Cada dos días una persona muere de física hambre, en un país con recursos suficientes para alimentar a los 44 millones que somos los colombianos. Si la política pública tuviera al centro la persona humana y tomara medidas reales para redistribuir equitativamente el ingreso y generar bienestar, este tipo de fenómeno doloroso no tendría por […]
Cada dos días una persona muere de física hambre, en un país con recursos suficientes para alimentar a los 44 millones que somos los colombianos. Si la política pública tuviera al centro la persona humana y tomara medidas reales para redistribuir equitativamente el ingreso y generar bienestar, este tipo de fenómeno doloroso no tendría por qué darse.
Pero ocurre todo lo contrario y los resultados son los que estamos padeciendo diariamente. Las estrategias, los planes y las medidas gubernamentales están diseñadas pensando en favorecer la concentración de la riqueza, multiplicando la pobreza.
Esta afirmación se concreta echándole un vistazo a la composición del gasto en el presupuesto de la Nación para el año 2005 y las fuentes de su financiación, que se están discutiendo en el Congreso.
El presupuesto de gastos asciende a $ 93.1 billones de pesos (US 33.250 millones de dólares). El 80.55% está comprometido en cuatro grandes rubros inmodificables, según palabras del gobierno: US 11.428 millones para pagar el servicio de la deuda impagable, US 5.714 millones para cubrir la deuda del Estado con los pensionados, US 5.357 millones para pagar las transferencias a las regiones y US 4.286 millones para costear los gastos de la guerra que es la obsesión del presidente Uribe.
¿Qué es lo que queda? Un saldo del 19.55 % del presupuesto que representa US 6.465 millones de dólares. Esta es una «migaja», y con tal pequeñez ¿qué planes y programas se pueden acometer? Una tajada, la más grande, la consume el funcionamiento del gobierno, incluidos US 40 millones de dólares que cuesta el avión presidencial y el resto que son «chichiguas» es lo que se destina para inversión.
La inversión social es la cenicienta en los presupuestos en los gobiernos de corte neoliberal y con sobrada razón en el gobierno de Uribe Vélez que tiene como programa y estrategia la guerra interna para imponer la dictadura civil de ultraderecha.
Al presupuesto para el 2005 se le incluyó una partida que suena a burla, se destinan cien mil millones de pesos para enfrentar la crisis en que se encuentra la totalidad de los hospitales del país, por efecto de la Ley 100 de Álvaro Uribe Vélez, suma que a duras penas alcanzará para reactivar el Hospital de San Juan de Dios de Bogotá, el más importante de Colombia.
Otras partidas para mitigar los grandes problemas sociales que tiene el país están ausentes, entre ellos la pobreza y el hambre, ofrecer atención a la salud del 42% de la población que no tiene acceso a ella, educación al 16% de los niños que no pueden ir a la escuela, vivienda a las 2.3 millones de familias que carecen de ella, así como la reforma agraria y regreso de los desplazados.
En el presupuesto se registran unas cuantas partidas, mínimas con destino a programas sociales que están ahí como señuelo para mostrar y utilizar en la cacería para ganar votos en la campaña reeleccionista del presidente.
Es apenas lógico que si no hay sensibilidad social, no haya política social real, ni puede haber presupuesto para inversión social y mucho menos cuando las finanzas públicas están en la física «olla», como es el caso colombiano.
El déficit fiscal que tiene el gobierno central bordea el 2.5% del PIB, esto pone en alto riesgo la economía del país y la sitúa en la ruta hacia una posible «argentinización». Así se diga lo contrario, el presupuesto del 2005 es por sí mismo ilustrativo y categórico.
Otro problema grave que carga el presupuesto nacional es la financiación. Con los impuestos ordinarios y las rentas parafiscales se cubren $ 46 billones de pesos (US15.200 millones de dólares) el faltante, como en los años anteriores, se cubre con más deuda, con la venta de más empresas rentables, con recursos sustraídos de establecimientos públicos, con recursos de capital y con la imposición de una reforma tributaria, la cuarta en los dos años de gobierno de Uribe.
Y aún así, el Contralor General de la nación advirtió que hay un desbalance de ocho billones de pesos ocasionados en ingresos inciertos.
La deuda externa impagable se ha convertido en un cáncer que se come las finanzas públicas y cada año requiere más dinero para el servicio de la misma. Actualmente asciende a US 38.226 millones de dólares (US 13.665 del sector privado y US 24.561 del gobierno). El año entrante para gastos de la amortización y pago de intereses se destinan US 11.428 millones, que es la tercera parte del presupuesto de la nación.
Además del incremento de la deuda, para balancear el presupuesto de gastos el gobierno tiene previsto privatizar varias empresas rentables del Estado que son atractivas al sector privado. Con la venta de un paquete de dieciséis empresas o parte de las acciones de éstas aspira a recoger $2.8 billones de pesos: enajenar capital productivo para financiar gastos.
