En vísperas de la marcha del 6 de marzo en homenaje a las victimas, el señor RAFAEL NIETO LOAIZA escribió en la revista SEMANA edición 1347: «La marcha del 6 de marzo será un fiasco. Me niego de plano a aceptar que el Estado colombiano sea un Estado criminal, que es la consecuencia que se […]
En vísperas de la marcha del 6 de marzo en homenaje a las victimas, el señor RAFAEL NIETO LOAIZA escribió en la revista SEMANA edición 1347: «La marcha del 6 de marzo será un fiasco. Me niego de plano a aceptar que el Estado colombiano sea un Estado criminal, que es la consecuencia que se desprende de aceptar la tesis sobre los crímenes de Estado. El comportamiento delincuencial de algunos no se puede extender de manera que se estigmatice todo el Estado. Incurren además los organizadores en otro error, al meter en el mismo saco los delitos de los paras y los cometidos por la Fuerza Pública. Al hacerlo, transforman a las Fuerzas Militares y la Policía en otra facción de asesinos, equiparable a los primeros. Esa afirmación, por supuesto, no sólo es falsa, sino injusta.» En idéntico sentido escribieron el Consejero José Obdulio Gaviria, el impotable Plinio Apuleyo, el Ex ministro Uribista Londoño Hoyos y otros.
Pues bien, recuperemos un poco la memoria histórica al respecto. Ya durante los debates sobre la ley de justicia y paz se llamó la atención sobre la responsabilidad del Estado por acción u omisión en crímenes de lesa humanidad, observando que la aplicación de la ley no podría reducirse solamente a los paramilitares (autores materiales), sino que se requería que los autores intelectuales de los crímenes, los beneficiarios de semejante horror, fueran investigados y sancionados con todo rigor. Recientemente las investigaciones de la Corte Suprema sobre «la para-política» y diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestran, de manera documentada y seria, que sí ha existido una sociedad estrecha entre Estado, paramilitares y mafias para la comisión de crímenes de lesa humanidad.
La responsabilidad de Estado en esta tragedia nacional de horror y sangre no ha sido un hecho aislado, ni una casualidad. La historia, por lo menos del último siglo, está saturada de crímenes de Estado que han quedado en la impunidad.
LA MASACRE DE LAS BANANERAS – 1928
Para no ir más atrás, retrotraemos los hechos que determinaron la masacre de las bananeras hace 80 años. El general Carlos Cortés Vargas designado jefe civil y militar de la región, militarizó la zona bananera, detuvo alrededor de 500 huelguistas y llevó a muchos de ellos a la tortura del cepo. En la madrugada del 6 de diciembre la tropa ametralla la multitudinaria concentración pacífica que se realizaba en la plaza de Ciénaga, dejando más de mil muertos y centenares de heridos. Al final, tanto la transnacional United Fruit Company el gobierno conservador de Abadía Méndez extendieron voces de apoyo y felicitación a los militares victimarios.
LA VIOLENCIA DE LOS AÑOS 50 Y EL ASESINATO DE GAITAN
En 1946 el partido conservador retoma el poder y a partir de allí se desata la más tenebrosa época de violencia en el país. Con la participación de la policía oficial se producen crímenes atroces, saqueos, incendios y todo tipo de violaciones sobre la población. Se calculan más de 300 mil muertes, otros miles de desplazados y despojados de sus bienes, hechos que no fueron investigados. Todo esto transcurre no solo en la mas completa impunidad sino que cuenta en no pocas veces con el estimulo de los párrocos. Aquí hay una deuda histórica de la justicia con el país.
El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliécer Gaitan, cuando era el más firme aspirante a la presidencia por el partido liberal y acababa de encabezar la manifestación del silencio que rechazaba la violencia institucional. El movimiento Gaitanista es aniquilado y en las elecciones de 1950 solo se presenta el candidato del partido conservador. Gaitan era un claro obstáculo en los planes de los conservadores para mantener su hegemonía política. Otro crimen que aún está en la impunidad.
LA MASACRE DE SANTA BARBARA, ANTIOQUIA – 1963
El 23 de febrero de 1963 se ejecutó la masacre de Santa Bárbara (Antioquia), uno de los episodios más dolorosos para la clase obrera colombiana.
El ejército penetró a la empresa entre las carpas de los huelguistas para proteger las caravanas de volquetas que salían cargadas con kinkler, -una de las materias primas usadas en la producción del Cemento-, hacia las instalaciones de cementos Argos en Medellín. Los soldados, al mando del capitán Guzmán y el sargento Jaramillo, abrieron «fuego a esa gente». Enseguida se inició una cerrada descarga de fusiles que apuntaban en todas las direcciones. Entonces empezaron a caer los primeros heridos y varios muertos, entre ellos la niña María Edilma Zapata, (hija del trabajador y sindicalista cementero Luís Eduardo Zapata García).
Entre los responsables de esta masacre están las directivas de Cementos El Cairo, el Presidente de la República, Guillermo León Valencia, el Coronel Armando Valencia Paredes, el Capitán Guzmán y el Sargento Jaramillo, quienes emitieron las órdenes de abrir fuego contra los huelguistas; el Gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, quien urdió las mentiras y calumnias desde el periódico El Colombiano contra de la organización sindical que orientaba la huelga y autorizó la arremetida del ejército en contra de de los trabajadores. Como se ve, fue un claro crimen de estado y de clase contra los trabajadores del sector cementero.
