Ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica. Presidente Salvador Allende, U. de Guadalajara, México, 2 de diciembre de 1972 La detención reciente en Francia de Ricardo Palma Salamanca, mítico militante chileno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), enfrenta una vez más a los sectores populares de Chile a la contradicción entre […]
Ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica.
Presidente Salvador Allende, U. de Guadalajara, México, 2 de diciembre de 1972
La detención reciente en Francia de Ricardo Palma Salamanca, mítico militante chileno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), enfrenta una vez más a los sectores populares de Chile a la contradicción entre libertad y autoritarismo, entre impunidad y justicia, ha despertado inevitablemente la rebeldía de los jóvenes en la historia de nuestro país y del mundo. Jóvenes que, parafraseando a Marx [1], no tienen nada que perder, salvo un futuro incierto.
Porque Ricardo Palma Salamanca, a sus 48 años, sigue siendo joven. Un joven que, como tantos otros en las turbulencias del ’86, con solo 16 años, decidió militar en una organización política para luchar contra la tiranía militar de Pinochet. Seguramente como estudiante secundario del Colegio Latinoamericano de Integración, sintió el impacto emocional que provocó en todo Chile el secuestro y asesinato de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, inspector y apoderado respectivamente de su colegio [2] .
El mismo joven que, a los 17 años, comenzó el duro aprendizaje de la lucha urbana contra la dictadura militar incorporándose a las Milicias Rodriguistas – experiencia que años más tarde plasmaría en un libro conmovedor y lúcido [3], escrito en la clandestinidad post fuga. Y que, tempranamente, ya con 20 años, comprendió que la democracia que había prometido una alegría que nunca llegó, no era aquella por la que habían luchado y muerto tantos jóvenes como él. Porque ¿cómo podía ser democrática la institucionalidad negociada por los «sepultureros de los sueños» de sus padres y de ellos mismos, que aceptaban convivir en el Parlamento con el ex dictador, ese mismo que durante 17 años había sometido a la inmensa mayoría del país al hambre, represión, cárcel, tortura, muerte y desaparición? ¿Cómo podía llamarse democrático un Parlamento electo según las normas establecidas por el sistema electoral binominal [4] , que hacía posible que en las elecciones de 1990, Jaime Guzmán Errázuriz, de la UDI, con un 17% de los votos contra el 30% obtenido por Ricardo Lagos Escobar, ocupara un sillón senatorial? Como la definieron sociólogos e historiadores, era una democracia «bajo tutela militar», «pactada» entre militares y civiles, que garantizaba la continuidad del modelo económico, institucional y político impuesto por la dictadura, sustentada en un Estado policial. En fin, una democracia que abría las puertas de sus instituciones a muchos de los que en el pasado la habían deslegitimado y pisoteado, como el dictador Augusto Pinochet, ahora flamante senador vitalicio. O como el militante DC, Patricio Aylwin, primer presidente de la llamada «transición a la democracia», el mismo que en 1973 llamara a las FFAA a alzarse contra el gobierno del presidente Salvador Allende [5] . O la pléyade de diputados y senadores de la UDI, partido político creado por Pinochet y Jaime Guzmán en Chacarillas [6] , algunos de cuyos más destacados representantes ocuparán importantes cargos en el segundo mandato presidencial del empresario Sebastián Piñera, que asume el próximo 11 de marzo. En efecto, sus más cercanos colaboradores, como Andrés Chadwick Piñera, futuro ministro del Interior, son pinochetistas abiertos o embozados, partidarios del retorno de la pena de muerte y de la aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche, enemigos acérrimos de la tibia ley de aborto recientemente aprobada, favorables al excarcelamiento «por razones humanitarias», de los violadores de los Derechos Humanos, que cumplen condena en una cárcel especial. Sin duda, su fidelidad a la memoria de Jaime Guzmán, asesor de Pinochet en materias constitucionales y «padre» de la Constitución del ’80 que nos rige, pondrá en marcha una poderosa máquina comunicacional y política que hará del caso Ricardo Palma Salamanca un «problema de Estado».
