La negativa del PSOE a reformar los artículos que han supuesto un tercio de las sanciones de la ley mordaza o a prohibir las devoluciones en caliente termina con el recorrido del proyecto en esta legislatura.
No habrá reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como Ley Mordaza de la era
Rajoy que instituyó la denominada burorrepresión, legalizó las
devoluciones en caliente de inmigrantes en una disposición adicional o
prohibió la grabación de imágenes de policías durante su servicio.
Una de las principales promesas de los dos partidos del Gobierno ha
quedado varada definitivamente esta mañana en el debate de la comisión
de Interior, al haber sido rechazada la ponencia con los votos
negativos de EH Bildu y ERC.
Cuatro aspectos no presentes en la ponencia presentada se han interpuesto entre los grupos proclives a una reforma en sentido progresista de los artículos introducidos en 2015: el mantenimiento de la presunción de veracidad de los agentes de policía, la no prohibición del uso de pelotas de goma, la no objetivación de las acusaciones de desobediencia, la eliminación o objetivación de las sanciones por falta de respeto a los agentes, y la prohibición de las devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera.
Finalmente, PSOE, Unidas Podemos y PNV, por un lado, y EH Bildu y ERC, por otro, no se han puesto de acuerdo. Para que el texto pasara al pleno del Congreso hoy era necesaria al menos una abstención de EH Bildu y ERC que permitiera que los votos por el no de los grupos de derecha no fuera mayoritario. Al haber votado no -o al haberse negado el PSOE a continuar el debate sobre el texto incluyendo una reforma de los cuatro puntos mencionados-, se termina el recorrido del proyecto, por lo menos durante esta legislatura. Esto no significa que todas las disposiciones de la ley de 2015 puedan aplicarse y defenderse ante un tribunal: en concreto, el Constitucional ya había declarado en 2020 anticonstitucional la pretensión de no poder grabar a policías durante su servicio. Pero en su conjunto, la ley mordaza seguirá vivita y coleando al menos hasta el inicio de la próxima legislatura, en 2024.
El representante de
Unidas Podemos en las negociaciones, Enrique Santiago, ha definido
como “drama” el final del proyecto de reforma tras un año de
negociaciones. Santiago ha defendido que “los elementos más lesivos de
la reforma de 2015” ya habían sido eliminados, en referencia a las
previsiones contra el derecho de manifestación, la cuantía de las
sanciones o la grabación de imágenes de agentes, sobre las que el
bloque progresista ya había ido llegando a acuerdos. Según Santiago,
elementos como las devoluciones en caliente o el uso de pelotas de goma
no entran estrictamente en la Ley de Seguridad Ciudadana. No obstante,
“para evitar que Jusapol y la extrema derecha nos dejen 5 años más con
esta Ley de Seguridad Ciudadana”, Santiago ha aludido a la
presentación, la semana pasada, de cuatro enmiendas transaccionales
relacionadas con esos puntos de discusión que ya fueron rechazadas por
el PSOE.
Tanto EH Bildu y ERC, como las organizaciones ciudadanas presentes en la campaña No Somos Delito no están de acuerdo en considerar el mantenimiento de la presunción de veracidad o la no objetivación de las acciones de desobediencia como temas secundarios. EH Bildu viene responsabilizando al PSOE de no haber llegado a acuerdos sobre la denominadas “líneas rojas” de la reforma y ya había anunciado su oposición a una “reforma light”: “el Gobierno prometió derogar la Ley Mordaza, no retocarla de manera leve”, han señalado. Ambas formaciones han presentado enmiendas transaccionales para intentar salvar las negociaciones, pero han sido rechazadas. Según fuentes de EH Bildu, que ha presentado las transaccionales por separado, el objetivo era “demostrar votándolas una a una que el PSOE no las apoya y las rechaza”.
Antes del debate y de la votación, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, también ha responsabilizado al PSOE del resultado. “Lamentablemente el PSOE no ha querido hacer un último esfuerzo, y hoy puede caer la derogación de la Ley Mordaza. Una muy mala noticia para los derechos civiles de la ciudadanía”, ha señalado en rueda de prensa desde el Congreso.
Según datos del
ministerio de Interior, entre 2015 y 2020 más de un tercio de las
sanciones de la ley se debieron precisamente a las acusaciones de
resistencia o desobediencia, y a las de faltas de respeto a los
agentes. En el mismo periodo, el Estado ha recaudado 815 millones de euros en multas de la ley mordaza.
Las organizaciones sociales que han estado presionando por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpeace, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novact y Legal Sol) han definido en una declaración conjunta como una “oportunidad perdida y una mala noticia para los derechos humanos en España” el fin de la tramitación parlamentaria de la reforma. La declaración valora que es “indudable” que “aspectos clave” de la ley han llegado “a la votación de hoy sin las modificaciones necesarias”, si bien matiza que “había un trabajo de negociaciones y acuerdos que suponía un avance reconocible en derechos, y también había propuestas planteadas para continuar negociando y corregir esos aspectos clave y más lesivos de la ley”.
Amnistía
Internacional recordaba en la víspera que “la sociedad civil valora el
trabajo de la ponencia, pero los aspectos más lesivos de la ley (36.6,
37.4, rechazo en frontera y uso de material antidisturbios) deben
revisarse de acuerdo a estándares internacionales”. Precisamente
Amnistía presenta este martes un informe
en el que pide la prohibición del uso de pelotas de goma y otros
materiales antidisturbios, tanto en el ámbito español como en el
internacional.
Desde el centre Iridia, el abogado Andrés García Berrio ha lamentado la “oportunidad perdida” que supone la no aprobación de una “reforma sustantiva” de la ‘ley mordaza’, y ha responsabilizado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a su partido, el PSOE, del “bloqueo para evitar que de manera efectiva la ley deje de ser una ley de vulneración de derechos”. García Berrio ha definido los cuatro aspectos que han motivado el rechazo de EH Bildu y ERC al dictamen discutido hoy en la comisión de Interior como “elementos sustanciales y claves para entender nuestro sistema de libertades y derechos”. También ha considerado “sorprendente” la decisión del PSOE de llevar hoy a votación el dictamen de la ponencia en la Comisión de Interior sin haberse puesto de acuerdo previamente con los partidos que sostienen la mayoría progresista en el Congreso de los Diputados.