Pocas semanas antes de que se conozcan las propuestas de la comisión sobre trabajo y equidad creada el año pasado por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la pujante industria salmonera hace noticia a causa de una dura huelga y el anuncio de un despido masivo de trabajadores. El sindicato de la productora de salmones […]
Pocas semanas antes de que se conozcan las propuestas de la comisión sobre trabajo y equidad creada el año pasado por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la pujante industria salmonera hace noticia a causa de una dura huelga y el anuncio de un despido masivo de trabajadores.
El sindicato de la productora de salmones de cultivo Aguas Claras, de propiedad del consorcio de capitales nacionales AquaChile, cumple 11 días de huelga sin que se vislumbre un acuerdo inmediato entre las partes, aunque los trabajadores declararon su voluntad de continuar las negociaciones.
En el inicio de la medida de fuerza, los trabajadores optaron por presionar a sus empleadores ocupando por casi cinco días cuatro centros de cultivo de la empresa, ubicados en la región de Los Lagos, más de 1.000 kilómetros al sur de Santiago.
Esto generó millonarias pérdidas a la firma, que presentó acciones legales por usurpación, daños, amenazas y lesiones. Según los trabajadores, el conflicto ha desnudado una vez más las falencias de la legislación sobre negociación colectiva de convenios laborales.
Asimismo, la mayor salmonera del mundo, la noruega Marine Harvest, anunció este miércoles que a partir de junio despedirá a más de 1.000 trabajadores –25 por ciento de su personal– por el cierre de ocho centros de cultivo en el mar y dos plantas de procesamiento que operan en la misma región.
La medida fue tomada a causa de los negativos resultados económicos obtenidos en 2007 por los efectos que ha tenido en su producción el brote de anemia infecciosa del salmón. Las autoridades temen que esta situación genere nuevos focos de conflicto en la zona.
La huelga y el anuncio de despidos coincidieron con la campaña, bautizada «Sin Miedo Contra la Corriente», que la no gubernamental chilena Fundación Terram y Oxfam Internacional lanzaron a mediados de enero contra la industria salmonera.
El salmón es el tercer producto en importancia en la canasta exportadora chilena, después del cobre y el molibdeno. Chile es el segundo exportador mundial de salmones y truchas de cultivo, sólo superado por Noruega.
En el libro «Salmonicultura Chilena: Entre el Éxito Comercial y la Insustentabilidad», Terram y Oxfam denuncian precarias condiciones laborales, prácticas antisindicales y graves daños ambientales que no se condicen con las millonarias ganancias obtenidas por las empresas en los últimos años, derivadas del alza en los precios internacionales del producto. Aunque según las autoridades la conflictividad laboral en Chile es baja, desde 2006, cuando asumió Bachelet, trabajadores de importantes industrias como la minera, forestal y del procesamiento de pescado han protagonizado movilizaciones que provocaron tomas de fábricas, bloqueos de caminos y choques con la policía.
Según la gubernamental Dirección del Trabajo, durante 2007 hubo 146 huelgas, con una duración promedio de 10,9 días, que involucraron a 17.294 trabajadores.
En 2005 las huelgas fueron 101, mientras que en 2006 la cifra ascendió a 134. La tasa de sindicalización por cada cien ocupados es de 13,8 por ciento, considerada muy baja.
Los empresarios están manifestando cada vez con mayor énfasis su preocupación por las medidas de presión llevadas a cabo por los huelguistas, solicitando al gobierno que intervenga en su papel de garante de la seguridad pública.
También cuestionan la supuesta «ideologización» del actual movimiento sindical, cuyo principal referente es Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y militante del Partido Comunista. Asimismo, los empresarios alertan sobre el impacto que las movilizaciones pueden tener en la generación de empleo y el crecimiento del país.
Algunos de los factores asociados a los conflictos laborales son las grandes ganancias obtenidas por las empresas debido al aumento de los precios internacionales de materias primas como el cobre –del cual Chile es principal productor mundial– y las expectativas generadas por la entrada en vigor en enero de 2007 de la ley de subcontratación (terciarización de servicios).
Las movilizaciones han tenido, además, un agitado escenario social, inaugurado en mayo de 2006 por un histórico paro de estudiantes secundarios.
Durante 2007, el debate público se centró en la viabilidad de instaurar un salario mínimo «ético», que pase de los actuales 306 dólares a 532, tal como propuso el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Alejandro Goic, con el objetivo de reducir la gran desigualdad social.
En 2006 la participación en el ingreso nacional del décimo más pobre de la población fue de 1,2 por ciento, mientras que el 10 por ciento más rico obtuvo 38,6 por ciento.
En este contexto, el gobierno de Bachelet decidió crear en agosto de 2007 una Comisión Asesora Presidencial sobre Trabajo y Equidad, formada principalmente por técnicos. Ésta debe entregar sus propuestas a fines en marzo y el Ejecutivo tiene previsto presentar diversas iniciativas legales a tono con esas recomendaciones.
Ana María Muñoz, presidenta interina de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que cuenta con 800.000 afiliados, le restó total valor a la comisión. «No representa a ningún gremio», dijo a IPS.
Ni la CUT, ni la Confederación de la Producción y el Comercio, la principal patronal chilena, fueron convocadas a formar parte de ese cuerpo.
Muñoz cree que fue creada para sofocar el debate iniciado por Goic y duda de que alguna de sus propuestas logre mejorar la situación de los trabajadores.
Pero el debate ha avanzado. Algunos de los principales temas tratados son la ampliación de la negociación colectiva, la reforma al seguro de cesantía y la factibilidad de establecer un ingreso mínimo familiar, diferente al sueldo mínimo y al «ético».
El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, ya ha señalado que una de sus prioridades legislativas para este año es la mejora de los mecanismos de negociación colectiva y la sindicalización automática, así como poner fin a la proscripción al acceso de dirigentes sindicales a cargos de representación popular.
La implementación gradual a partir de marzo de los nuevos tribunales laborales es otro de los desafíos que enfrenta el Ejecutivo.
Durante este año, casi 200 sindicatos deben negociar colectivamente con sus empresas, tanto públicas como privadas, según datos de la Dirección del Trabajo. Entre ellas figura la estatal Corporación Nacional del Cobre, cuyos trabajadores tercerizados protagonizaron una huelga de más de un mes en 2007.
«No creo que 2008 sea un año explosivo, pero sí muy intenso en conflictos laborales», pronosticó Muñoz.
«La CUT va a seguir trabajando en sus demandas: el cambio del sistema electoral, ya que la actual conformación del parlamento no permite que se aprueben las reformas que buscamos, una negociación colectiva real, que ponga en igualdad de condiciones al empleador y al trabajador, el término de las prácticas antisindicales y una mejora en la distribución de los ingresos», concluyó.