«El Secretariado de las FARC-EP, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores de los pueblos colombianos, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra las fuerzas públicas y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante […]
«El Secretariado de las FARC-EP, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores de los pueblos colombianos, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra las fuerzas públicas y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el período comprendido entre las 00.00 horas del día 20 de noviembre del 2012 hasta las 00.00 horas del 20 de enero del 2013».
Con este gesto anunciado en el comunicado hecho público el pasado 20 de noviembre, las FARC-EP contribuían al clima de buen entendimiento necesario para el avance de las negociaciones de paz y pretendían dar un respiro al pueblo colombiano durante las Navidades, para que tuvieran la fiesta en paz.
La respuesta del Estado colombiano ha sido no solamente no corresponder con un alto el fuego recíproco, sino intensificar las operaciones militares contra los campamentos de la guerrilla. La madrugada de este domingo, bombardearon intensamente zonas rurales en los departamentos de Cauca, Nariño y Meta. Especialmente sangriento resultó el bombardeo en el municipio de Ricaurte (Nariño), fronterizo con Ecuador, en el que el Ejército afirma haber matado a más de 20 guerrilleros.
En una exultante entrevista con la emisora oficialista Caracol, el general Leonardo Barrero, jefe del Comando Conjunto del Suroccidente, con jurisdicción en los departamentos del Valle, Cacua y Nariño, se felicitaba por este «contundente golpe» a la «cuadrilla» ‘Mariscal Antonio José Sucre’ de las FARC. Este alto mando militar afirmaba que tras obtener información de inteligencia que les permitió ubicar tres campamentos en la zona de Nariño, procedieron a bombardearlos en la madrugada, para después ingresar con tropa; se felicitaba por haber «dado de baja» al jefe guerrillero Guillermo Pequeño, a una enfermera y a una radio operadora, y precisó que hasta el momento habían podido identificar solamente 6 de los más de 20 cuerpos, dado el «lamentable estado» que presentan los restos humanos.
El general Barrero admitió en la entrevista que se habían producido combates durante el ingreso de las tropas, y acto seguido declaró contundentemente que la tropa no sufría ningún riesgo (?). También fue llamativo su afirmación de que la localización de cadenas en el lugar llevaba a pensar que en el campamento pudiera haber habido personas retenidas por la guerrilla, para apresurarse a afirmar, ante la lógica pregunta de si en el bombardeo había habido alguna víctima no insurgente, que rotundamente no había habido afectación a la población civil por el bombardeo.
Sin embargo,el secretario de gobierno del departamento de Nariño, Jaime Rodríguez, señaló que activarían los mecanismos de ayuda humanitaria ante los efectos que se pueden generar como consecuencia del bombardeo, y que se teme el desplazamiento de familias indígenas y campesinas, que habitan la zona bombardeada por la Fuerza Aérea Colombiana. Una curiosa forma de defender y proteger a la población Awá que utilizan en sus declaraciones para satanizar a la guerrilla, acusándola de violar los derechos humanos de estas comunidades indígenas.
Fuentes militares también se felicitaron por otro bombardeo a un campamento del frente 27 de las FARC en el casco urbano de Vistahermosa (Meta), que se saldó con tres guerrilleros muertos, entre ellos Héctor Lombana, cuyo nombre de guerra es «Franklin Pipas», a quien se le atribuye haber sido el jefe de finanzas del frente 27 de las FARC. En un bombardeo realizado en la misma zona en marzo de 2012, la Fuerza Aérea Colombiana descargó 10 toneladas de bombas y empleó 18 aviones y helicópteros artillados (ver video). Se desconoce hasta el momento cuántas toneladas de bombas y millones de pesos del contribuyente colombiano se necesitaron para cobrarse cada una de las tres vidas con las que se saldó esta última operación militar-propagandística.
Los bombardeos se dieron, casualmente, coincidiendo con unas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en Cartagena de Indias, en las que fijó en noviembre de 2013 la fecha límite para alcanzar acuerdos concretos de paz con las FARC.
