La estrategia de control social para proteger al modelo neoliberal es criminalizar al pueblo mapuche y a los movimientos sociales. En Chile, el fenómeno crece de la mano de la invisibilización y la represión de las protestas que se oponen al extractivismo y a quienes reivindican sus derechos políticos, culturales y territoriales. Gobiernos y transnacionales […]
La estrategia de control social para proteger al modelo neoliberal es criminalizar al pueblo mapuche y a los movimientos sociales.
En Chile, el fenómeno crece de la mano de la invisibilización y la represión de las protestas que se oponen al extractivismo y a quienes reivindican sus derechos políticos, culturales y territoriales. Gobiernos y transnacionales renuevan así la tesis del «enemigo interno», y judicializan a líderes y lideresas sociales.
«Hoy son los excluidos del modelo económico y todo aquel que levante su voz frente a las injusticias de la economía de libre mercado. Al mapuche se lo asocia a terrorismo. La disputa de predios con empresas forestales es vista como un freno para el progreso, una amenaza al Estado de derecho, que vulnera la unidad nacional», señala el abogado Eduardo Mella, en la revista Reflexión Nº 36, del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos.
Chile es una economía dependiente, exportadora de recursos naturales, mientras el Estado se limita a resguardar los intereses de las grandes corporaciones y transnacionales.
Movilizaciones medioambientales, regionales y estudiantiles, principalmente, son acompañadas por una constante presencia represiva. Se persigue judicialmente a sus dirigentes.
Rodrigo Mundaca, agrónomo que ha denunciado el robo de aguas en Cabildo, Petorca, La Ligua -región de Valparaíso- por empresarios y políticos, entre ellos el exministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma, fue condenado a 541 días de cárcel en abril del 2014 por «injurias y calumnias», y enfrenta acciones judiciales en su contra en La Ligua, Quillota y Concepción.
Territorios en conflicto son militarizados, como es el caso de comunidades mapuche en Bío Bío, Los Lagos y la Araucanía y, recientemente, en el valle del Choapa, en Caimanes, en la norteña región de Coquimbo. La comunidad está sin agua y completamente contaminada por desechos y relaves de la Minera Los Pelambres perteneciente al grupo Luksic. Cortes de ruta, huelgas de hambre y barricadas, han sido los medios para visibilizar sus demandas.
Por más de tres meses, desde noviembre del 2014, Caimanes levantó un campamento camino al tranque El Mauro -ubicado a 12 km de Caimanes, donde la minera ha depositado millones de toneladas de relaves-, luego de que la empresa no acatara un fallo de la Corte Suprema que la obligaba a reponer el cauce natural de las aguas del río El Pupio.
En diciembre pasado, el vocero de la comunidad, Cristián Flores, fue detenido y amedrentado por la policía. Nancy Reyes, su esposa, dice: «Su detención fue una manera de hostigamiento, de amedrentar. Un montaje, inventaron un delito para detenerlo».
El 4 de marzo último, ocho comuneros resultaron heridos tras la violenta represión -helicópteros, decenas de vehículos y bloqueos por tierra- contra cientos de manifestantes en Caimanes. Uno de ellos perdió un ojo por un balín policial.
Mapuche bajo fuego
Durante el último allanamiento a Ercilla, en la Araucanía, el pasado 26 de febrero, niños mapuches fueron maltratados en la comunidad Coñomil Epuleo, que reivindica sus tierras ancestrales. Efectivos de la Policía de Investigaciones detuvieron al werken (mensajero, autoridad tradicional) Jorge Quiduleo y amedrentaron e interrogaron a dos niños mapuches de cuatro y ocho años.
«Fue muy traumático, los policías les ordenaron a gritos que salieran de sus camas y se tiraran al suelo. Los niños ante la presión y la violencia soltaron el llanto», relata Rosa Quiduleo, abuela de los menores.
Días antes, la Corte Suprema había ratificado un fallo a favor de tres menores de dicha comunidad, luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitara un recurso de protección. Los menores habían sido detenidos tras un allanamiento, pasaron varios días encarcelados e ingresaron al tribunal esposados de pies y manos.
