En 2006 miles de estudiantes secundarios salimos a las calles a manifestarnos en lo que se ha conocido como La Revolución Pingüina. Como adolescentes, invisibilizados por las instituciones, habíamos decidido avanzar en nuestros planteamientos pasando, de manifestarnos por mejores condiciones de infraestructura en nuestros colegios o la rebaja de la tarifa del transporte público, a […]
En 2006 miles de estudiantes secundarios salimos a las calles a manifestarnos en lo que se ha conocido como La Revolución Pingüina. Como adolescentes, invisibilizados por las instituciones, habíamos decidido avanzar en nuestros planteamientos pasando, de manifestarnos por mejores condiciones de infraestructura en nuestros colegios o la rebaja de la tarifa del transporte público, a reconocer que este tipo de problemas eran solo síntomas de una falla sistémica, que sentaba sus bases en la revolución neoliberal iniciada por la dictadura cívico-militar, pero afianzada y profundizada por el pacto de la transición -en el que la Alianza y la Concertación no tuvieron muchas diferencias-. Los dardos del movimiento estudiantil apuntaron a la Constitución pinochetista impuesta en 1980 y a sus leyes orgánicas, que amarraban el destino mercantil de la educación. El reclamo contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) comenzó a remover lo que el pacto político postdictatorial decía que no se podía modificar.
La violencia de los agentes del Estado desplegada contra menores de edad que nos manifestábamos en las calles causó revuelo internacional y visibilizó aún más nuestras demandas, que aspiraban a transformaciones sistémicas en la educación, a través de la derogación de la LOCE y cambios concretos en la administración de los precarizados establecimientos públicos (desmunicipalización). Todo esto terminó por forzar a la presidenta Michelle Bachelet a responder con la promesa de trabajar para enviar al parlamento dos proyectos de ley que consideraran las principales demandas estudiantiles. Para trabajar la reforma, la presidenta conformó el Consejo Asesor Presidencial de la Educación, en el que se depositarían las esperanzas de una sociedad que había logrado comprender los problemas de la educación y sintonizar con los estudiantes.
En 2007 se materializaron los compromisos presidenciales, a través de la presentación de la Ley General de Educación. El problema es ésta es que contaría con un amplio acuerdo de los partidos del pacto de la transición (como un solo bloque), pero con el rechazo del movimiento estudiantil y la sociedad chilena. Emblemática resulta la fotografía en donde todos los representantes de los partidos de gobierno y oposición se toman sus manos y las levantan, en señal de triunfo, al momento de pactar una reforma educacional que institucionalizó las desigualdades de la educación escolar y no solucionó las demandas levantadas por la movilización estudiantil, que continuaría ahora en rechazo a la reforma del bloque transicional, que a través de los medios -controlados por grandes conglomerados económicos- nos decían que hasta ahí no más, que los pendejos no sabíamos lo que significaba gobernar un país, que las cosas tenían que cambiar pero habían ciertos límites.
Otra promesa incumplida, otra mentira
Pero ¿por qué recordar ese pasado? Pues porque hoy pareciéramos estar en un momento en donde la historia se vuelve a repetir sin matiz alguno y, quienes nos movilizamos en 2006 siendo derrotados institucionalmente, en 2011 volvimos a las calles aun con más masividad que antes, esperando ganar. Michelle Bachelet tomó las consignas del movimiento estudiantil nuevamente, las usó en su campaña obteniendo un mayoritario apoyo ciudadano que la posicionó por segunda vez en el gobierno, pero cuatro años después de ese histórico 2011 volvemos a observar impávidos la caída de la promesa de construir un sistema más justo, reemplazada por la institucionalización de la educación de mercado.
Fortalecimiento a la educación pública, fin al lucro, gratuidad de la enseñanza y mayor calidad fueron las principales demandas levantadas por los secundarios de 2006, que en 2011 siendo universitarios nos volvimos a alzar. Bachelet respondió en su programa de gobierno, prometiendo que en sus primeros 100 días en La Moneda presentaría una «reforma estructural» que llevaría a la educación de ser un bien de consumo manejado bajo lógicas de mercado a convertirse en un derecho social garantizado para toda la población. Muchos creyeron en las promesas, pero otros sabíamos que era casi imposible que los mismos que construyeron la educación de mercado decidieran botar su proyecto neoliberal. Después de los primeros 100 días las acciones comenzaron a darnos la razón a aquellos desconfiados, que para nada nos sentimos ganadores, sino que todo lo contrario, lamentamos el haber tenido la razón. La «reforma estructural» prometida comenzó a postergarse, postergarse y postergarse, no una, dos o tres veces, sino que nueve y habiendo pasado más de dos años y medio de gobierno recién durante este mes el gobierno ha presentado al Congreso lo que ha denominado «Reforma a la Educación Superior».
Quienes tenemos conocimiento de algunas cuestiones que suceden en los pasillos del Ministerio de Educación sabemos que hasta última hora las autoridades no estaban seguras con la presentación del proyecto. Incluso, tres días antes de la Cadena Nacional de la presidenta Bachelet anunciando el ingreso de la propuesta de ley al Congreso, el Mineduc se reunía con los rectores de las universidades estatales para intentar convencerlos de apoyar la «reforma» y éstos le daban la espalda, declarando valientemente que lo que se pretende hacer con la iniciativa es privatizar completamente el sistema. En esa misma reunión, sin ningún tapujo Nicolás Eyzaguirre, ex economista del FMI y actual ministro secretario general de gobierno (encargado de la tramitación del proyecto en el parlamento), declaró frente a los rectores que «el Crédito con Aval del Estado (CAE) continuará de por vida» para «ayudar» a quienes realicen sus estudios en «universidades privadas con arancel liberado», reconociendo que la lógica de mercantil que mantiene endeudadas a más de un millón doscientas mil familias no desaparece, sino que se acentúa.
