El gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma tributaria, piedra angular de la prometida reforma educacional pero que también servirá para apuntalar otras áreas y balancear las cuentas públicas, hoy deficitarias. El proyecto fue presentado en público por la presidenta Bachelet a menos de un mes de su regreso a La Moneda y en […]
El gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma tributaria, piedra angular de la prometida reforma educacional pero que también servirá para apuntalar otras áreas y balancear las cuentas públicas, hoy deficitarias. El proyecto fue presentado en público por la presidenta Bachelet a menos de un mes de su regreso a La Moneda y en el marco de un favorable clima político para su gestión. La recaudación de 8.200 millones de dólares adicionales para el Fisco -en tramos escalonados de siete años-, cuenta con los votos necesarios, de la Nueva Mayoría, para su aprobación. Sin embargo, es probable que se le hagan modificaciones. Figuras de peso de la Democracia Cristiana vienen advirtiendo que sufrirá cambios en la discusión parlamentaria. Además, hay un compromiso explícito de no pasar la aplanadora de esa mayoría -y mucho menos la retroexcavadora-. El oficialismo admite, por lo tanto, que debe hacer algunas concesiones en el diálogo con la derecha y el empresariado. Este último está dispuesto a soltar la plata siempre que sus intereses generales permanezcan a buen recaudo.
El vocero de la Nueva Mayoría, diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, ha reiterado al diario El Mercurio que no se pasará la aplanadora y que todos los aportes serán válidos, destacando que «la derecha tiene gente con experiencia que, aunque se oponga, sirve» (31/3/2014). El gobierno necesita estos recursos -que obtendrá principalmente con un aumento del tributo que pagan las empresas-, para financiar su programa, en particular la reforma educacional, iniciativa levantada como bandera de la campaña de Bachelet. El escaso apoyo ciudadano que las dos finalistas recibieron en la segunda vuelta electoral, debido a una histórica abstención del 58%, y la emergencia de las demandas de una sociedad civil más organizada, hace que el gobierno esté siendo observado y sometido a presión para el cumplimiento de sus promesas.
La presidenta Bachelet ha señalado que la reforma tributaria es el soporte de la reforma educacional, pero le ha añadido otros destinos, comprometiendo una reducción de la desigualdad social que caracteriza al país. Fueron breves sus palabras para presentar una limitada reforma tributaria que -con suerte- se cumplirá en un plazo de seis a siete años. Ya se ha advertido que el programa propiamente tal requerirá de tres o cuatro periodos de gobierno para alcanzar sus metas actuales (que seguramente se verán superadas ampliamente en ese lapso). Estamos frente a un programa de cambios moderados que apenas tocarán la superficie del modelo neoliberal que la Concertación -y la propia Bachelet- contribuyó a construir durante más de dos décadas. La feroz injusticia social que la Nueva Mayoría pretende suavizar a través del aumento del 20 al 25% de los impuestos a las grandes corporaciones, es un efecto directo de los anteriores gobiernos de la misma coalición, que lleva la impronta política de la socialdemocracia y de la democracia cristiana, beligerantes defensores del capitalismo a escala internacional. El empresariado, como lo ha hecho durante décadas, se presenta a sí mismo como el motor de la economía y de la creación de empleos.