Es sabido, de la decepción a la rebeldía hay un solo paso. Y Ricardo Palma Salamanca dio ese paso, y, como él, lo dieron todos los jóvenes rebeldes que a partir de 1990, cuando el nuevo gobierno democrático aún no terminaba de expulsar al exilio a 26 jóvenes que habían luchado contra la tiranía militar, comenzaron a poblar las celdas de la cárcel de alta seguridad -CAS-, construida a iniciativa del mismísimo Patricio Aylwin, presidente de la recién estrenada democracia con fondo de ruido de botas y de sables [7] . Jóvenes que habían sobrevivido a la cacería de la «Oficina» [8] , que cobró varias decenas de valiosas vidas de jóvenes que habían luchado contra la dictadura y desde los `90, contra la «impunidad democrática».
Con sólo 20 años, entonces, el 25 de marzo de 1992 Ricardo Palma Salamanca fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), merced al soplo de una psiquiatra carente de toda ética profesional, acusado del secuestro de Cristián Edwards -hijo del dueño de El Mercurio, el mismo que tras la elección de Allende en 1973, viajó a Estados Unidos a solicitar ayuda a Washington para impedir que asumiera la presidencia- y de las muertes de Jaime Guzmán, senador UDI, Luis Fontaine Manríquez, coronel en retiro de la DICOMCAR y Roberto Fuentes Morrison, siniestro agente del Comando Conjunto, con un largo prontuario de violador de los DDHH a su haber (en el marco de la Operación No a la Impunidad lanzada por el FPMR). Condenado a tres cadenas perpetuas más 15 años de cárcel, el joven Ricardo Palma Salamanca traspasó las 8 puertas de acero de la CAS para compartir encierro con otros de sus compañeros, sobrevivientes como él, de la dictadura y también de la delación, la traición y la felonía de… ¿cómo podríamos llamarlos…? Llamémosles como lo hace un poeta popular: «los desconsiderados de la vida y de mi pueblo, que en su corruptela barata y sectarismo, que en su tráfico de influencias y sus acuerdos con el momiaje sempiterno, jamás nos han dado algún consuelo [9] .»
Casi cinco años más tarde, el 30 de diciembre de 1996, Ricardo Salamanca Palma y otros tres presos políticos se evadieron de la CAS como sólo saben hacerlo los poetas [10] , es decir, volando, aferrados a un canasto suspendido de un helicóptero pilotado por sus compañeros de luchas y clandestinidad. Porque «De las cárceles de alta seguridad hay que puro irse«, escribirían manos anónimas en los muros de Santiago. Comenzaban para ellos dos décadas de intensa persecución por la Interpol a pedido del gobierno chileno y la justicia chilena representada en el juez Mario Carroza [11] . Pero también comenzaba para él y sus compañeros, más de 20 años de una vida en libertad que tendría desenlaces diversos.
Dos años más tarde, Ricardo Palma Salamanca relatará la operación de rescate y fuga que el FPMR denominó «Vuelo de Justicia» [12] . Patricio Ortiz, detenido en Suiza en 1997, solicitó y obtuvo el asilo político en dicho país, basado en que «en Chile aún no existían garantías reales para las personas acusadas de crímenes políticos» [13] . Desde el año 2002, Mauricio Hernández Norambuena cumple una condena de 30 años en la Prisión Federal de Mossoró, en Río Grande del Norte, en Brasil. De Pablo Muñoz no se ha vuelto a saber.
Por su audacia y creatividad, el rescate y fuga en helicóptero de los 4 militantes del FPMR desconcertó al gobierno y sus autoridades penitenciarias y fue saludada con desbordante alegría por los sectores populares. Permitió, además, que tanto en Chile como en el extranjero, se conociera la existencia de una cárcel de alta seguridad y de que un centenar de presas y presos políticos «de la democracia», cumplían prisión condenados por la justicia civil y militar. Una década más tarde, las movilizaciones de las agrupaciones por la libertad que se crearon tanto en Chile como en el extranjero, pero especialmente las numerosas y dramáticas huelgas de hambre que protagonizaron los mismos presos políticos lograron que durante el gobierno de Ricardo Lagos, el parlamento aprobara una ley de indulto [14] .