A las palabras del economista se suman las de Adriana Delpiano, asistente social ex miembro del think-tank Educación2020 y actual ministra de educación, quien declaró que «el problema del CAE es por la participación de la banca en este crédito», asegurando que si se buscan soluciones, en ningún caso alguna pasa por suprimir las lógicas de endeudamiento estudiantil (La Tercera 9/07/2016). Y agregando una clave importantísima para comprender la forma en la que se gesta esta «reforma», Delpiano señala en una entrevista televisiva que «no se sabe cuánto cuesta la gratuidad para el 100% de los estudiantes» (CNN Chile), dejando en evidencia el problema de fondo: jamás pensaron realmente en cumplir las promesas realizadas a la sociedad chilena. Le mintieron a la gente.
El problema de fondo: la institucionalización de la educación de mercado
Pero revisando el proyecto de educación superior presentado por el gobierno (evitaré hablar de reforma porque solo es un marco regulatorio del mercado) éste establece que todas las universidades deberán acreditarse para poder existir como tal, pero será decisión de cada plantel adherir a la gratuidad o no. Si se suman al sistema de gratuidad (comprendida como una beca, bajo la lógica neoliberal del financiamiento a la demanda) se deberán someter a un sistema de «regulación y fijación de aranceles» establecido por los organismos reguladores que la misma ley instituye (Subsecretaría, Superintendencia y Consejo para la Calidad de la Educación Superior).
Si esto ya es un problema, porque la lógica mercantil está siempre detrás de todo, la cosa se pone más compleja porque el mismo proyecto establece que los denominados «beneficios estudiantiles» que la ley entiende como becas y créditos (aunque es completamente legítimo cuestionarnos si es que estos últimos son realmente un beneficio para los estudiantes) se entregarán a todas las instituciones acreditadas.
Ahora el problema grave: solo las universidades que adscriban a la gratuidad van a tener aranceles regulados, mientras que un conjunto de planteles que no se sumen a esta forma de financiamiento van a poder elevar todo lo que quieran sus aranceles y hacer que sus estudiantes los paguen a través de becas y formas de endeudamiento que el mismo Estado promueve. Esto representa un claro gesto hacia planteles como la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián, todas instituciones privadas investigadas por lucro y receptoras de más de un cuarto de los dineros del CAE para toda la educación superior (Fuente: Fundación Sol). Así, el gobierno entrega un gesto a estos planteles, permitiéndoles seguir creciendo a costa del endeudamiento y el subsidio estatal, pero no solo eso, pese a que se prohíbe no se tipifica el lucro como delito y se legaliza el traspaso de recursos de las universidades a otras instituciones relacionadas por concepto de arriendo de espacios, mecanismo utilizado por las casas que lucran para «retirar excedentes», es decir, apropiarse de recursos que deberían invertir en la educación de sus estudiantes. Lucrar.
Pero esto no es coincidencia. Si miramos los directorios de las universidades-empresa, veremos que están conformados por muchos militantes del oficialismo, que han presionado fuertemente para que este proyecto de ley no avance por el camino que indicó la sociedad en 2011 y siga fortaleciendo su negocio educativo. El ejemplo más concreto es Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, militante de la Democracia Cristiana (partido de gobierno), ex ministro de Bachelet, que ha sido acusado directamente de hacer lobby para que continúe el sistema de endeudamiento estudiantil como forma de financiar los estudios de miles de personas (revisar entrevista a Mónica González en CNN Chile). En el mismo cuadro está Jesús Villate, Director Ejecutivo para la región andina de la transnacional Laureate, grupo controlador de la Universidad Nacional Andrés Bello (universidad con la mayor matrícula del país) y otras 4 instituciones de educación superior, que mantiene estrechos vínculos con el gobierno.
El panorama es claro. Se avanza entonces hacia la institucionalización de un sistema que es la antítesis del «fortalecimiento de la educación pública», petición estudiantil con la que se llenaron la boca personas como Michelle Bachelet y quienes hoy están en el congreso representando su programa de gobierno. El fin de la reforma es construir un sistema en donde lo privado sea el eje articulador del sistema educativo, como sucede con la educación escolar, en donde existan universidades privadas para quienes puedan pagarlas, planteles privados subvencionados por el Estado (a través de Becas) para quienes puedan hacer aportes propios o endeudarse, e instituciones públicas precarizadas y disminuidas para quienes no tengan recursos. Así, la Concertación, hoy Nueva Mayoría, sigue sumando puntos en su obsesión por construir guetos. Lo hicieron con la educación escolar, con la salud, con la vivienda y ahora avanzan a la educación superior.
No podemos permitirnos una nueva derrota. No otra vez. Hoy las fuerzas sociales deben decirlo claro y fuerte: la ley de educación superior enviada este mes al Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet no es una reforma, ni menos tiene algún componente que desestabilice la estructura del modelo vigente. El proyecto institucionaliza la privatización de la educación como forma de administrar el sistema y el subsidio a la demanda a través de becas y créditos como mecanismo de financiamiento.
* Isaac Gajardo Miranda, Bachiller en Humanidades, Licenciado en Historia y estudiante de Magíster en Literatura Latinoamericana en la Universidad Alberto Hurtado. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles (Codeju). Twitter: @esopino.