El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Consejo Nacional de la UDI, ratificó la posición del Gobierno en el sentido de que no va a ceder a la demanda de un sistema educativo gratuito, primero, porque el país «no está posibilitado de alcanzar esa meta, y luego , «porque no es justo que […]
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Consejo Nacional de la UDI, ratificó la posición del Gobierno en el sentido de que no va a ceder a la demanda de un sistema educativo gratuito, primero, porque el país «no está posibilitado de alcanzar esa meta, y luego , «porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres se financie la educación de los más ricos». Se trata de argumentos falsos, oportunistas y tendenciosos, que buscan confundir a la opinión pública sobre la verdadera naturaleza de la demanda del movimiento estudiantil, y que carecen de toda validez fuera de la doctrina neoliberal.
En agosto pasado Piñera ya había rechazado la demanda de gratuidad en la educación, con el argumento de que se financia a través de los impuestos, «que son pagados por la sociedad en su conjunto». Agregó: «todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar».
En lugar de gratuidad, Piñera insistió en la creación de un sistema de becas para financiar al 60% ciento de los alumnos de los sectores más pobres del país.
Si esa es la posición del Gobierno, cabe preguntarse entonces, qué sentido tiene el diálogo con el movimiento estudiantil, promovido por el propio Piñera.
Desde otro punto de vista, más que mentiras, argumentos como los enarbolados por Piñera corresponden a una deformación de la realidad, producto de un exceso de ideologismo.
Más que un modelo económico, el neoliberalismo es una ideología o sistema de ideas que postula la reducción al mínimo posible la intervención del Estado en función de no interferir en el libre funcionamiento del mercado, entendido como un conjunto de precios que se autorregulan para asignar óptimamente los recursos. Los impuestos, en esta estrecha y simplificada concepción del mundo, serían una intervención del Estado, que aunque necesaria para financiar el gasto público, debe ser reducida al mínimo que sea posible.
Intoxicación por ideologismo
El idelogismo consiste en atribuirle una validez universal a determinado sistema de ideas, y creer que nada puede existir o funcionar fuera de él.
La afirmación de Piñera, de que una educación gratuita implica que los impuestos de los pobres financian la educación de los ricos es un argumento típicamente neoliberal, pero no resiste el menor análisis.
En primer lugar, presupone que al existir un sistema de educación gratuito, los ricos optarían por él para la educación de sus hijos. Bajo esa premisa, habría que concluir necesariamente que la calidad de la educación estatal, debiera superar a la educación particular pagada. Pero, si ese fuera el caso, los ricos de este país incurrirían en lo que en economía se denomina riesgo moral, es decir, renta que se pierde por comportamientos engañosos.
Sería lo mismo que sostener que los ricos del país pecan de avaricia, puesto que estarían dispuestos a sacrificar la calidad de educación de sus hijos, por ahorrarse unos pesos de los aranceles de los colegios o universidades particulares.
Lo que en realidad demanda el movimiento estudiantil, es que los recursos públicos se canalicen exclusivamente en una educación pública de calidad, que permita a los jóvenes que no tienen la capacidad de pago, obtener mediante esta educación, un mínimo de garantías para equilibrar las oportunidades de desarrollo y movilidad social a que acceden quienes tienen recursos para pagarla.
Sin embargo, y sin meditar en las implicaciones de esa afirmación, Piñera y los neoliberales repiten como loros que la educación gratuita implica trasferir recursos de los pobres a los ricos, que es, por lo demás, lo que ocurre hoy con la injusta y regresiva estructura tributaria del país.
Recursos para financiar la educación
Cuando Piñera afirma que en esta vida nada es gratis, y que alguien tiene que pagar, hay que tomarle la palabra, pues en este país los únicos que no pagan, al menos no en la proporción que les corresponde, son los sectores permanentemente beneficiados por el modelo que los neoliberales impusieron a sangre y fuego por mano ajena.
De hecho, en un reciente trabajo, Fuentes de Financiamiento para una Educación, sin Fines de Lucro, el economista Jan Cademártori demuestra que no sólo es posible financiar una educación gratuita, sino que es relativamente sencillo hacerlo. Para ello, sólo bastaría reponer la equidad en la actual estructura tributaria, y cobrar lo que corresponde por la explotación de nuestros recursos naturales.
En una apretada síntesis, calcula que el financiamiento de una educación pública de calidad y gratuita, demandaría recursos adicionales del orden del 4,8% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 10 mil 400 millones de dólares. Sin incluir el ahorro en becas y créditos a la Educación Superior, significaría duplicar el gasto público en educación, actualmente en torno al 3,5% del PIB, en un cronograma a 10 años.
En ese supuesto, el esfuerzo representaría un 0,6% del PIB en el primer año y tocaría a un 4,2% del PIB en el año 10. Esto, en el contexto de una economía estancada. Si en cambio, la economía creciera al 5% anual, los recursos demandados significarían sólo un 3,4% en el año 10, valor que se calcula como proporción del mayor PIB.
