Tras cumplir el gobierno sus primeros cien días, han ocurrido una serie de hechos que nos retrotraen a la década pasada. El potente discurso con el cual asumió la Nueva Mayoría en marzo, la celeridad en el envío de proyectos de ley y la aplicación de las primeras cien medidas, aunque enfrentadas a los obstáculos […]
Tras cumplir el gobierno sus primeros cien días, han ocurrido una serie de hechos que nos retrotraen a la década pasada. El potente discurso con el cual asumió la Nueva Mayoría en marzo, la celeridad en el envío de proyectos de ley y la aplicación de las primeras cien medidas, aunque enfrentadas a los obstáculos de la oposición y de los sectores más conservadores al interior de la propia coalición, han abierto una nueva etapa caracterizada por la regresión y la revisión del programa. Un fenómeno observable no sólo en las reformas tributaria y educacional.
La negociación del salario mínimo ha sido durante los primeros días de julio la más clara señal de la regresión. Aunque en la negociación entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el gobierno se introdujo una nueva modalidad escalonada, que amplia el horizonte del reajuste a 18 meses, en los hechos el aumento del salario mínimo se ha regido por las lógicas tradicionales. Si durante la discusión la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sobreestimó sus expectativas en cuanto la Central estaba en unas negociaciones que inauguraban un nuevo enfoque sobre el salario mínimo -lo que permitiría a muchos trabajadores soñar con dejar la pobreza-, en los hechos, el avance no fue mayor que en años anteriores. En rigor, ha sido un retroceso. Para ello, las cifras son claras.
De los 210 mil pesos mensuales vigentes desde el año pasado, el gobierno, con la venia de la CUT, propuso un alza a 225 mil a partir de julio de 2014 para elevarlo a 241 mil en un año más, hasta alcanzar los 250 mil en enero de 2016. En valores porcentuales, el alza ha sido de 7,4 por ciento, muy similar al reajuste promedio histórico del salario mínimo. En 2015 volverá a aumentar, esta vez un 7,1 por ciento, para elevarse finalmente 3,7 por ciento en enero de 2016. Hay que considerar que este aumento es nominal, por cuanto el trabajador tendrá que recortar la inflación, estimada en torno a un tres por ciento anual, más los descuentos. Aunque la dirigencia de la CUT celebró este acuerdo como un gran paso hacia la eliminación de la pobreza, la realidad y los antecedentes demuestran lo contrario. Hasta en el gobierno de Sebastián Piñera el aumento fue mayor. El año pasado los negociadores consiguieron un alza de 8,8 por ciento. Es por ello que cuando el gobierno de Michelle Bachelet envió el proyecto de reajuste fue aprobado en pocos minutos, incluso con los elogios de la UDI y Renovación Nacional.
Con estos antecedentes, la Nueva Mayoría mantiene las políticas económicas que empujó durante veinte años la Concertación, y queda expresado con claridad que en esta materia no hay cambios. El guarismo de 250 mil pesos para el año 2016 es simplemente un espejismo que desaparece con el paso del tiempo y de la inflación. Pese a ello, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, habló durante la ceremonia que selló el acuerdo, de «avances» para disminuir la desigualdad en el mercado laboral, lo mismo que la ministra del Trabajo, que fue aún más lejos. Para Javiera Blanco, el acuerdo permitirá superar la pobreza entre los trabajadores formales. Según indicó más tarde Bárbara Figueroa, el acuerdo incorporó también la creación de una comisión asesora que estudiará, a partir de 2016, elevar el sueldo mínimo a una cifra que efectivamente permita superar la pobreza, la que estaría sobre el rango de los 300 mil pesos. Pero esta declaración de intenciones no altera la realidad y los nulos avances.
Para negociar el alza del salario mínimo los gobiernos toman en consideración, entre diversas variables, el potencial de crecimiento del PIB. Es un hecho de la causa que la economía chilena pasa por un periodo de contracción, con menores ventas y creación de empleos en el sector privado, lo que complicaría los aumentos de costos, como la mano de obra. Pero este argumento, tan utilizado por los empresarios y los gobiernos de los últimos cuarenta años, ha contribuido al ensanchamiento de la brecha económica. No es el único. La concentración de los mercados y el abuso del sector financiero son otros, pero sin duda no regular el mercado laboral conlleva a la creación de distorsiones, como lo es la desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza.
LA DESIGUALDAD, EFECTOS
DE LAS POLITICAS LABORALES
Chile tiene el PIB per cápita más alto de la región, el que medido por paridad de compra llegará este año a casi 20 mil dólares. Sin embargo, su salario mínimo es superado por cinco países. Si el gobierno chileno acaba de establecer el salario mínimo en 409 dólares, en forma ascendente está Uruguay, con 410; Panamá, con 432; Venezuela, con 476; Costa Rica, con 500 y Argentina, con 617 dólares, el más alto de la región. Todos estos países (según datos de 2012) tienen un PIB per cápita menor al chileno. Como puede verse, Uruguay exhibe un PIB de 17 mil dólares; Panamá, 13.600; Venezuela, 12.500; Costa Rica, 11.500. Argentina, en tanto, con un PIB per cápita muy similar al chileno, tiene un sueldo mínimo sensiblemente más alto.
