«Sin deliberación no hay soberanía, porque -y esta es una cuestión fundamental- la soberanía no es una voluntad individual, sino que es una voluntad colectiva» Gabriel Salazar Hace un par de semanas o un poco más producto de la actual crisis social que vive el país, se han comenzado a convocar cabildos ciudadanos […]
«Sin deliberación no hay soberanía, porque -y esta es una cuestión fundamental- la soberanía no es una voluntad individual, sino que es una voluntad colectiva» Gabriel Salazar
Hace un par de semanas o un poco más producto de la actual crisis social que vive el país, se han comenzado a convocar cabildos ciudadanos espontáneamente como espacios de reflexión para el debate sobre las causas y las propuestas de salida a la actual crisis que vivimos como sociedad. Como algunos saben, los cabildos en latinoamérica tienen una larga data que se remonta a los tiempos de la colonia cuyo funcionamiento permitió la organización de las tareas político-administrativas de los primeros conquistadores. Aunque en tiempos «normales» eran instituciones con una estructura y miembros limitados en tiempos de crisis esta condición variaba y permitía la participación de un mayor número de integrantes, aunque siempre vinculados a los sectores de mayor alcurnia o importancia económica de la sociedad colonial. También están presentes en los comienzos de la independencia de Chile cuando durante la dominación española y producto del apresamiento del Rey Fernando VII por parte de Napoleón, los criollos se vieron en la obligación de generar una forma de autogobierno dado el vacío de poder que generaba la ausencia de la autoridad del rey o al menos esa fue la excusa para el inicio de un proceso emancipatorio. Así se creó la primera Junta Nacional de Gobierno y devengó todo el proceso posterior de la independencia. Posteriormente los cabildos siguieron existiendo, asociados a la deliberación y acción del incipiente gobierno criollo, cómo olvidar el famoso «Aun hay patria, ciudadanos» frase que se le atribuye a Manuel Rodríguez en el cabildo convocado en Santiago luego del desastre de cancha rayada y en el cual, habiendo incertidumbre sobre la sobrevivencia de O`Higgins, y ante la necesidad de un gobierno provisorio, fue proclamado como Director Supremo. Según el historiador Gabriel Salazar los cabildos abiertos hasta su término en la república portaliana eran la expresión de gobierno, instancia de deliberación y acción colectiva, de las comunidades locales sobre su territorio.
Con esta impronta criolla y latinoamericana, la ciudadanía busca crearse espacios políticos AUTÓNOMOS, esta vez abiertos a todos los habitantes de un territorio sin restricción de origen, edad, patrimonio o cualquier otra variable, para la superación de la actual crisis económica, política y social que atravesamos. Y es que sin duda esta crisis no es sólo económica y social, sino también política, dada la alta desconfianza (y con justa razón) de la ciudadanía con la «clase» política que dirige actualmente las instituciones del estado, motivada por conocidos casos de corrupción que evidencian, primero, su condición como grupo con intereses particulares distintos al resto de los chilenos, y de los cuales se sirve (a través del voto) para obtener su posición y manejar sus amplias redes clientelares, y segundo, de su relación con el poder económico que la financia, o la recluta transitoriamente en el mundo privado, para cooptarla a sus intereses y mantener su influencia sobre el estado. Por eso destaco la palabra AUTÓNOMOS ¡No pueden estar ni dirigido, ni tutelados por ellos! Esto es un principio básico a defender.
Así la llamada Mesa de Unidad Social. Organismo que agrupa a 115 miembros de varias organizaciones sociales como «No más AFP», la «Central Unitaria de Trabajadores», ANEF, CONFECH, organizaciones de los ámbitos de la salud, educación, y de la sociedad civil como organizaciones feministas entre otras han llamado a la auto-convocatoria de cabildos ciudadanos. Una de las improntas que ha tenido este proceso de convocatoria de los cabildos es la discusión sobre una nueva constitución como solución al actual problema que vive el país y de la Asamblea Constituyente como mecanismo para su elaboración. No obstante lo anterior, los cabildos rápidamente han abrazado esta idea y se han puesto a discutir ya sobre los elementos que debería tener una nueva constitución para Chile. Así uno de los temas que salió al debate en mi primera experiencia de discusión de grupo en el cabildo es si nuestra reflexión debía centrarse más específicamente y técnicamente en los contenidos de la nueva constitución como origen del problema o más bien en el conocimiento de las distintas experiencias de los integrantes del grupo y del imaginario de lo que desean como sociedad más allá de los aspectos puntuales. Dicho en términos más caricaturescos estaba el grupito de los técnicos v/s el de los más hippies (todo esto le da colorido y algo de sana comicidad a esta instancia). Yo debo admitir que asumí una postura conciliadora e intenté integrar los aportes de ambas corrientes en mi intervención (esto también resulta para mí bastante cómico).
