La prolongada huelga de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCI) evidenció que las conquistas de los trabajadores son fruto de sus luchas y que la práctica social reivindicativa es la mejor escuela para adquirir conciencia sobre los derechos de los asalariados. La huelga del SRCI constituyó un ejemplo de resistencia laboral, […]
La prolongada huelga de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCI) evidenció que las conquistas de los trabajadores son fruto de sus luchas y que la práctica social reivindicativa es la mejor escuela para adquirir conciencia sobre los derechos de los asalariados. La huelga del SRCI constituyó un ejemplo de resistencia laboral, un hecho particularmente destacable porque sus protagonistas fueron objeto de una verdadera guerra sicológica a través de los medios de comunicación, de amenazas de funcionarios del gobierno, de intentos de división y de toda clase de prácticas antisindicales.
Un elemento clave para el éxito de este movimiento fue la conducta asumida por la presidenta de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación de Chile (Anercich), Nelly Díaz. La dirigenta mantuvo irrestricta sujeción a los acuerdos de su gremio, consultando a las bases cada vez que se abría alguna posibilidad de solución del conflicto. Sus enemigos han intentado en los últimos meses erosionar la imagen de Nelly Díaz, presentando acusaciones en la Contraloría General e incluso ante el Ministerio Público, con la clara intención de debilitar su legitimidad como presidenta -reelegida varias veces por amplia mayoría- de los funcionarios de ese vital servicio público.
Nelly Díaz tampoco tuvo buenas relaciones con el gobierno de Sebastián Piñera. En septiembre de 2013, los trabajadores del Registro Civil protagonizaron otro paro prolongado, aplaudido entonces por los partidos del actual gobierno. La dirigenta se define como «independiente» en lo político y ha señalado que su principal preocupación es defender los intereses de sus representados. Entre los funcionarios de ese servicio desde luego hay militantes de diversos partidos políticos, y el sector más numeroso lo constituyen los afectos a la Nueva Mayoría.
Sin reprimir su emoción, la presidenta de Anercich -enfrentando la campaña que se libraba en su contra a través de los medios- admitió su humilde origen, una familia obrera, y dijo que comenzó a trabajar a los 14 años. En 1981 ingresó al Registro Civil e Identificación y luego de una prolongada carrera funcionaria, se convirtió en dirigente. Desde entonces ha sido electa por tres periodos consecutivos como presidenta de su organización, logrando la última vez el 80% de los votos. La Asociación agrupa a más de tres mil trabajadores -en su mayoría mujeres- y su estructura gremial son una directiva nacional y quince directivas regionales.
NUEVA MAYORIA,
OTRA VEZ DIVIDIDA
Luego de más de un mes de huelga, las posiciones del gobierno y los trabajadores del Registro Civil se mantenían inalterables. El gobierno se negaba a cumplir el acuerdo que la Anercich suscribió con el ex ministro de Justicia, y hoy titular de Defensa, José Antonio Gómez (PR), a quien Nelly Díaz calificó de «cobarde». Gómez no ha desmentido haberse comprometido a pagar el bono de desempeño funcionario que fue desconocido por su sucesora, Javiera Blanco (DC), que durante un mes se negó a dialogar con los trabajadores en paro. La ministra de Justicia proviene de la Fundación Paz Ciudadana, de Agustín Edwards, donde ocupó la dirección ejecutiva. En el primer gobierno de Bachelet se desempeñó como subsecretaria de Carabineros y en el actual gobierno antes fue ministra del Trabajo.
El conflicto del SRCI produjo quiebres en la coalición gobernante, sin embargo los principales partidos de la Nueva Mayoría han guardado silencio, alineándose con la «mano dura» del Ejecutivo. Dos colectividades menores protagonizaron una áspera polémica. El senador Alejandro Navarro, presidente del MAS, lamentó la intransigencia del gobierno y lo instó a dialogar. Pero el 30 de octubre, el presidente de la Izquierda Ciudadana, diputado Sergio Aguiló, calificó a Navarro de «populista» porque presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción para impedir que el Director Regional del Servicio de Registro Civil estableciera turnos de emergencia para la atención de público.
