Emilio Díaz (72 años) estuvo por más de dos años esperando en el sistema público una cirugía para su artrosis de rodilla. El dolor se hizo insoportable, su calidad de vida se deterioró, fue perdiendo movilidad y autonomía, situación que derivó en una depresión. Tuvo por más de diez años artrosis moderada en ambas rodillas, […]
Emilio Díaz (72 años) estuvo por más de dos años esperando en el sistema público una cirugía para su artrosis de rodilla. El dolor se hizo insoportable, su calidad de vida se deterioró, fue perdiendo movilidad y autonomía, situación que derivó en una depresión. Tuvo por más de diez años artrosis moderada en ambas rodillas, una de las ochenta patologías con cobertura GES (Garantías Explicitas en Salud), cuyo tratamiento es farmacológico y solo para personas mayores de 55 años.
Cuando su rodilla derecha se agravó recurrió al consultorio en busca de un nuevo tratamiento, pero la respuesta fue devastadora: cuando la artrosis de rodilla pasa de moderada a grave deja de ser patología GES. Este mecanismo contempla solo algunas patologías y en ciertos tramos de edad, generando un problema de exclusión en la cobertura. Y es que un principio central que ordena la política de salud en Chile es el paradigma de la focalización, cuyo enfoque terminó por liquidar la concepción de la universalidad en los derechos.
En la primera y única consulta a la unidad de traumatología del hospital, el especialista informó a Emilio que requería una cirugía de prótesis de rodilla, pero le cerró toda posibilidad de que accediera a la intervención en menos dos años. «Hay muchas personas en su misma situación, que están en lista de espera antes que usted, por lo que no le queda más que aguardar su turno», dijo el facultativo.
A Emilio no le quedó otra alternativa que endeudarse para una operación en el sistema de salud privado, cuyo costo superó los cinco millones de pesos.
Muchas familias tienen que destinar un porcentaje alto de su ingreso en atención de salud cuando enfrentan una urgencia. La enfermedad las conduce inevitablemente al endeudamiento. Esto impacta en su economía de subsistencia y empuja a hogares hacia la pobreza o los mantiene en esa situación.
El dolor, el empeoramiento por la espera y la discapacidad que la patología genera al paciente no son considerados al momento de constituir la lista de espera. En el caso de Emilio Díaz fue tanta la espera, que si bien la cirugía resultó favorable, no logró recuperar del todo su movilidad articular. El daño resultó irreparable.
La pregunta que surge es ¿quién responde por el deterioro de la salud física y sicológica de Emilio Díaz y de otros miles como él?
Su caso no es aislado. Según el Ministerio de Salud, un millón 882 mil 184 personas se encuentran en lista de espera, de los cuales un millón 602 mil 150 pacientes necesitan ser atendidos por un especialista, y otros 268 mil 570 requieren una cirugía. A ellos, se suman otros 11.464 casos de personas que, teniendo alguna de las ochenta enfermedades cubiertas por el plan AUGE/GES, no han sido atendidas en los plazos establecidos.
Otra cifra oficial es aún más dramática: 25 mil personas en lista de espera murieron en Chile durante 2016. Así informó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quien detalló que son 22.459 los pacientes que esperaban una primera consulta con un especialista y 2.358 los que requerían una cirugía.(1)
DESIGUALDAD Y
SEGREGACION EN SALUD
Las listas de espera tienen relación con la capacidad del sistema público para absorber la demanda asistencial. Así lo afirma Matías Goyenechea, de Fundación Creando Salud, quien advierte que el sector está tensionado constantemente por las garantías GES, cuyo porcentaje de incumplimiento bordea el 1%, lo que hace perder de vista las enfermedades no AUGE. Allí, los cuellos de botella están centralmente en la prestación de consulta ambulatoria con especialistas y en algunos casos en intervenciones quirúrgicas, pero que tienden a ser periódicamente resueltas, según dice el cientista político.
Advierte que la distribución desigual del recurso humano, vinculada a los incentivos del sector privado para atraer a los médicos, genera el problema. «Más del 50% de las horas disponibles de médicos especialistas están en el sistema privado para atender a pocas personas, mientras el 40% de las horas están en el sistema público para más del 80% de la población», añade.
Un estudio de Fundación Creando Salud que comparó las camas públicas disponibles en los años 2000 y 2015 arrojó una importante baja: de tres camas por cada mil habitantes a 1,8. El sector perdió casi la mitad de su capacidad. «Hoy tenemos casi cinco mil camas menos, mientras los usuarios siguen creciendo, lo que genera un colapso en los hospitales. Las estadísticas muestran que esa demanda asistencial ha transitado hacia el sector privado».
Para Goyenechea, el gobierno de Michelle Bachelet valora la política de construcción de hospitales, que califica como el mejor plan de los últimos 40 años. Aunque acota que no es suficiente, pues existen problemas estructurales de financiamiento que han generado gran desigualdad y segregación, dado que la distribución del gasto sanitario privilegia al sector privado. Denuncia que «los intereses en el negocio que se ha convertido la salud son transversales a la elite política, lo que genera una barrera ante la posibilidad real de generar cambios».
El investigador sostiene que se deben fortalecer los mecanismos del sector público, dotar de mayor resolutividad a la atención primaria, donde muchos casos que podrían ser resueltos son derivados al hospital, recargando las listas de espera.
Desde Fundación Creando Salud apuestan por una reforma estructural, centrada en mejorar y fortalecer el sistema público, con financiamiento en función de los resultados sanitarios con una lógica de solidaridad, y en avanzar en la desmercantilización del sector.
