Ha sido estructurada una amplia agenda de organización, movilizaciones, manifestaciones, protesta y resistencia contra las políticas perfiladas para el segundo mandato (2006-2010) del Presidente colombiano Alvaro Uribe Velez, que apuntan a profundizar el modelo neoliberal y los dispositivos de dominación dictatorial y violenta. Organizaciones sindicalizadas de las urbes, de indígenas, de maestros, de genero, afrodescendientes, desplazados […]
Ha sido estructurada una amplia agenda de organización, movilizaciones, manifestaciones, protesta y resistencia contra las políticas perfiladas para el segundo mandato (2006-2010) del Presidente colombiano Alvaro Uribe Velez, que apuntan a profundizar el modelo neoliberal y los dispositivos de dominación dictatorial y violenta.
Organizaciones sindicalizadas de las urbes, de indígenas, de maestros, de genero, afrodescendientes, desplazados por la violencia, municipales, de consumidores, de derechos humanos, estudiantiles, campesinas, políticas de izquierda, ciertos fragmentos de las clases medias, el movimiento insurgente revolucionario, todas de ámbito nacional, regional y local, no obstante sus diferencias, se han integrado en una simultaneidad rebelde para hacerle frente a la cascada de medidas neoliberales, anunciadas y en ejecución, como la firma del Tratado de Libre Comercio – TLC, circunstancialmente empantanado por el engorroso trámite legislativo en el Congreso Norteamericano; la reforma tributaria que amplia el IVA a los artículos de obligado consumo popular; el recorte de las transferencias fiscales a municipios y departamentos afectando la financiación de programas de salud, educación y saneamiento ambiental; la privatización de ECOPETROL, la más importante empresa rentable y estratégica del Estado; la liquidación del Instituto del Seguro Social, para profundizar la mercantilización de la salud; el cierre de ADPOSTAL; la venta de las electrificadoras y demás empresas de servicios públicos regionales; la eliminación de las rentas parafiscales que financian el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar; las nuevas reformas laborales y pensiónales; el recorte del salario mínimo; y la profundización de la mal llamada Seguridad Democrática para consolidar la impunidad otorgada a los grupos paramilitares con la Ley de Justicia y paz, proseguir la criminalización del movimiento popular y obstaculizar el intercambio humanitario y la solución política del conflicto armado nacional.
La agenda de la acción popular incluye grandes manifestaciones en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla el martes 26 de septiembre e incorpora, además, movilizaciones del potente destacamento indígena el 12 de octubre y la realización de una amplia campaña de agitación y educación con seminarios y talleres sobre el contenido de las medidas oficiales.
«Vamos a estar en las calles, haciendo oposición. El próximo martes 26 de septiembre el Polo Democrático, al lado de las centrales obreras, va a salir en una serie de movilizaciones, las primeras durante este gobierno. El Polo va a estar en las calles mostrando que vamos a hacer oposición no solo en el Congreso, sino también en las calles, ha dicho el exsenador del M-19 Antonio Navarro y actual Secretario General del Polo» (Ver El Espectador del 24 de septiembre, pag. 8ª).
Lo que está muy bien, pues coloca al movimiento social delante de nuevas circunstancias históricas de iniciativa y ofensiva, porque hace más flexibles (esto es menos duras) las segmentariedades existentes, tanto de orden binario, circular o lineal, toda vez que la convergencia popular y revolucionaria depende también de la plasticidad o dureza del juego segmentario en el mapa institucional, en el mapa de clases y en el mapa de las territorialidades diversas.
El desafío es mayúsculo toda vez que en Colombia la implementacion del modelo neoliberal ha requerido avanzar por etapas. Se ha hecho en tramos diagramados por los grupos plutocráticos, pues los movimientos cívicos, sociales, políticos y guerrilleros, se han expresado como procesos de resistencia a la aplicación de las políticas de las clases dominantes que han profundizado la concentración de la riqueza y como consecuencia la pobreza, la miseria y la exclusión social. La guerra sucia y la eliminación física de aquellos que proponen un proyecto alternativo de país, como ha sido el caso de la Unión Patriótica, o sencillamente resisten las políticas implementadas como en el caso del movimiento guerrillero campesino, ha sido la estrategia privilegiada por el establecimiento colombiano.
