Vuelven y juegan los rescates a sangre y fuego de los miembros de la Fuerza Pública que pierden la libertad a manos de la insurgencia en acciones inherentes al conflicto, lo cual pone en alto riesgo sus vidas. Según el Derecho Internacional Humanitario en casos como estos la responsabilidad sobre la vida y la integridad […]
Vuelven y juegan los rescates a sangre y fuego de los miembros de la Fuerza Pública que pierden la libertad a manos de la insurgencia en acciones inherentes al conflicto, lo cual pone en alto riesgo sus vidas.
Según el Derecho Internacional Humanitario en casos como estos la responsabilidad sobre la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad, recae exclusivamente en el bando que intenta el rescate a sangre y fuego.
El Presidente dijo de manera arrogante ante los medios que «los policías secuestrados por las FARC están vivos y vamos a rescatarlos».
A cada momento el presidente Santos y su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, repiten y amenazan que no habrá cese bilateral del fuego y que continuarán su guerra frontal contra las FARC.
El primer mandatario reiteró que el Gobierno no está dispuesto a negociar la regularización del conflicto y aseguró que «la guerra la vamos a ganar por las buenas o por las malas».
Ayer desde La Habana el comandante Iván Márquez expresó al respecto, que resultaba insensato que el régimen declare a cada instante que incrementará la guerra y al mismo tiempo se queje de las consecuencias que deja la misma.
«Humberto de la Calle ha reiterado que la orden presidencial a la Fuerza Pública es seguir persiguiendo a las FARC en todo el territorio nacional. Entonces resulta insensato que mientras se hacen declaraciones de escalar la guerra se eleven quejas por las consecuencias que esta desata», dijo Márquez.
Mientras tanto en los campos de batalla siguen muriendo, quedando heridos o perdiendo la libertad militares, policías, guerrilleros y población civil. Hace 48 horas, por ejemplo, en Nariño perdieron la vida cuatro soldados y otros dos quedaron gravemente heridos.
Son las atrocidades de la guerra que el régimen se empeña tercamente en escalonar todos los días, sin preocuparle en lo más mínimo el sufrimiento que le causa al pueblo colombiano.
Por otro lado los voceros del gobierno, medios de «comunicación», periodistas, opinadores y oportunistas en general, como Angelino Garzón, mienten ente la sociedad al desconocer que el Derecho Internacional Humanitario, en el caso de miembros de la Fuerza Pública capturados en combate por la insurgencia, estipula que no tienen el estatus de «secuestrados».
A los militares, policías o guerrilleros, que pierden la libertad en manos de sus adversarios por efectos de la guerra, el DIH (Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II) los denomina: «Personas que han perdido la libertad en acciones inherentes al conflicto».
Lo anterior es válido para conflictos armados internos, que es el caso colombiano. Llamar secuestrados a los militares o policías que pierden la libertad por causas del conflicto es una estrategia perversa que distorsiona la realidad de la confrontación y la incentiva.
Así mismo el Estado colombiano continuamente infringe gravemente el DIH con las y los guerrilleros que pierden la libertad en acciones del conflicto, porque les viola los derechos estipulados en el Artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el Protocolo II del DIH, los cuales son de obligatorio cumplimiento.