Los delegados plenipotenciarios de las FARC, desde La Habana, señalan que los planes para aniquilarlos han fracasado.
El 18 de octubre de 2012 inició, en Oslo, Noruega, uno de los procesos más importantes para buscar la paz en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, después de largas y secretas conversaciones, decidieron sentarse para dialogar sobre los problemas más acuciantes de su país. Ese día el mundo pudo ver, en directo, como cada delegación respondía al reto de la historia desde sus demandas políticas. Los diálogos continuarán el 15 de noviembre en La Habana, Cuba.
El Telégrafo quiere propiciar el análisis que tal proceso ha generado y contribuir a la discusión pública de las tesis de ambos actores. En ese contexto, contactamos a los Delegados Plenipotenciarios de la Paz de las FARC-EP en La Habana, vía electrónica. Aquí se revelan algunos aspectos que ahondan la posición de las FARC respecto al momento histórico en el que se dan estos nuevos diálogos. Las respuestas fueron escritas por Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Andrés París.
¿Cuáles fueron los principales argumentos para empezar un nuevo proceso de diálogo por la paz en Colombia?
Desde siempre hemos buscado una salida dialogada al conflicto social y armado que vive Colombia. Las banderas de la paz pertenecen al pueblo y somos parte sustancial del mismo. Tras más de 50 años de continuos fracasos del Estado y los sucesivos gobiernos en la lucha contrainsurgente, ahora dan muestras de realismo político y militar. Nos buscan para dialogar y encuentran a un interlocutor dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta que si hay voluntad política de la contraparte se podrá avanzar hacia una paz con justicia social.
¿En qué momento y cuáles son los elementos que incidieron para que Juan Manuel Santos decida tratarlos como fuerza beligerante y no como terroristas?
Nos trata como insurgencia obligado por la realidad. El cumplimiento del compromiso de aniquilarnos militarmente adquirido por el gobierno anterior ante la Casa Blanca fracasó, como fracasaron igualmente los programas impuestos: el Plan Colombia y sus variantes el Plan Patriota y el Plan Consolidación, entre otros, obligando a la oligarquía, en cabeza de Juan Manuel Santos, a reconocer la existencia del conflicto social y armado que afronta el país.
Esa realidad obligó al reconocimiento de hecho de nuestro carácter de fuerza beligerante, aunque ellos no lo quieran reconocer a través del derecho, pese a que tengamos todos los requisitos: somos una organización político-militar con mando centralizado; nos guiamos por nuestras propias normas organizativas y disciplinarias; estamos desplegados en todo el territorio nacional; nuestros combatientes visten uniforme y portan visiblemente sus armas y en la mente llevan el programa revolucionario de la Nueva Colombia, la Patria Grande y Socialismo.
La imputación de terroristas no se la creen ni los mismos que nos la han achacado. Usted puede ver a los señores del gobierno reunidos con nosotros, a representantes de prestigiosos gobiernos aportando al proceso que se inicia y puede leer el alud de pronunciamientos hechos a diario. En ninguna parte aparece el término al que usted refiere. Muchos analistas, de tendencia liberal, dicen que ustedes se sientan a dialogar porque están en una situación de «derrota estratégica». Con vencidos o derrotados no se dialoga. Se impone la voluntad del vencedor. Esa es la esencia de la guerra.
¿Es legítimo sentarse a negociar con un Estado que muchas veces ha actuado de acuerdo a los lineamientos de EE.UU. de considerar a Latinoamérica como un patio trasero de experimentos bélicos para apropiarse de recursos naturales?
Las FARC-EP no están negociando nada, porque nada tiene que negociar. Dialogamos con el gobierno en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado.
La permanente injerencia de los EE.UU. y otras potencias en Colombia es una de las causas fundamentales de la guerra que sufre nuestro pueblo. Sin esa abundante ayuda económica y militar (Colombia es el tercer país receptor de ayuda militar gringa), sin el recibimiento de asesores, de equipamiento y entrenamiento de tropas, de soportes en el área de la inteligencia militar, el ejército oficial habría colapsado hace rato.
El Estado colombiano, cumpliendo órdenes de Washington, declara la guerra y la desarrolla. Son ellos, EE.UU., quienes tienen que pararla. Es con ellos que debemos entendernos. Los vietnamitas mientras enfrentaban la guerra de agresión de Francia y luego de los EE.UU. dialogaron con sus agresores sin abandonar los principios. Es una enseñanza que hay que tener en cuenta.
