“La corrupción en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e íntima asociación entre extractivismos y corrupción. Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalización violenta de las comunidades locales.” –Eduardo Gudynas
La entrega del campo petrolero Sacha, en condiciones onerosas y opacas, configura, sin lugar a dudas, un gran atraco. No se trata simplemente de la venta / concesión de una “joya de la corona”. El asunto es mucho más grave. Si buscamos un simil, se trata de vender / concesionar “la gallina de los huevos de oro”; es decir, se pretende entregar a un consorcio extranjero la explotación de Sacha, que tiene mucha rentabilidad y todavía un gran potencial.
Sin minimizar para nada lo que representa dicha concesión debemos reconocer que no es un hecho inédito. Hay muchas experiencias de abiertas o encubiertas corrupciones, de despilfarros mayúsculos. Sin retroceder mucho en el tiempo podríamos traer a la memoria cuando se vivió una suerte de “billar a tres bandas en contra del país: Petrobras, Oxy, Odebrecht”[1], la interminable rehabilitación e inexistente repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, la no-construcción de la Refinería del Pacífico, la entrega del campo Auca a Schlumberger y de otros campos a empresas privadas, las preventas petroleras[2] o los mismos contratos con las mineras…
Como veremos al final de estas reflexiones, hay elementos que deberían llenar de indignación a la sociedad por la concesión -enfemismo para no decir privatización[3]-, del campo petrolero Sacha o Bloque 60, ubicado en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana. Se trata de un campo del que se bombea crudo desde los años setenta y que tiene la mayor tasa de extracción del Ecuador. Al parecer, el presidente Daniel Noboa lograría lo que, a pesar de que se intentó, no se consiguió en los tres gobiernos anteriores: Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso.
Es innegable que continuamos atrapados en una suerte de interminable festín extractivista, vigente desde los orígenes de la República, pero en la actualidad, sobre todo, inmersos en el “festín del petróleo”[4] , desde hace más de 50 años, al que se sumó el “festín minero”[5], desde hace poco más de una década.
Corrupción, violencias y autoritarimo galopan con los extractivismos
La corrupción no es nueva, tiene mucha historia. Ella ha contribuido a construir y destruir civilizaciones, como aquellla que se fraguó con el canje de espejitos por oro y piedras preciosas de hace más de cinco siglos, cuando los ibéricos llegaron a América; un robo legalizado por la fuerza de los conquistadores. Y desde entonces hasta la actualidad, en especial, las grandes mineras y petroleras transnacionales, muchas veces con la complicidad de los gobiernos e incluso de las empresas estatales[6], siguen impulsando los extractivismos a través de renovados ejercicios de desposesión, en los que la corrupción juega un papel fundamental.
Tal origen y actualidad de la corrupción extractivista sugiere que ésta es sistémica, que resulta de la combinación de una dominación externa y así como de limitaciones internas. Dicha dominación impuso e impone un modo de vida y una forma de entender la economía atadas a una modalidad de acumulación explotadora de la Humanidad y la Naturaleza.
Desde esas visiones, se alientan los extractivismos[7] para atender la demanda de los centros capitalistas, procurando que, de esta manera, crezca la economía, se generen más empleos e ingresos, para así alcanzar el siempre esquivo “desarrollo”.[8] Más allá de esta letanía, tan frecuente y tan carente de realidad, todo este esfuerzo reproduce prácticas rentistas que terminan creando múltiples redes clientelares, sin que se resuelvan los problemas de pobreza y menos aún la exacerbada concentración de la riqueza. Y, a la postre, la convivencia de corrupción y violencias extractivistas conlleva la consolidación de regímenes autoritarios[9], lo que explica la elevada conflictividad social y política en nuestros países.
Hay razones de sobra para entender que la corrupción en América Latina posee un matiz muy particular. Matiz que la vuelve mutante y “plástica”, capaz de acomodarse a las cambiantes circunstancias de las diversas coyunturas políticas, sean en la actualidad con gobiernos neoliberales o progresistas; corrupción que inclusive pudo articular una suerte de “integración perversa”, como se constató alrededor de los negociados de la empresa brasileña privada Odebrecht
La corrupción se filtra, de múltiples maneras, en todo extractivismo -minero, petrolero, forestal, agrícola o pesquero-, propiciando un sinfín de actos ilegales y/o ilegítimos, con varios patrones de comportamiento. Y de esta corrupción no se salva ningún país, ni ningún régimen de propiedad: sea pública, mixta, privada, así como tampoco ningún estamento de la sociedad.