Podemos concluir que el pinochetismo sigue estando activamente presente en la escena política chilena, camuflado en «demócrata» y custodio de la institucionalidad política, económica e institucional heredada de la dictadura: la Constitución de 1980 – intocable para los gobiernos post dictadura -, las leyes de excepción que se aplica a los comuneros mapuche -antiterrorista, control de armas, asociación ilícita-, el Código del trabajo que mantiene a los trabajadores sin derecho a sindicalizarse ni a defender de los abusos patronales, la impunidad para los violadores de los derechos humanos, los montajes judiciales contra quienes defienden o exigen que se respete sus derechos, pacto de silencio de las FFAA sobre el paradero de más de mil detenidos desaparecidos, la mercantilización de la salud y de la educación, etc. etc. [15]
Una prolongada experiencia de la impunidad que protege a quienes ordenan disparar y quienes asesinan a trabajadores desarmados o solamente armados de sus anhelos de justicia social, demuestra que en nuestro país, política y justicia están íntimamente vinculadas; y que la justicia no es ciega. En consecuencia, Ricardo Palma Salamanca no se equivoca cuando dice que en Chile no existen garantías para un juicio justo. Ni se equivoca Alberto Espinoza, su abogado en Chile, cuando sostiene que las causas por las que se persiguió y condenó en Chile, ya prescribieron.
Ricardo Palma Salamanca cumplirá este año 49 años. Ha pasado gran parte de su vida luchando por lo que cree justo. Es decir, ha sabido «honrar la vida» y, por lo mismo, en las dos últimas décadas ha debido sortear el acoso incesante de los perros guardianes del Estado policial-empresarial. También, sin duda, en estos últimos años de su rebelde juventud, ha respirado el aire embriagador de la libertad conquistada con mano propia, ha amado intensamente los mínimos placeres de lo cotidiano, ha mantenido los delicados vínculos con su amada madre y se ha dado tiempo asimismo para escribir de primera mano la historia reciente de las luchas de su generación para que la memoria de los opresores y de los olvidadizos interesados no se imponga a la esperanzada e inclaudicable memoria de los oprimidos.
Desde el duro oficio que significa ser joven y rebelde, Ricardo Palma Salamanca nos convoca hoy, desde Francia, a acompañarlo en su lucha por su libertad y por el derecho al asilo, dignamente merecido.
Vicky Torres es Profesora normalista, socióloga y activista de DDHH (Chile)
[1] «Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar», en K. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848.
[2] A fines de marzo de 1985, agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), secuestraron, torturaron y degollaron a los militantes comunistas Santiago Nattino Allende, pintor, partidario de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Manuel Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad. Un año antes del asesinato de Fontaine, en mayo de 1989, la justicia había reabierto el llamado «caso Degollados», con el juez Milton Juica como ministro en visita. La Corte Suprema dictó el fallo definitivo en octubre de 1995, condenando a 16 implicados, incluyendo cinco cadenas perpetuas. Todos eran agentes de la Dicomcar, organismo cuyo director nombrado en 184, era el coronel Luis Fontaine, quien a su vez recibía órdenes directas del entonces director general de Carabineros, César Mendoza, también miembro de la Junta Militar. También agentes de la Dicomcar habían asesinado el 22 de febrero de 1985 a Carlos Godoy Echegoyen, militante del Partido Socialista, tras torturarlo brutalmente.
[3] Ricardo Palma Salamanca, «Una larga cola de acero», LOM Ediciones, 2001. Relato novelado de la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez entre los años 1984-1988.
[4] El sistema binominal fue establecido en Chile, por la ley 18.799, del 26 de mayo de 1989, que modificó la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios -ley 18.700, del 6 de mayo de 1988-, ambas promulgadas por la dictadura Militar liderada por Augusto Pinochet, para garantizar una mayoría de representantes de la derecha.