¿Saben ustedes cuál es la postura oficial -pero no pública- del gobierno de Barak Obama sobre estas nuevas negociaciones de paz? ¿Trataron este asunto con el gobierno colombiano antes de las conversaciones?
Voceros del Departamento de Estado de los EE.UU. han felicitado públicamente al señor Santos por iniciar las conversaciones. Antes del viaje de la delegación de las FARC-EP a Oslo, Noruega, hubo una inusual declaración del mismo Departamento, y con posterioridad a Oslo, un tercer pronunciamiento bastante prudente.
Hubiera sido bueno que en la última comparecencia de los candidatos en la Tv, Obama se hubiese ocupado de América Latina y fijado la posición de su próximo gobierno frente al conflicto colombiano. No obstante, en una desacostumbrada entrevista Obama habló de sus deseos de paz para Colombia y formuló su propósito, como es lógico sin consultar los intereses de la mayoría, exponiendo que para él el conflicto se resuelve simplemente con que las FARC-EP dejen las armas. Una visión desafortunadamente irreal y unilateral.
¿En qué medida la presencia de delegados ex militares en la mesa de negociación cambia positivamente las condiciones para llegar a un acuerdo de paz? ¿Conocen mejor los militares las sinuosidades no políticas de la lucha armada?
En procesos de diálogos anteriores también participaron algunos generales retirados, como es el caso del general Forero Delgadillo, o del general Joaquín Matallana, quien siendo coronel encabezó el ataque contra la región de Marquetalia. Hoy hacen presencia en la mesa dos de los hombres que apostaron por la derrota militar de nuestra organización guerrillera. Es deseable que generales en servicio activo también se vinculen, muchos de ellos han sido asaltados en su buena fe para adelantar una guerra en contra de su propio pueblo.
Por otra parte, la Fiscalía dice que hay más de 15.000 militares investigados por diversos delitos: los homicidios fuera de combate (falsos positivos), los vínculos con el paramilitarismo, las desapariciones, torturas, abusos de poder son lastres que avergüenzan a militares honestos. El fantasma de lo que ocurrió a los generales en Argentina, Uruguay, Guatemala, el Salvador ronda hoy en los salones dorados de los clubes de oficiales de las FF.MM. y de Policía. Esperamos que los militares por fin aporten a la paz del país.
Antes de continuar con los puntos a tratarse en la agenda de los diálogos, quisiéramos saber dos cosas: 1.- ¿Hay consenso al interior de las FARC de que es la hora de negociar la paz y abandonar las armas?
La bandera de la paz es nuestra. Desde nuestros orígenes hemos planteado soluciones diferentes a la guerra. Es parte de nuestra línea política. Por ello existe unanimidad en adelantar los diálogos con el gobierno, de eso que no quepa la menor duda.
Este es un proceso que apenas comienza. Cada punto de la agenda contempla unos sub-puntos que habrá que desarrollar con creatividad para ir encontrando fórmulas de acuerdos que deben comenzar a plasmarse en la vida práctica de la sociedad colombiana. Si en la refrendación e implementación de los acuerdos se van obteniendo resultados concretos, se transitará hacia un país que ataca las causas que han dado origen al conflicto; seguramente esto hará innecesario el uso de las armas que legítimamente hemos empuñado hasta el momento.
La guerra nunca ha sido un fin para los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC-EP, por tanto, si dejan de existir las causas que hicieron tronar las armas, estas se silenciarán y no tendrán ninguna utilidad.
Y dos: ¿Aún consideran a la lucha armada como una alternativa militar y política mientras en la mayoría de países, sobre todo en el Sur de América, hay procesos políticos que los más optimistas han calificado de progresistas? ¿Cómo miran ustedes esos procesos?
Los pueblos de nuestra América y del mundo tienen derecho a luchar por sus intereses y en contra de aquellos que usurpan sus derechos y riquezas. La forma de lucha es decisión de cada pueblo consultando las realidades que vive. Las FARC-EP no son pregoneras de la lucha armada específicamente, esta no surge por decreto de nadie. Obedece a factores muy específicos de cada sociedad. Como revolucionarios nos solidarizamos con todas las luchas de los pobres de la tierra.
