La novedad ocurrió el 14 de abril en la vereda La Esperanza, del corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, departamento Cauca, en el suroccidente de Colombia. Allí se produjo un duro enfrentamiento entre las FARC y la Fuerza Pública. Más precisamente, entre la columna móvil Miller Perdomo, que es parte del Bloque Alfonso Cano, […]
La novedad ocurrió el 14 de abril en la vereda La Esperanza, del corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, departamento Cauca, en el suroccidente de Colombia. Allí se produjo un duro enfrentamiento entre las FARC y la Fuerza Pública. Más precisamente, entre la columna móvil Miller Perdomo, que es parte del Bloque Alfonso Cano, de la guerrilla, y el Batallón de Combate Terrestre No. 110, de la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo, del gobierno de Juan M. Santos.
El resultado fue ampliamente favorable a la guerrilla, que tuvo una baja en tanto sus enemigos debieron llevarse 11 muertos y 18 heridos.
El presidente dijo sentir rabia por las bajas propias y calificó el enfrentamiento como un acto infame de la guerrilla. Sin embargo, en general y en particular él mismo es -junto con sus comandantes militares y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón- el responsable del suceso.
Santos es el culpable en términos generales porque se negó a acompañar el cese de fuego unilateral decretado por la guerrilla el 20 de diciembre pasado. La agrupación dirigida desde 2011 por Timoleón Jiménez «Timochenko» había advertido, como en ceses del fuego anteriores, que eso no significaba dejar de responder a ataques y acosos del ejército.
La Casa de Nariño contestó negativamente la solicitud de la guerrilla, formulada desde la delegación que negocia la paz en La Habana. El gobierno no se sumó a un cese del fuego de las dos partes. Según Santos, una cosa así habría fortalecido a los rebeldes, que iban a aprovechar la falta de combates para fortalecerse, reclutar y extenderse a nuevas zonas.
Por eso no es equivocado decir que las 11 bajas del Cauca son en buena medida fruto de la obstinación militarista de Santos. Con un alto al fuego esto no habría ocurrido.
Apolo se la buscó
Si las FARC habían declarado un cese del fuego, ¿cómo fue que atacaron a los militares? ¿No fue esa una grave contradicción y un golpe a su credibilidad política en los diálogos de paz que se realizan en Cuba?
Santos, el ministro de Defensa Pinzón, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el procurador general Alejandro Ordóñez, aseguraron que se trató de un ataque deliberado de la guerrilla. Dejaron abierta la duda si obedeció a una orden de los rebeldes desde La Habana o a una actitud inorgánica de sus combatientes en el país. Pero en una u otra alternativa los culpables serían los insurgentes.
Sin embargo, en el diario oficialista El Tiempo, del 17, los generales colombianos reconocieron que sus tropas estaban hostigando a la guerrilla en esa zona del Cauca. Textual: «Militares asesinados en Cauca buscaban a narco de las Farc. Recorrieron la zona durante tres días para ubicar a alias ‘Chichico’, quien se movía con 20 hombres. La Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo venía, desde hace dos meses, realizando operaciones de rastreo en la zona en donde ocurrió la emboscada que les costó la vida a 11 militares en área rural de Buenos Aires (Cauca). El general Mario Augusto Valencia, comandante de la Tercera División, dijo que las operaciones se habían concentrado en la vereda La Esperanza en busca de alias ‘Chichico’, un guerrillero dedicado al narcotráfico. Este hombre es el cuarto jefe de la columna móvil ‘Miller Perdomo’, señalada de cometer el cruento ataque. Por casi tres días recorrieron la zona y no lo hallaron, y la fuerte lluvia obligó a suspender la búsqueda. El general agregó que sus hombres fueron sorprendidos en un momento de descanso. Se reunieron en el coliseo de la población para refugiarse de la lluvia. El oficial no descartó que el ataque haya sido producto de una retaliación por operaciones realizadas en los últimos 15 días».
Dejando de lado la habitual y falsa acusación gubernamental de que la guerrilla está ligada al narcotráfico, queda documentado que la Fuerza Apolo estaba persiguiendo a la columna ´Miller Perdomo´. Y luego de 15 días de persecución, admitida por el general Valencia, en un momento dado, la guerrilla se les plantó y contragolpeó.
¿Quién ataca?
Como quedó dicho, las FARC de Timochenko habían dispuesto un alto al fuego unilateral a partir del 20 de diciembre, que cumplió. A tal punto lo hizo que Santos tuvo que disponer a partir del 10 de marzo, casi tres meses más tarde, el cese de bombardeos contra los campamentos farianos. Lo ordenó por un mes y el 10 de abril, viendo que las cosas marchaban razonablemente bien para él, lo prorrogó por treinta días.
