La indignación se apoderó de los chilenos luego de que la empresa Farmacias Ahumada confesara ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que coordinó con las otras dos cadenas farmacéuticas que controlan el mercado del país para subir el precio de 222 medicamentos durante cuatro meses. «La manifestaciones de repudio son comprensibles», comentó a IPS Stefan […]
La indignación se apoderó de los chilenos luego de que la empresa Farmacias Ahumada confesara ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que coordinó con las otras dos cadenas farmacéuticas que controlan el mercado del país para subir el precio de 222 medicamentos durante cuatro meses.
«La manifestaciones de repudio son comprensibles», comentó a IPS Stefan Larenas, presidente de la no gubernamental Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), quien valora la tarea que lleva a cabo el fiscal nacional económico, Enrique Vergara, en este caso de colusión de precios.
No obstante, Larenas cuestiona que sólo la declaración de culpabilidad de Farmacias Ahumada haya detonado una mayor fiscalización de parte del gobierno hacia una industria que desde hace años suma denuncias de malas prácticas.
En 2008, un estudio de Odecu comprobó que las tres principales cadenas de farmacias de Chile, hoy cuestionadas, incumplían la ley del consumidor en aspectos tan básicos como poner los precios de los medicamentos al alcance de los usuarios para que éstos pudieran hacer una compra informada, apuntó.
Asimismo, investigaciones periodísticas denunciaron el año pasado que algunos laboratorios pagaban a las farmacias para que sus productos fueran colocados en lugares vistosos y ofrecidos directamente por los vendedores.
«La pregunta es qué va a pasar con la fiscalización cuando se termine la cobertura mediática de la acusación» de la fiscalía, advirtió Larenas.
El 24 de este mes se hizo público un inédito «acuerdo de conciliación» suscrito entre la FNE y Farmacias Ahumada, en el cual esta sociedad anónima que controla 27,7 por ciento de las ventas de medicamentos del país reconoce su culpabilidad en la demanda de colusión hecha en diciembre por el organismo de contralor.
Las otras dos cadenas de farmacias involucradas, Salcobrand y Cruz Verde, no reconocen los cargos. Una de ellas inclusive calificó de «infamia» la revelación de Farmacias Ahumada, pese a que el fiscal Vergara ha asegurado tener contundentes antecedentes que probarían una concertación de precios entre noviembre de 2007 y marzo de 2008.
Salcobrand y Cruz Verde, también de capitales chilenos, tienen una participación de mercado de 23,8 por ciento y 40,6 por ciento, respectivamente. Así, entre las tres controlan más de 90 por ciento de la industria. Los responsables de Farmacias Ahumada responsabilizaron ante la FNE a «algunos ejecutivos de mandos medios» de esa firma, quienes no habrían informado a la dirección superior de la confabulación con la competencia, comprometiéndose a pagar un millón de dólares a beneficio fiscal como multa. Pero la FNE había pedido multas de 15 millones de dólares para cada cadena.
La empresa también elaborará un código de buenas prácticas y prohibirá a sus ejecutivos mantener participación directa o indirecta en las empresas competidoras.
Medios de comunicación han asegurado, además, que la compañía estudia la forma de compensar directamente a sus consumidores, puesto que éstos consideran insuficiente el millón de dólares que la cadena entregará al fisco como multa.
Quieren que Farmacias Ahumada y las otras firman devuelvan a sus clientes lo que ganaron mientras los precios estaban inflados.
«Esto es un hecho inédito, que venga un participante de un cartel, que se acerque a la Fiscalía, reconozca el hecho y colabore. Creo que es una conducta digna de imitar», declaró Vergara.
La colusión es la conducta más grave contra la libre competencia y al mismo tiempo, la más difícil de probar, según diversos expertos.
Las tres cadenas de farmacias deberán presentarse el 1 de abril ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde se dirimen los casos investigados por la FNE.
En la ocasión, el tribunal se pronunciará sobre el acuerdo de conciliación firmado por Farmacias Ahumada y definirá en qué términos sigue el juicio contra Cruz Verde y Salcobrand, que podría extenderse hasta 2010.
La posible participación de los laboratorios en la colusión es otra arista que está siendo investigada por la FNE.
Luego de conocida la confesión de Farmacias Ahumada se han registrado numerosas manifestaciones de repudio ciudadano en distintas ciudades del país, algunas pacíficas y otras más violentas, como la instalación de bombas de fabricación casera en los locales de venta de las firmas cuestionadas.
Pensionados lanzaron huevos este lunes a la fachada de un céntrico local de Farmacias Ahumada, mientras que otros enfurecidos consumidores arrojaron tomates a sucursales aledañas.
En tanto, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de la Salud (Confusam) convocó a una protesta nacional para el 6 de abril con el fin de reclamar sanciones ejemplares.
Cada día aparecen nuevos testimonios de personas afectadas por la colusión farmacéutica. Enfermos crónicos aseguran no haber podido pagar algunos medicamentos vitales para sus dolencias durante el periodo en que las cadenas subieron desmedidamente los precios, muchos de los cuales aún no han bajado.
Entre ellos figuran pastillas anticonceptivas y medicamentos para la diabetes, hipertensión, ansiedad e insomnio, algunos de los cuales llegaron a subir hasta 300 por ciento.
Parlamentarios, médicos, dueños de pequeñas farmacias y representantes de organizaciones de defensa de los consumidores han calificado la situación como de crisis sanitaria y atentado a la salud pública, ya que los principales perjudicados son las personas más pobres y enfermas.
Aunque el proceso seguido en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sólo comienza, ya se han presentando demandas colectivas y querellas criminales contra los responsables, con el propósito de que éstos paguen con cárcel la colusión de precios.
En este sentido, el ministro secretario general de la presidencia, José Antonio Viera Gallo, señaló que el gobierno presentará de urgencia un proyecto de ley que mejora la organización y la competencia del Tribunal y que se «evaluará la posibilidad de sancionar penalmente a quienes cometan estas infracciones», reeditando una norma derogada en 2004.
Asimismo, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet se mostró dispuesto a estudiar dos propuestas que causan controversia: la creación de farmacias estatales, a cargo del organismo que abastece a los hospitales públicos, y la venta en supermercados de medicamentos que no requieren receta médica.
El acuerdo de conciliación firmado entre la FNE y Farmacias Ahumada también ha provocado polémica, ya que éste constituiría la primera «delación compensada» realizada en el país, pero, como esta figura aún no existe en la legislación, podría ser impugnada.
La gremial Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que agrupa a las principales empresas del país, condenó «cualquier tipo de práctica que afecte la libre y sana competencia», pero recordó que el proceso aún no termina.
En otro polémico caso, la justicia inició en 2008 un proceso contra altos ejecutivos del laboratorio alemán B. Braun Medical por el delito de atentado a la salud pública con resultado de muerte, ya que partidas defectuosas del suplemento alimenticio ADN Nutricomp, elaborado por la firma, causaron la muerte a una docena de niños con diversas patologías que requerían el producto.
Los ejecutivos imputados se encuentran en prisión preventiva hasta que comience el juicio oral.