En opinión de Goyenechea, «no podemos esperar los cambios y ver cómo las comisiones evacúan propuestas, sino que lo importante es generar movimiento social en salud (…) en como los espacios se politizan y son capaces de discutir políticas de salud y generar un actor relevante que se haga cargo, y plantear los cambios fundamentales que requiere el sector».
Ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde fue citada por las muertes de personas en lista de espera, la ministra de Salud, Carmen Castillo, admitió que subsisten grandes desigualdades en salud. «Mientras invertimos per cápita sobre 400 mil pesos para el sector público al año, en el sector privado este monto alcanza un millón 100 mil pesos. Hay una brecha estructural que tenemos que resolver y posiblemente el próximo gobierno tenga que trabajar una reforma de salud».
La ministra omitió que más de mil millones de dólares son derivados anualmente por el Estado al sistema privado. El principal problema de estas transferencias de recursos es que el Fisco termina pagando sobreprecios respecto a los costos reales. Esos sobreprecios se transforman en las utilidades de los que lucran con el sistema. El costo promedio de un paciente de Fonasa trasladado a un centro privado llega a 11.322.529 pesos, es decir, casi el triple de los 4.285.000 pesos que cuesta la misma atención en un recinto público.
Si bien la ministra Castillo negó «relación causa-efecto» entre listas de espera y fallecimientos, luego el Ministerio convocó a una comisión de expertos que analizará la situación y propondrá estrategias para validar datos.
MOVILIZANDOSE CONTRA
EL MERCADO EN LA SALUD
Para el Movimiento Salud para Todos y Todas (MSPT), que reúne a organizaciones de usuarios, estudiantes, trabajadores y pobladores, el problema de las listas de espera es una de las expresiones de la mercantilización del sistema de salud.
Pamela Valenzuela, del MSPT, asegura que el gobierno de Bachelet ha sido errático en abordar los problemas del sector salud. «Tiene una política fiscal de ajuste en periodo de desaceleración económica, que no es acorde con un sistema hospitalario en crisis. Eso implicó que el programa de salud sufriera una serie de recortes. El retraso y reducción del plan de inversión impactó en el incumplimiento de la promesa de construcción hospitalaria (…) Las listas de espera -que afectan principalmente a la clase trabajadora- es el resultado de la fragmentación de la salud, su mercantilización y su posterior privatización. Ha habido un despojo de la salud pública», sentencia la dirigenta.
Esta situación se remonta a la dictadura militar, cuando con las reformas neoliberales se redujo drásticamente el Estado, que pasó a enfocarse en un rol subsidiario, lo que produjo una disminución de financiamiento y personal del sistema público de salud, descentralización con atención primaria delegada a la administración municipal, y una privatización directa e indirecta de parte de sus funciones. La reforma más transcendente fue la creación, en 1981, de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), seguros privados con fines de lucro.
Pamela Valenzuela denuncia que el sistema hospitalario no tiene capacidad para atender a la totalidad de la población, lo que vulnera uno de los principios del derecho a la salud, que es la universalidad. «Los usuarios en listas de espera están indignados no solo por su situación, sino ante la muerte de familiares y amigos, a los que en algunos casos los contactan para darles hora médica tres o más años después de fallecidos».
Desde el régimen militar, en el sector salud conviven dos realidades: por un lado la privada, que obtiene enormes márgenes de utilidades (50 mil millones de pesos en 2016) y concentración de ganancias; y por el otro, el sistema público, que concentra la mayoría de la población, con un desfinanciamiento crónico y progresivo.
Los gobiernos posdictadura han mantenido y profundizado el modelo neoliberal en áreas principales como la salud. Esto bajo la premisa de que es posible adquirir mayor eficiencia en la provisión de los servicios públicos, a través de la ampliación del mercado al interior de la salud pública, como es el caso de las concesiones hospitalarias.
El 27 de abril pasado, el Movimiento Salud para Todos y Todas, ocupó la Superintendencia de Salud, en Santiago, para denunciar la mercantilización de la salud, a 37 años de la creación de las Isapres. De manera paralela el MSPT realizó tres acciones de protesta en las regiones Metropolitana, Valparaíso y del Bío Bío. Desde Hualpén, Lautaro López, coordinador de Fundación EPES en Concepción, explica que «denunciamos la privatización de la salud, recordando un hito histórico, como es el decreto ley de creación de las Isapres en 1981. La salud privada obtiene cuantiosas ganancias y todavía no hemos sido capaces como fuerza social de levantar propuestas democratizadoras en el ámbito de la salud, que terminen con un negocio que afecta la vida de todos los chilenos y chilenas».
Para López, «es una necesidad urgente generar organización en los territorios, donde puedan participar vecinos, trabajadores y estudiantes para reconocer las problemáticas en salud desde diversas miradas, desarrollando una propuesta integradora sobre la nueva salud que queremos apunte hacia el buen vivir». En esa misma línea, Pamela Valenzuela precisa que «no podemos sentarnos a esperar o confiar que los cambios se van a generar desde el Parlamento; lo que debemos construir es fuerza desde el pueblo trabajador. El único camino es la movilización».
El MSPT se plantea derribar el mercado en la salud. Se propone avanzar hacia una transformación estructural del sistema, que implique la eliminación de las Isapres y la creación de un sistema que asegure en forma solidaria protección y cobertura universal, que logre satisfacer en forma efectiva y con calidad la atención de salud de la población.
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(1) Una glosa en la Ley de Presupuestos obliga a la autoridad de salud a elaborar un informe semestral que contenga «el número y las causas de muerte de pacientes que se encuentren en listas de espera no AUGE, y garantías retrasadas y que hayan muerto estando en lista de espera».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 876, 26 de mayo 2017.