En un foro realizado la semana pasada en la Universidad de Antioquia frente a la implementación del Acuerdo de Paz, uno de los invitados anotó, de manera certera, que la disputa por la verdad es realmente una disputa por la legitimidad. En tal sentido, uno de los problemas más relevantes en la implementación de los […]
En un foro realizado la semana pasada en la Universidad de Antioquia frente a la implementación del Acuerdo de Paz, uno de los invitados anotó, de manera certera, que la disputa por la verdad es realmente una disputa por la legitimidad. En tal sentido, uno de los problemas más relevantes en la implementación de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición – SIVJRNR – derivado del acuerdo de paz en Colombia, está asociado a la crisis de legitimidad política en que pueda derivar el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de responsabilidad relacionado con los agentes del Estado, particularmente de autoridades civiles y militares, que hayan cometido delitos en hechos asociados al conflicto armado interno, y que tendrían que responder por sus actos ante sus víctimas, ante la Justicia, pero sobre todo ante la sociedad. De las FARC ya sabemos mucho de sus crímenes y delitos cometidos, aunque aún faltan aspectos por conocer, pero del papel de los agentes del Estado, conocemos poco.
Es evidente que en la agenda de negociación política entre el Estado colombiano y las antiguas FARC – EP, el punto de víctimas» fue de los más difíciles de lograr. Ya en aquellos días, se había sacado de la competencia de la justicia transicional a los expresidentes de la república. Pero también se explica que, posteriormente al acuerdo firmado en noviembre de 2016, se hayan tenido tantos obstáculos y tantos enemigos de parte de sectores del mismo Estado, para llevarla a su cabal cumplimiento.
En la puja por restarle competencias a la JEP de investigar, juzgar y sancionar, la Corte Constitucional decidió a finales del año 2017, y publicó en julio de 2018, que los terceros civiles (empresarios y agentes estatales que no pertenecen a la fuerza pública) ya no tendrían que acudir obligatoriamente a la jurisdicción especial, sino que podrían hacerlo voluntariamente. Así, quedó la justicia transicional, reducida solo para la fuerza pública y los ex combatientes de las FARC. Eran tiempos de los últimos días del gobierno Santos.
Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia en agosto de 2018, quien en campaña mantuvo en el debate electoral la posibilidad de reformas sustantivas a lo acordado, con especial interés en la verdad y la justicia transicional, y con la consolidación parlamentaría de mayorías de gobierno, se vendrían otros esfuerzos ejecutivos y legislativos por limitar ambos derechos. A pesar de que al día de hoy más de 1.900 integrantes de la fuerza pública se han sometido a la JEP, el Centro Democrático y otros partidos, insisten por la vía legislativa en crear secciones y salas especiales para ellos en la JEP, bajo el principio de la «honra y el buen nombre». Además, por iniciativa de la bancada uribista, también se intentó tramitar un acto legislativo para impedir que los mecanismos del nuevo sistema integral tuvieran acceso a documentos del Estado de carácter reservado o de seguridad nacional, acompañada de una visión estigmatizante de los integrantes de los mecanismos, calificándolos de tendencias de izquierda. En ambos casos, no solo se intenta reducir la competencia, sino cambiar las reglas de juego acordadas y mancillar la honra de los integrantes de la Comisión de la verdad, de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, es decir, ilegitimar su actuación y resultados.
En esta encerrona a la justicia transicional, la Fiscalía no ha tenido un papel menor. Es conocido por todos la apertura de investigación a funcionarios de la JEP anunciada por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el allanamiento ocurrido en sus oficinas, donde se inspeccionó y copio el expediente del caso 001 que se adelanta con 32 exjefes de las FARC en la nueva jurisdicción, y la obstrucción a la entrega de información. Además, son reiteradas las manifestaciones públicas de la antipatía manifiesta por el fiscal ante esta justicia transicional.
Los diversos hechos evidencian que distintos sectores del poder ejecutivo, legislativo y judicial, quieren socavar la posibilidad de esclarecer la verdad y reconocer los responsables, desentrañando el papel del Estado en las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridos durante este largo conflicto, para lo cual tuvieron que saltarse y violentar diversas reglas, instancias y procedimientos democráticos. Este salto de agentes estatales, civiles y militares, los ilegitima políticamente ante la ciudadanía como autoridad, y podría poner en cuestión su reconocimiento, porque es un poder ilegítimamente construido sobre la victimización de diversos sectores de la sociedad que reclaman verdad y justicia.
Pasar la página de la guerra a la paz implica lograr que haya justicia y transitar de esa actitud mezquina y encubridora de una parte de la verdad que no ha sido contada en el conflicto armado colombiano.
Un régimen político democrático no puede cabalgar sobre una historia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. El derecho a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad tienen costo político. Lo mejor es contar la verdad y asumir la responsabilidad, que las víctimas y la sociedad sientan que el derecho a la verdad y la justicia han sido satisfechos, y en tal medida, se pueda gozar como autoridad de la legitimidad que tanto se reclama, pero también que tanto se cuestiona.