En estas economías petroleras o mineras hay una estructura y dinámica políticas marcadas por la codicia. Existe una suerte de “efecto voracidad”, que provoca y acelera la desesperada búsqueda y apropiación de excedentes del sector primario-exportador. La “renta de la Naturaleza” está en el centro de este escenario, lo que alienta el surgimiento de Estados paternalistas, cuya incidencia es dependiente de la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta extractivista. De hecho hay élites que capturan el grueso de los recursos y que, además, hasta manejan el Estado, lo que consolida una apropiación desigual de la renta extractiva. Así tenemos Estados que, al monopolio de la violencia política, añaden el monopolio de la riqueza natural.
Por cierto, estas lecturas están dominadas por el economicismo. Normalmente los análisis se centran en los potenciales ingresos fiscales o exportadores de los proyectos extractivistas. Inclusive las críticas dan vuelta alrededor de estas variables.
Justamente aquí emerge un grave problema. Estas economías atadas a exportar recursos primarios están forzardas a incrementar las tasas de extracción de sus recursos para incrementar sus ingresos, muchas veces presionadas por el enorme peso de su deuda externa[10], lo que, inclusive, puede provocar un “crecimiento empobrecedor” [11]: crecen las exportaciones y aumenta el PIB, pero no crecen, peor aún pueden caer los ingresos fiscales, mientras que, simultáneamente, disminuyen las reservas de dichos recursos, al tiempo que se produce una mayor destrucción socio-ambiental, que no es considerada en los análisis de costo-beneficio empresariales, ni estatales.
Esas lecturas economicistas dominan en la actualidad el debate sobre la concesión del Campo Sacha. Con justa razón reclama Luis Yanza A., líder histórico de la resistencia a la Chevrón-Texaco, “poco o casi nada se habla, o se olvida de manera intencional, de la otra cara de la moneda: los impactos ambientales y sociales que persisten, desde hace medio siglo, no solo en el Campo Sacha sino en todos los demás”.[12]
El gran atraco de la concesión del campo Sacha
Los argumentos para este tipo de concesiones son por demás conocidos. Petroecuador, la empresa estatal, no tiene suficientes recursos, ni la capacidad técnica para aumentar la extracción de crudo del campo Sacha. Una mayor extracción de crudo es indispensable, dicen, para que crezca la economía, caso contrario no hay “desarrollo” y, en consecuencia, no se podrá reducir la pobreza. Y, este mensaje tan trillado, se cierra magnificando los supuestos beneficios de las inversiones extranjeras.
Como veremos a continuación, esos argumentos son en extremo deleznables.
Que Petroecuador no tiene la capacidad tecnológica para incrementar la extracción de dicho campo es totalmente falso. La empresa estatal logró aumentar la tasa de extracción de crudo de 63.921 barriles de petróleo por día en el año 2021 a 76.980 barriles en el año 2024; esto es un incremento de 20% en ese período. Es más, justo ese campo registra el mayor aumento de extracción de todos los campos de la estatal. Así de ese campo se obtuvo el 20% de la extracción petrolera estatal, que fue de 381.567 barriles por día el año 2024. Si consideramos la explotación total, Sacha contribuye con el 16%.
A más de la capacidad tecnológica demostrada, en medio de un ambiente gubernamental hostil para las empresas estatales, cabe recalcar, que entre 2013 y 2023, Petroecuador si tuvo los recursos para financiar inversiones en el campo Sacha por 1.744 millones de dólares, lo que equivale a unos 159 millones de dólares anuales. Eso desbarata el argumento de que la estatal no puede aumentar la extracción. Tiene la tecnología y en el Estado hay recursos para sostener ese proyecto tan rentable.
Tengamos en cuenta que se trata de un campo maduro, en explotación desde hace 52 años, en el que prácticamente no hay riesgo geológico alguno, pues las reservas están debidamente ubicadas. En realidad, no se justifica su entrega bajo ninguna figura jurídica Antes de haber tomado cualquier decisión debió hacerse una evaluación financiera basada en los flujos futuros, considerando costos económicos y socio-ambientales, así como beneficios actualizados a una tasa de descuento determinada, considerando la declinanción de las reservas. ¿Qué pasa si no se logra incrementar la tasa de extracción a los 100 mil barriles previstos?
