El próximo 7 de agosto, Juan Manuel Santos será investido como presidente de Colombia y recibirá de manos de Álvaro Uribe, las llaves de la Casa Nariño. Tal y como se esperaba, el candidato del Partido de la U, el oficialista y ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, obtuvo un amplio triunfo electoral sobre […]
El próximo 7 de agosto, Juan Manuel Santos será investido como presidente de Colombia y recibirá de manos de Álvaro Uribe, las llaves de la Casa Nariño.
Tal y como se esperaba, el candidato del Partido de la U, el oficialista y ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, obtuvo un amplio triunfo electoral sobre su antagonista en la segunda vuelta, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus.
Santos ya anunció en la campaña electoral que se propone profundizar aun más la lucha contra la insurgencia de las FARC, ofreciendo también recomponer la relación con sus países vecinos, una campaña frontal contra el desempleo que afecta a cerca del 12 por ciento (%) de los colombianos en edad de trabajar, reducir la pobreza y mejorar la cobertura de salud, el acceso a la educación y no incrementar la carga tributaria.
¿Quién es Juan Manuel Santos?
Nacido el 10 de agosto de 1951, es parte de la influyente familia Santos, siendo nieto del prestigioso periodista Enrique Santos Montejo. Su tío abuelo, Eduardo Santos Montejo, quien fuera dueño del diario El Tiempo, ejerció la presidencia de Colombia entre 1938 y 1942. De igual manera, es primo hermano del hasta ahora vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón.
Estudió Economía en la Universidad de Kansas y en el London School of Economics, así como Periodismo en Harvard.
Su primera aparición en la vida pública fue cuando ingresó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en 1972, representando a Colombia durante nueve años ante la Organización Internacional del Café en Londres. Posteriormente y tras desempeñarse como periodista, Juan Manuel Santos se enredó en las filas del Partido Liberal, pasando a ser ministro de Comercio Exterior durante el mandato de César Gaviria en 1991. En 1993 es elegido por el Senado como el último Designado a la Presidencia de la República, figura que fue transformada en la Constitución de 1991 como la de Vicepresidente. Entre 1995 y 1997, formó parte del triunvirato que gobernó el Partido Liberal, retirándose para presentar su pre candidatura a la presidencia de Colombia, hecho que no llegó a materializarse. En el año 2000, el presidente conservador Andrés Pastrana lo nombra ministro de Hacienda y Crédito Público.
En el 2004 se retira del Partido Liberal, lanzándose a apoyar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, siendo uno de los organizadores del Partido de la U en el 2005. En julio de 2006, Uribe lo designa ministro de Defensa Nacional, cartera de la que es titular hasta el año 2009, cuando abandona el cargo para asumir la candidatura a la Presidencia por el Partido de la U.
En su gestión como ministro de Defensa, Santos, con la ayuda de las agencias de seguridad estadounidenses, logra dar certeros golpes a las FARC, tales como las muertes del líder guerrillero Miltón Sierra Gómez, alías «Jota Jota«[1], en junio de 2007; el jefe guerrillero Tomás Medina Caracas, alías «el Negro Acacio«[2], en septiembre del 2007; del Comandante Gustavo Rueda, alías «Martín Caballero«[3], en octubre de 2007; el segundo comandante en rango de las FARC, el Comandante Luís Edgar Devia Silva, alías «Raúl Reyes«[4], en marzo de 2008; la desmovilización de la guerrillera Nelly Ávila Moreno, alías «Karina«[5], en mayo del 2008; y la liberación de Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once militares y policías secuestrados en la llamada Operación Jaque[6], en julio del 2008.
En 2007, el líder paramilitar Salvatore Mancuso declaró en una audiencia que, en 1997, Santos había planeado derrocar al entonces presidente Ernesto Samper. Mancuso también dio datos sobre las vinculaciones del vicepresidente y Juan Manuel Santos con los grupos paramilitares. Ya iniciada la campaña electoral, Mancuso volvió a denunciar esto a través de un teleconferencia desde la cárcel de Washington, donde está desde 2008, cuando el gobierno colombiano lo extraditó a EE UU. Según Mancuso, Santos fue a los campamentos de los paramilitares para pedir respaldo al golpe contra Samper, y reunirse con el que en aquel momento era el líder máximo de los «paras», Carlos Castaño.
