El destierro como política represiva y la presencia en el exterior de exiliados que denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Chile, movieron a la dictadura a extender la represión más allá de las fronteras a través de la Dina, brazo ejecutor de secuestros, asesinatos y desapariciones, en el marco de la Operación Cóndor. […]
El destierro como política represiva y la presencia en el exterior de exiliados que denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Chile, movieron a la dictadura a extender la represión más allá de las fronteras a través de la Dina, brazo ejecutor de secuestros, asesinatos y desapariciones, en el marco de la Operación Cóndor. Así lo consignó el Fiscal General argentino, Pablo Ouviña, en su alegato durante el debate oral y público por la asociación ilícita internacional para la eliminación de militantes de Izquierda implementada por las dictaduras del Cono Sur en los 70. En el juicio, que comenzó en 2013, son juzgados 18 ex generales y coroneles argentinos y un uruguayo.
En su introducción al caso chileno, Ouviña remarcó que «al momento del golpe de Estado no estaba predefinido el método de represión a utilizar», lo cual «implicó que la consolidación del modelo represivo chileno demorara por lo menos dos años». En ese sentido, el fiscal recordó que «la dictadura chilena pasó de un esquema de detención en grandes campos de concentración, fusilamientos e internamiento de los principales dirigentes del gobierno de la Unidad Popular, a un modelo de represión clandestino».
Ouviña describió la implementación del destierro a través del Decreto-Ley 81 que facultó la expulsión o prohibición de retorno a Chile de personas que estuvieran fuera del país. Aquella disposición habilitó a la dictadura a comenzar el vaciamiento de los campos de concentración y provocó que fueran expulsados los principales cuadros de los partidos y organizaciones políticas del Chile democrático que sobrevivieron tras el derrocamiento del gobierno constitucional.
LOS PAPELES DE ARANCIBIA CLAVEL
La Dina contaba con una subdirección exterior, que desarrolló estrategias para desalentar o finalizar las actividades de denuncia desde el exterior y se planteó también la realización de operaciones criminales. A partir de 1974, la Dina desarrolló cada vez más su capacidad extraterritorial. Contaba con personal y era también fortalecida con la colaboración de servicios y organizaciones extranjeras. En efecto, cuando el organismo represivo creado por Pinochet consolidó su estructura, envió agentes destacados a las embajadas, con enlace con organismos represivos locales.
Los agentes de la Dina, describió Ouviña, tenían además «alianzas con grupos de extrema derecha argentinos, exiliados cubanos e italianos, principalmente». El fiscal pudo reconstruir la acción de la Dina con los documentos incautados durante la detención en Buenos Aires del agente Enrique Arancibia Clavel, un conjunto documental de características únicas que ha permitido rearmar la historia de la Operación Cóndor.
Como se desprende de la causa sobre la Operación Cóndor que se tramita en los tribunales argentinos, operaban dos redes de la Dina: una en Buenos Aires, la otra en Mendoza. En 1977, el organismo fue disuelto y su personal y recursos pasaron a la Central Nacional de Informaciones (CNI). Según testigos que declararon en el juicio, el cambio se produjo luego del asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier.
BLANCOS DE LA DINA
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en particular, y la JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria) -enlace de los movimientos guerrilleros del Cono Sur-, se convirtieron en blanco de las redes de coordinación, especialmente luego de la detención de Jorge Fuentes Alarcón en Asunción, Paraguay, en mayo de 1975, junto con Amílcar Santucho, argentino.
Otros blancos de la Dina lo constituyeron los miembros de los partidos Comunista y Socialista. Varios de los miembros de la conducción de ambos fueron secuestrados en Buenos Aires y Mendoza, señaló Ouviña.