Este discurso, compartido y difundido por la ex Concertación, esconde las sesgadas políticas que hacen de Chile uno de los países con la peor distribución de la riqueza en todo el mundo. Los bajos salarios -con la explotación adicional de abundante mano de obra extranjera-, la nula protección laboral, la inexistente seguridad social, los servicios básicos privatizados que cobran tarifas abusivas, las limitaciones a la sindicalización y al derecho de huelga, etc., hacen de la clase trabajadora una víctima fácil de la voracidad capitalista. Esto es consecuencia directa de una institucionalidad forjada por la dictadura militar-empresarial, que ha sido protegida y perfeccionada por la Concertación durante más de veinte años. El revés de la medalla de esta realidad son las utilidades siderales de las grandes empresas y la extrema concentración del poder económico y político que, asociados, han conformado una todopoderosa oligarquía. El gobierno calcula que la reforma tributaria rendirá finalmente unos 8.200 millones de dólares anuales. Pero si se observan las utilidades de las empresas, esa cifra significa muy poco. Sólo el sector minero ganó el año pasado cerca de 22.000 millones de dólares, en tanto la banca obtuvo 3.500 millones de dólares. A su vez las empresas internacionales que operan en el país ganaron 15.257 millones de dólares el año pasado, lo cual, en América Latina, sólo es superado por las utilidades que obtienen en el gigantesco Brasil. Vale la pena señalar que en la última década el récord de utilidades de las empresas extranjeras en Chile se registró en 2007, durante el primer gobierno de Bachelet, cuando alcanzaron a 22.823 millones de dólares. Mediante este régimen de ganancias se ha configurado el país deforme que hoy tenemos. Una mayoría sometida a una elite racista y prepotente que habla con soberbia de «su» economía, «su» PIB y «su» tasa de crecimiento. Chile exhibe el PIB per cápita más alto de Latinoamérica (en torno a los 20 mil dólares anuales, unos once millones de pesos), pero es también el país con la peor distribución de la riqueza, similar a países del sur de Africa. El diez por ciento de la población se apropia de más de la mitad de la riqueza. El uno por ciento de los más ricos se adueñan de más del 30 por ciento del ingreso. O sea, la monstruosa concentración de la riqueza está coronada por una hiper concentración en manos de multimillonarios que figuran en el exclusivo club de la revista Forbes. Este grupo de extrema opulencia tiene ingresos más altos que los ricos de Suiza, en circunstancias que, según datos de 2011, el 50 por ciento de los trabajadores chilenos ganan apenas 250 mil pesos mensuales, y en el 65 por ciento de los hogares el ingreso por persona es de poco más de 200 mil pesos.(*)
Esta realidad obscena, en que se mezclan gigantescas utilidades con una desigualdad extrema, sólo subsiste gracias a una institucionalidad impuesta por la fuerza. El crecimiento de la economía chilena, sometida hoy a una desaceleración, se explica por la continuidad del modelo que comenzó con la venta de los activos del Estado a precios de saldo y que se consolidó mediante la explotación despiadada de los recursos humanos y naturales. Chile se ha convertido en un «paquete de negocios» cuyo principal atractivo lo constituye una legislación laboral que mantiene a raya las demandas para nivelar salarios y ajustar desigualdades. Ninguna de estas garantías a la inversión privada hubiera sido posible sin el apoyo de los gobiernos y cúpulas políticas que manejan el país desde hace 41 años. Ante la magnitud de la devastación causada a Chile por el neoliberalismo, la reforma tributaria debe entenderse más como un mecanismo de la Nueva Mayoría para suavizar sus culpas políticas que un intento serio de terminar con las desigualdades. Más que un programa que inicia la desinstalación del modelo neoliberal, como han anunciado algunos exultantes voceros políticos y periodísticos de la Nueva Mayoría, es un mecanismo para modernizar ese modelo y ponerlo a tono con las demandas sociales. A la degradación que ha sufrido la educación pública, hay que sumar múltiples otras áreas de la vida del país. Todas y cada una han mutado en «nichos de mercado» que aseguran espacios de especulación a la empresa privada. Solo en 2012 las Isapres, que han vuelto a aumentar los planes de salud con que esquilman a sus afiliados, ganaron más de 80 mil millones de pesos, en tanto las AFPs, que pagaban en febrero una pensión promedio inferior a los 200 mil pesos, obtuvieron más de 600 millones de dólares en utilidades ese mismo año. Habrá más impuestos a las empresas -mediante consentimiento de ellas-, se producirá un eventual acomodo en el área de la educación, pero el resto del modelo seguirá intocado, descansando sobre las mismas bases de estos años. Un cambio en cualquier área vital, como podría ser la recuperación del cobre como un bien público o de los miles de millones de dólares confiscados a los trabajadores por las AFPs, entregaría de manera permanente muchísimos más recursos que el modesto aumento de los impuestos que plantea el gobierno. Quienes han administrado y reforzado el modelo de libre mercado no están ni estarán nunca dispuestos a desmontarlo. Ante las demandas sociales que surgen de las injusticias y exclusiones del neoliberalismo, esta reforma tributaria es el producto timorato de la vieja Concertación que intenta demostrar su superioridad en la administración del modelo -frente a la fracasada ortodoxia de la derecha- para adaptarlo al espíritu de los tiempos. Es también una expresión más de su ya conocida vocación política: cambiar algo para que todo siga igual.
(*) La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) señala en su informe de 2014 que Chile ocupa el primer lugar en desigualdad de ingresos entre los 34 países miembros de la organización.
Editorial de «Punto Final», edición Nº 801, 4 de abril, 2014