En Colombia no se permite hacer política de otra manera. El carácter violento, asesino y sanguinario de las apátridas élites nacionales, plegadas a las políticas del Pentágono (un Estado violento que utiliza el terrorismo como método preferido de dominación), así lo confirman. Una larga lista de otros factores hace que nuestro país sea tierra fértil para la expresión armada de la lucha, sin ir más lejos, la desigualdad social. Nuestro país ocupa el vergonzoso cuarto lugar sobre la lista a nivel mundial… y ¿qué decir de la corrupción? Nuestros gobernantes, metidos hasta los tuétanos en negocios sucios, no respetan ninguna norma moral, mucho menos una carta ética. Y como corolario, el hecho real de que en nuestro país aquel que disienta del sistema y sus políticas se convierte automáticamente en objetivo militar.
En otros países de la Patria Grande se dan procesos en los cuales hay gobiernos que consultan y representan los intereses populares, toda nuestra admiración y solidaridad para con ellos. Entre otras cosas esa realidad influye positivamente en este nuevo intento de salida dialogada al conflicto.
Uno de los puntos básicos de la agenda de diálogos es el tema agrario. Si consideramos que ningún país latinoamericano ha hecho una reforma agraria, ¿qué les lleva a pensar y plantear que el Programa Agrario de las FARC puede encontrar eco en el gobierno de Santos que ha propuesto una ley de desarrollo rural? ¿Cuáles serían los puntos que harían avanzar un acuerdo básico en este tema?
No es sólo el Programa Agrario de los Guerrilleros, aprobado en 1964 y que sigue absolutamente vigente, sino que además nos adecuamos a las nuevas realidades, abocándonos a construir soluciones que garanticen los derechos de los campesinos, indígenas y afrodescendientes, generando condiciones de vida digna producto del trabajo.
Consultando los conceptos de tierra, territorio y espacialidad, desarrollo amigable con la tierra se resalta, por cierto, que el capitalismo amenaza la propia existencia del planeta; lo que reivindicamos es una explotación racional de los recursos, acorde a una existencia digna del ser humano. Por otra parte, el discurso pronunciado en Oslo por el Comandante Iván Márquez a nombre de las FARC-EP y firmado por el Secretariado Nacional de la organización, denuncia la trampa de la llamada ley de restitución de tierra, por medio de la cual se pretende legitimar el despojo de miles de hectáreas. El ardid: la «venta» o «arrendamiento» de la tierra a los campesinos, comunidades indígenas y afro-descendientes de manera legal. Una vez legalizadas las transacciones, los terrenos son despojados o «confiscados» por necesidad del Estado.
Frente a las dificultades jurídicas que pueden derivarse si ustedes se desmovilizan, como producto de estas conversaciones, ¿qué salidas concretas proponen para cambiar la percepción de una opinión pública formada en la desconfianza y en la idea de que muchas de sus acciones fueron criminales y que deben pagar por ellas antes de pensar en una abierta participación política?
Ya tenemos claro que no habrá desmovilización. Llegaremos a acuerdos sobre la dejación de las armas, en el sentido en que estas pierdan su razón de ser al resolver las causas de la guerra. No es posible mirar la institucionalidad de una manera estática. Si estamos levantados contra ella actualmente no es con esa misma institucionalidad que se construirán los caminos de la paz. Se deben hacer cambios y es la mesa de conversaciones la encargada de proponerlos, y de construir los acuerdos necesarios para atender las situaciones derivadas de los mismos.
De llegar a un acuerdo, ¿tienen ustedes un plan o proceso de desmovilización que asegure a los guerrilleros no solo una situación jurídica segura sino una reintegración social paulatina? ¿Y una reintegración económica?
Desafortunadamente la desinformación es la cuarta arma en la guerra. Los medios de comunicación hacen mella. Pensamos que lo positivo es mirar el proceso que estamos iniciando con objetividad hacia ambas partes y no generar expectativas irreales con exigencias que no corresponden a la insurgencia. Nos preguntas sobre la reintegración nuestra a la sociedad, a la economía y nuestra respuesta no puede ser que otra pregunta: ¿Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la sociedad?.
El proceso de construcción de la paz con justicia social resolverá los problemas de la población colombiana en general. Los guerrilleros y las guerrilleras nos incluimos ahí. En otras palabras, resueltos los problemas de pueblo, del cual somos parte esencial, estarán resueltos también los problemas de la guerrillerada.
