La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, noviembre 19 de 2015 Hace tres años, en este mismo escenario, impulsados por la esperanza, iniciamos un nuevo intento para dejar atrás mediante el diálogo civilizado, más de medio siglo de lucha armada originada en la violencia del poder y la exclusión. Contábamos en ese entonces, como […]
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, noviembre 19 de 2015
Hace tres años, en este mismo escenario, impulsados por la esperanza, iniciamos un nuevo intento para dejar atrás mediante el diálogo civilizado, más de medio siglo de lucha armada originada en la violencia del poder y la exclusión.
Contábamos en ese entonces, como hoy, con el inextinguible anhelo de paz del pueblo de Colombia, la inconmensurable ayuda solidaria de Cuba, de la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez y de los gobiernos de Noruega y Chile, que con su humanismo nos animan a regresar al país con el acuerdo de la reconciliación. Este ha sido nuestro anhelo y en función del mismo hemos trabajado sin descanso, pero no ha sido fácil, porque aunque tenemos importantes logros parciales que nos han aproximado a la posibilidad cierta del fin del conflicto, ahora se les impone grandes dificultades solo superables con el concurso pleno del pueblo.
Los avances en la Mesa se sintetizan en la firma de nueve acuerdos fundamentales, tres de ellos referidos de manera directa a puntos específicos de la Agenda: Reforma Rural Integral, Participación Política y Nueva política anti-drogas, cada uno con salvedades ineludibles que en total suman 28. Estos se complementan con otros entendimientos sobre Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición; Agilizar las conversaciones en La Habana y desescalar el conflicto en Colombia, descontaminación del territorio de artefactos explosivos, Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y desarrollo del conflicto, Unidad de búsqueda para similares propósitos, y un acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, que desafortunadamente venía siendo colmado de incertidumbres luego de su anuncio público.
En el presente, y ya desde hace año y medio, intentamos cerrar un nuevo acuerdo que reivindique a las víctimas del conflicto brindándoles con suficiencia Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en condiciones de dignidad y de respeto al conjunto de sus derechos humanos, incluyendo los escamoteados Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que generen el buen vivir que claman las mayorías.
Este panorama, al que se suman los pasos dados por la sub comisión técnica en el diseño de la formulación del Cese bilateral del fuego y Dejación de armas, es decir su no utilización en política por la guerrilla y el Estado, muestra sin duda que las perspectivas de alcanzar un Acuerdo Final, brillan como nunca antes en el horizonte de Colombia. No obstante, contra ello conspiran obstrucciones y desavenencias que no debieran estar instaladas como nubarrones que oscurecen la confianza construida con tanto esfuerzo a partir del invaluable apoyo que la gente humilde y otros sectores han brindado al proceso con desprendimiento.
El unilateralismo, el empecinamiento intransigente, el egoísmo político excluyente, la ausencia de sentido común, la mezquindad de clase, el incumplimiento de la palabra empeñada por parte del bloque de poder dominante, se siguen atravesando como mulas muertas en la mitad del camino. Pero cuánto quisiéramos que el país de unos pocos que describimos en el discurso de Oslo, fuera reemplazado, con el concurso de los colombianos, por un país para todos en el que ya no exista la miseria, la desigualdad, la exclusión política, las segregaciones de todo tipo y la carencia de democracia.
No se puede seguir persistiendo en la aplicación de políticas neoliberales que sacrifican y victimizan al conjunto de la sociedad y en especial a los más pobres, echando por la borda la soberanía nacional y condenan al país a continuar en la confrontación. No se puede seguir despilfarrando el erario público en un gasto militar y de guerra, y menos lanzándolo al foso de la corrupción y a la voracidad mezquina de los privilegiados.
Por otra parte, como dice el Libertador, que «la Verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir», y que es necesario no adelantar un pacto de impunidades, debemos hacer cierto el propósito de que esa verdad sea asumida por el conjunto de los actores del conflicto, sin que quede excluida, como se pretende, la casta dirigente y el Estado que la representa, supremos responsables de las causas y las consecuencias de una guerra que se ha convertido en la más prolongada del hemisferio.
Por qué temerle ahora a este juicio necesario: los que han regentado el poder, los que se han enriquecido con la miseria del pueblo llano, los que han impedido que nos demos un abrazo de hermanos, deben como los que más, ofrecer verdad exhaustiva, sin atrincherarse en inmunidades, para no asumir sus propias responsabilidades, porque si algún nicho de impunidad ha habido a lo largo de la historia, es el que han construido los de arriba para mantenerse en el poder.
Basta de negacionismos, cuando de manera abierta su paramilitarismo devenido de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la concepción del enemigo interno, aniquiló a organizaciones como la Unión Patriótica, A Luchar, y a otra multitud de dirigentes y luchadores sociales que con sus pechos desnudos reclamaban sus derechos más elementales y la posibilidad de una Colombia diferente. Basta de más asesinatos de defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra, y militantes de movimientos políticos alternativos, que es lo que hoy mismo está ocurriendo sin considerar, por indolencia, que estamos en medio de un proceso de paz. Sin más dilaciones hay que esclarecer y desarticular el fenómeno del paramilitarismo.
Queremos expresar también, que no es admisible que todo gesto unilateral de la insurgencia sea interpretado como expresión de debilidad y que entonces se apriete con nuevas exigencias de sometimiento, pretendiendo la ilusión de la rendición del pueblo armas.
Tenemos nuestros corazones colmados de un deseo irrefrenable de paz. Hemos venido a La Habana a levantar las banderas sociales y políticas por las que el pueblo ha luchado toda la vida.
Insistimos en que queremos avanzar, sin perder la memoria, teniendo presente que ésta, nuestra tierra, sigue siendo como el Macondo de Cien Años de Soledad donde ocurre lo inaudito. Quienes desde abajo siempre han luchado por la paz no olvidan, por ejemplo, que en el intento de paz del año 57, fue asesinado el dirigente agrario marquetaliano Jacobo Prías Alape; no olvidan, que a solo 38 días de firmado el acuerdo de paz con el M19, su comandante Carlos Pizarro fue asesinado por sicarios mientras viajaba en un avión; y no olvidan, entre muchos otros crímenes de Estado, que mientras adelantaba los primeros contactos para abrirle una nueva esperanza de paz a Colombia, el comandante de las FARC, Alfonso Cano, fue acribillado en estado de indefensión por orden de su interlocutor.
Insistimos en que estamos listos para firmar un acuerdo de paz que abra las esclusas del poder constituyente del soberano, pero ¿en qué quedaron los afanes de aquellos que después de firmar el compromiso de Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, han puesto freno a las dinámicas de la Mesa, mientras se hostiga al movimiento popular y se expande la militarización del territorio asediando a una fuerza insurgente que ha cesado sus acciones ofensivas contra la Fuerza pública y la infraestructura económica?
Si la paz es asunto de toda la sociedad en su conjunto, no es a partir de un acto legislativo o de un plebiscito no consensuado que se va a alcanzar la refrendación y la implementación de los acuerdos, menos cuando ni siquiera hemos abordado en la Mesa el debate de dicha temática. Para dar un cierre pleno a los asuntos que tocan con el punto FIN DEL CONFLICTO, y en especial su numeral 5 referido a los cambios institucionales, para que esto y el conjunto de los aspectos más complejos de disenso sean resueltos, no hay otro camino de solución que el de una Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que sea el pueblo, desplegando todas sus potencialidades, quien otorgue seguridad jurídica al tratado de paz duradero y no ocurra que gobiernos sucesivos se aventuren a borrar con el codo lo que se construya con sacrificio y abnegación.