Estas elecciones plagadas de hechos violentos, corrupción y fraude electoral, están precedidas del llamado del ex Presidente Uribe para «cerrarle el paso al chavismo criollo»; que explica la reaparición de las AUC como arma de la guerra sucia de la élite dominante. Escogieron el viernes 11, el día del aniversario 32 del asesinato de […]
Estas elecciones plagadas de hechos violentos, corrupción y fraude electoral, están precedidas del llamado del ex Presidente Uribe para «cerrarle el paso al chavismo criollo»; que explica la reaparición de las AUC como arma de la guerra sucia de la élite dominante.
Escogieron el viernes 11, el día del aniversario 32 del asesinato de Jaime Pardo Leal, candidato del movimiento de izquierda Unión Patriótica (UP) para atentar contra las sedes del Partido FARC, del Partido Comunista y de la UP, movimientos comprometidos con el Proceso de Paz, que siguen siendo objetivo militar de la extrema derecha violenta.
Estos atentados y numerosos panfletos amenazantes lanzados en todos los rincones del país llevan la firma de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), amnistiadas por Uribe en 2005, pero rearmadas luego como brazo del terror del régimen.
En 2017 el ex Fiscal General Gómez Méndez reconoció que: «El paramilitarismo surgió cuando sectores sociales y agentes del Estado consideraron viable combatir a la guerrilla con métodos ilegales». Si le dan continuidad a las AUC esto marca una fase superior de contrainsurgencia.
La actual campaña de terror se agrega a las anteriores arremetidas contra los líderes sociales y comunidades que se oponen a este Tercer Gobierno de Uribe, con la que buscan hacer trizas el Proceso de Paz y desvertebrar el acumulado político de los movimientos populares, expresado en parte, en los más de ocho millones de votos en las elección presidenciales de 2018.
El régimen acuñó el término «chavismo» para aplicarlo a movimientos populares de izquierda e incluso a partidos de centro, poniéndolos en la picota pública del odio y la violencia narco paramilitar.
Después del 2016 el paramilitarismo se expandió a regiones donde operaba las FARC, zonas ahora militarizadas, donde las comunidades y diferentes movimientos sociales se sobreponen a la amenaza y el asesinato, para continuar luchando contra la megaminería, la erradicación forzada de cultivos y el despojo de tierras.
En ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Cali, además de la presión violenta que los paramilitares ejercen sobre el voto, hay amenaza electoral por la compra de votos y otros refinados mecanismos de fraude electoral.
Los movimientos populares pierden el miedo para movilizarse por sus derechos, ejercen su libertad para decidir y construyen una fuerza alternativa a los viejos partidos de la élite, que presiona por una salida política del conflicto.