En fin, toda la experiencia anterior me hizo reflexionar en ¿Cuál es el sentido de este proceso de cabildos que a todas luces aparecen como constituyentes? ¿Es iniciar ya el proceso de elaboración de una nueva constitución y realizarlo, a la espera de una discusión posterior de sus propuestas en un órgano de mayor alcance como es una Asamblea Constituyente? ¿O tal vez su función está llamada a ser algo más que un espacio deliberativo acotado de redacción de propuestas constitucionales? ¿Acaso la sola reunión de personas por el motivo constitucional no es también un espacio de conocimiento y reconocimiento mutuo, de articulación y recomposición del tejido social, de deliberación y acción sin el cual ni el inicio, ni el mantenimiento y entrada en vigencia de una nueva constitución no tiene ninguna posibilidad de imponerse a sus adversarios (élite política y poder económico) sino es por el ejercicio activo de la custodia de sus ciudadanos? Y finalmente ¿No es que los cabildos constituyentes ya son (en este momento) el inicio del traspaso del poder político (en el hecho) de la democracia representativa a la participativa dado el vaciamiento de la primera?
Así pienso que en el actual proceso de cabildos democráticos constituyentes lo realmente importante es la relación del sujeto (ciudadano) con el objeto (constitución), en una relación permanente de ejercicio del poder de base cuya voluntad plasma el texto constitucional pero que sin el ejercicio permanente de éste, se transformaría en un texto vacío y sin armas políticas frente al poder económico (del 1% más rico que se adueña del 33% de la riqueza que produce Chile en un año) y la burocracia de la vieja república, que hermanada con este, la encausarían rápidamente a sus intereses o derechamente la abolirán.
O dicho más en términos filosóficos parafraseando a un destacado profesor de filosofía de la ciencia y política chileno Carlos Pérez Soto «lo realmente existente entre el objeto (constitución) y el sujeto (ciudadano) es su relación, a partir del cual la constitución (el objeto) y el ciudadano (el sujeto) son dos momentos analíticos de un mismo proceso». Constitución ciudadana y ciudadano constituyente sólo son dos caras de la misma moneda.
Por supuesto que esta tesis implica un fuerte componente de autocumplimiento. Para que la constitución sea realmente un instrumento democrático en su origen y puesta en marcha (algo que nunca ha existido en Chile por el uso de la fuerza del estado) requiere que los ciudadanos ejerzamos nuestro poder deliberativo y de acción en nuestros ámbitos de influencia, ya sea en los territorios donde vivimos y/o en nuestros trabajos. Implica que sólo la articulación coordinada y permanente de los constituyentes darán vida a las palabras de la nueva constitución y la defenderán con el poder de la organización frente a sus amenazas. Esta es la esencia de lo que he querido denominar como Constitución permanente. Todo esto con las tácticas de avance y repliegue que se harán necesarias dependiendo de las coyunturas.