En cualquier caso, sea para incrementar la tasa de extracción o para sostenerla el mayor tiempo posible mientras se sale del extractivismo petrolero, la alternativa es la inversión estatal. Los campos en operación, como Sacha o Auca, deberían optimizarse considerando la inversión histórica realizada, la inversión requerida, los costos presentes y futuros (contables y socio-ambientales), las reservas, el horizonte extractivo, la calidad del crudo (grados API), los precios actuales y proyectados, y el riesgo ambiental, entre otros factores. Para ponerlo en términos directos, hay que maximizar la tasa de beneficio para el Estado por cada barril extraído, sin provocar nuevos destrozos socio-ambientales, y no simplemente aumentar el volumen de extracción.
Demos un paso más. El consorcio ofrece inversiones para incrementar en tres años la extracción de petróleo de los actuales casi 77 mil barriles a 100 mil barriles diarios.Y entregaria al Estado un bono -un anticipo- de 1.500 millones de dólares, en efectivo al momento de la firma del contrato. Las inversiones previstas alcanzaría en total 1.750 millones de dólares, por los 20 años que duraría el contrato: esto es 87,5 millones al año en promedio, mucho menos que el promedio ya invertido por Petroecuador desde 2013.
Aquí es donde se destapa el grueso del atraco. El consorcio extranjero se llevaría entre el 80% y 87,5% de la extracción de petróleo de todo el campo. No se trata de una participación sobre el incremento de la línea base de extracción, que podría estar en 77 mil barriles por día. Es más, de acuerdo con la información de prensa, cuando el precio internacional del petróleo (WTI) descienda por debajo de 30 dólares el barril, el consorcio obtendría el 87,5% de la extracción petrolera, y el Estado se quedaría con apenas 12,5%. Solo si el precio del petróleo supera los 120 dólares por barril Ecuador recibiría un máximo del 26,5% del volumen extraído. Con un precio entre 30 a 62 dólares por barril el Estado recibiría un 19,5% del volumen total. Además, debe quedar claro que de la propia extracción de crudo del Campo Sacha se financiarían todos los costos del consorcio extranjero; en realidad, no habría ninguna inversión externa.
Un punto más. La participación total del Estado, en 20 años, también presentada en lso medios de comunicación, sería de unos 6.300 millones (con una tasa de descuento del 12% y un precio fijo de 62 dólares por barril). Si eso es así, cuánto es lo que se embolsaría el consorcio que se lleva más del 80% del crudo extraído: ¿unos 20 mil millones de dólares? Si descontamos los 1.500 millones del bono anticipado, que no son un regalo y ya están ya incorporados en la participación total del Estado, el aporte anual sería de 240 millones de dólares (Se estima que el aporte anual neto al Estado del Campo Sacha bordea los 500 millones de dólares).
La obtención rápida de ese dinero anticipado configura quizás el gran objetivo del gobierno de Noboa, empeñado en alentar la aicaída economía en medio del actual proceso electoral… [sin embargo, parecería que el propio gobernante tiene algunas dudas sobre su proceder, al establecer -vía carta pública del miércoles 5 de marzo- un plazo hasta el día 11 del mismo mes, para que el consorcio transfiera ese anticipo: ¿será que él se está curando en sano al entender por fin la brutalidad del atraco propuesto?].
Otro aspecto a considerar es la disponibilidad del crudo extraído en Sacha. La alta calidad de ese petróleo, una de las más altas en la Amazonía, sirve para mejorar las mezclas que se procesan en las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. ¿Se mantendrá ese suministro en las condiciones actuales?
Hay otros elementos críticos de esta concesión, que están vinculados a temas jurídicos y la misma opacidad en toda la operación. Hay dudas sobre la conformación del consorcio chino-canadiense[13], en el que, al parecer, estaría involucrado alguna empresa de la familia del presidente Noboa. Por igual despierta sospechas la ausencia de un concurso público previo antes de la entrega del más importante campo petrolero, en medio de un proceso electoral. La eventual inclusión de una cláusula internacional de arbitraje, prohibida en el artículo 422 de la Constitución, sería otra causal para impugnar la validez de la concesión; tanto como el evidente incumplimiento del artículo 408 de la Constitución, que establece que el Estado participará en los beneficios, léase ganancias, del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.
Concluyamos, la verdadera alternativa es que Petroecuador siga al frente del Campo Sacha, como parte de una estrategia que nos permita avanzar hacia una transición post-extractivista, que implique el abandono progresivo de los combustibles fósiles, sin caer en la trampa de la megaminería, combatiendo frontalmente la minería ilegal.[14] Y todo dando paso a una profunda transformación productiva, teniendo como base la justicia social y la justicia ambiental.
