La votación sobre la reforma laboral ha expresado una relación de fuerzas parlamentarias minoritaria para las fuerzas favorables a su aprobación, salvada por el error de un diputado del PP. Frente a las expectativas optimistas se ha constatado una cruda realidad: la fragilidad de los apoyos gubernamentales.
A punto ha podido terminar en fracaso. La legitimidad cívica y del acuerdo social tripartito no han permitido al Gobierno conseguir los apoyos imprescindibles para su convalidación y no ha sido capaz de conformar una mayoría parlamentaria segura, decisiva para su operatividad. La suerte ha salvado la derrota y, afortunadamente, para la población trabajadora, el Gobierno de coalición y las fuerzas progresistas podemos celebrar la superación de esa adversidad que sitúa esta nueva etapa más esperanzadora.
Pero la enseñanza es que no se puede repetir el bordear el precipicio a expensas de la diosa Fortuna; hay que aprender de estos acontecimientos para ajustar la estrategia. Hay que seguir construyendo con tiempo y suficiencia una mayoría social y política que avale e impulse este compromiso reformador de progreso, particularmente en sus momentos clave, como esta reforma laboral o los pasados Presupuestos Generales.
El análisis de la relación de fuerzas sociales y políticas es fundamental para elaborar las estrategias de cambio social, económico e institucional. No es fácil una interpretación realista, multidimensional y en proceso de la influencia de los distintos actores o sujetos colectivos. Son muchos sus componentes e interrelaciones, desde las tendencias sociopolíticas y culturales hasta las estructuras de poder y dominación, pasando por las dinámicas de legitimación cívica y representatividad parlamentaria. Los intereses y demandas son diferenciados y las trayectorias de legitimación diversas, todo lo cual constituyen dificultades para conformar el bien común o un proyecto compartido, sometido a disputa por la primacía y sus prioridades.
La política es compleja. Supone la gestión de los intereses contrapuestos, diferenciados y/o compatibles de una sociedad tras un proyecto de país (y universal) y con una teoría explicativa y justificativa de una estrategia, con sus tácticas y su acción inmediata y discursiva. La labor de mediación político institucional y articulación de las demandas ciudadanas de las formaciones políticas es insustituible, aunque sometida a renovación democratizadora y de arraigo social y combinada con el resto de los actores sociales y las estructuras de poder socioeconómico e institucional.
Errores analíticos y estratégicos
La cuestión para responder es, partiendo de esa fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, ¿cuáles han sido los errores analíticos de la relación de fuerzas con la inadecuación estratégica en el Gobierno y las fuerzas progresistas y grupos nacionalistas que habrían abocado a una derrota importante, sin la fortuna del error del diputado del PP?
En primer lugar, la creencia en la suficiencia del acuerdo tripartito, del Ejecutivo con los agentes sociales y económicos, con la legitimidad de un significativo avance social. Esta reforma laboral, aunque limitada, es positiva en tres áreas fundamentales, tal como he analizado en el reciente artículo “El marco de la reforma laboral”: reduce la temporalidad, auténtica precariedad laboral de un tercio de la gente trabajadora con mayor subordinación empresarial; reequilibra la capacidad contractual de la población trabajadora y sus representantes sindicales a través de la negociación colectiva para mejorar sus condiciones salariales y laborales; facilita la protección social y de empleo a través de la flexibilidad interna (ERTES) en vez de requerir la flexibilidad externa (despidos).
Es fruto de la amplia legitimidad cívica derivada de la significativa oposición social y sindical a la reforma regresiva del PP durante esta década y la indignación popular por la persistencia de la precariedad laboral, la desigualdad social y el fuerte desequilibrio en las relaciones laborales, así como por los cambios institucionales y políticos con un Gobierno progresista de coalición y una mayoría parlamentaria progresista frente al carácter regresivo de las derechas dominantes. Por otro lado, es realista contando con las restricciones del marco europeo, junto con su permisividad de políticas expansivas y modernizadoras, y la decisión gubernamental sobre su necesaria transversalidad con la participación patronal, con sus propios motivos limitativos.