¿Quién pasó durante la campaña?
La aparición en el escenario político del excéntrico filósofo y matemático Antanas Mockus, quien tuvo éxitos notables en su gestión como alcalde de Bogotá entre los años 1995-1998 y 2001-2004, acompañado como número dos por el también exitoso ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo (2004-2007), hizo que el escenario electoral colombiano diese un vuelco inesperado. Esta candidatura tomó fuerza tras el primer debate presidencial a finales del mes de abril, en el que el académico de origen lituano arrolló a sus dos principales oponentes, Juan Manuel Santos y Naomí Sanín, representante del Partido Conservador. En aquel momento se hablaba de empate técnico.
Sin embargo, Mockus no comprendió que para ganar al oficialismo debía convertirse en una alternativa clara al uribismo. Mockús, quien se disputaba una franja importante de votos en el electorado uribista, fue reacio a la confrontación total con el oficialismo y se mantuvo tibio en sus críticas tanto al modelo económico como al modelo militar y de seguridad interna desarrollado por Álvaro Uribe. Tal era el distanciamiento que Mockus y su Partido Verde querían plasmar con la izquierda, que ignoró el ofrecimiento de un acuerdo programático con el Polo Democrático Alternativo, situación que hubiese asegurado al aspirante presidencial, más de un millón de votos provenientes de la izquierda -el Polo tras la negativa de Mockus, llamó al voto en blanco-.
Durante la campaña, Mockus no cuestionó la estrategia de resolución militar del conflicto con la insurgencia desarrollada durante las dos últimas legislaturas con la política de seguridad democrática y tampoco el fortalecimiento de la llamada «confianza inversionista», basada en seguir la senda de las privatizaciones y la continuidad económica de la política uribista, llegando incluso durante la campaña a exonerar de responsabilidades a Uribe y Santos sobre los «falsos positivos«[7].
En la práctica, Mockus ha sido el justificador de un proceso electoral con graves carencias democráticas, que ha permitido a Juan Manuel Santos, legitimarse como futuro presidente de Colombia.
Situación económica de Colombia
Desde el año 2002 hasta el 2006, Colombia entró en un ciclo expansivo de la economía debido a las favorables condiciones internacionales las cuales permitieron a su economía obtener un buen rendimiento en su balanza comercial, fruto del aumento de la demanda internacional por productos primarios, lo cual generó un incremento de los precios de las materias primas a nivel global. Aumentaron tanto la cantidad como el precio de sus exportaciones alcanzándose una buena tasa de crecimiento económico.
Paralelamente, el crecimiento económico desarrollado por los países receptores de migrantes colombianos permitió un aumento de las remesas enviadas a Colombia, lo que provocó a su vez, un aumento de la demanda agregada por vía del consumo y la inversión, lográndose así un mayor nivel en el PIB colombiano.
Sin embargo, la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que ocasionó una crisis económica global, fue un importante factor de afectación a la economía colombiana.
Debido a la contracción económica de las potencias mundiales se generó un incremento masivo del desempleo en estos países, fenómeno que ocasionó la disminución de las remesas enviadas a Colombia, lo cual contrajo sustancialmente el consumo nacional. Otros de los efectos de la crisis internacional fue la reducción de las exportaciones colombianas ya que Estados Unidos y Venezuela que son dos de los principales socios comerciales de Colombia están experimentado una situación delicada a nivel económico. En el caso de Venezuela, la situación se vio agudizada por unas problemáticas relaciones diplomáticas entre ambos países y el cierre de fronteras. En 2008, el PIB colombiano se redujo el 1 %, mientras en el 2009, el país andino reportó un crecimiento de su economía de 0.4 %.
El déficit del gobierno central en Colombia para 2009 fue de 4,1 % del PIB, frente a 2,3 % del PIB registrado en 2008, según cifras oficiales. En tanto, el déficit del sector público consolidado fue de 2,7 % del PIB en 2009, frente a 0,1 % de 2008.
De igual manera, en el mercado laboral la oferta de trabajo continuó creciendo por encima de la demanda por empleo, hecho que se ha reflejado en un aumento continuo de la tasa de desempleo.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indicó en el mes de abril que la tasa de desempleo llegó al 12,2 %, la más alta para ese mes desde 2004. Esto significa que hay 2.668.000 personas que están buscando trabajo y no lo encuentran.