«Esto no puede ser un proceso de años sino de meses. Es decir, que esto debe durar no más allá del año entrante, noviembre del año entrante a más tardar, diría que antes», dijo Santos en una reunión del Partido Verde.
Y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, remachó el mismo mensaje declarando que: «Quienes tienen que ganarse la credibilidad, que no la tienen, son precisamente las Farc y la mejor manera de hacerlo es avanzar a toda velocidad con el acuerdo que el Presidente de la República de manera generosa ha planteado» (Ver El Tiempo del 3 de diciembre de 2012).
Avanzar a toda velocidad. Esa parece ser la obsesión de un presidente que se ha desplomado en las encuestas de popularidad, y que ve cómo se le va complicando la reelección. Esta semana las agencias informaban que ha sido la más negra para Santos desde que llegó a la Presidencia en agosto de 2010, al alcanzar las cotas más bajas de popularidad, del 45% y 51% frente al 60% y 62% de septiembre, según dos sondeos de Ipsos Napoleón Franco y Datexco,
Las operaciones militares-propagandísticas y la exhibición de cuerpos de guerrilleros masacrados suele rendir réditos de popularidad en Colombia, eso lo sabe bien Juan Manuel Santos, quien declaró haber «llorado de emoción» al conocer la noticia de que Alfonso Cano, el comandante de las FARC que más contundentemente trabajó por la paz, había sido «dado de baja». Un hombre de más de sesenta años, que al momento de ser abatido se encontraba sin sus gafas, es decir, ciego, y cercado por mil soldados. El arzobispo de Cali se escandalizó en ese momento porque no lo habían capturado vivo. Pero a este Gobierno le gusta exhibir cadáveres, retratarse junto a ellos, y siempre aspira con ello a aumentar algún punto en las encuestas de popularidad.
En Colombia, los medios oficialistas hablan de «los golpes contundentes» a los «peligrosos terroristas», ladran por el fallo de la CIJ que otorga a Nicaragua soberanía sobre una parte de las aguas territoriales de San Andrés reclamadas por Colombia, lo que ha causado el desplome de Santos en las encuestas, y ocupan bastantes titulares con los modelitos que la Señorita Colombia lucirá en el concurso de Miss Universo (sic).
Fuera de Colombia, se sigue hablando de Santos como un hombre «de paz»…
La realidad que no cuentan los medios dentro ni fuera de Colombia es que en medio de las conversaciones, el Estado colombiano sigue matando. Y no solamente en la guerra regular. La guerra sucia que recurre al paramilitarismo para desplazar población, perseguir opositores y acallar la disidencia, continua. La guerra jurídica que encarcela a líderes sociales y opositores por medio de montajes judiciales y acusaciones de «rebelión» continúa engrosando las prisiones de Colombia, donde ya son más de nueve mil quinientos los presos políticos y la situación humanitaria en las cárceles es desesperada.
En el Senado, se abre paso el proyecto de enmienda constitucional que reforma el fuero penal militar, que ampliará la competencia de los tribunales militares o policiales para decidir sobre casos de violaciones serias de los derechos humanos, sacando de la justicia penal ordinaria delitos como los crímenes de guerra, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento y uso de menores, la detención arbitraria, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y otras violaciones como los atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones, así como delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.
La maquinaria de impunidad se amplía y la estrategia de terrorismo de Estado no cede un ápice.
El pueblo colombiano tampoco. Mantiene su resistencia a la esquilmación de sus recursos, al despojo de sus tierras, a la violación de sus derechos laborales más básicos, a la locomotora mineram que arrasa la vida para entregarle el país a las transnacionales. Mantiene su esperanza en un proceso de paz del que se reclama como un actor indispensable.
Y levanta la bandera de la paz como un desafío a este Gobierno necrófilo, que espera reelegirse arrojándole bombas, porque la oligarquía a la que representa es como el escorpión de la fábula, y clava su aguijón en la espalda de la rana que lo está ayudando a cruzar el río, a mitad del trayecto. No tiene elección, es su naturaleza. No lo olvidemos. Escuchemos sus promesas, pero no apartemos la vista de sus actos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons , respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.