Rupturas y secuencias: La revolución como política de Estado

Tal situación requiere romper con los paradigmas imperantes, es decir, se debe fomentar en todo momento una ruptura con los patrones de conducta y ordenamiento jurídico que han legitimado la vigencia del sistema capitalista a través de los siglos, los cuales lo han hecho prácticamente impermeable a los diversos cambios propuestos para erradicarlo, aun aquellos que solo tratan de revestirlo de cierto aire de humanismo o de humanidad, como quiera denominársele. Esto exige que los cuadros revolucionarios en funciones de Estado o de gobierno se afanen cada día en impulsar esa transformación con carácter estructural que daría paso a la organización, activación e influencia efectivas del poder popular, logrando convertir en realidad la antigua consigna bolchevique de «todo el poder para el pueblo».

En este caso, la revolución debe promoverse como política de Estado, obteniendo la transformación de las viejas instituciones públicas, de manera que ellas ya no respondan a los intereses de una elite o minoría dominante sino a los intereses de la mayoría, es decir, de aquella porción de la sociedad que siempre fue excluida de la toma de decisiones, así como de la justicia y de la igualdad que debieran fundarse, derivarse y ampliarse mediante el ejercicio activo de la democracia.

Por ello mismo, el reclamo indignado de las mayorías populares a los estamentos gubernamentales (tanto en nuestra América, en Estados Unidos y el resto de los continentes) pareciera apuntar al estallido de una rebelión mundial, en un primer lugar, contra las injusticias, la explotación y las desigualdades características del sistema capitalista y, en un segundo plano, sin menoscabo del mismo, en búsqueda de una realidad democrática más inmediata y tangible que beneficie a la totalidad de la sociedad y no únicamente -como siempre lo ha sido a través del tiempo- a quienes tienen en sus manos el capital y los medios de producción. Sin embargo, es bueno acotar que semejante estallido de indignación colectiva aun no podría vislumbrarse o calificarse como un hecho revolucionario del mismo modo que otros en el pasado, por lo cual es necesario considerar los móviles del mismo, así como su contenido o nivel político.

Esto último debiera constituir un estímulo para quienes tienen la responsabilidad de orientar el accionar del Estado en nombre de la revolución, sin que ello signifique confiar en que sólo basta la buena voluntad para hacer las cosas. Es hartamente indispensable comprender que se requiere desmontar y transformar estructuralmente tal Estado, de manera que efectivamente exista un proceso revolucionario que -teniendo como su principal rasgo y soporte la participación real del pueblo- se hagan inevitables y definitivos los cambios que generaría, implantando en consecuencia un modelo de sociedad democrática de nuevo tipo.