Según el informe de la Misión de Empleo, Desigualdad y Pobreza en Colombia, el 45,5 % de los colombianos vive en la pobreza y el 16,4 % en la pobreza extrema. En Colombia se considera que un hogar está en condición de pobreza cuando, estando conformado por cuatro personas, tiene ingresos inferiores a un millón 100 mil pesos mensuales. En cuanto a la indigencia (pobreza extrema), se hace referencia a los hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, que en el país se estima que cuesta 450 mil pesos para cuatro integrantes.
Para el PNUD, las metas del Gobierno, frente al tema, que eran de cifras de pobreza del 28 % en 2015, no será posible cumplirlas, considerando que 48 de cada 100 colombianos seguirán pobres en el 2011.
Santos se ha comprometido a crear más de 2,5 millones de empleos y formalizar otro millón. Para esto, según lo ha dicho, continuará con la política de subsidios y exenciones tributarias para los empresarios. En su criterio, esa es la única vía para disminuir la pobreza.
Sin embargo, el discurso de continuidad de Santos visualiza una paradoja, dado que en los años anteriores donde se refleja crecimiento de la pobreza, es precisamente cuando el Gobierno anunció crecimientos altos de la economía.
Comparada con 2005, la pobreza bajó 4,3 puntos, mientras que la pobreza extrema o indigencia aumentó 2,1 puntos, lo cual demuestra que dicho crecimiento no repercutió en los más pobres, dado que el crecimiento promedio de la economía en esos tres años fue de 5,6 %, con un pico excepcional de 7,5 % en 2007.
Si bien, aunque 48 de cada 100 colombianos siguen viviendo en la pobreza, si nos fijamos en los sectores rurales el cuadro es aún más inquietante: el 65 % de colombianos que habitan las zonas rurales viven en parámetros de pobreza, al paso que los pobres que viven en las ciudades son 39 de cada cien. Es decir, la brecha de pobreza entre lo urbano y lo rural sigue ampliándose.
Si bien ha habido alguna mejoría entre los indicadores de pobreza y de indigencia que prevalecían en 2002 y los que aparecen en 2008, no es menos cierto que la situación es preocupante. El país desaprovechó tristemente los años de vacas gordas (2002-2007), que fueron años de alto crecimiento económico, de abundante inversión nacional y extranjera, de comercio internacional robusto y de altos precios en los productos básicos, para haber construido una sociedad más justa y más equitativa. El crecimiento sólo se vio reflejado en los sectores más ricos, siendo la política económica uribista un claro ejemplo de cómo no hacer hecho nada por reducir la concentración de la riqueza en un país en vías de desarrollo.
La desaceleración de la economía, trajo consigo incremento de la desocupación y el deterioro de la calidad del trabajo, lo cual incidió negativamente en el comportamiento de la pobreza y de la pobreza extrema, y reforzó la concentración del ingreso.
El resultado de todo esto, es que más de 20 millones de personas viven en la pobreza en Colombia y más de 8 en la indigencia, lo que significa que 28 millones de personas no tienen los recursos suficientes para disfrutar de una viva digna en el país.
Desde que en el año 2002 el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, tomase el poder del Estado, la pobreza se ha mantenido entre el 53 y el 57 %, superando la tasa del 60 % en el último período.
La progresiva reducción del gasto social y el constante aumento del presupuesto militar, el cual ya supera el 14 % del presupuesto colombiano -triplicando lo destinado a la educación-, son algunas de las razones del aumento de la pobreza.
El futuro de los Derechos Humanos en Colombia
La crisis de los Derechos Humanos en Colombia no ha tenido las manifestaciones externas de las dictaduras militares existentes en la región en décadas pasadas; pero se ha alimentado de las mismas prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones extrajudicales, desapariciones forzadas y genocidio.
Según el Informe anual de la Alta Comisionada de las NNUU para los Derechos Humanos en su apartado Colombia (2009), viene a indicar un mejoramiento de la seguridad en los últimos años y la disminución en la tasa de homicidio en algunas ciudades, como por ejemplo Medellín. Sin embargo hace hincapié, en el aumento del número de intimidaciones y amenazas de muerte contra jóvenes y defensores de derechos humanos, entre otros, la expansión de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y el incremento de la violencia que éstos ejercen contra la población.