Otro asunto bien delicado, que no puede ignorarse en la financiación del presupuesto, es la reforma tributaria que cursa actualmente en el Congreso y que, según lo expresado por el ministro de Hacienda, tiene que ser aprobada como la presentó el gobierno. Con ésta piensa recoger $ 1.8 billones de pesos.
La reforma está concebida dentro de la filosofía de alivianar las cargas a las empresas y a los grandes capitales para que inviertan y generen empleo supuestamente, a la vez que descarga todo el peso sobre los consumidores y las rentas de trabajo. Dentro de este enfoque, en los últimos treinta y tres años, se incrementaron en un 87% los impuestos indirectos, que pagamos todos los consumidores, a través de la creación y aumento sucesivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las doce reformas tributarias aprobadas desde 1.974. En el mismo período los impuestos directos a la renta se incrementaron en un 37%.
Hace varias semanas el Embajador de EEUU en Bogotá advirtió que los ricos tenían que costear su guerra y que éstos no pagaban impuestos. Los gremios se le fueron encima por decir esta verdad.
El 10% de los colombianos que se apropian del 78.4 % del ingreso nacional, (unos cuatro millones de personas) deberían ser los mayores contribuyentes al fisco nacional, pero no es así. Según el censo de contribuyentes de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduana Nacional), solamente unas 650 mil personas de ese grupo declaran renta, de lo que se deduce que las 3.350.000 restantes son evasoras de impuestos. Sin embargo, más 500 mil trabajadores pagan impuesto mediante retención en la fuente.
La reforma tributaria modelo 2004 castiga a los consumidores y pensionados. El gobierno aspira recoger 7.9 billones en los próximos cuatro años.
Con el incremento del IVA y la inclusión de nuevos productos en la lista, recaudará $ 1.5 billones cada año. Los productos que antes pagaban este impuesto se agrupan y reducen a dos tarifas: unos pagan el 17%, otros el 12%, y los que antes no pagaban el 3%. A partir de la reforma 1.500.000 pensionados empezarán a pagar impuesto sobre las mesadas recibidas, cada año se recogerán por este concepto $ 300 mil millones.
De acuerdo con algunos estudios de mercado, las familias de ingresos altos destinan el 20 % de éstos a la compra de alimentos; en cambio, los sectores más empobrecidos destinan el 45%.
Hace unos meses la Federación de Ganaderos registraba que han dejado de sacrificar dos millones de animales, los productores de aceite dejaron de vender 20 mil toneladas, el mismo fenómeno está afectando la producción de lácteos, banano, maíz, entre otros productos de la canasta familiar. La capacidad de consumo de los colombianos ha caído vertiginosamente, estrechando el mercado interno. Los mercados registran aumentos en las ventas de productos con destino a capas de ingresos altos como automóviles, muebles y electrodomésticos, artículos de ferretería, repuestos y accesorios de vehículos, textiles etc.
Esta reforma además de ser infame e injusta, tiene repercusiones serías sobre la economía y el nivel de vida de los colombianos, ya bastante deteriorada. Con el incremento de los precios que implica el aumento del IVA, el 67% de los colombianos que superviven con menos de dos dólares diarios, tendrán que reducir más la lista de artículos que antes compraban y muchos descenderán a los índices de indigencia, igual ocurrirá con la franja del 23% de la clase media, que descenderá a niveles de pobreza.
Es inaceptable que estas cosas ocurran, que se repitan permanentemente y cada día sea mayor el número de colombianos que engrosamos las estadísticas de pobreza, hambrunas y privaciones de las necesidades más elementales, sin que se haga algo para impedirlo.
Los ingresos de la nación deben ponerse al servicio de los intereses más sagrados de la Patria y del bienestar de la población. La deuda externa no puede seguir engordando a costa de la pobreza y la frustración del desarrollo propio. Es hora de levantar banderas con toda fuerza y decisión y sumarnos con otros pueblos para replantear el pago de la deuda, que hace tiempo se pagó.
La imposición tributaria debe recaer sobre las clases con mayores ingresos y poseedoras de grandes capitales y no sobre los ingresos de los trabajadores, los pensionados y el IVA a los artículos de primera necesidad.
Contra las injusticias y perversidades de los capitalistas hay que luchar con valentía, no permitir que a nuestras espaldas, por ignorancia o indiferencia, atenten contra los intereses populares y los de la nación. Somos poder porque somos la mayoría, somos poder en potencia. Si nos juntamos y nos ponemos en movimiento para construir un mundo mejor que es posible, seremos un poder indestructible.
No hay que perder tiempo, echemos a caminar y hagamos camino al andar.
La revista Insurrección está editada por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia