La paz completa es tal vez una de las más profundas aspiraciones de todos los colombianos. Erradicar la violencia de manera definitiva constituye en anhelo genuino de los sectores populares, los más afectados por el uso de la fuerza por las castas oligárquicas que recurren al atropello para mantener sus privilegios y el control de los puntos neurálgicos del poder político y del Estado.
En el 2016 se firmó un Acuerdo entre el Estado y un sector de las Farc que no logró poner término a la violencia en sus causas estructurales y que fue hecho trizas por el régimen neonazi de Iván Duque. El sabotaje a la paz devino en la constitución de un tercer ciclo de la violencia colombiana en que el gobierno de Duque ejecuto una ruta de masacres, exterminio de líderes sociales y asesinatos sistemáticos de ex combatientes de las guerrillas de Marulanda Vélez. Se trata de una fase en la que intervienen las guerrillas del ELN; las neo insurgencias de las Farc en sus diversas variantes territoriales, caracterizadas de manera inapropiada por el Ejército y la Policía como disidencias o grupos residuales delincuenciales y sin sustento político en la disputa con el régimen oligárquico dominante, se trata de las Farc EP liderada por IvanM y la Nueva Marquetalia de Márquez; y las expresiones de la guerrilla maoísta en la prolongación del EPL surgido en los años 60 del siglo XX.
En la intensa pasada campaña electoral los dos principales candidatos presidenciales (Petro y RodolfoH) expresaron su disposición de reactivar los Acuerdos con las Farc en los sentidos originales del texto pactado en 2016 y buscar acuerdos con las guerrillas existentes.
A dos días de conocerse el triunfo de Gustavo Petro como presidente de la república en representación de una coalición progresista de izquierda, el ELN ha emitido un comunicado para manifestar su disposición a un dialogo con el nuevo Presidente y los términos que ha colocado para una eventual negociación son los siguientes:
Primero.
El nuevo Gobierno del Pacto Histórico tendrá que hacer frente a las más importantes transformaciones que se requieren para conquistar una Colombia en paz, como la integración política y económica de la población, sin destrucción ambiental y desde nuevas perspectivas de los conceptos de Seguridad y Derechos Humanos.
Segundo.
Los factores que obstaculizan el fin del conflicto armado y la violencia política son la concepción de considerar como enemigo del Estado a las propias comunidades del país, lo que descarta los diálogos y aplica la más brutal fuerza sobre los pueblos excluidos; así como opera la variable perversa y violenta que ha convertido al establecimiento en un régimen basado en la corrupción y el crimen organizado.
Tercero.
La discriminación histórica practicada por los grupos dominantes respecto de los pueblos indígenas, afrodescendientes y las clases empobrecidas del campo y la ciudad, se volvió una causa poderosa para las manifestaciones de protesta de aquellas fuerzas sociales alternativas que incluso han buscado ser parte del tablero político; pero que hasta ahora, sólo han recibido criminalización en todas sus formas, desde políticas hasta mediáticas, pasando por la violencia paramilitar.
Cuarto.
La mundialización de la ortodoxia liberal, acentuada desde inicio de los 90 del siglo XX mediante los denominados Tratados de Libre Comercio, TLC, benefician la dependencia importadora y acaban con cualquier posibilidad de producción propia. En consecuencia, sin plazas de trabajo formal y decente, se ha multiplicado el empleo basura e informal, la cesantía crónica, la desigualdad en los sectores medios; mientras que alrededor del 50 por ciento de la riqueza socialmente generada es utilizada para pagar al Fondo Monetario Internacional, FMI, una deuda externa ilegítima y odiosa, tomada por las clases dirigentes, a costa del empeoramiento dramático de los sistemas sanitario y de enseñanza públicos.
Quinto
La clase terrateniente ha arrebatado más de ocho millones de hectáreas al campesinado, a través del desmontaje de las tímidas reformas agrarias, verdadero robo de suelo que arrojó a los obreros agrarios y campesinos a las plantaciones ilícitas y a la migración a las urbes.
Sexto.
Cambiar la agricultura de especies ilegales solamente es una de las condiciones necesarias para terminar con la industria del narcotráfico. El fenómeno no finalizará, así como así, considerando los negocios ligados al comercio internacional de drogas, sus fábricas de procesamiento y el lavado del narco-dinero. La derrotada lucha contra el narcotráfico, tras medio siglo de calamidades, exige medidas acordadas con los gobiernos de los países demandantes.
Séptimo.
Convenir ampliamente un método para llevar adelante la transición energética y enfrentar rápidamente la crisis ambiental, sin que ello signifique perder la soberanía en materia de energías ni continuar con el ecocidio extractivista.
Octavo.
Si el Gobierno de Petro aborda adecuada, democrática y concretamente los aspectos antes señalados, contará con el apoyo de los movimientos sociales y populares del país, que en los recientes 2019 y 2021 han manifestado contundentemente sus requerimientos.
Noveno.
El ELN reafirma sus modos de resistencia político-militares, dejando claro que están absolutamente dispuestos a continuar caminando sobre un proceso de paz, violentamente cercenado por el régimen uribista, pero que puede restaurarse a través de la mesa de conversaciones entre el Estado y la guerrilla que comenzó en febrero de 2017, en Ecuador.
Los anteriores son los puntos centrales que han de considerarse en una reapertura de estos diálogos y negociaciones de paz que permitan concretar, ahora sí, la paz completa y con alcances favorables a los derechos del pueblo.
Seguramente un nuevo escenario de paz construido con el ELN atraerá positivamente a las otras tendencias insurgentes sumidas en el recelo y la justificada desconfianza.
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