Ningún medio masivo publicó que a mediados de febrero pasado seis prisioneros políticos mapuches denunciaron torturas en la cárcel de Angol, mientras el exsacerdote Luis García Huidobro -defensor del pueblo mapuche y vocero del prisionero político Emilio Berkhoff- era condenado en un intento por silenciarlo.
Mapuches encarcelados o procesados por la defensa de sus derechos políticos, culturales y territoriales son reconocidos como prisioneros políticos por organismos de derechos humanos, incluyendo la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Chile el año pasado por violaciones a los derechos humanos de integrantes del pueblo mapuche en el caso «Norín Catrimán y otros contra el Estado». El fallo sentó un precedente pues constituye un importante reconocimiento del fenómeno de criminalización.
Según la CorteIDH, las sentencias condenatorias contra las víctimas, ocho comuneros -incluyendo los lonkos (líderes máximos) Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, y el werken Víctor Manuel Ancalaf Llaupe- por delitos de supuesto carácter terrorista, fueron emitidas en el 2002 y 2003 fundándose en la Ley Antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia.
«Aumentan los casos de criminalización y encarcelados reivindicando derechos territoriales. Actualmente hay una violenta arremetida judicial contra machis [autoridades espirituales y de salud del pueblo mapuche]. Machis han sido detenidos y condenados: Millaray Huichalaf, Tito Cañulef, Francisca Linconao y Celestino Córdoba. Chile aplica la legislación antiterrorista promulgada por [el dictador Augusto] Pinochet, utilizada hoy con el objetivo de reprimir reivindicaciones mapuches», afirma el científico social Rodrigo Guerra en declaraciones a Noticas Aliadas.
A pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2014 contra la aplicación de la Ley Antiterrorista, la administración de la presidenta Michelle Bachelet ha continuado invocándola y ya no se habla de su derogación sino de «perfeccionarla».
«Entre 2008 y febrero del 2010 el gobierno de Bachelet invocó la Ley Antiterrorista en siete causas, con un total de 54 comuneros mapuche imputados por delitos terroristas», señala el prisionero político Héctor Llaitul. En el 2014, la organización mapuche Meli Wixan Mapu, reconocía la existencia de «20 prisioneros políticos mapuche».
Reprimir e infiltrar
Diversos analistas coinciden en que esta estrategia político-criminal se extiende peligrosamente «en un Chile que despierta y que ha desbordado las calles para manifestarse contra la injusticia social y la opresión del mercado», dice la periodista Paulina Acevedo. «Estudiantes, deudores habitacionales, trabajadores, indígenas, ambientalistas, son solo algunos de los sectores en la mira».
Caso emblemático es el del estudiante Víctor Montoya, quien pasó 16 meses encarcelado en prisión preventiva, acusado bajo la Ley Antiterrorista por la supuesta colocación de una bomba en un retén policial en febrero del 2013. La Fiscalía presentó testigos protegidos y centró el caso en su perfil de «vegano». Fue absuelto en dos juicios el año pasado. «Es la ley Antiterrorista la que genera todo esto, pues tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario», dijo Montoya.
Mireille Fanon, de la Fundación Frantz Fanon, señaló sobre el caso Montoya, tras su visita en el 2014 como observadora de derechos humanos, que el estudiante «pasó 16 meses en prisión por pruebas falsas bajo el pretexto que el Estado chileno necesita demostrar la existencia de una amenaza terrorista. Este Estado avala, a sabiendas, la fabricación y el uso de procedimientos fuera de toda legitimidad, siempre y cuando se trata de reforzar su necesidad de mantener a la población bajo control».
Para Guerra, «hay una creciente escalada y legitimación de atribuciones a organismos de seguridad, con el objetivo de reprimir e infiltrar a los movimientos sociales. La Ley Antiterrorista -ilegítima y aberrante desde el punto de vista jurídico-, continúa aplicándose contra luchadores sociales y principalmente contra autoridades y comuneros mapuches, exprisioneros políticos y jóvenes acusados de anarquistas, así como a okupas [que dan uso a viviendas vacías] y veganos que supuestamente colocan explosivos. La mayoría de los juicios han terminado con la absolución de los acusados, tras meses o años de injusta prisión».