El general retirado chileno Sergio Arellano Stark se libró de la cárcel por el asesinato, en 1973, de cuatro prisioneros políticos, tras ser declarado demente por el juez Víctor Montiglio, informaron este lunes fuentes judiciales. El general retirado quedó bajo la custodia de su hijo y fue absuelto de la condena de seis años de […]
El general retirado quedó bajo la custodia de su hijo y fue absuelto de la condena de seis años de presidio efectivo dictada en su contra por el «episodio San Javier» en la llamada «Caravana de la muerte».
Arellano Stark fue en 1973 el jefe de la denominada «Caravana de la Muerte», cuyos miembros asesinaron en un recorrido por Chile a alrededor de un centenar de prisioneros políticos y la condena, primera dictada en su contra, corresponde al «episodio San Javier», del caso.
En San Javier, a 275 kilómetros al sur de Santiago, el 2 de octubre de 1973 la comitiva comandada por Arellano Stark sacó de la cárcel y posteriormente asesinó a cuatro presos políticos: Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez, este último un estudiante de secundaria de 16 años.
El juez Montiglio informó de la decisión de absolver al ex oficial de la sentencia debido al Alzheimer que padece, según acreditaron los exámenes neurológicos, psiquiátricos y físicos que le practicaron peritos del Servicio Médico Legal.
«Padece una demencia tipo mixta o multifactorial -Alzheimer y vascular- de unos 15 meses de evolución que le determina una enajenación mental que lo inhabilita para comprender el sentido de su sanción», precisó el informe.
Según el análisis su demencia es progresiva, crónica e irreversible y no reviste de peligrosidad para si o para terceros.
Por lo anterior, el juez determinó que el general, quién estuvo internado en el hospital militar, en una clínica psiquiátrica y geriátrica, queda exculpado de los cargos que se le habían imputado y estará bajo la custodia de su hijo, Sergio Arellano Iturriaga, tras el pago de una fianza de 500 mil pesos (unos 794 dólares).
Otro oficial, Carlos Romero Muñoz, condenado también a seis años de prisión en el mismo proceso, se encuentra operado de un cáncer a la próstata en el Hospital Militar.
Montiglio dispuso que Romero Muñoz, una vez recuperado de la operación, sea trasladado a la prisión militar «Cordillera», de Santiago, para cumplir la pena, ratificada por la Corte Suprema el pasado 15 de octubre.
Además de Romero, sentenciado a seis años de prisión efectiva (sin beneficios), fueron condenados Mario Cazenave Pontanilla, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace a cuatro años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada.
Los magistrados absolvieron a Claudio Lecaros Carrasco y Gabriel del Río Espinoza.
En lo civil, la Justicia estableció que el Fisco deberá pagar 80 millones de pesos (unos 130.000 dólares) como indemnización por daño moral a los querellantes del caso.
Según familiares de detenidos desaparecidos consultados por Efe, es la primera vez desde el régimen militar del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), que a un acusado por violaciones a los derechos humanos, se le anula una sentencia por demencia.