Cerremos esta breve reflexión invitando nuevamente a Luis Yanza A.:
“En definitiva, los discursos y pronunciamientos furibundos (que hablan de la defensa de la soberanía y de los “intereses nacionales”, entre tantas otras expresiones líricas y sentimentalistas) no hacen otra cosa que perpetuar aquella lógica rentista, extractivista y fiscalista con la que los gobiernos han catalogado al petróleo. Para ellos, al menos de los que recuerdo, el petróleo ha sido un recurso, un bien o una mercancía, un activo (que se expresa en millones de barriles de reservas) y el “salvavidas” en tiempos de crisis. Desafortunadamente, ese petróleo se extrae de la Amazonía, un ecosistema sensible donde viven seres humanos, y no humanos, que sufren las consecuencias de esa lógica perversa.”
Notas:
[1] Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2019); “Petrobras, Odebrecht, OXY: Recordando un billar a tres bandas… en contra del país”, Revista Plan V. https://planv.com.ec/historias/petrobras-odebrecht-oxy-recordando-un-billar-tres-bandas-contra-del-pais/
[2] En el gobiergo de Rafafel Correa se entregó algunos campos a empresas transnacionales extranjeras, lo que el propio presidente, en 2005, cuando era candidato, consideraba como “una traición a la patria”. Es más, el intento de “superar el extractivismo con más extractivismo”, en la década 2007-2017, como era obvio, fracasó. Consultar el libro de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2018); Una década desperdiciada, las sombras del correismo. Ver sobre todo el capítulo desde la página 129 https://lalineadefuego.info/wp-content/uploads/2018/06/libro_la_decada_desperdiciada.pdf
[3] Resulta conveniente tener presente los intentos privatizadores de los últimos 15 años. Consultar en Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2021); “Monetizaciones, concesiones y otros eufemismos privatizadores” https://rebelion.org/monetizaciones-concesiones-y-otros-eufemismos-privatizadores/
[4] Así lo definió Jaime Galarza (1970); El festín del petróleo, Ediciones Solitierra, Cuenca. https://cehist.mil.ec/images/2019/libros3/10.pdf Se puede consultar sobre la evolución de este largo período en Sofia Acosta-Varea, Anamaría Garzón, Francisco Hurtado (2023), Estado Fósil, FES_ILDIS, USFQ, Land is Life, Quito. https://www.estadofosil.art/#1
[5] Alberto Acosta, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, Quito. https://rosalux.org.ec/pdfs/festin-minero.pdf
[6] A modo de muestra véase el texto de Alberto Acosta, Carlos Zorrilla (2022); “CODELCO: el subimperialismo minero chileno”. https://rebelion.org/codelco-el-subimperialismo-minero-chileno-2/
[7] Consultar este texto fundamental: Eduardo Gudynas (2019); Extractivismos y corrupción – Anatomía de una íntima relación, Serie Debate Constituyente, editores Alberto Acosta y Esperanza Martínez, Abya-Yala, Quito. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/23564/1/EXTRACTIVISMOS%20Y%20CORRUPCIO%CC%81N.pdf
[8] Alberto Acosta (2018); “Casi 70 años persiguiendo un fantasma: el ‘desarrollo’”. https://lalineadefuego.info/casi-70-anos-persiguiendo-un-fantasma-el-desarrollo-por-alberto-acosta/
[9] Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2017); “Cruda realidad – Corrupción, extractivismos, autoritarismo”. https://www.rebelion.org/docs/230588.pdf
[10] Alberto Acosta (2024); “Deuda externa y extractivismos, dos caras de una misma medalla… colonial”. https://www.cadtm.org/Deuda-externa-y-extractivismos-dos-caras-de-una-misma-medalla-colonial
[11] Ver Jagdish N. Bhagwati (1958); “Inmiserizing Growth, A Geometrical Note”, The Review of Economic Studies, Vol. 25, No. 3 (Jun., 1958), Oxford University Press. https://www.jstor.org/stable/2295990
[12] Luis Yanza A. “Lo que no se dice o se olvida por conveniencia, sobre el Campo Sacha” (2025), Línea de Fuego, Quito. https://lalineadefuego.info/lo-no-se-dice-o-se-olvida-por-conveniencia-sobre-el-campo-sacha-por-luis-yanza-a/
[13] Amodaimi Oil Company S.L. (subsidiaria de la empresa china SINOPEC International Petroleum Exploration and Production Corporation) y Petrolia Ecuador, filial de la empresa canadiense New Stratus Energy.
[14] Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2020); “¿Minería legal o minería ilegal?, una flasa disyuntiva”, Tegantai – Agencia Ecologista de Información. https://agenciaecologista.info/mineria-legal-o-mineria-ilegal-una-falsa-disyuntiva/
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008).
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