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Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Hablamos aquí de las becas no en cuanto política de igualdad de oportunidades, para que personas sin recursos puedan acceder a ellos, sino las que se realizan a los graduados de formación profesional o titulación universitaria, que se instituyen por parte de los empleadores para evitar la contratación laboral.
La situación de los becarios y en concreto de los investigadores de precariedad, sin contrato laboral, a merced de una estructura en muchos casos vertical y arbitraria, ha salido a la palestra de forma recurrente. Hay recortes de prensa fechados en 1982, por ejemplo, que titulan lo mismo que podrían hacer ahora, ‘queremos contratos laborales’, ‘investigar es trabajar’, etc.
Gracias al esfuerzo de tantos jóvenes científicos, de varias generaciones y a la presión de ciertos sindicatos y partidos ha habido una cierta mejora en el último periodo, existe un Estatuto específico, EPIF, pero que permite que los dos primeros años, tras la licenciatura académica, sigan existiendo becas, sin contrato laboral. Pero ese Estatuto es muy limitado y hay múltiples convocatorias no sujetas con múltiples condiciones y llenas de precariedad. Además, las restricciones en la contratación de personal en diferentes entidades públicas han hecho que sus gerentes contraten becarios y no formalicen contratos laborales a los que suplantan. Ese mal ejemplo del sector público ha favorecido que el sector privado reclame becarios a los que negarán sufragar los seguros sociales, con la precariedad subsiguiente ante el desempleo y los litigios en caso de accidentes laborales, incluyendo los in itinere.
Toda esta complejidad, ante la falta de implicación de la Inspección Laboral, atada por la contradictoria promoción de las becas para post graduados o las denominadas como ‘colaboración’ cuando el estudiante hace labores generalmente administrativas en el propio centro de estudios, todas de la Administración, y que pueden tener un ingrediente parcial de formación, es escudriñada por este Estudio contratado por el propio Ministerio de Trabajo, con exhaustividad. Primero hay una delimitación cuantitativa y cualitativa de los diferentes itinerarios posibles de inserción laboral de los jóvenes, tanto en el sector público (en su doble vertiente de post universidad y el resto de la administración) y privado. Después hay un análisis sobre las zonas en conflicto, formación o sustitución de puestos laborales con contrato y se llegan a unas conclusiones que dejan en mal lugar a la Administración, a una cultura empresarial y a la pasividad de otros agentes.
En función de las bases estadísticas existentes y extrapolaciones verosímiles calcula para el año 2005, en 150.000 jóvenes en convenios formativos (estudiantes y licenciados), en las empresas, con una escasa delimitación entre actividad formativa y normalizada actividad laboral a la que suplanta, tutorial, pero que podría tener cierta riqueza si se realizaran dentro del itinerario escolar pregrado, pero que existiendo los diferentes contratos de formación, no debieran aceptarse, por fraude de ley, tras la graduación; y unos 40.000 jóvenes becados que expresamente son licenciados y que al existir los contratos de aprendizaje, aún siendo jóvenes investigadores- y asumiendo que investigar es trabajar, lo contrario sería admitir como normalidad que investigadores de cualquier edad y los hay y ha habido con 40 años, carezcan de prestaciones sociales- no debiera existir esa fórmula alegal de la beca.
En resumen, un estudio que revela lo evidente, la precariedad alimentada por la propia Administración y engordada en los últimos años a una gran velocidad que ha provocado la señal de alarma sindical.
Antes eran invisibles los becarios, no formaban parte de la plantilla y estaban limitados, fuera del cómputo de plantillas de profesorado, en la universidad, principalmente. Ahora, están en todas partes horadando las relaciones laborales. No es casual que los sindicatos, el Consejo de la Juventud, se escandalicen y promuevan acciones para revertir la situación.
Los jóvenes investigadores, el colectivo más organizado y estable, dentro de las limitaciones generacionales, hace tiempo que han dicho basta y quiere dignificar a la investigación y erradicar las becas y lograr, como mínimo, la contratación laboral normal que dice el Estatuto de los Trabajadores y por ello convocaron una manifestación en Madrid el 1 de marzo.
* Santiago González. Unión Sindical Obrera