Desde diversas esferas siempre se ha relacionado a las FARC con el narcotráfico; pero es el Estado el principal responsable de no controlar la producción y el tráfico de alcaloides. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a un tema que no solo le concierne a toda la sociedad colombiana sino a las redes internacionales que lucran de este negocio?
Estamos de acuerdo con ustedes sobre la responsabilidad del Estado en ese fenómeno. Sin desconocer la gravedad del problema para los pobres del mundo, es necesario precisar que el narcotráfico es un pretexto usado por los gringos para agredir a los pueblos. Citemos sólo tres ejemplos: la invasión a Panamá; el Irangate, para financiar actividades encubiertas (como llaman a los delitos de los organismos de inteligencia); el Plan Colombia, como forma de justificar su descarado intervencionismo en territorio colombiano y latinoamericano.
Afirmamos con vehemencia que no somos narcotraficantes y no lo hemos sido jamás. No tenemos cultivos, no los cuidamos, no tenemos laboratorios y tampoco comercializamos la cocaína. Lo que nosotros hacemos es cobrar impuestos a las actividades económicas que se realizan en los territorios donde ejercemos influencia, incluyendo el mercado de la hoja de coca. Eso es lo que llaman participación en el narcotráfico. Muestra palmaria son nuestras propuestas de soluciones posibles a este nefasto problema. En 1993 propusimos atacar el fenómeno del narcotráfico como un problema social y de salud y no con soluciones represivas y medidas de policía. Después, en el 2000 propusimos la legalización del consumo de sicotrópicos, nos miraron con desdén y sin embargo esa realidad se abre paso actualmente como forma de solución.
Igualmente, en el mismo año, en el marco de los diálogos desarrollados con el gobierno de Andrés Pastrana, se realizó una audiencia pública internacional sobre el tema. Allí propusimos un plan elaborado por el comandante Manuel Marulanda, para erradicar los llamados cultivos ilícitos. El plan fue visto con buenos ojos y recibió comentarios positivos, pero a la hora de ponerlo en práctica ningún país, ninguna organización, ninguna personalidad dijo nada y allí quedó, en el olvido. Otro elemento para sus conclusiones: ¿Por qué las recientes avalanchas de declaraciones, denuncias y confesiones hechas por los narcotraficantes siempre vinculan a políticos en ejercicio, militares en ascenso, ganaderos vinculados con paramilitares, y empresarios? ¿Quiénes son lo que verdaderamente se lucran de este negocio?
¿Cuáles son los mea culpa de las FARC luego de tantos años de lucha y dolor para quienes están dentro y fuera de la guerrilla en Colombia?
No es posible abordar la tarea de la construcción de la paz pensando únicamente en las responsabilidades de la guerrilla, desconociendo la realidad, olvidando quiénes son los verdaderos causantes de la violencia y viendo como única salida la claudicación del pueblo que lucha por sus derechos.
Nunca nuestro Ejército ha realizado operativos contra objetivos civiles, está en nuestros lineamientos éticos proteger a la población, sus bienes. Es más, hace parte de nuestra esencia como Ejército del Pueblo. Preguntémonos más bien ¿quién se esconde tras la población civil?, ¿quiénes tienen los cuarteles e instalaciones en medio de los poblados desconociendo la normatividad internacional?, ¿quiénes se atrincheran en las escuelas?, ¿quiénes se hacen transportar por civiles? Y un largo etcétera de violaciones a las leyes que rigen la guerra.
Si por situaciones de la confrontación hemos hecho algún daño a la población civil, esa no ha sido nunca nuestra intención y estamos dispuestos a aclarar cualquier duda en ese sentido.
¿Qué posición tienen acerca de la frase del negociador De la Calle cuando dijo que «… no serían rehenes de la mesa de diálogo…»?
De la Calle muestra la posición y urgencias del gobierno de Santos. Ellos están presionados por las transnacionales para continuar el inmisericorde saqueo de nuestras riquezas. Acostumbrados a hacer lo que les viene en gana, de acuerdo a sus intereses y en medio de su prepotencia, no entienden cómo el pueblo en armas exige participación en las decisiones del país, para las mayorías.
No queremos considerar las palabras de Santos como una amenaza al proceso. El compromiso firmado es trabajar en los acuerdos de manera eficaz. Aprendimos de nuestro Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez, que el trabajo para lograr la paz de nuestro pueblo se debe hacer «lento pero seguro».