En total, 25 casos de víctimas chilenas integran el objeto de la causa: Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velázquez, Juan Humberto Hernández Zaspe, Edgardo Enríquez Espinosa, Angel Athanasiú Jara, Pablo Germán Athanasiú Laschan, Frida Elena Laschan Mellado, Miguel Iván Orellana Castro, María Cecilia Magnet Ferrero, Luis Enrique Elgueta Díaz, Patricio Antonio Biedma, Jesús Cejas Arias, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, Carmen Angélica Delard Cabezas, José Luis Appel de la Cruz, Gloria Ximena Delard Cabezas, Oscar Julián Urra Ferrarese, Susana Ossola de Urra, Rafael Antonio Ferrara, Luis Arnaldo Zaragoza Olivares, Alexei Vladimir Jaccard Siegler, Cristina Magdalena Carreño Araya, Luis Alejandro Espinoza González, Carlos Patricio Rojas Campos y José Luis de la Maza Asquet.
Algunos de esos casos son elocuentes, como el del dirigente del MIR Edgardo Enríquez Espinosa, asesinado en Buenos Aires el 10 de abril de 1976, a quien no sólo buscaba la Dina sino también los represores argentinos y paraguayos. Se comprobó que Arancibia Clavel había entregado fotos de la víctima a los militares argentinos. También se acreditó que habían interceptado una carta de Edgardo Enríquez y que la enviaron a sus pares de Paraguay para que la utilizaran en el interrogatorio a Fuentes Alarcón, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Concepción.
Dos cables desclasificados de las embajadas de Estados Unidos en Buenos Aires y Santiago también dieron cuenta de la coordinación de las fuerzas represivas entre ambos países. En esos documentos, del 7 de mayo de 1976, se informa que Edgardo Enríquez había muerto: en el primero la fuente era la inteligencia aeronáutica; en el segundo, era la Armada chilena. También el comisario inspector Alberto Obregón, del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina, informó al respecto el 15 de septiembre de 1976: «Tras un año y medio de investigaciones, por fin, ha dado como resultado la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile».
OTROS CASOS
Otro caso revelador es el de Luis Enrique Elgueta Díaz, secuestrado junto a parte de su entorno el 27 de julio de 1976 en Buenos Aires por miembros del ejército y de la Policía Federal. Un año más tarde, un operativo liderado por el comisario José Benito Fioravanti y el agente de la Dina Arancibia Clavel, secuestró en el mismo domicilio a la hermana de Luis, Laura Elgueta, y a Sonia Díaz Ureta, quienes fueron trasladadas al centro clandestino Club Atlético. En la sala de torturas de ese lugar, narró el fiscal, se encontraban agentes chilenos que las interrogaron sobre Luis y su vinculación con el MIR. En ese contexto, explicó Ouviña en base al testimonio de las sobrevivientes, Fioravanti dijo que Luis Elgueta había sido «reventado» y que luego «fue entregado a Chile, pues allí tenía cuentas que pagar».
Además, los jóvenes dirigentes socialistas Luis Muñoz Velásquez, Juan Hernández Zaspe y Manuel Tamayo Martínez, fueron secuestrados en Mendoza el 3 abril de 1976 y traídos a Chile por la Dina. En tanto, el militante del PC Alexei Vladimir Jaccard Siegler fue secuestrado el 16 de mayo de 1977, pocos días después de ingresar a la Argentina proveniente de Suiza. Su caída se produjo junto a otras once personas secuestradas en Santiago y Buenos Aires. Jaccard fue visto en el centro clandestino de detención Simón Bolívar en Chile. Entre las víctimas del grupo también fueron secuestrados en Argentina el banquero Jacobo Stoulman y su esposa, Matilde Pessa, quienes debían dar cobertura legal a una operación financiera del PC.
Por otro lado, Ouviña remarcó entre los casos el de la militante comunista Magdalena Carreño Araya, a quien agentes de la Dina buscaron hasta encontrarla en Buenos Aires. La mujer, de 33 años, fue secuestrada el 26 de julio de 1978. Se sabe por testimonios de sobrevivientes que, antes de ser arrojada viva al mar en un «vuelo de la muerte», pasó por los centros clandestinos de detención El Banco y El Olimpo. Su cuerpo fue devuelto por las corrientes marinas, luego enterrado como NN y finalmente identificado en 2007, cuando su familia le dio sepultura en Chile.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 847, 18 de marzo 2016.