“¿En qué cambiaría sustancialmente España
con la Tercera República? Más allá de en lo simbólico,
no se me ocurre gran cosa que responderles”.
Marta Nebot
(*)
El carácter de la Corona o de la Monarquía, en su doble condición inelegible y hereditaria, es por esencia antidemocrático, aunque circunstancialmente tal sistema pueda ser tan solo una excepcionalidad, un déficit democrático más a añadir a otros que aquejan en la práctica a cualquiera de los sistemas parlamentarios realmente existentes.
El adjetivo -Parlamentaria-con el que en algunos países, en España por ejemplo, se rotula o adorna la Monarquía, no deja de ser eso un adjetivo, o sea algo que, aun pudiendo ser importante, se añade a lo sustantivo o esencial.
Tal y como se configuró en España la restauración de ese régimen, hay un sinfín de elementos -además de esos dos esenciales: hereditaria e inelegible- que refuerzan ese su carácter no ya ademocrático, sino antidemocrático.
En primer lugar, por su origen, de legitimidad harto dudosa no solo por la historia, por la naturaleza golpista del régimen del que proviene en última instancia, sino también por el modo de ‘colarse’– incrustrándose- en un texto constitucional que era obligado refrendar en su totalidad -o lo tomas o lo dejas, un trágala-, elaborado y formulado con gran secreto, y votado en un contexto de libertad vigilada (nada menos que por el ejército); y blindado además ante cualquier posibilidad de reforma y menos aun de reconsideración o revisión profunda, por el derecho a veto concedido a los partidos dinásticos.
Pero es que, por si fuera poco, a ello se añade su regulación en ese sacrosanto texto que, no sin razón, algunos denominan Carta Magna, término que evoca su añeja condición medieval de otorgamiento real.
Así pues en ese texto, el Rey, al serlo, no es que sea solo Jefe del Estado de mero alcance simbólico, es que además aúna la jefatura del Ejército, es decir del poder material; la justicia se imparte en su nombre al tiempo que Él es Inviolable; nombra al Presidente del Gobierno; tiene una Familia Real con honores, privilegios y presupuesto; tiene una Casa Real a cuyos integrantes -10 hombres y una sola mujer, en su Jefatura- Él y solo Él nombra y paga con dinero del contribuyente… Una monarquía parlamentaria que preserva el privilegio machista y patriarcal de la Ley sálica, a la cual debe el monarca que ahora reina su corona.
En fin, una monarquía que, en la práctica, como se ha visto con Juan Carlos I, ese que “trajo “-¿de dónde?- la democracia a España, mantiene y ha practicado -no solo metafóricamente- el derecho de pernada del medievo.
¿Alguien imagina un Presidente de una República democrática con semejantes prerrogativas de por vida, al no estar sometido a rendimiento de cuentas mediante periódica elección?
¿Algún republicano de verdad podría decir sin vergüenza que lo es, cuando argumenta su borbonismo vergonzante -hic et nunc– con esa patraña denominada “accidentalismo”?
¿En que género de hipocresía se puede sustentar la simultaneidad de las afirmaciones sobre su mero carácter simbólico, mientras se la considera la “clave de bóveda” del sistema, sin la cual éste se vendría abajo (Juan Carlos Campo, ministro de Justicia y tan “republicano” él como el partido en el que se encuadra), o su pertenencia a la “malla institucional europea”, garante de su eterna perdurabilidad (Enric Juliana)?
Las tres derechas españolas (VOX&PP&C’S) están en disputa por un mismo título: ser el partido del Rey. A éste, en su fútil aspiración a representar la unidad de todos -ya inalcanzable ni en lo territorial, ni en lo ideológico, ni en lo generacional-, tras el mensaje navideño ya solo le queda una sola -y ojalá última- misión histórica que cumplir: la unificación de esas tres derechas.
“La república, por sí misma, no cambiaría las cosas” (Marta Nebot). Y en parte lleva razón, aunque la cuestión no es esa, sino que algo o mucho tendremos que cambiar las cosas para tener de nuevo una República. Pero, si así lo hacemos, con ésta podrán cambiar otras muchas de las que, con el actual régimen borbónico, resultan difíciles o imposibles de remover para cambiar y avanzar.
Epílogo. La existencia de una Familia Real como categoría política constitucionalizada, debería exigir -a diferencia de lo que sucede en una institución meramente civil- la solidaridad o sea la responsabilidad solidaria -y no solo individual- de todos sus miembros, de modo que las conductas políticamente (no penalmente) reprobables (aunque no delictivas) se extiendan por igual a todos los integrantes de tal Familia.
(*) Jaque a la tercera república | Marta Nebot. Periodista | Público 23/12/2020