Si bien estas variables son útiles para medir el tamaño de la economía respecto al número de habitantes, no mide su distribución. En Chile la economía ha logrado duplicarse varias veces durante los últimos años, con un PIB que ha pasado desde los 71 mil millones de dólares en 2001 a 277 mil millones en 2013, lo ha hecho sobre la base de la concentración de los ingresos. Si la economía ha crecido durante estos doce años un 290 por ciento, los salarios lo han hecho a un ritmo mucho menor. Así es como el salario mínimo llegaba en 2001 a 301 dólares; ha subido durante estos doce años a 409 dólares, lo que equivale a un escaso incremento porcentual de 35 por ciento. Si hiciéramos esta misma comparación con las utilidades de las empresas, los resultados resultarían impactantes.
Para que se produzcan estos flujos tan dispares, tiene que haber una política económica que los ampare. Y esa ha sido la economía de mercado sin regulaciones. La apropiación de los ingresos en Chile por parte de los dueños del capital se hace sobre los ínfimos salarios, proceso apoyado en una institucionalidad laboral que minimiza el poder de los trabajadores y su capacidad de organizarse. La negociación del salario mínimo por una cúpula sindical burocrática sin fuerza real es una de esas expresiones.
Estos distintos ritmos en los flujos económicos nos señalan que a medida que pasa el tiempo, la brecha en los ingresos tiende a aumentar. El país, las empresas y el Estado son cada vez más ricos, en tanto los trabajadores que viven de un salario, son cada vez, comparativamente, más pobres. Este proceso, que es también una materia de preocupación mundial, es un efecto del modelo neoliberal cuyo freno solo dependerá de intervenciones públicas.
Es por ello que mantener una virtual desregulación del mercado laboral es reforzar el proceso de concentración de la riqueza. Es dejar a los trabajadores a merced del poder de las empresas, causa no sólo de la desigualdad y los bajos salarios, sino de múltiples abusos. Sin sindicatos fuertes, solo un gobierno con voluntad política para cerrar la brecha social y económica podría intervenir este mercado decretando un piso salarial que permita superar la pobreza.
SALARIO MINIMO Y POBREZA
Según los datos de la encuesta Casen 2011, los trabajadores chilenos que perciben el salario mínimo están en torno al 18 por ciento de la población, principalmente entre mujeres y jóvenes. Un salario que a partir de este mes ha quedado en 225 mil pesos y que sumerge en la pobreza a quienes lo perciben. En Chile, la canasta básica mensual de alimentos está en poco más de 40 mil pesos, por lo que apenas alcanzaría para la supervivencia alimentaria de cinco personas. Asimismo, según los indicadores que marcan el umbral de la pobreza (actualmente cerca del 15 por ciento de la población está bajo esa línea), son pobres quienes tienen un ingreso menor a los 72 mil pesos mensuales. Sobre la base de estos registros, este salario condena a vivir en la pobreza a una familia de más de tres personas.
Sabemos que estas estadísticas esconden más de lo que muestran y que los problemas salariales en Chile trascienden el salario mínimo. Las carencias no sólo abruman a este 18 por ciento de la población laboral que percibe el ingreso mínimo, sino que a varios millones de trabajadores. Un cálculo de la Comisión para la Medición de la Pobreza citado en PF 803 estableció que una familia con ingresos bajo los 392 mil pesos está en situación de pobreza, y bajo los 588 mil pesos, en situación de vulnerabilidad o riesgo de caer en algún momento en una situación de carencia. Este grupo, equivalente al 43 por ciento de la población nacional, o a unos siete millones de personas, tendría también su relación con la población laboral. En Chile un trabajo no es una garantía para salir de la pobreza.
La alta concentración de la riqueza distorsiona las referencias a los ingresos promedio. Por ejemplo, según cifras del INE, el salario medio está en torno a los 400 mil pesos mensuales, en tanto el ingreso promedio de un hogar de cinco miembros se cifra sobre los 700 mil pesos. En éstos y otros casos, son números que están lejos del per cápita anual de casi 20 mil dólares, que equivale a un ingreso mensual teórico por persona sobre los 900 mil pesos.
La realidad apunta más al cálculo de la Comisión para la Medición de la Pobreza, en el que un 43 por ciento de los hogares estaría bajo los 588 mil pesos. Cada vez más estudios realizados durante los últimos años detectan dos fenómenos en la concentración de los ingresos. Por un lado las dos velocidades de ingresos que hemos citado, pero por otra parte niveles de concentración que superan la metodología empleada hasta ahora. La división de las clases sociales en quintiles (cinco grupos) o deciles (diez) ya no mide mucho porque cada vez más los recursos se están concentrando en un ínfimo grupo escondido en el diez por ciento más rico. Como afirma Alberto Mayol en El derrumbe del modelo , al menos ocho grupos se parecen mucho entre sí, aumentando su ingreso pausadamente. El noveno más rico se escapa un poco. Pero entre el grupo ocho y el diez la diferencia es de cuatro veces.
Teniendo en cuenta la alta concentración de los ingresos en Chile, se observa que este fenómeno de pobreza y vulnerabilidad está generado en buena parte por una política laboral que ha impedido el aumento salarial. El caso del salario mínimo durante estos años, en comparación con los flujos de la economía, es representativo aun cuando no está acotado a este segmento salarial. Es por ello que el gobierno de la Nueva Mayoría al mantener la negociación del salario mínimo bajo los mismos mecanismos de las últimas décadas, lo que hace es enviar una señal al país, a los trabajadores y al empresariado, de que las cosas seguirán iguales.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 808, 11 de julio, 2014