Saludamos fraternalmente este evento, a sus organizadores, participantes y asistentes. Creemos que en la actual situación política de Colombia y América Latina encuentros como este son de gran importancia para la denuncia, el activismo, la defensa de derechos sociales y la ampliación de perspectivas para todos los comprometidos con la transformación social y la defensa […]
Saludamos fraternalmente este evento, a sus organizadores, participantes y asistentes. Creemos que en la actual situación política de Colombia y América Latina encuentros como este son de gran importancia para la denuncia, el activismo, la defensa de derechos sociales y la ampliación de perspectivas para todos los comprometidos con la transformación social y la defensa del humanismo en nuestro pais.
Sea lo primero indicar que la criminalización y la persecución judicial son herramientas políticas tradicionales de los regímenes antidemocráticos en la Colombia de los últimos 30 años, pero en épocas recientes han alcanzado un nivel de «refinamiento» y «sofisticación» tal, que incluso las víctimas de la persecución y la criminalización resultan normalizando o aceptando esa situación.
Sobra decir que al lado de estas herramientas hay un lugar destacado para el asesinato sistemático de líderes populares y de los que se oponen en regiones y territorios a proyectos económicos extractivistas; de apropiación de tierras mediante el robo y el desplazamiento; de privatización y despojo de los bienes sociales.
Queremos decir: El asesinato, la criminalización y la persecución judicial sirven al sostenimiento y desarrollo de proyectos económicos y de dominación política. Más aún, se constituyen en método de gobernabilidad y pacificación en un «posconflicto» que, ya se ha visto suficientemente, no implica apertura política, ni que cese la agresión contra organizaciones, movimientos o lideres sociales.
En palabras cortas: al que no lo matan lo judicializan y, en el mejor de los casos, lo convierten en indeseable o sospechoso para sostener un regimen anacrónico pero rentable para los que gobiernan.
La legalidad, los derechos universales, el debido proceso son solo formas, trucos publicitarios que resultan ser incomodos estorbos a la hora de darles eficacia o fuerza material, pues impedirían la gobernabilidad que estilan los gobernantes y que se caracteriza por que todo está en función de sus intereses económicos o sus componendas políticas. Lo que necesiten sus proyectos políticos es lo que define el rumbo de procesos judiciales; la situación jurídica de los chivos expiatorios de turno ; la opinión generada sobre tal o cual dirigente opositor, incluso la vida o muerte de dirigentes populares
Se advierte lo dicho, en el manejo de la extradición y la pugna por la hoy inexistente «segunda instancia» para otro de los segundones de Uribe. Todo alrededor de la situación de Arias es ilegal e irregular pero, no importa, ya equilibrarán las cargas para que se imponga lo que políticamente requiere el gobierno de Uribe-Duque.
Jesús Santrich es, en sí mismo, otro ejemplo de cómo las definiciones judiciales son, en últimas, siempre definiciones políticas pues desde el montaje judicial, la prisión, la privación ilegal de la libertad, su recaptura, la liberación y hasta en el sainete de la mancillada «dignidad» (como si la tuviera) del ex fiscal Néstor Humberto Martínez. Se manifestó una pugna entre sectores del poder en la que el santismo le ganó el pulso jurídico al uribismo en algunos aspectos. No para «defender la paz» ni proteger la persona de Jesús Santrich, sino para garantizar el control de la «legalidad institucional» con intereses políticos distintos (aunque no necesariamente divergentes).
«En la pelea de mulas el que paga es el arriero», dicen en el campo y Santrich fue el arriero que salió pateado, vilipendiado, criminalizado, desprestigiado, perseguido judicialmente y huyendo luego de firmar un acuerdo con el que pretendía integrarse a la vida política legal.
Cuando se trata de proteger los intereses del establecimiento todo es válido: Néstor Humberto Martínez renuncia pocos días antes de ser destituido por la Corte Constitucional y en su «salida triunfal» ordena el allanamiento, sin orden judicial, por parte del CTI a la oficina del fiscal ad hoc y la sustracción de pruebas que incriminan al exfiscal en corrupción, suicidios, ocultamientos, fraudes, etc.
Sin enfatizar, vale mencionar nuestro caso (llamado del Andino) claramente orientado desde la ejecución de una operación de falsa bandera, pasando por el montaje judicial hasta las aberrantes irregularidades jurídicas y procesales impulsadas por la fiscalía y la policía, cohonestadas por jueces inescrupulosos o temerosos del poder ejecutivo, mas el largo etcétera que nos mantiene hasta hoy en prisión, objetos de dos montajes judiciales.
Como se ve, la justicia en Colombia es cada vez menos una garantía ciudadana universal y cada vez más un instrumento de control social y dominación política que golpea a sectores progresistas, alternativos, populares y sirve a la concentración del poder político. Lo «novedoso» se encuentra en la criminalización como sentido común que justifica la persecución y el asesinato.
Un sentido común impuesto por el establecimiento y los medios afines que se orienta a que todo lo de la izquierda, en todos sus matices, es sospechoso, riesgoso, criminal e inexplicable. Es una manera inapropiada de hacer política, por lo que la mejor izquierda es «la verde», es decir, la que va al centro y ya en el centro apoya los proyectos políticos y económicos de los gobernantes tradicionales en alguna de sus expresiones, teniendo mucho cuidado de no cuestionar esa legalidad institucional criminalizadora, perseguidora y asesina.
Entonces se generan percepciones y opiniones sobre lo que es la solidaridad, la resistencia, la acción política y la dignidad que llegan a recortar de tal modo la vision sobre estos conceptos que siempre está atravesado el temor a ser considerado subversivo, demasiado radical o amigo del terrorismo. TODO un problema ÉTICO ni más, ni menos.
La criminalización señala, acusa, sustenta montajes y persecuciones pero es también «Estado de opinión». Todos los que no son ciudadanos merecen castigo o exterminio. Colados, ñeros, sin techo, desempleadas, campesinos, feos, indeseables o rebeldes, con la casualidad dada de ser todas ellas pobres.
El policía ya no solo quiere estar en cada esquina, sino en cada cabeza y así todas las posibilidades creativas, subversivas, de ruptura de y con lo establecido se limitan a la medida del poder y es todo lo contrario a lo que Colombia y Latinoamérica requieren.
De ahí la importancia de eventos como el que aquí nos convoca y la necesidad de proyectarlos más ampliamente en el debate político nacional.
Mil gracias.
Desde Eron-picota.