El pasado 19 de octubre el Consejo Gremial en el que convergen los principales gremios del país emitió una declaración planteando su posición respecto a los diálogos de paz [3]. La misma es muy significativa políticamente por cuanto expresa los intereses de la clase dominante respecto a la búsqueda de salidas al conflicto armado. La […]
El pasado 19 de octubre el Consejo Gremial en el que convergen los principales gremios del país emitió una declaración planteando su posición respecto a los diálogos de paz [3]. La misma es muy significativa políticamente por cuanto expresa los intereses de la clase dominante respecto a la búsqueda de salidas al conflicto armado. La declaración que, por esos artilugios del poder, fue presentada como un espaldarazo a «la política de paz» del gobierno Santos [4], en realidad, es manifiestamente opuesta a la solución política negociada del conflicto armado. En el comunicado dado a conocer los gremios formulan fuertes cuestionamientos a la condición de las partes en la negociación, adversan los posibles alcances de los acuerdos en materia territorial, agraria y de justicia e insisten en la tesis negacionista de la genealogía y el desarrollo del conflicto armado señalando que: «las razones que dieron origen a la creación de comisiones de la verdad en países como Argentina, Chile y Sudáfrica, no se encuentran presentes en Colombia», donde según estos, siempre ha primado la democracia, la libertad y el Estado de derecho .
En el presente artículo se analizará el comunicado gremial enfatizando en l as principales críticas formuladas por el Consejo y sus implicaciones.
¿Por qué y cómo negociar?
Sobre la primera de estas dos cuestiones el discurso empresarial es falaz y en cuanto a la segunda insidioso. La falacia reside en vindicar como justificación de las negociaciones «razones humanitarias» que históricamente y hasta el presente son extrañas a la clase dominante, pues si de veras ellas tuviesen cabida hace mucho tiempo se hubiera transitado el camino de la solución política negociada. Cabe preguntar ¿por qué solamente luego de seis décadas de guerra le surgen a este importante sector de la clase dominante razones humanitarias? ¿Por qué dicho humanitarismo no se pone en práctica transformando las condiciones laborales de sobreexplotación [5] impuestas por ellos sobre los trabajadores?
Lo que se muestra más cierto en la respuesta gremial es su desasosiego por el profundo debilitamiento de su posición en la dirección de «la economía nacional». Y no es para menos, pues luego de 25 años de neoliberalismo la existencia de algunos gremios como el de los industriales es más bien espectral. Ello como resultado del avance de las tendencias monopólicas del capitalismo, y fundamentalmente de la tradicional condición de sumisión de la burguesía «nacional» ante el capitalismo metropolitano.
Durante las últimas décadas los únicos negocios boyantes en el país han sido el extractivismo minero-energético, la actividad financiera especulativa, el rentismo inmobiliario y la «industria» de guerra, por ello no resulta extraño el tránsito de dirigentes gremiales como Luis Carlos Villegas de la presidencia de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) a la dirección del Ministerio de Defensa.
En cuanto a cómo negociar los empresarios sientan una posición que de aceptarse pondría la Mesa de Conversaciones patas arriba , devolviendo los diálogos a la fase preparatoria. Según ellos: «la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país (…) la negociación debe transcurrir dentro de la Constitución, y no por fuera de sus preceptos». Ésta aseveración no sólo contraria la posición gubernamental, la cual ha partido de reconocer que el origen y existencia de la insurgencia responde a la ilegitimidad del Estado y que la negociación se produce entre partes en igual condición en la Mesa, sino que apuesta a desandar el trayecto caminado para situar las negociaciones en los marcos de un proceso jurídico de sometimiento que de entrada negaría las posibilidades para que la insurgencia tenga un lugar activo en el ejercicio de la política legal.