Para financiar ese gasto, examina cinco variantes, tres de ellas remitidas a la recuperación de fondos del cobre. Las otras dos son tributos efectivos a las ganancias de las grandes empresas nacionales y extranjeras que no pertenecen al cobre y un impuesto tipo tasa Tobin a los capitales financieros especulativos que ingresan y salen del país.
Recuperación de los fondos del cobre
El primer escenario que analiza, es la renacionalización del cobre, al que aplica el supuesto de no pagar otra indemnización a las empresas que su inversión de capital, con el argumento de que sus ganancias extraordinarias del pasado han sido suficiente indemnización.
Con un precio del cobre a 2 dólares la libra, el Estado dueño de toda la gran minería del cobre, recaudaría US$ 2.474 millones adicionales, equivalentes al 4,5% del PIB. Con un precio de 2,5 dólares, US$3.380 millones, el 6,2% del PIB, el doble del actual Presupuesto Fiscal de Educación, y con on un precio 4 dólares, el que tenía el cobre hasta la caída de la semana pasada, se recaudarían US$6.099 millones, el 11,2% del PIB.
El autor considera que su cálculo está subestimado, porque los costos de la simulación son los informados por las empresas para efectos de tributación. Es perfectamente posible que los costos reales sean inferiores. Si las empresas privadas tuviesen el mismo rendimiento de CODELCO su ganancia debería ser casi igual al precio del cobre, lo que significaría un 3% del PIB de aportes adicionales. Tampoco considera el ingreso por sub-productos, que como ha demostrado Manuel Riesco, financian casi el 100% de los costos. Además, una mejor regulación de la producción podría evitar la sobreproducción y la consiguente baja en el precio mundial. Finalmente, la nacionalización podría aumentar el crecimiento económico con una mayor elaboración de las materias primas minerales.
Claramente, la renacionalización del cobre sería el mejor negocio para el país. Pero Cademártori analiza una segunda variante de recuperación de fondos del cobre, que denomina tributación óptima.
La tributación óptima permite una rentabilidad (TIR) a los dueños de la empresa, de 12% sobre el capital invertido por ellos cualquiera sea el precio del cobre. El resto de la ganancia es considerada propiedad del Estado de Chile quien es dueño legal de las minas concesionadas. Esto supone aumentar los tributos de la Tabla que determina la tasa del Impuesto Específico a la Minería (IEM) de modo que el Estado capture la renta superior al 12% sobre el capital invertido por los privados, criterio aplicado recientemente por Australia.
Esta estimación, con un precio del cobre de US$ 2,5, arroja un aporte tributario US$ 872 millones, 1,6% del PIB. Este porcentaje es relevante si se compara con la recaudación promedio del Impuesto Específico a la Minería entre los años 2007-2010, de 0,3% del PIB por año. Con un precio de 3 dólares por libra, una tributación óptima recaudaría US$1.308 millones, un 2,4% del PB, y con un precio de 4 dólares, US$2.160, un 4% del PIB.
La tercera variante de recuperación de fondos del cobre calculada por Cademártori es la fiscalización efectiva de los subproductos, y su correspondiente tributación.
Este aumento en la tributación en el modelo de Jan Cademártori, es la tasa actual de tributación efectiva multiplicada por el mayor excedente derivado de los subproductos. Este último sería equivalente al costo operacional actual si se repite la realidad de CODELCO. Estimando un operacional de US$ 0,9 por libra, se multiplica este factor por la masa de libras físicas de cobre producidas por el sector privado, 7.937 millones.
De este modo, se obtiene una ganancia no reconocida por US$ 7.143 millones, que es el incremento de excedente operacional. Multiplicada ésta por la tributación actual teórica, del orden del 38% del excedente operacional, la recaudación por mejor fiscalización aumentaría en un 38% de US$ 7.143, es decir, en US$ 2.714 millones, aproximadamente el 1,2% del PIB 2011.
La brecha tributaria
Por cierto, la renacionalización del cobre, la tributación óptima sobre la explotación de nuestros recursos naturales y la fiscalización de los subproductos del cobre, son impensables en el discurso de Piñera y la doctrina neoliberal. Pero eso no significa que no existan como posibilidad real, apenas la correlación política del país lo permita, sin perjuicio de que desmienten en términos absolutos la temeraria afirmación de Piñera, de que la economía del país no estaría en condiciones de financiar la educación gratuita.
Luego, su argumento de que «nada es gratis en esta vida, porque alguien lo tiene que pagar», también es falso en lo que se refiere a la tributación del sector de la gran empresa, específicamente el impuesto a la renta de primera categoría, porque simplemente no lo paga.
En 2008, las grandes empresas representaban el 86% de las ventas de las empresas registradas por el SII. Sin embargo, este sector abarcaba apenas a 10.520 empresas, el 1,5% del universo del SII.
Sus propietarios no pagan realmente impuestos por sus ganancias. Aparentemente, las empresas tributan el Impuesto de Primera Categoría que grava las utilidades devengadas con una tasa del 17%, aumentada transitoriamente a 20% por el terremoto. Sin embargo este impuesto le es devuelto a sus propietarios, socios o accionistas, como crédito a su favor cuando tributan el Impuesto Global Complementario, o el Impuesto Adicional, si son extranjeros.