EL PARO CIVICO NACIONAL DE 1977
El 14 de septiembre de 1977, cuatro centrales obreras, haciendo uso del derecho constitucional a la protesta y la movilización, realizan un paro cívico nacional para exigir justas reivindicaciones laborales y populares. El gobierno de López Michelsen hizo un despliegue de tropas que disparó contra los participantes inermes dejando en solo Bogota a 39 ciudadanos asesinados, cientos de heridos y miles de detenidos. Aun hoy no hay una sola autoridad procesada judicialmente.
EL GENOCIDIO DEL PCC Y LA UNION PATRIOTICA
Desde la suscripción de una de tregua y los acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Betancourt y la guerrilla de las FARC en 1984, se intenta un transito político de los insurgentes para la creación de la Unión Patriótica y avanzar hacia el logro de la paz. El establecimiento siente amenazados sus privilegios centenarios y desata la más brutal cacería humana contra los dirigentes de la UP y el Partido Comunista, el resultado es un genocidio político con más de 5 mil dirigentes asesinados. En la mayoría de los casos resultan involucrados militares que actúan al lado de paramilitares. Nuevamente la justicia institucional resulta paralizada y los crímenes están en la impunidad.
PALACIO DE JUSTICIA – 1985
El 6 de Noviembre de 1985 el grupo insurgente M.19 irrumpe en el Palacio de Justicia con la pretensión de juzgar al Presidente de la República; El ejército ataca el Palacio desoyendo las súplicas del cese del fuego y durante las 28 horas que duró el combate por el palacio son sacrificados un centenar de colombianos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia,. Dentro del proceso por los desaparecidos fueron capturados el Coronel Alfonso Plazas Vega, los sargentos (r) Antonio Jiménez y Ferney Causalla, miembros que participaron en la retoma del Palacio. También esta siendo investigado el General retirado Iván Ramírez Quintero.
RESPONSABILIDAD ESTATAL EN CRIMENES DEL PARAMILITARISMO
Gracias a los escándalos de la llamada «parapolitica» a nadie le queda duda hoy que los grupos paramilitares han sido creados, promovidos, amparados y financiados por el Estado colombiano, como consta en múltiples investigaciones penales, disciplinarias y administrativas, que sin embargo se encuentran muy distantes de alcanzar los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.Tanto los organismos de la ONU como la OEA han señalado claramente la responsabilidad estatal por acción u omisión en el desarrollo y consolidación de estructuras paramilitares. Los propios jefes paramilitares han reconocido públicamente que el Estado colombiano y sus agentes los han fomentado y apoyado permanentemente con armas, entrenamiento y financiación a cambio de presionar regionalmente a la población a que votaran por los parapoliticos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido varias investigaciones y condenas al Estado Colombiano por su responsabilidad con las masacres del Aro (Antioquia), Trujillo (Valle), los 19 Comerciantes del Magdalena Medio, La masacre de la Rochela, la masacre de Mapiripan, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997; acaba de ordenarse la captura de 15 militares involucrados en la masacre de San José de Apartadó perpetrada el 21 de febrero del 2005; los asesinatos de Jesús Maria Valle, del Senador Comunista Manuel Cepeda Vargas y de Miller Chacon, etc. En todos estos casos es evidente la estrecha relación del Estado con los grupos paramilitares para la ejecución de estos crímenes. Como puede verse, dichos crímenes atroces han sido y son ejecutados de forma sistemática y planificada contra sectores sociales, populares y políticos que han llevado a cabo acciones de oposición o de reivindicación integral de sus derechos.
161 dirigentes políticos que son o fueron parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales o diputados, están mencionados en los expedientes de la parapolítica. 60 son parlamentarios y 19 lo fueron, es decir, más de la mitad de los mencionados, son investigados por la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía. Entre los 32 congresistas detenidos se encuentran el senador Mario Uribe, primo del Presidente de la República; Luís Alberto Gil, jefe de Convergencia Ciudadana, con mucho poder en varias regiones; Luís Humberto Gómez Gallo, notable político conservador, Roció Arias, Mauricio Pimiento, todos de la coalición Uribista. La detención del exdirector del DAS Jorge Noguera y del jefe de informática, Rafael García Torres, así como ex – embajadores, ex mandatarios, altos mandos militares y funcionarios investigados o con ordenes de captura, evidencian los vínculos de los paramilitares en todas las instituciones del Estado.
No queda duda de que estamos ante un Estado y un gobierno al margen de la ley. La política de «Seguridad Democrática» de Uribe Vélez es responsable del agravamiento de la crisis de derechos humanos, a través del involucramiento creciente de la población civil en el conflicto armado, la militarización de la vida civil, la conformación de redes de informantes, el reclutamiento de soldados campesinos, la generalización de las detenciones masivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos mostrados luego como guerrilleros, el impulso del «Plan Colombia» y el «Plan Patriota», el estimulo a la impunidad con la ley 975 de 2005 sin que haya desmovilización paramilitar, la ejecución de fumigaciones indiscriminadas, las reformas a la Constitución Nacional, y la promoción de leyes que amparan la impunidad y contravienen los principios internacionales que garantizan los derechos humanos y el derecho humanitario.
Señores Nieto Loaiza, José Obdulio y Londoño Hoyos, solo a ustedes se les ocurre que mas de 70 mil crimenes de lesa humanidad cometidos desde 1966 hasta hoy, 3500 fosas comunes, 5 mil asesinatos de la UP y el Partido Comunista, 2550 sindicalistas asesinados, 955 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejercito nacional por órdenes del presidente Uribe, 15 mil desaparecidos y 4 millones de desplazados, son hechos aislados…!! No hay derecho a tanto desverguenza…!!
*Politologo. Dirigente del Comité Permanente por los derechos Humanos