En 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno, como el vicepresidente. Además, según información publicada en los medios de comunicación, incluso los magistrados de la Corte Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la Oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba «blancos legítimos» por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales.
Las amenazas y asesinatos contra sindicalistas[8], periodistas, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, y contra quienes promueven sus derechos, son motivo de especial preocupación. También preocupa la situación de quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas.
Los cánticos belicistas de Juan Manuel Santos, hacen prever un incremento del número de desplazados colombianos. Un informe presentado en mayo de 2009 por el Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC, por su sigla en inglés) señala que la población desplazada en Colombia por la violencia alcanzó en 2008 los 4,3 millones de personas. A efectos de desplazamiento externo, se estima en el Ecuador un número entre 135 y 170 mil refugiados colombianos.
Relaciones con los países vecinos
En cuanto a su política exterior, el nuevo Gobierno promete convertir en su bandera la lucha por los derechos humanos y transformar las fronteras en polos de desarrollo económico y social.
Sin embargo, la política desarrollada por el uribismo hasta ahora ha sido todo lo contrario. En la parte colombiana de la frontera con Ecuador, carece de políticas adecuadas y controles fronterizos, dado que la lógica militar aplicada en la zona, se basa en incursiones desde posiciones militares más al interior, forzando de esta manera a que los grupos irregulares que operan en la zona, penetren en territorio ecuatoriano durante los escarceos con el Ejército. La fuerte campaña internacional provocada por la presidencia colombiana tras el bombardeo al campamento de Agostura[9], hizo que el gobierno de Rafael Correa reforzase el control fronterizo y rechazase las incursiones insurgentes sobre territorio ecuatoriano. En la práctica, Uribe logró que Ecuador aplicase la política del «yunque y el martillo«, término empleado para definir una estrategia militar basada en incursiones militares desde el interior a los territorios selváticos de la frontera con Ecuador, sin mantener posiciones fijas en el territorio y sin control fronterizo por parte colombiana, a la vez que desde las posiciones ecuatorianas se rechazan militarmente las penetraciones guerrilleras. A final, Uribe consiguió que Ecuador interviniese en el conflicto interno colombiano.
A pesar de esta situación y el proceso en curso de recomposición de relaciones diplomáticas entre los dos países, Juan Manuel Santos está imputado en un juicio por parte de las autoridades judiciales competentes en el Ecuador, por ser el autor intelectual de los sucesos de Angostura.
De igual manera, la República Bolivariana de Venezuela ha denunciado una infinidad de veces, la presencia de paramilitares colombianos en su territorio, así como determinadas operaciones del DAS dentro de su país. Los niveles de tensión vividos entre ambos países en diferentes momentos de estos últimos dos años, hacen presagiar que durante el mandato de Santos, sea difícil y compleja la relación entre ambos países.
La presencia de la siete bases estadounidenses en territorio Colombia, convirtiéndose la Base Aérea de Palanquero, en una plataforma desde donde poder situar unidades militares estadounidenses en cualquier rincón del territorio latinoamericano en apenas 72 horas, generan una enorme inquietud en los países de la UNASUR, y especialmente en Venezuela.
El mero hecho de que Juan Manuel Santos ha hecho gala de su orgullo, al ser declarada Colombia como el Israel de Latinoamérica por parte de algunos analistas latinoamericanos, siembra un duda y resquemores profundos en los países de su entorno, incluido Brasil.
Álvaro Uribe, el presidente saliente
El 7 de agosto Álvaro Uribe dejará de ser presidente de Colombia.
Su historia pública se remonta a 1977, cuando tras ser funcionario público y ocupar diversos cargos en su provincia de Antioquia, es nombrado secretario del Ministerio de Trabajo con el presidente Alfonso López Michelsen, y director del Departamento de Aeronáutica Civil entre 1980-1982, bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala.
Ya en el Departamento de Aeronáutica Civil (Aerocivil), aparecen las primeras vinculaciones de Uribe con el narcotráfico. El 1981, Uribe le concede una licencia a Jaime Cardona[10] con el fin que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. De igual manera, otorgó licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi y Urrao, y en la hacienda «El 90«, en Caucasia, propiedad, otra vez, de Jaime Cardona.