[5] Patricio Aywin, quien asumió la presidencia del PDC el 13 de mayo de 1973, no solo apoyó sino que propició el golpe de estado militar del 11 de septiembre de 1973: el considerando décimo cuarto del Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, estableció que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros debían «encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y la convivencia democrática, indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucionalidad, paz civil y, seguridad y desarrollo». Como señaló el Presidente Allende el 24 de agosto, «los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental». Ver también la entrevista de Aylwin a la televisión española: https://youtu.be/SnECpGlTUdI
[6] Chacarillas, acto organizado el 9 de julio de 1977 por Jaime Guzmán y el Frente Juvenil de Unidad Nacional, al que asistieron 77 jóvenes de extrema derecha para rendir homenaje al dictador Augusto Pinochet y aplaudir con entusiasmo sus palabras: «Las limitaciones excepcionales que transitoriamente hemos debido imponer a ciertos derechos, han contado con el respaldo del pueblo y de la juventud de la patria, que han visto en ella el complemento duro pero necesario para asegurar nuestra Liberación Nacional».
[7] El 28 de mayo de 1993, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, comandos de boinas negras del Ejército de Chile comandados por Augusto Pinochet se situaron en las cercanías del Palacio de la Moneda, armados y con vestimenta de combate. El objetivo era presionar al gobierno para que éste exigiera a la justicia el cierre de un caso de corrupción ocurrido en 1989- «caso de los pinocheques»-, que involucraba a Augusto Pinochet y su hijo. Este caso fue cerrado definitivamente durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), por «razones de Estado».
[8] La Oficina, creada por decreto en abril de 1991 por el gobierno de coalición (DC-PS-PPD). Hasta su reemplazo por la Oficina II en marzo de 1993, 42 militantes murieron de forma violenta y alrededor de 500 militantes y luchadores sociales de movimientos políticos de izquierda fueron encarcelados. El primer director de la Oficina fue Marcelo Schilling, socialista de «nuevo cuño», premiado posteriormente con el cargo de embajador de Chile en Francia y luego fue senador de la República.
[9] » No me sumaré», del poeta chileno Fesal Chain.
[10] P. Neruda, «Alberto Rojas Jiménez viene volando». Revista de Occidente, julio de 1934.
[11] Mario Carroza, a quien en su momento amigos y familiares le pidieron en vano que se pronunciara sobre la situación penal y carcelaria de los presos políticos post-90.
[12] Ricardo Palma Salamanca, «El gran rescate». LOM Ediciones, 1998.
[13] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2005/07/26/patricio-ortiz-asilo-avala-fines-politicos-y-no-terroristas-del-fpmr/
[14] El 20 de julio de 2005 el Senado chileno despachó el proyecto de ley de indulto. En un artículo único, se señalaba que los condenados a presidio perpetuo en aplicación de la ley 18.314 de conductas terroristas y otros cuerpos legales, por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998, podían acceder al beneficio de la libertad condicional a condición de haber cumplido 10 años de pena y de suscribir una declaración de renuncia inequívoca al uso de la violencia.
[15] el ministro de relaciones exteriores, Heraldo Muñoz -ex militante socialista, hoy PPD-, se ha apresurado a solicitar a Francia la extradición de Ricardo Palma a Chile, pero desde los diversos cargos que ha ocupado en la «transición», no se recuerda que haya protestado por la solicitud del gobierno de Frei Ruiz-Tagle de que Inglaterra no extraditara a Pinochet a España para someterlo a juicio, ni por las negativas reiteradas de los gobiernos «de transición» a extraditar a los militares involucrados en el asesinato de ciudadanos franceses e italianos, ni por no solicitar la extradición a Chile de Michel Townley el ciudadano norteamericano que asesinó en Washington, el 21 de septiembre de 1976, a Orlando Letelier, ministro de relaciones exteriores del gobierno de Salvador Allende.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.