2Hace rato se viene basureando con lo que fue la experiencia revolucionaria del MIR, con nuestros muertos y con los vivos que, mal heridos y con mayor o menor distancia, reconocen haber sido parte de ella; peor aún para los que seguimos afirmando el proyecto socialista del cual el MIR fue una de sus expresiones. […]
2Hace rato se viene basureando con lo que fue la experiencia revolucionaria del MIR, con nuestros muertos y con los vivos que, mal heridos y con mayor o menor distancia, reconocen haber sido parte de ella; peor aún para los que seguimos afirmando el proyecto socialista del cual el MIR fue una de sus expresiones.
Y nosotros, como ex miristas tenemos responsabilidad en ello.
Afirmo con crudeza que contribuyó a esta situación el hecho que un grupo más o menos extendido de ex militantes miristas – con o sin razón- validara la Comisión Valech y la política de reparación. Cuando se hicieron parte de ella, políticamente hablando, la burguesía logró comprar nuestra rendición moral. Esos ex militantes, más allá de su situación individual e intenciones, y por defecto, los que nos negamos a integrarnos pero guardamos un silencio cuasi total frente al hecho, fuimos los que la vendimos.
Si, se la vendimos.
Unos, los «desheredados», los que luego de la derrota debieron volver a la pobreza de siempre, razonaron de la única manera que se puede razonar cuando lo colectivo se ha disuelto y la miseria apremia: accedieron; otros, los que volvieron a lugares mas protegidos y cómodos, en medio de una cascada de justificaciones, también se sintieron víctimas y cedieron a la «tentación Valech». Los que no, fuera por respeto a los desheredados o por el simple hecho que en medio de la vida precaria y de la muerte lenta no hay espacio para disquisiciones, mantuvimos el tono bajo y prácticamente el tema quedó silenciado.
Salvo voces que de cuando en vez plantean la duda y que rápidamente son desacreditas por una suerte de «opinión pública mirista» aparentemente mayoritaria, el problema ha quedado en el marco de la pura conciencia individual.
Sin duda frente a la muerte por abandono, a la precariedad de vida cotidiana, o al hecho de ver a nuestros hijos en la incertidumbre, en parte porque optamos por hacernos revolucionarios, hay poco que decir, y «hacerse Valech» fue casi un detalle, sobretodo si nos percibimos como víctimas.
Pero el asunto es más delicado.
Quien traspasa el umbral entre la vida individual y la vida política colectiva, lo quiera o no, queda expuesto a que sus acciones se interpreten en relación a ese colectivo. Y aunque ya no se pertenezca, o ya no se piense lo que se pensó, o se reniegue de ese pasado, ese efecto es duradero. Así es la política y así la historia.
Con independencia de las voluntades e intenciones individuales, las decisiones frente a la política de reparación derivada de la Comisión Valech, adquirieron de inmediato un carácter político e histórico. Eso lo supo la patronal, sus instituciones, y sus intelectuales, y lo aprovecharon política e históricamente como ya lo han hecho y seguirán haciéndolo.
Y en la perspectiva de la historia y la política, creo necesario salir al paso de un cierto sentido común que configura una capitulación frente a las clases dominantes en la disputa por la memoria, y que equivocadamente es reproducido por la «opinión pública mirista mayoritaria», muy reactiva por lo demás a la crítica.
Las biografías forjan historia y la historia memoria; solo cada cierto tiempo éstas abren paso y maduran en proyectos. ¿Que fue si no el MIR, utopía movilizadora de cuerpos e intelectos que se aventuraron a buscar futuros, esto es, una memoria histórica transformada en proyecto?
Hoy también los revolucionarios en ciernes y los por venir, como nosotros antes, buscando luces para enfrentar los desafíos del momento se toparán con los hechos y deberán interpretarlos al momento de hacer el balance político de la experiencia del MIR y del proceso chileno. ¿Que pensarán cuando constaten que el MIR y los miristas, demandamos y recibimos platas del mismo Estado burgués qué combatimos, fuera democrático o dictatorial, sin pausa ni tregua?
¿Qué responderemos?
«Valech» o no,»exonerados» o no, a todos los que reservemos un mínimo honestidad, de nada nos servirá descalificar la pregunta; nos sentiremos emplazados y habremos de ensayar respuestas. Más si consideramos la experiencia del MIR un legado, un activo, de las luchas de los trabajadores y el Pueblo, y más también si aún reafirmamos el proyecto socialista.