Zonas de la geografía y poblaciones enteras que han definido y llevado adelante estrategias de resistencia han sido perseguidas y desplazadas de sus territorios (Uraba, Montes de María, Catatumbo), y parte, sino toda, de su dirigencia fue asesinada. El objetivo no solo ha sido eliminar al contrario, sino amedrentar, aleccionar e impedir nuevas rearticulaciones de los movimientos y sujetos en resistencia. Las interminables reformas a la justicia (Barco, Gaviria y Uribe) condensan esta estrategia de estigmatización y criminalización, pero a su vez crean el discurso que busca legitimar las estrategias de exterminio físico y violación de los derechos humanos. Todas las reformas y legislaciones de orden público de los últimos 20 años, han creado el marco institucional para impedir que la protesta social se consolide como una estrategia de resistencia de los sectores sociales. Hoy, con el Estado Comunitario y la política de Seguridad Democrática, el gobierno de Uribe Velez polariza la sociedad y retoma con mayor fuerza la penalización de la protesta social, acompañándola con un discurso que legitima la estigmatización y la exclusión de las propuestas que no empatizan con su esquema dictatorial.
Admitiendo que la colombiana es una sociedad que ha sido modelada por momentos constitutivos profundamente reaccionarios y autoritarios, de reiterativas guerras sucias y ciclos de violencia, conviene tener en cuenta que hoy estamos inmersos en una severa crisis estatal y política provocada por un prolongado y agudo conflicto armado que involucra extensos núcleos de población campesina y a las guerrillas de las FARC, en zonas de absoluto predominio latifundista y paramilitar como Sucre, el Sur de Bolívar, Córdoba, Cesar, Magdalena, Nariño, Meta, Guaviare, Caqueta, Valle, Cauca, Santander del Norte, Arauca, Putumayo y Antioquia. Crisis que no se logra resolver con una composición política, entendida como la relación entre organización y práctica política en el Estado y fuera del Estado, inducida recientemente para incrementar las mediaciones políticas con partidos de cartón (la U, Alas, Cambio Radical, Convergencia Ciudadana), o las lógicas clientelares o el crecimiento paralelo de la importancia de las lógicas autoritarias, para responder al crecimiento de nuevas alteridades políticas en la sociedad.
Crisis, además, que hace que cada vez mas se repitan eventos que reflejan la autodeterminación de las masas populares, como la derrota del referendo en octubre del 2003, como un fenómeno antiestatal que indica el derrumbe incontenible de un sistema de creencias impuesto por el modelo neoliberal. Autodeterminación que, antes que nada, es lucha política y lucha de clases (así le moleste al señor Uribe Velez, quien sueña con una Colombia sin lucha de clases) porque es el lugar donde se funden las hipótesis teóricas y la factualidad de la determinación de las masas.
En la organización y gestión de las movilizaciones populares proyectadas para los día siguientes, no está por demás observar que hoy el contexto es otro, que el mapa de fuerzas es diferente, lo que exige una aproximación a la movilización de masas a partir de una nueva composición metodológica (no solo como recurso teórico sino político) que permita ver su dimensión molecular, los substratos y singularidad de los acontecimientos que la generan, la multiplicidad de lugares desde donde se gesta la movilización de masas (TLC, reforma tributaria, privatizaciones, recorte a transferencias, propiedad intelectual, intercambio humanitario), la articulación de su composición (juegos, enlaces, alianzas y articulaciones de la micropolítica y segmentariedad), su constitución subjetiva, la elaboración espontánea y consensuada de las tácticas, la forma discursiva, la forma material de los movimientos y hasta las constantes adecuaciones de las masas populares a los desafíos de la coyuntura. Se trata de encontrar en el laberinto de los recorridos, trayectorias, nomadismos del movimiento popular, los múltiples sujetos dispuestos a quebrar la estática del poder dictatorial uribista, desterritorializando la geografía del poder, inventado territorialidades y configurando un mapa de contrapoderes, como lo hace la insurgencia revolucionaria en su permanente movilidad para enfrentar el Plan Patriota y la guerra asimétrica imperialista financiada con el Plan Colombia.