La legitimidad del acuerdo social tripartito (Ejecutivo, sindicatos y asociaciones empresariales) era insuficiente para asegurar su aprobación parlamentaria; su soporte jurídico-constitucional como agentes sociales y económicos (“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”, art. 7) no le dan capacidad resolutiva a efectos legislativos, ni siquiera con el concurso del Ejecutivo, como en este caso, ya que por sí solo no contaba con mayoría parlamentaria. Necesitaba la mayoría del Parlamento, cosa no asegurada, ya que aunque se sobredimensionaba discursivamente su importancia ello no hacía mella suficiente en la posición nacionalista, anclada en sus propios intereses de legitimidad política y sindical (en País Vasco y Galicia, con fuertes sindicatos representativos).
El desencuentro con los socios nacionalistas
En segundo lugar, ha sido evidente el desencuentro con los socios nacionalistas, sin capacidad mutua para recomponerlo. En ese sentido, particularmente ERC y PNV han dejado de lado la actitud colaborativa para asegurar la gobernabilidad progresista en España condicionados por las presiones sociopolíticas y electorales en sus territorios respectivos (Junt y CUP en el primero y la mayoría sindical vasca -ELA y LAB-, y EH-Bildu en el segundo), así como por sus cálculos competitivos con Partido Socialista y Unidas Podemos/En Comú Podem.
No obstante, ambos son conscientes de que la alternativa del fracaso del Gobierno era también contraproducente para su avance de autogobierno y su legitimidad pública: se reforzaba a las derechas y se frenaba la agenda social y territorial, lejos de la hipótesis irreal de abrir una dinámica más radical en ambos campos, y se distanciaban de una amplia base progresista. O sea, su NO a la reforma laboral con la convergencia de voto con las derechas reaccionarias era instrumental como emplazamiento y desgaste legitimador del Gobierno. No perseguía directamente la finalidad derechista de la desestabilización gubernamental y el adelantamiento electoral, pero sus efectos han contribuido a esa posibilidad; de ahí su evidente perplejidad y su irresponsabilidad aunque fuesen consecuencias no deseadas y que, visto el abismo y con suerte de no haber caído, ahora reconducen.
La legitimidad social y la argumentación jurídica en que se basaba el acuerdo tripartito se han manifestado impotentes para vencer la oposición política y parlamentaria de la convergencia de los dos tipos de actores contrapuestos: las derechas del PP y VOX, que trataban de impedir los avances sociales, y los grupos nacionalistas que pretendían ampliarlos más. Los primeros con el objetivo político de desgastar al Gobierno y preparar su reemplazo reaccionario. Los segundos, como emplazamiento para ser tenidos más en cuenta (cosa razonable), ensanchar su electorado (cuestión legítima pero dudosa a través de esta posición) y la ilusión (irreal) de que derrotada la convalidación se podría abrir un proceso de negociación de una reforma más ambiciosa por la izquierda y con un papel más determinante por su parte.
Estos grupos nacionalistas (y algunos sectores radicales) infravaloraban que a una reforma más ambiciosa se le oponía más del 80% del Parlamento, por no hablar del poder económico y empresarial, los poderes fácticos, institucionales y mediáticos correspondientes y las instituciones europeas. Ello cuando la mayor fuente de deslegitimación cívica de la política regresiva anterior fueron las dos huelgas generales de 2012, encauzadas por los grandes sindicatos, CCOO y UGT, en el contexto de la masiva protesta social progresiva (2010-2014), y ahora no había perspectivas de ningún desborde social (salvo parcialmente en el País Vasco) para forzar una transformación sociolaboral y política más profunda.
Dada esa relación de fuerzas, el avance limitado de la reforma laboral aprobada refleja el techo posible más alto, al menos a corto plazo, lo que no quita para mantener el objetivo transformador y la dinámica sociopolítica por un modelo sociolaboral más avanzado, conformando las fuerzas sociales para ello, así como porfiar en medidas progresivas complementarias (como la subida del SMI o la propia gestión práctica de la nueva normativa laboral).
La ventaja de la derrota era para la derecha
En tercer lugar, lo evidente ha sido que la derrota parlamentaria (escenificada en medio minuto y de haber evitado el error del diputado del PP) suponía la ventaja y prepotencia para las derechas, el fiasco para el Gobierno y, sobre todo, el cierre del (limitado) avance social progresivo con perjuicio para amplios sectores de la población trabajadora, especialmente precarizada.