Responder apelando a nuestra condición de sobrevivientes del horror y/o mostrando nuestra consecuencia por cuanto «nosotros si que nos la jugamos», es una respuesta insuficiente. A lo más nos permite reafirmar nuestra condición de víctimas y valía individuales, pero dejando en el aire muchas incertidumbres políticas e históricas.
En efecto, más allá de nuestra individualidad sufriente y consecuente, el MIR y sus militantes, quedan expuestos al juicio histórico frente al paradójico hecho que «llamaron a una guerra que si la ganaban, era designio de las fuerzas de la historia, y que bien; y si la perdían, como ocurrió, tenían derecho a reclamar indemnización a los vencedores». Esto es como si los bolcheviques antes de lanzarse a la insurrección de febrero hubiesen esperado de los Romanov un seguro por daños y perjuicios, casi como disponerse a la acción revolucionaria solo si se ha firmado antes una póliza por eventuales daños o por el equivalente al «costo de oportunidad» del tiempo de militancia revolucionaria.
No, no, estamos mal… Algo aquí algo no funciona.
Estamos enredados en la trama ideológica del derecho penal burgués: el delito siempre tiene culpables y víctimas individuales; nunca colectivos o institucionales. Así sucedió con los DD.HH. que, por respeto al dolor y también por la clara derrota de la izquierda, se lo privatizó y despolitizó al quedar como asunto exclusivo de los familiares y «judializarse». Esto hizo cada vez más nominal la responsabilidad política de las clases dominantes pues, primero, trasladaron la responsabilidad al Estado (es decir a «todos los chilenos», incluida las propias víctimas), y después, a criminales individuales, nunca institucionales. De ahí, salvo excepciones «emblemáticas», el problema de los DD.HH. cesó de ser político y se redujo a un asunto puramente penal y administrativo.
Entonces, justificar la reparación apelando a nuestra condición de individuos víctimas, hace de la responsabilidad política y el carácter político de los hechos, una anécdota personal a contar de cuando vez a los nietos, y en lo fundamental, permite a los verdaderos victimarios, la patronal, exculparse como clase al disolver esa responsabilidad y el contenido político de los acontecimientos en pura casuística procesal almacenada en tribunales irresolutos.
Por otra parte, si en un espontáneo acto de defensa propia, respondemos apelando a la simple verdad que «ellos», los sectores dominantes, asesinaron y nosotros no, que ellos violaron y nosotros no, que ellos saquearon el país y nosotros no, sintiéndonos así investidos de la suficiente prestancia moral personal para quedar a resguardo de alguna eventual acusación de inconsecuencia, tampoco lo hacemos mejor. Ni siquiera para descalificar a nuestros críticos aunque se trate de uno de «ellos» o de uno de sus voceros a sueldo.
No, «nuestra moral» no se define en proporción inversa a la de ellos. No.
Nuestra moral y nuestra preeminencia moral se fundan en la pretensión de modificar las bases mismas de la moral burguesa y del capital; en rigor, en la pretensión de abolir las condiciones materiales que permiten la opresión y degradación humanas de las cuales precisamente «ellos», los sectores dominantes, son sus primeros responsables. Ese fue el carácter de nuestra lucha y el contenido ético y político de nuestro proyecto, la emancipación humana ¿Porqué reducir nuestra ética a un efecto reflejo e inverso a la ética burguesa?
Retomar la relación entre ética y política es retomar un afluente que siempre estuvo presente en el MIR y en nuestros militantes. Desde los viejos anarquista y trotskistas, incluido Clotario, pasando por los jóvenes laicos émulos de aquél Ché en franca oposición al estalinismo, hasta los cristianos de los 70 y de los 80, militantes a toda prueba, como Maroto y los chicos Vergara Toledo.
Pero no hablo aquí de la ética individual, sino de la ética que florece sobre la base de esas éticas individuales y que otorga legitimidad política a una organización y sus militantes; es esa ética colectiva la que nos dio la prestancia política suficiente para estimular la constitución de las fuerzas sociales en sujetos políticos y disputar la conducción de los procesos de lucha contra el capital.
«El MIR no se asila», consigna tan cara a todos, expresó con toda su crudeza ese vínculo y el problema involucrado. Podrá ser ahora considerada «un error político y un acierto ético», como se ha dicho en ocasiones, sin embargo, en el balance completo y de cara a la historia larga, la pregunta por responder es más compleja: Frente a la catástrofe ¿podía el MIR y sus militantes correr una suerte distinta a la que esperaba a los trabajadores y el Pueblo?