Producido el incidente del 14 de abril, el presidente ordenó reanudar los bombardeos contra las posiciones rebeldes, que con información satelital, modernas tecnologías y aviones provistos por Estados Unidos, vienen siendo su principal forma de golpear a los guerrilleros.
Con esa decisión de bombardear es dable esperar una nueva escalada del conflicto que ya lleva más de 50 años, si se toma de jalón a mayo de 1964 cuando militares asesorados por EE UU atacaron a Manuel Marulanda Vélez y los campesinos de Marquetalia. Estos pasaron a organizarse como FARC.
El primer mes de cese de bombardeos no supuso que los militares colombianos estuvieran de brazos cruzados. El reporte oficial del 10 de abril precisó que «durante estos 30 días murieron 7 guerrilleros, 6 de ellos de las FARC y uno del ELN; 82 subversivos fueron capturados y 46 se desmovilizaron». O sea que Santos dio una breve licencia a su fuerza aérea, pero las tropas de tierra estuvieron muy activas, atacando constantemente a la insurgencia. Ahora será bastante peor, porque la orden presidencial es atacar por tierra y aire.
En el Cauca la represión oficial es especialmente dura. El 20 de febrero, una nota de Dick Emanuelsson, publicada en Rebanadas de Realidad, informaba que en 2015 habían sido asesinados 55 defensores colombianos de Derechos Humanos. Se lee allí: «el mayor número de homicidios fue registrado en el Cauca, uno de los que más ha sufrido la violencia del conflicto armado colombiano, donde fueron asesinados 10 defensores».
Que siga el diálogo
A todo esto, en paralelo a la continuidad de los combates en Colombia por decisión del Estado, en La Habana continúan las negociaciones de paz. Estas tuvieron su comienzo en noviembre de 2012 y el 10 de abril pasado vieron el inicio del ciclo número 35 de los diálogos. De un lado el comandante Iván Márquez con su delegación y del otro el ex vicepresidente Humberto de la Calle y los suyos.
Ya han sido acordados el tema agrario, la participación política y otros de importancia, mientras actualmente se discute sobre la justicia transicional y la posible dejación de las armas guerrilleras.
Ese último tópico se discute en un subcomité para el que a principios de marzo Santos despachó como sus representantes a altos militares con la polémica concepción que con la coordinación del mayor general Javier Flórez serían los más aptos para discutir de estos asuntos. «No se dejarán meter ningún gol», dijo el ministro Pinzón. Joaquín Gómez, de las FARC, es la contraparte de Flórez.
Febrero pasado fue el mejor momento de esas conversaciones y no sólo porque no habían sucedido los graves enfrentamientos del Cauca. Es que hasta Estados Unidos había nombrado a Bernard Aronson como su comisionado para dar apoyo a las negociaciones de paz. El enviado visitó a ambas delegaciones y a Santos en Nariño.
También había pasado por el Palacio de las Convenciones de Cuba el ex secretario general de la ONU, el ghanés Kofi Annan, a quien Iván Márquez pidió transmitiera al gobierno colombiano su experiencia de «cascos azules» de operaciones de mantenimiento de la paz. Para las FARC todo antecedente para frenar la guerra es positivo y no es por el temor a usar sus armas, como varios ejemplos lo atestiguan.
La discusión de paz sigue trabada. Por un lado están las diferencias específicas no salvadas en puntos ya aprobados en general, como el agrario. La guerrilla entiende que el Estado sigue protegiendo al latifundio, mineras y petroleras, en detrimento del campesinado y pueblos originarios.
Hay otras diferencias. La derecha colombiana y obviamente la ultraderecha del Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe, quieren que los guerrilleros vayan a la cárcel una vez que dejen las armas.
La posición de las FARC es diametralmente opuesta: hacen su autocrítica pero afirman que los grandes responsables del drama son las clases dominantes, los militares y gobiernos obedientes a EE UU. Y como aseguró Iván Márquez en el reportaje de Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano: «cero comandante guerrillero preso».
El editorial de El Tiempo está en sus antípodas: «Los comandantes de esta organización se equivocan si persisten en su aspiración de total impunidad».
El registro del conflicto es que perjudicó de forma directa a 6,8 millones de ciudadanos: 230 mil muertos, 25 mil desaparecidos y más de cuatro millones de desplazados de sus lugares de origen.
La VII Cumbre de las Américas reunida en Panamá dio su apoyo a una solución política de ese conflicto, pero ese diálogo hoy va por un camino de cornisa, en medio de los tiros.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/