La intocable estructura agraria
El punto al que mayor cuidado dedican los empresarios es el que tiene que ver con la estructura agraria, siendo el latifundio y el modelo de desarrollo agrario las cuestiones sobre las que concentran su atención. En estas materias los gremios llaman a reteñir lo que denominan «la línea roja de la no negociabilidad». Para los gremios, los instrumentos jurídicos existentes [6] con los cuales puede afectarse la propiedad territorial «deberán ser revisados y reglamentados en su aplicación, en un marco de garantía del debido proceso y la legítima defensa [7] de los propietarios legales de la tierra». Es decir, antes que propiciar condiciones para la democratización de la tierra lo que el Consejo reclama es el blindaje jurídico del latifundio.
En cuanto a la defensa del modelo de desarrollo los gremios reiteran la defensa de «la empresarización y asociatividad como instrumentos de competitividad y articulación a los mercados», señalando que «no se puede aceptar que un país estructure su modelo de desarrollo sobre criterios y políticas excluyentes entre pequeños, medianos o grandes productores, sino sobre la consolidación de una clase empresarial en sus diferentes tamaños y modelos (…)». Lo que ratifican los gremios, en particular los vinculados con los intereses terratenientes y agroindustriales (Fedegan, SAC, Fedepalma y Asocaña), es su aristocrático rechazo a que las políticas agrarias puedan conllevar algún beneficio para el campesinado y los trabajadores rurales. La posición empresarial se orienta a la defensa de los aspectos centrales del modelo de desarrollo en curso como son: la legalización de los baldíos usurpados al campesinado en las dos últimas décadas, la defensa de la política agraria en función de los monocultivos de agrocarburantes y la consolidación de la precarización laboral disimulada en la eufemísticas «alianzas productivas».
Justicia: ¡no para los empresarios y menos si son norteamericanos¡
El Consejo gremial reacciona igualmente con bastante inquietud ante el alcance que puede tener el acuerdo logrado sobre el punto de justicia. Dicen los empresarios: «La posibilidad de responsabilidades indirectas nos genera preocupaciones. (…) la jurisdicción de paz es universal; no reconoce inmunidades ni fueros. Esto significa que funcionarios dotados de fuero de acuerdo con la Constitución y la Ley podrían ser procesados en ese Tribunal. Si así fuere, no sería una opción adecuada para aclimatar la paz. Un grado tal de generalidad conduciría, además, a que puedan ser llamados por el Tribunal personas de cualquier nacionalidad distinta a la colombiana, que podrían, de una u otra manera, haber estado involucrados en el conflicto colombiano». Sosteniendo líneas más adelante, en contravía a lo dicho, que: «cualquier persona que haya cometido crímenes relacionados con el conflicto armado, deberá responder ante la justicia».
Lo que explicitan estos contradictorios enunciados es la negativa a reconocer las hondas responsabilidades de la clase propietaria en el origen, desarrollo y prolongación del conflicto armado. A pesar que el carácter contrainsurgente del Estado colombiano ha tenido como fundamento la defensa de los privilegios de las clases acomodadas y el aseguramiento de la dependencia, las mismas consideran que la guerra no ha sido asunto suyo ni de sus «socios» extranjeros. La insistencia en dejar fuera del alcance de la jurisdicción para la paz a los extranjeros revela el profundo carácter colonial y subalterno del empresariado, estos, que en su mayoría son norteamericanos, con un arraigado compromiso en el desarrollo de la guerra en Colombia resultan siendo para los gremios intocables para los tribunales de la jurisdicción especial de paz.
Contrario a lo que piensa el Consejo la construcción de la paz pasa precisamente por desmontar los privilegios de los cuales han gozado ciertos sectores sociales a la hora de aplicar justicia. Mientras se siga asumiendo que la justicia es sólo para los de abajo la paz continuará siendo una quimera.
