Hace siete años, en la finca «La Esperanza» de la vereda de Palogordo de Girón (Santander), fueron arrebatados los sueños y las vidas de Luis Eduardo y Jesús Antonio Sánchez Quitián. Hace siete años, sus voces se apagaron llevando consigo su valentía y la verraquera que los puso ahí ese día; día en el que […]
Hace siete años, en la finca «La Esperanza» de la vereda de Palogordo de Girón (Santander), fueron arrebatados los sueños y las vidas de Luis Eduardo y Jesús Antonio Sánchez Quitián. Hace siete años, sus voces se apagaron llevando consigo su valentía y la verraquera que los puso ahí ese día; día en el que tuvieron que defender la tierra que forjó su familia.
El 21 de marzo de 2011, estos dos hombres junto a su padre, un hermano y un vecino llegaron a sus tierras preocupados por un incendio que el día anterior se encargó de consumir casi diez hectáreas. Una vez allí, descubrieron que había hombres en un cambuche con intenciones de arrebatarles sus tierras y despojarlos de los frutos de su trabajo.
Hicieron frente con argumentos a los perpetradores dirigidos por el reconocido político José María Franco, le presentaron los documentos que los constituían legalmente como propietarios de dichas tierras, sin saber a quienes realmente se estaban enfrentando. Esperaron, creyeron posible salir bien librados, pero fueron atacados y ultrajados, obligados a huir para proteger sus vidas. No obstante, no todos lograron hacerlo, Eduardo y Chucho fueron asesinados.
La familia Sánchez Quitián fue víctima del despojo de sus tierras. Como en otras regiones de Colombia, además de la violencia física, se empleó medios jurídicos con apariencia de legalidad: lograron reabrir un folio matrícula inmobiliaria ya cerrado; una juez de Piedecuesta decretó la adición a una sucesión sin que fuera procedente; los inspectores de policía y jueces contribuyeron sin cesar al despojo hasta que finalmente, el 21 de marzo de 2011, Luis Eduardo y Jesús fueron asesinados.
Por todas las irregularidades descubiertas en el cuestionado proceso civil fue sancionado disciplinariamente en primera y segunda instancia el abogado Orlando Soto Uribe. En el proceso penal se avanza con lentitud. Los autores de los hechos recobraron la libertad por vencimiento de términos; solo hasta el 16 de marzo de 2018 se inició el juicio oral.
Hoy los recordamos y sabemos que no podemos permitirnos olvidar. Fueron hijos, hermanos y tíos amados. La familia Sánchez Quitián anhela justicia y mantiene viva la esperanza que se establezca la Verdad de lo ocurrido. Hoy clamamos no solo por ellos, sino por todas las familias de la región que también fueron víctimas del despojo promovido por el poder político y económico de Santander. Su recuerdo alimenta la memoria de un pueblo que se resiste al olvido.