La crisis por la que atraviesa el país es una crisis social profunda, cuyas causas radican en el modelo neoliberal que agudizó la desigualdad, instauró la precariedad para vastos sectores de la población y dominó la política, que expresa un problema de gobernabilidad para las actuales instituciones de la república dado el divorcio que existe ya desde hace varios años entre sus exponentes y la ciudadanía común y corriente, donde el orden público es solo su síntoma más superficial. Este problema de gobernabilidad (en lo inmediato y en el largo plazo) no puede resolverse sin el traslado, ya en marcha, del poder político hacia instituciones donde las redes de la burocracia, enquistada en el poder institucional, público y privado, no tengan mayor influencia que la de un ciudadano de a pie, y no vicien y coopten el proceso para usufructuar nuevamente de su posición (obtenida por la ventaja que le da su relación incestuosa con el poder económico). Estas instituciones son los Cabildos AUTÓNOMOS y su expresión a nivel nacional en una Asamblea Constituyente. Todo esto debiera regirse por un reglamento que asegure la independencia de su funcionamiento y para el cual el parlamento y los municipios pueden actuar de impulsores y facilitadores, pero no de tutores. Insisto en este punto, anta la falta de gobernabilidad de las actuales instituciones, y del ejecutivo en particular, sólo es la emergencia de nuevas instituciones como el cabildo abierto la que puede dar gobernabilidad y una salida real a esta situación. Las viejas instituciones tendrán que elegir si quieren seguir siendo parte del problema o el punto de partida de la solución (incluyendo al poder judicial).
Por supuesto que existen excepciones al panorama de corrupción institucional generalizada anteriormente planteado, sobre todo en las más interpeladas para buscar una salida a esta situación, como el parlamento o el nivel municipal, donde en este último incluso se han visualizado políticas participativas ligadas estrechamente a la toma de decisiones comunales a través de cabildos abiertos y plebiscitos, como es el caso de Valparaíso, pero mis planteamientos no se refieren a las excepciones sino a la regla de cuyos ejemplos hay muchos, y a la institucionalidad político-económica y social derivada de la actual constitución que permite esta intrincada relación entre el mundo de lo público y el privado, subordinando el primero al dominio e influencia del segundo.
Así, volviendo a nuestro asunto constituyente, en caso de que el proceso de elaboración de una nueva constitución se quisiera encausar por las instituciones actualmente existentes (parlamento, municipalidades u otras) sólo crecerá la ya enorme distancia entre éstas y la ciudadanía. No digo que no puedan hacer nada, al contrario, sólo me refiero que no debieran conducirlo. De lo contrario el problema será insalvable desde un punto de vista democrático (a no ser que se caiga en la tautología tramposa de creer que sólo las instituciones existentes expresan la democracia) y a pesar que se pueda tapar el sol constituyente con el dedo de la represión y restaurar el orden público a punta de balas (¿Realmente a esto podría llamársele «orden público»?) el problema no se resolverá y aplazará nuevamente su emergencia, y de seguro recrudecerá con la misma o mayor intensidad que antes ¿Les queda alguna duda o ya se les quitó el susto del 18/O (18 de Octubre de 2019)? ¿Creen que la gente no reaccionara frente a la ineptitud y actuar criminal de quienes están en el gobierno? ¿Llegarán tan lejos de usar nuevamente a las FFAA para un nuevo baño de sangre en la historia de Chile con tal de no ceder?
Tal vez hagamos oídos sordos a esta tesis del carácter permanente de la tarea constitucional y decidamos como ciudadanos no asumir las consecuencias lógicas y materiales del actual entrampamiento en el que nos encontramos, hacernos «los lesos» y dejar todo en la vieja «cocina política». Entonces sepamos que elegimos conscientemente nuestra derrota, la derrota de la democracia y de una sociedad más justa. Pero si por el contrario la tomamos en serio estaríamos asumiendo la tarea de que las complejas circunstancias históricas nos exigen, siendo partícipes activos de los nuevos cabildos, defendiendo y asegurando su autonomía de las actuales instituciones, abogando por la formación de una Asamblea Constituyente. Todo lo anterior no es incompatible necesariamente con su encuadre dentro del orden legal actual pero sí apunta a su superación. Si no lo hacemos perderemos la oportunidad de construir una sociedad verdaderamente democrática y evitar, como alguien dijo ;), que «un problema no resuelto vuelva una y otra vez sobre nosotros». Así si emprendemos nuestra tarea y ejercemos la soberanía como sujetos colectivos a través de la comunidad del Cabildo, más allá del espejismo de soberanía individual del voto universal, tal vez resuenen más fuerte que nunca las palabras de Manuel Rodríguez ante el desastre que amenazaba a la incipiente república y hagamos realidad el: «Aún hay patria, ciudadanos».
La nueva república es posible y su primer hito debe ser la salida del gobierno criminal que balea a nuestro pueblo que en su mayoría son jóvenes que pudieran ser nuestros hijos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.