En esta perspectiva, justificar la reparación apelando al puro contraste entre nuestra práctica y la de ellos, mal enfoca el problema. Lo mal enfoca porque nuestra preeminencia moral no se funda en nuestra «conducta intachable» frente a la conducta homicida y lumpen de las clases dominantes, sino, insisto, en nuestra pretensión y disposición práctica de superar la miseria material y subjetiva que impone a la humanidad el capital y su modo de vida. Por ello abrazamos la revolución y nos hicimos revolucionarios.
Finalmente y en conexión con la reciente nota de Andrés Pascal rebatiendo las diatribas de Gonzalo Rojas, tampoco sirve un tipo respuesta políticamente mucho más controvertida. Esta se relaciona y deduce directamente de la consideración que hace Andrés de la lucha que ha dado un grupo de compañeros y compañeras por hacer extensiva la ley del exonerado político a los ex «militantes profesionales» del MIR.
Como se sabe, la aplicación de la Ley de exonerados políticos asimila a los funcionarios («profesionales») de los partidos de izquierda tradicional e incluso de la DC y otros, a la calidad de funcionarios públicos exonerados, bajo el argumento que siendo funcionarios de esas organizaciones políticas, un acto inconstitucional de la Dictadura que las declaró ilegales, implicó su «despedido» y por tanto la imposibilidad de recibir sus salarios y demás beneficios. Más recientemente, en virtud de un dictamen de la Contraloría General de la República que reconoce al MIR el carácter de «empresa», y por tanto su estatus institución-partido, se extiende el derecho a pensión a los ex miristas «profesionales», homologándolos así a los ex funcionarios de los partidos legales.
Califican todos los ex miristas oportunamente inscritos en el registro de exonerados y debidamente acreditados en cuanto tales por Andrés Pascal, reconocido para estos efectos, como ministro de fe.
Esa es la figura, una figura que en la práctica y en derecho, asimila a los ex militantes «profesionales» del MIR con los exonerados políticos sobre la base de homologar al MIR con las organizaciones políticas legales reconocidas éstas, por su naturaleza, como parte del sistema político formal chileno. Notable ¿no?
Sin embargo, políticamente es muy diferente el reconocimiento como exonerado político a partir de un acto jurídico-administrativo estatal que otorga el carácter de empresa a una organización como el MIR, y por extensión, de su estatus «institución-partido», que el reconocimiento directo de tal calidad por el hecho de haber sido funcionario de un partido legal, de un «partido de la república», amparado por la Constitución y las leyes, como bien afirman los antiguos militantes «profesionales» del PC, PS, PR, MAPU, DC, etc.
Nuestro caso es muy diferente.
Para los «partidos de la república» el derecho a que se reconozca a su «personal» la calidad de funcionarios exonerados, es consecuencia directa del derecho a reponer la legalidad frente a un acto inconstitucional de una Dictadura que, violando y negando su calidad de partidos legales, violó y negó también el de sus funcionarios.
¿Pero es este un argumento políticamente sostenible para el MIR y sus militantes?
Al parecer así lo cree Andrés Pascal. En respuesta a las burlas del payaso Rojas, afirma que el «reclamo para que les sea otorgada una modesta pensión a los exonerados políticos del MIR», se remite a «chilenas y chilenos que, desde jóvenes, entregaron gran parte de su vida a la resistencia contra la dictadura militar y a la recuperación de la democracia en nuestro país».
Así, al tratar como algo natural el hecho que ex miristas sean calificados como exonerados políticos, no en su calidad de ex funcionarios públicos despedidos sino en su calidad de empleados de la «empresa MIR», principal tema de la invectiva de Rojas, se acepta la homologación que se hace del MIR y sus militantes con los partidos tradicionales y sus funcionarios. Y dicha posición se reafirma al demandar el derecho a pensión en razón de que los ex militantes miristas también fueron resistentes a la Dictadura y luchadores por la restauración de la Democracia.
Esto equivale a decir que el MIR, al igual que el PC, PR, PS, la DC y otras agrupaciones constitucionalistas, fue víctima de la violenta negación de su envestidura en tanto institución de la república; y que sus militantes, al igual que cualquier otro militante profesional de la izquierda tradicional, de la DC o incluso personas de derecha constitucionalistas y activamente opuestas al régimen de facto, en tanto demócratas, merecen el mismo reconocimiento.