Cualquier aumento del impuesto de primera categoría es a la vez un aumento en la misma proporción del crédito al impuesto personal del empresario. Resultado neto: cero, o sea, un engaño. Esto es así desde 1984, cuando la Ley 18.293 suprimió el verdadero impuesto a la renta de las empresas y lo reemplazó por el muy «sui géneris» Impuesto de Primera Categoría, que obliga a las empresas a pagar un impuesto que actualmente es de 17 %, pero al mismo momento que se declara y se paga, se le devuelve a los socios, accionistas o dueños de la empresa, en sus declaraciones personales de impuesto a la renta. En los hechos, Chile es el único país del mundo donde las empresas no pagan impuesto por sus ganancias.El Impuesto Global Complementario es un impuesto progresivo, según los tramos del ingreso del contribuyente. En sus tramos más altos, alcanza tasas del orden del 40%. Para evitarlo, existe la opción de remunerar a los directores y dueños con acciones, dietas de directorio, viáticos y otros. Esto explica la baja incidencia del único impuesto progresivo de la estructura tributaria chilena: en torno al 1,7% de la recaudación tributaria y el 0,3% del PIB, en promedio.
En cambio, los trabajadores dependientes, aparte de cotizar a las AFP y a las ISAPRES, pagan mensualmente el Impuesto de Segunda Categoría, mientras a los trabajadores independientes se les retiene un 10% de los honorarios devengados. Como la mayoría no tiene más de un empleador, ni son personas que reciban retornos al capital superiores a 20 UTM, no les corresponde consolidar sus ingresos anuales y pagar el Impuesto Global Complementario, con su respectivo crédito tributario. Además, cancelan un IVA por su consumo básico, tributo indirecto que representa cerca del 50% del total de tributos recaudados en el país.
Restaurar la equidad tributaria
El economista Julián Alcayaga propone bajar el Impuesto de Primera Categoría a las empresas del 17 al 15%, e incluso a un 10%, siempre que a la vez deje de ser un crédito al impuesto personal, y en consecuencia, nada se les devuelva a los socios, accionistas o propietarios de la empresas, en su declaración personal de impuesto a la renta. Calcula que esa sola medida aportaría sobre US$ 3.500 millones de dólares anuales de mayor recaudación fiscal.En el trabajo mencionado, Jan Cademártiri propone dos métodos para aumentar la recaudación tributaria al sector de la gren empresa.
El primero, coincide en la necesidad de eliminar la devolución a los dueños, del Impuesto pagado por sus empresas, es decir, el derecho de considerar como crédito tributario para el Impuesto Global Complementario, el Impuesto de Primera Categoría, medida que en su cálculo, podría aportar cerca de un 3,2% del actual PIB.
Segundo, propone la aplicación de una tasa moderada al excedente que quedan en la empresa, después de financiar los costos de operación y la inversión en bienes de capital. Si la tasa es del 10%, aportaría adicionalmente un 2,6% del PIB, y si fuera del 20%, un 5,1% del PIB.
Finalmente Cademártori sugiere establecer un impuesto a los capitales finacieros de cartera e instrumentos financieros que ingresan y salen del país. Un tasa del 1%, como se ha propuesto a nivel internacional, conocida como tasa Tobin, permitiría no sólo recaudar fondos sino mitigar la vulnerabilidad causada por la inestabilidad creada por estos «capitales golondrina». Además, en el caso chileno, limitaría la exportación de los fondos de los trabajadores depositados en las AFP. El rendimiento tributario sería de sólo un 0,2% del PIB pero podría ir creciendo hasta alcanzar un 1,5% en diez años si se mantiene su tendencia de crecimiento.
El trabajo de Jan Cademártori estima obtener a través del cobre un 6,2% del PIB, en caso de su renacionalización, o un 3,2% del mismo por medio de otras medidas relativas al cobre. Mediante tributación a las grandes empresas se conseguiría otro 3,2% y a través de los capitales financieros internacionales un 0,2% por el momento.
Otras alternativas para financiar la un sistema de educación pública de calidad son acotar la elusión tributaria mediante nuevas normas que regulan a la minería y sectores internos; cobro a las mineras por el consumo del agua; reduccióndel gasto militar desde el 3,5% actual a niveles más cercanos a los de naciones vecinas (1,5%), reponer impuestos al comercio exterior, actualmente cercanos a cero, sobre todo a bienes sustituibles por producción nacional y sobre artículos suntuarios. Finalmente, propone estudiar la manera de atraer parte de los fondos depositados por los trabajadores en la AFP, más del 100% del PIB, para su propio gasto en educación, el cual reporta una rentabilidad mayor a la de los fondos.
Piñera falta a la verdad cuando dice que no su puede reponer un sistema de educación pública gratuita, sin fines de lucro y de calidad. Como se ha revisado someramente, hay variadas maneras, metodologías o fórmulas para conseguir el objetivo, con la ventaja adicional de que reducirían las brutales desigualdades del Chile neoliberal y mejorarían el crispado clima de convivencia social.
Lo único que falta es voluntad política para aplicarlas.