Un poco más de 300 detenidos de manera arbitraria, abusiva y contraria a las más elementales normas de los Derechos Humanos, están en disposición de romper casi dos décadas de silencio, para exigir del Estado justicia y garantía de no repetición, bajo la asesoría de la abogada Irina Junieles, de la corporación DEJUSTICIA. El terrorismo […]
Un poco más de 300 detenidos de manera arbitraria, abusiva y contraria a las más elementales normas de los Derechos Humanos, están en disposición de romper casi dos décadas de silencio, para exigir del Estado justicia y garantía de no repetición, bajo la asesoría de la abogada Irina Junieles, de la corporación DEJUSTICIA.
El terrorismo de Estado tuvo en la región de los Montes de María, un capítulo plagado de atropellos, contra campesinos, hombres o mujeres, niños o ancianos, comerciantes, transportadores, conductores de buses, camperos, artesanos, toda una sociedad indefensa señalada de pertenecer a «la guerrilla».
Esa pesadilla ocurrió entre 2003 y 2004, cuando ya el mundo sabía de la masacre de El Salado, un poblado que en tres días fue la escena de una verdadera carnicería ejecutada por paramilitares apoyados por la infantería de marina. Más de 80 seres humanos fueron allí asesinados. Las detenciones arbitrarias fueron asunto del diario acontecer en la fértil región de Los Montes de Maria.
Allanamientos, patadas, quema de ranchos, terror, todo ocurría acompañado por el coro de periódicos de la pequeña burguesía de Cartagena, que estimulaban con grandes titulares de » detención de guerrilleros» la presencia de una fuerza pública criminal, dirigida por caza recompensas fijadas por el gobierno de Uribe.
Con frecuencia aparecían fotografías de una mano, recibiendo fajos de billetes, por recompensas en la base naval de Cartagena.
Las víctimas de aquella cacería de brujas conservan los recortes de fotos y artículos en los que aparecieron acusados de crímenes que jamás cometieron.
Uno de esos casos, recopilados por la abogada y ex directora de la Defensoría del pueblo de Bolívar Irina Junieles, es el de Emilse Hernández, blanco de un señalamiento y de una cacería humana que aún hoy la estremece, y que le ha dejado secuelas, pesadillas y miedos que espera poder superar.
Emilse fue organizadora comunitaria, reconocida en El Carmen de Bolívar, entre campesinos, en 2003, una noche llegó a su casa un piquete del ejército, la sacaron de la cama, la insultaron con términos vulgares, fue señalada como tantos otros, por unos encapuchados que recorrían veredas, barrios y pueblos de la subregión, fue llevada en helicóptero a la base naval de Cartagena y hasta temió por su vida en un trance que hoy le hizo perder credibilidad en el Estado colombiano.
En aquellas oleadas represivas todos los municipios de Los Montes de María vieron huir de sus casas a familias completas, víctimas del desplazamiento forzoso, muchos apenas lograron llegar a las cabeceras municipales a refugiarse en casas de parientes, el hambre y la desocupación eran sus acompañantes pues al dejar sus tierras no tenían forma de sembrar o tener sus animales domésticos, una tragedia humanitaria que tenía lugar en medio del silencio y la resignación.
Otros desplazados lograban llegar a Cartagena o Barranquilla, donde encontraban un medio desconocido para ellos, su destino era el rebusque, limpiar vidrios en los semáforos y vivir en los tugurios junto a otros miles de pobres.
Hoy Los Montes de María registra la más alta cantidad de tierra despojada a campesinos sacados por el terrorismo de Estado implantado por Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, ha quedado un cuadro de desocupación, hambre, miseria, falta de atención en salud y ausencia de políticas agrarias.
Todo ese arrasamiento y despojo campesino se publicaba bajo títulos de periódicos como uno que dice: «74 guerrilleros detenidos» a lo ancho de una página hoy archivada por los activistas de las luchas sociales de la Región Caribe.
Otro caso similar al de Emilse es el de un transportador dueño de un campero con el cual ganaba su sustento, pues repartía mercancía y abarrotes en tiendas municipales y veredales, hasta cuando fue detenido por un señalamiento de los encapuchados.
La abogada Irina Junieles plantea la posibilidad de que, como fruto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, el Estado atienda a una larga lista de más de 300 víctimas de las detenciones arbitrarias en Los Montes de María, departamento de Bolívar.
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