Así, resulta que a fin de cuentas, «todos fuimos demócratas». Algunos si, recuperaron su trozo de poder, otros tocaron, si es que, un galvano y un premio de consuelo.
No, no…. Esto tampoco funciona.
Y por favor no afirmo que los reclamos de los exonerados políticos, militantes de los partidos de la izquierda tradicional o demócratas consecuentes, sean éticamente impugnables, o que los ex miristas seamos de una laya superior.
No, solo que en esta argumentación se desliza una flagrante tergiversación histórica, una renuncia al carácter revolucionario del MIR y a la calidad de militante revolucionario de aquellos que se proclamaron como tales, fueran o no miristas. Es como si en la memoria de Andrés Pascal y también de esa «opinión pública mirista mayoritaria», solo existiera algo así como un «MIR democrático de la Resistencia», e incluso de pronto un «MIR ciudadano y patriótico» (chilenos y chilenas).
Esto no tiene ninguna base histórica.
Entre la fundación del MIR y el 11 de septiembre de 1973, por definición política programática, no fuimos ni aspiramos nunca a ser un partido del Estado Republicano, ni fuimos expresión de una corriente ciudadana ni patriótica. Pretendimos ser un partido revolucionario e internacionalista, de facto, fuera de la legalidad burguesa y en oposición radical al estado.
Y como militantes, no fuimos ciudadanos ni patriotas, fuimos insurgentes, conspiradores, revolucionarios e internacionalistas. Y después del golpe hasta la disolución, nunca supe que nos hubiésemos convertido en un partido reformista obrero o democrático burgués por mas equivocados y golpeados que anduviésemos. Y si así hubiese sido – Oh sorpresa de la
vida- el «giro democrático» habría sido una concesión inútil pues la ley de exonerados solo reconoce tal calidad hasta el 11 de septiembre del 1973, por lo cual los jóvenes incorporados desde entonces y a tiempo completo a la lucha, sobre todo los de los ochenta, la generación mas golpeada en este trance histórico del siglo XX, quedan totalmente fuera y desprotegidos.
Con esta lógica, el MIR de facto, subversivo e internacionalista -el MIR que reside en la memoria de Chile y América Latina- inadvertidamente es transformado en un partido republicano y legal, y sus militantes -ahora veteranos y expuestos al emplazamiento y reclamos de la historia- en ciudadanos demócratas y electores.
¡No, no! Esto es resignación y renuncia.
Esto podrá ser histórica y políticamente adecuado para la biografía política del PC, el PS, etc. cuya estrategia fue reformar el capitalismo desde el mismo estado burgués; para ello se dedicaron, como pretenden o hacen ahora, a ubicar a militantes en el Parlamento o en el aparato fiscal. Pero no es para el MIR ni para los ex miristas ni para ningún militante de esas u otras organizaciones que abrazaron sin ambigüedades el compromiso revolucionario.
El MIR nació y se desarrolló antes del golpe, en medio de la doble crisis del patrón de acumulación desarrollista y del cuasi estado de compromiso; su programa y su visión fueron socialistas, y enfrentado a las nuevas circunstancias, mal o bien, hasta su disolución, nunca dejó de pensarse como una organización revolucionaria. Muy lejos de una suerte de reformismo armado o una organización armada concebida como mero aparato técnico-militar para luchar por la restauración democrática.
Por nosotros, por la dignidad y por el presente que acunan futuros, no hay que oscurecer el legado ético y político del MIR y sus militantes; hay despejar y no densificar la bruma que pesa sobre su historia. En la disputa por la memoria, a pesar que la miseria apremie o los oídos anhelen solo escuchar solemnidades y epopeyas, no cualquier argumento sirve y responde a las exigencias de esta otra dimensión de la guerra entre ellos y nosotros, la guerra por la memoria entre el bloque dominante y los trabajadores y el Pueblo.
Nos queda pendiente, entre tantas, la gran tarea de hacer el balance político del MIR y la experiencia revolucionaria chilena. Ya todos los actores han escrito los suyos: los patrones y los políticos de derecha con sus biografías a todo color, los militares y la iglesia, la izquierda tradicional y hasta el estado burgués que, «en nombre de todos», se ha dado el lujo de hacerlo con sus leyes, Informes Reting y Valech, y los textos escolares que circulan por las escuelas del país.
Poco han hecho los que estaban en mejor posición para hacerlo. Será entonces tarea de los recolectores de fragmentos apurar el paso, y aunque sea con fórceps, sacar adelante las palabras justas y necesarias, pues se trata de un parto, un gran parto colectivo.