Estas no han sido las únicas divergencias al interior de la NM. Sus estamentos sindicales se pronunciaron en forma unánime a favor de los funcionarios en huelga. Los más claros en ese respaldo solidario fueron el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente (PS), y el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz (DC).
¿POR QUÉ INTERVIENEN
LA ANEF Y LA CUT?
El socialista Raúl de la Puente, reelecto varios periodos en la presidencia de la Anef, culpó al gobierno de entrabar una solución en el Registro Civil: «El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha dado una serie de señales -dijo De la Puente- que muestran que no recoge las necesidades de la ciudadanía. Desde hace un mes que estamos tratando de que se reúnan las partes y se solucione el conflicto».
Uno de los motivos por los cuales la Anef intervino -incluso llamando a un paro nacional- es la inminencia de su negociación con el gobierno para el reajuste de sueldos del sector público. La Anef demanda 8% de reajuste (4,6% real). Pero también en la Anef existe preocupación por las prácticas antisindicales que ha iniciado el gobierno, como el intento de reemplazar a los trabajadores en paro por funcionarios de otros servicios del Estado.
Esta medida provocó también inquietud en la CUT, pues pone en entredicho el principio de no reemplazo en la huelga, uno de los pilares del proyecto de reforma laboral del Ejecutivo. La Anef y la CUT acompañaron a los dirigentes de la Anercich en la presentación de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, a la que piden pronunciarse sobre la legalidad del reemplazo de trabajadores dispuesto por el gobierno.
LOS VERDADEROS
MOTIVOS DEL GOBIERNO
El más duro de los actores en el conflicto del Registro Civil ha sido el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Calificó el paro de ilegal e inconstitucional. La réplica vino de Raúl de la Puente, quien dijo: «El subsecretario (del Interior Mahmud Aleuy) y los ministros (de Hacienda y Justicia) están absolutamente equivocados; es erróneo que los trabajadores no podamos realizar huelgas o paros, eso está establecido en el Convenio 87 de la OIT y también en el Convenio 151, ambos firmados y ratificados por Chile, por lo que tienen carácter de ley (de rango) constitucional».
El ministro Valdés se ha mostrado como un ortodoxo ejecutor de políticas de austeridad neoliberal. La orientación es aliviar la carga a los empresarios en los periodos de contracción económica, reduciendo los salarios. Poco antes de iniciarse el paro del SRCI, el ministro de Hacienda protagonizó otro episodio que demuestra su intención de contener las demandas salariales. Es lo que sucedió en el BancoEstado.
Luego de negociar con los ejecutivos de esa institución, el Sindicato del BancoEstado obtuvo en septiembre pasado un bono de término de conflicto que a juicio del gobierno fue demasiado elevado. La consecuencia fue que el ministro Rodrigo Valdés le exigió la renuncia al presidente del directorio del banco, Guillermo Larraín. Sin embargo, existen presunciones de que la decisión de otorgar ese bono a los trabajadores del BancoEstado se adoptó siguiendo orientaciones establecidas por el propio Valdés, cuando ocupaba la presidencia del BancoEstado: las pérdidas para el banco estatal de solo una semana de huelga excedían el gasto que significaba otorgar ese bono.
De este hecho se puede deducir que la decisión de remover a Guillermo Larraín de la presidencia del BancoEstado obedeció a razones políticas, que en última instancia se refieren a congelar las remuneraciones de los trabajadores públicos para impedir una eventual escalada de reajustes en los salarios de todos los trabajadores. Es conocido que la negociación salarial en el sector público marca la pauta para las negociaciones colectivas que tienen lugar en las grandes empresas privadas.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 840, 6 de noviembre, 2015