Tras un análisis sintético del contexto, me voy a detener en dos aspectos: la importancia de promover reformas sustantivas y el pluralismo en el campo progresista, y la idea de que la democracia será social, participativa y solidaria, o no será.
La importancia de las condiciones vitales
No entro en el detalle de las tensiones y agravios internos en las formaciones progresistas ni en el contexto externo de la polarización política con las derechas, los resultados de las distintas elecciones previstas, especialmente las europeas, y las perspectivas de continuidad (o no) de la legislatura, aspectos suficientemente debatidos y especulados en los medios y redes sociales.
Doy por supuesto la conciencia pública sobre la importancia de varios aspectos que cruzan las condiciones vitales, las incertidumbres populares y las prioridades mayoritarias de la sociedad: la persistencia -a pesar de alguna mejora relativa- de la gravedad de los problemas socioeconómicos y la desigualdad social, así como las insuficiencias de los servicios públicos -en particular la sanidad y la educación públicas-, la habitabilidad y la protección social junto con el deterioro de la capacidad adquisitiva de las capas populares (todavía hoy y descontando la inflación no se ha llegado al nivel de renta real de los hogares de 2007); la crisis medioambiental, así como de la reproducción social y de los cuidados junto con la violencia machista y la desigualdad de género; el creciente belicismo y los conflictos geopolíticos, incluida la amplia deslegitimación de las élites occidentales en el Sur global por su inoperancia ante el genocidio palestino; la articulación de la plurinacionalidad tras la aprobación de la amnistía, junto con la crisis territorial y la democratización del Estado, y las tendencias autoritarias, xenófobas y antidemocráticas, con el riesgo de involución ultraderechista.
Sirva esta sintética reseña de la realidad socioeconómica, geoestratégica e institucional como referencia para enmarcar la esfera sociocultural y de la representación política que, a veces, aparecen en los estudios sociales excesivamente autónomas o al margen de la situación social de fondo. Por un lado, la subjetividad ciudadana de malestar difuso y emplazamiento a las élites políticas para su respuesta, con una fuerte polarización de bloques, sobre todo políticos y mediáticos; pero cada vez más con fuerte segregación social, territorial y de género, incertidumbre medioambiental y un nacionalismo supremacista, excluyente y racista, todo ello en un difícil marco europeo y macroeconómico y con la instrumentalización derechista. Por otro lado, la capacidad gestora y de liderazgo de las izquierdas, en particular, de las dos fuerzas del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, con su corresponsabilidad y su competencia.
Sobre esto último hay que considerar la interacción entre las dos dinámicas partidarias, la socialista y la transformadora, de necesaria colaboración y obligada diferenciación; la primera más incisiva y preponderante, la segunda más subalterna y dividida. Ambas atienden a sus expectativas y planes respectivos sobre la configuración de sus espacios electorales, su estatus de poder institucional y la legitimidad social de sus opciones estratégicas.
Reformas sustantivas y pluralismo
Expongo varios apuntes complementarios de carácter político-democrático como aproximación a la respuesta al interrogante de si las dirigencias alternativas serán capaces de afrontar los desafíos estratégicos y unitarios.
Por una parte, sería imprescindible una firme estrategia reformadora sustantiva, diferenciada y más democratizadora e igualitaria que la de la socialdemocracia que responda a las demandas sociales y el refuerzo de ese espacio transformador. Por otra parte, siendo conscientes de la relación de fuerzas reales, es necesario promover alianzas amplias entre las izquierdas y consensos básicos de un bloque democrático, social y político, para evitar el ascenso autoritario y regresivo de las derechas. Supone la combinación de la cooperación y la unidad de acción junto con la autonomía política con un perfil propio, sin dejarse llevar por el seguidismo a la fuerza dominante, el Partido Socialista, ni por el corto interés partidista. Difícil equilibrio para garantizar el avance social y democrático, desechando la prepotencia antipluralista y el simple ruido comunicativo de exclusivo interés partidista.
Como valores y gestión de conflictos y desacuerdos se tiene que interrelacionar el talante unitario y el respeto al pluralismo. Dicho en otro plano, hay que desterrar la cultura anti pluralista y sectaria, con sus prácticas hegemonistas, burocráticas, fanáticas y autoritarias; entre las izquierdas y fuerzas progresistas, ha sido habitual y funcional con un estilo corporativo específico, durante más de dos siglos. La ley de hierro de la oligarquía de los partidos políticos se acentúa en momentos de crisis política y reajustes partidarios y de liderazgos, con unas bases sociales desamparadas y desconcertadas, por lo que es imprescindible una profundización de la cultura, los talantes y los procedimientos democráticos de los grupos políticos con la reafirmación de su función mediadora y representativa de los intereses y demandas populares.
En ese sentido, podemos añadir un rasgo fundamental a la idea de que la democracia será social y participativa o no será: la gestión democrática de la pluralidad partidista e ideológica y, en general, de los movimientos y grupos sociales, con su diversidad sociocultural e identitaria. Permite incrementar la calidad democrática y ética de las élites políticas e incrementar la confianza popular en la política y los políticos, al menos, los progresistas.
Para todo ello es necesario el refuerzo de la activación cívica, cuya ola más relevante ha sido el feminismo, con la participación pública y un talante unitario y pluralista, que fortalezca el avance reformador de progreso, la inserción social por abajo, la vinculación con la diversidad territorial y, por tanto, la integración y articulación política de todo el espacio alternativo confederal.
La democracia será social, participativa y solidaria, o no será
La democracia es la mejor forma de gobierno de los asuntos públicos, teniendo en cuenta la opinión del pueblo en un marco de libertades políticas y civiles. La gestión política y la función mediadora y representativa de los partidos políticos es imprescindible ante la complejidad y diversidad de la sociedad. Este sistema básico (liberal), sustentado en el Estado de derecho y con elecciones libres, está en peligro, no solo a nivel mundial sino en los propios países europeos, en los que se están reforzando tendencias autoritarias y antidemocráticas, con la instrumentalización generalizada de los medios de comunicación.
La democratización, como proceso participativo de la propia sociedad civil ante la prepotente capacidad decisoria de las oligarquías y el poder establecido, es fundamental. Ante la experiencia contradictoria de las últimas décadas de la aplicación institucional de políticas regresivas y autoritarias, con poco respeto al contrato social y político con las mayorías sociales, se ha producido cierta desafección popular por la política y los políticos. Se muestran las insuficiencias del simple formalismo institucional liberal si no va acompañado de dos características fundamentales. Por una parte, su carácter social o igualitario, como contenido imprescindible para satisfacer las necesidades públicas y refuerzo del Estado de bienestar y los sistemas de protección social y regulación pública. Por otra parte, su dinámica participativa y de profundización democrática frente a los poderes oligárquicos no sometidos a regulación pública. Los dos aspectos, el social y el participativo-democrático, tienen un gran déficit en la construcción de la Unión Europea que, precisamente por ello, se resiente de su legitimidad.
En ese sentido, es insuficiente que la pugna ideológica frente a las derechas se restrinja a la libertad, como plantea la ponencia política de Sumar. Es fundamental no solo la disputa cultural sino, sobre todo, las transformaciones institucionales y estructurales que faciliten la libertad real de la gente y la emancipación respecto de las subordinaciones de todo tipo, es decir, la eliminación de las dinámicas de dominación.
No obstante, siguiendo la mejor tradición de las izquierdas democráticas y fuerzas progresistas, desde la revolución francesa y el republicanismo cívico, la política transformadora debe incorporar y combinar otros dos ejes fundamentales, la igualdad y la solidaridad.
Así la igualdad social, no solo retórica o formal en el plano jurídico o de los derechos, sigue siendo fundamental respecto del conjunto de estructuras sociales, económicas y políticas con profundas situaciones de desigualdad. La lucha contra la desigualdad es un patrimonio de las izquierdas durante estos dos siglos, y es imprescindible para avanzar en la igualdad de oportunidades y condiciones igualitarias, individuales y colectivas, en particular entre los grupos subalternos, con fuertes y gravosas desigualdades existentes de clase, de sexo/género o étnico-culturales, de raza u origen nacional…
Igualmente, es necesaria la solidaridad (o comunalidad y mejor que fraternidad por su sesgo masculino), considerada como proceso de cooperación social, incluido en los propios mecanismos protectores del Estado de bienestar, y apoyo comunitario. Es doblemente relevante en las actuales dinámicas de individualismo y desprotección pública, con la exigencia del reparto solidario de las tareas reproductivas y de cuidados, junto con su colectivización. Sigue siendo un elemento fundamental del feminismo, el ecologismo, el sindicalismo y la solidaridad internacional, así como con componentes de identificación sociocultural y sentido de pertenencia de clase o de grupo nacional. Se basa en el doble papel del ser humano, su carácter individual y social, con lo que la interacción humana, además de necesaria debe seguir unos criterios éticos, con unos derechos humanos y sociales que refuercen la sociabilidad, la cohesión y la integración social.
En definitiva, los tres valores tienen características propias pero, sobre todo, tienen una interacción entre ellos para que se apliquen de forma combinada y con las prioridades adecuadas en cada momento y circunstancia. Desde la perspectiva emancipadora, tienen plena vigencia ideológica y hay que readecuar y fortalecer su implementación en estas sociedades con fuertes tendencias dominadoras, segmentadoras e insolidarias. Es la mejor forma de reforzar la democracia social, participativa y solidaria y avanzar en el bien común.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.
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