muerto y su cuerpo con signos de tortura, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes.
Para Andrea Sandoval, amiga del menor asesinado, la muerte de Jefferson produce indignación y sentimientos encontrados por la impotencia.«Yo como amiga y habitante de este territorio, digo que da mucha rabia y mucha indignación lo que pasó con Jefferson, y saber que murió en manos de la Fuerza Pública, más indignación le da a uno, porque se supone que ellos están es para protegernos, no para atentar contra las comunidades, no para matarnos», expresó.
Según testigos de los hechos, «Jefferson quedó herido, él estaba vivo todavía y cada vez que la mamá y la defensora de Derechos Humanos Municipal daba un paso para llegar a donde estaba, el ESMAD tiraba gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento. No entendemos por qué no dejaban ingresar la mamá al menos, a ver cómo estaba, es que no daban ninguna explicación para impedir el ingreso de la mamá. Eso da para pensar que hay cosas turbias en este asesinato», denuncian.
Jefferson era hijo de campesinos humildes, e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina del municipio de Caloto, organización que hace parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y de Marcha Patriótica, era defensor de Derechos Humanos y había sido miembro de la Guardia Campesina.
Quienes lo conocieron lo describen como un joven risueño, colaborador y muy comprometido, convencido de la necesidad de defender su comunidad y su cultura campesina.
La coordinadora de la Guardia Campesina, María Elena Gómez, lo recuerda así: «Él era un chico muy alegre que se vinculó a la Guardia Campesina cuando tenía 14 años y se retiró cuando tenía 15 años porque estaba estudiando y el tiempo no le daba para hacer las tareas; entonces yo le dije que se dedicara a estudiar, y que cuando tuviera la mayoría de edad podía volver a la guardia. Su muerte deja un vacío muy grande, engo muchos recuerdo con él, me queda la promesa que me hizo de que volvería a la guardia».
Hasta el mes de mayo, según cifras de Indepaz, solo en el 2019 han sido asesinados 75 líderes sociales en el país; y entre los años 2016 y 2018 la cifra registrada es de 431 líderes y defensores de derechos humanos asesinados que trabajaban por sus comunidades, por la defensa de sus territorios.
Tal es la magnitud del genocidio en Colombia que no deja tiempo de asimilar lo que está pasando, se termina naturalizando el asesinato, convirtiendo a líderes y lideresas sociales solo en cifras. Muchas veces ante el miedo y la impotencia se guarda silencio o en el peor de los casos, se intenta justificar el exterminio a través de campañas de odio y estigmatización.
El objetivo de asesinar a un líder social no es solo su desaparición física, con su muerte se envía un mensaje de terror a su comunidad, se rompe el tejido social, se fragmenta la organización, y las comunidades muchas veces se ven obligadas a desplazarse o a permanecer en silencio en sus territorios con la presencia constante de quienes siembran muerte y miedo.
Es así como con la muerte de Jefferson la comunidad pierde mucho, pierde a un joven comprometido, a un líder social, a un defensor de Derechos Humanos.
«Él tenía muchas ganas de luchar por la comunidad, él decía que le quería colaborar mucho a la gente, que quería trabajar mucho por el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, que quería defender el territorio, los recursos naturales, nos va a hacer mucha falta, porque es un líder más que se nos va, un luchador que se nos va sin ver cumplido el sueño de crear la Zona de Reserva Campesina», expresa la coordinadora de la Guardia Campesina.
Sergio Ordoñez, integrante de la Asociación Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto, al igual que el resto de la comunidad, no deja de sentir impotencia mientras lo describe como » un muchacho muy educado que no se metía con nadie, que quería trabajar por su comunidad».
Jefferson fue un joven que siempre estuvo presente para defender a la comunidad y el territorio. Antes de ser asesinado por la Fuerza Pública, Ordoñez lo recuerda participando en la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, donde estuvo presente en el punto de concentración de El Cairo (Cajibío), viéndosele a todo momento como «un muchacho alegre, siempre presto a colaborar, muy respetuoso, con mucho compromiso y ganas de aprender».
La ira y el dolor generalizado por el asesinato de un joven que apenas estaba comenzando a vivir se siente en el ambiente de Caloto, del mismo modo que la ausencia de garantías para la labor de lideresas y líderes sociales también es palpable en Colombia, traduciéndose en un genocidio comprobable en las cifras y la complicidad del Gobierno que no actúa y niega la sistematicidad de los asesinatos, los cuales, en casos como este, involucran directamente a la Fuerza Pública.
«Como integrante de la asociación siento mucha rabia. El Gobierno habla con su Fuerza Pública de un respeto a los derechos, pero, ¿cuál es el respeto?, lo que hacen es una violación a la vida de un ser humano, a un jovencito que apenas estaba comenzando a conocer la vida. No vemos una sola razón, si es que puede existir alguna, para que lo hayan asesinado», concluye con indignación y dolor Sergio.