Dicho de otro modo. La derrota parlamentaria del Gobierno y sus actuales e insuficientes apoyos, aparte de la frustración cívica y la desautorización del acuerdo social, obstaculizaban la senda de progreso y la gobernabilidad de la coalición. Y particularmente, según lo expresado por la vicepresidenta segunda, con su previsible dimisión como ministra de Trabajo, portavoz gubernamental de Unidas Podemos y líder de su anunciado frente amplio, hubiera truncado la dinámica de renovación y fortalecimiento de ese espacio de izquierda o violeta, verde y rojo, llamado a desempeñar un papel transformador clave y unitario en ambos campos, social y territorial.
Su significativa referencia para su proyecto de frente amplio se ejemplificaba en el impulso y éxito de esta reforma, ahora con sabor agridulce. Tiene un gran componente neolaborista y plurinacional, aspectos ambos puestos de relevancia en este proceso, junto con la doble dinámica diferenciada y colaborativa con la socialdemocracia y la izquierda nacionalista, y con sus ejes de justicia social y democratización territorial e institucional. Las derivadas partidistas negativas de un fracaso de la convalidación de la reforma laboral también eran relevantes para el futuro de ese espacio alternativo; mayor motivo para tener en cuenta esos factores, prevenir las insuficiencias estratégicas, fortalecer la dinámica de cambio de progreso y ampliar su representatividad política.
Combinar legitimidades, asegurar otra legislatura de progreso
En cuarto lugar, debía combinarse la legitimidad cívica y del acuerdo tripartito con la legitimidad parlamentaria, cosa difícil de conjugar pero imperativa, especialmente, cuando el Ejecutivo no tenía las garantías de una mayoría legislativa y ésta era imperativa y una necesidad ineludible como se ha demostrado.
No estaba asegurado el automatismo favorable de los socios de investidura, ni había una alternativa suficiente a través de la geometría variable con grupos menores de derechas, y se contaba con la oposición visceral del PP y VOX que han llegado hasta influir en los diputados de UPN. Los pequeños apoyos a derecha e izquierda han sido insuficientes y no llegaban a la mayoría parlamentaria.
Así, ligado a la propia debilidad parlamentaria, otro error gubernamental ha sido el optimismo sobre el posible apoyo de los socios nacionalistas (principalmente PNV y ERC), al menos para la abstención. Dicho de otra manera, se ha mantenido un tacticismo inmediatista o una indeterminación estratégica y de alianzas que dificultaban la articulación de intereses comunes.
Por un lado, está el realismo sanchista para mantener la coalición de gobierno, con apoyo nacionalista, y aguantar toda la legislatura. De momento no hay otra alternativa como la centrista que ya se intentó y fracasó durante los cuatro años anteriores; pero no es una decisión estratégica socialista a largo plazo, sino fruto de la necesidad representativa que aspira a modificar a su favor en las elecciones generales (a la portuguesa) y propiciar en cada momento favorable. Por otro lado, existe su incomodidad por el condicionamiento de Unidas Podemos hacia una política transformadora sustantiva y plurinacional y, especialmente, recelos ante la presión de sus socios nacionalistas (ERC y EH-Bildu y no tanto de PNV).
Sus querencias centristas, con la expectativa de centralidad (gobernanza en solitario o hegemónica) con geometría variable según cada coyuntura, les arrastra a no apostar con firmeza duradera por ese bloque de investidura, su reconocimiento institucional y la correspondiente reforma social, democrática y territorial. La concesión de indultos catalanes y la constitución de la mesa de diálogo con el Govern son gestos mínimos para reconducir el fuerte desencuentro precedente y mantener con pinzas una mínima estabilidad parlamentaria.
Quedan casi dos años hasta las elecciones generales, con diversas reformas sustantivas pendientes (la actual del aumento del SMI sin la patronal ya es significativa) como la ley de vivienda, la ley mordaza o sobre la fiscalidad. Al mismo tiempo, hay un rosario de elecciones autonómicas y municipales y hasta las generales de fin de 2023. El frente electoral se relanza con sus componentes de competitividad, legitimación y representatividad con la vista puesta en el tipo de proyecto de país, la relación de fuerzas y las alianzas de la gestión política en la siguiente legislatura en todos los ámbitos institucionales. La tarea ineludible es articular otra legislatura de progreso.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.