Conclusión
El comunicado del Consejo gremial permite inferir varias cuestiones: la primera, que existen posiciones divididas al interior del bloque gremial como lo evidencian las afirmaciones encontradas en torno a las negociaciones de paz, la segunda, que al interior del Consejo priman las posiciones contrarias a las reglas acordadas para la negociación (Acuerdo general) y a las implicaciones de los acuerdos alcanzados en los puntos 1, 2, 4 [8] y 5, la tercera, que dado el poder de las transnacionales en el control del aparato productivo los gremios tienden a convertirse en abogados de oficio -con jerga castrense- de sus intereses, y cuarta, que persiste la tesis negacionista del conflicto armado a partir de la cual se legitima el terror y la violencia ejercidas por el Estado durante décadas.
En una coyuntura particularmente difícil de los diálogos de paz, marcada por la negativa gubernamental a divulgar íntegramente el Acuerdo sobre la jurisdicción especial de paz, la declaración de los gremios conlleva un mensaje bastante negativo para el avance y culminación satisfactoria de los mismos. Aunque la declaración denota ciertas ambivalencias que parecen favorecer el desarrollo del proceso de paz, lo que se resalta en ella es el enorme peso que ostentan las posiciones reaccionarias [9] contrarias a cualquier modificación en la atrasada estructura agraria del país, al establecimiento de una jurisdicción especial de paz y en últimas a la solución política al conflicto armado.
Referencias
[1] El Consejo Gremial Nacional fue constituido por los gremios más poderosos del país en 1991.
[2] El término, utilizado por los empresarios en el comunicado, es una traducción de «Red line», noción usualmente empleada por el Complejo Militar Industrial norteamericano en el despliegue de su geopolítica.
[3] Las frases que en el presente artículo aparecen entrecomilladas sin nota a pie de página, corresponden al documento titulado: «Reflexiones del Consejo Gremial sobre el proceso de negociación con las FARC en La Habana».
[4] Inicialmente el comunicado glosa la muletilla constitucional sobre la paz, expresa su respaldo a la negociación que se adelanta con las FARC-EP y cataloga como valiosos los resultados alcanzados hasta el momento. A partir de allí los gremios se distienden en señalar numerosos reparos y críticas, que acaban por dar al texto en su conjunto un carácter opuesto al que le otorgaron los monopolios mediáticos durante la jornada que fue presentado.
[5] La sobreexplotación de la fuerza de trabajo es el fundamento de la dependencia latinoamericana. Los trabajos de Ruy Mauro Marini y más recientemente de Jaime Osorio desarrollan ampliamente esta tesis.
[6] L a expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública y la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. El primero sido bastante empleado para legalizar el despojo territorial a las comunidades rurales para abrir paso a la valorización adelantada por los megaproyectos primario-exportadores.
[7] «La expresión «legítima defensa» fue utilizada por primera vez por Aquilino Villegas en el año 38 -gobierno de Eduardo Santos- y se convirtió, junto con el «atentado personal», en pieza doctrinaria estratégica del Partido Conservador para «hacer invivible la República Liberal», consigna dada por Laureano Gómez para derrotar la Ley 200, la de la función social de la propiedad». Molano, Alfredo, Marcos y Dianas, El Espectador, Octubre 31 de 2015.
[8] Sobre los acuerdos del punto 4, los gremios insisten en el mantenimiento de la política de erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito.
[9] En 1985 en el marco de los diálogos de paz del gobierno de Belisario Betancur , las concepciones reaccionarias orientaron la postura de los gremios, los cuales manifestaron en un comunicado: «necesitamos un despertar de las consciencias frente a estos peligros representados en la pretensión de algunos grupos, que al amparo de los acuerdos y la apertura política que se está buscando, aspiran a darle el zarpazo final a nuestras instituciones para abrir paso a la anarquía y el totalitarismo». Alerta de los gremios frente a la paz, El Tiempo, Mayo 1 de 1985. Por esa época, las denominadas «consciencias» efectivamente «despertaron» y se recrudeció el terrorismo de Estado.
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