Un año después de que Uribe dejará su responsabilidad en la Aerocivil, el Consejo Nacional de Estupefacientes, ordenó a la esta institución «suspender los vuelos de naves de narcotraficantes» y señaló que en el pasado esa entidad había adolecido de una actitud pasiva y negligente. El 8 de septiembre de 1983, el diario El Tiempo[11] informaba sobre la medida: «El Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó ayer a la Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros y avionetas de propiedad de Pablo Escobar[12] y Carlos Lehder[13]».
El padre de Álvaro Uribe, Alberto Uribe, estuvo vinculado a Fabio Escobar -padre de Pablo Escobar- y Fabián Ochoa[14]. Alberto Uribe falleció en un enfrentamiento con las FARC, en su finca de Guacharacas. En ese enfrentamiento fue herido Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, al que se intentó transladar al hospital de Medellín en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar, y para el cual el permiso de vuelo fue otorgado previa petición del aun actual presidente colombiano.
Elegido alcalde de Medellín en 1982, concejal en 1984 y 1988, ejerció como senador de 1986 a 1994 y fue vocero del sector del PL más inclinado al empleo de la fuerza para acabar con la guerrilla. En su época como gobernador de Antioquia (1995-1997), quedan documentados contactos con paramilitares que combatían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con su proyecto de «Estado comunitario«, defendió una estrategia de rearme e implicación de los civiles en la lucha antisubversiva. Promovió a las asociaciones privadas de seguridad, agrupadas en el programa Convivir, que cometieron innumerables violaciones de los derechos humanos antes de ser proscritas.
Posteriormente se sumó a la campaña del candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, pero discrepó en cuanto a la estrategia antiguerrillera, rompiendo con el partido y presentando su candidatura a las elecciones como independiente.
Con un discurso enérgico y prometiendo una lucha implacable contra el terror, su proyecto de «seguridad democrática» y resistencia civil se impuso en la campaña electoral de 2002.
Su creciente popularidad se fraguó en el descrédito a cualquier intento de una solución política o negociada del conflicto y al dualismo tradicional y oligárquico de liberales y conservadores. Uribe se forjó una imagen de firmeza, insistiendo en la necesidad de restablecer la autoridad del Estado, y se distanció de los otros candidatos al no oponerse a la llegada de tropas extranjeras para combatir el narcotráfico, como corolario del multimillonario Plan Colombia y al permiso para la utilización de al menos siete bases militares en territorio colombiano por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
A pesar de los vínculos de Uribe con el narcotráfico, a pesar de los escándalos como los más de dos mil casos de «falsos positivos«, las decenas de denuncias presentadas por violación de derechos humanos, los más de medio centenar de parlamentarios uribistas en la cárcel o procesados por la parapolítica, el espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana), la compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución, la adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario y la «Yildis-política«, entre otros, el actual presidente colombiano llega al final de su mandado con el 70% de apoyo popular.
El futuro de Uribe, tras abandonar la presidencia de Colombia está por ver, pero la perdida de inmunidad, así como las diversas acusaciones que se vierten sobre él, tanto en el ámbito de sus relaciones con el paramilitarismo y la parapolítica, así como en lo referente a violaciones de Derechos Humanos, pueden hacer de este personaje un nuevo Noriega a la colombiana.
Notas:
[1] El jefe del Frente Urbano «Manuel Cepeda Vargas» de las FARC.
[2] Líder del Frente 16 de las FARC, fue considerado por la policía como el principal jefe del negocio de las drogas y la compra de armas de esa guerrilla. Estaba reclamado por jueces de los Estados Unidos y tenía 17 órdenes de captura pendientes.
[3] Uno de los mitos de las FARC. Durante más de 11 años dirigió el Frente 37 de las FARC y mantuvo secuestrado seis años al que posteriormente fue canciller colombiano, Fernando Araújo.
[4] Asesinado junto a 21 guerrilleros más mientras dormían en un campamento clandestino en territorio ecuatoriano. La violación de soberanía a territorio ecuatoriano, conllevó la ruptura de relaciones entre ambos países.
[5] Considerada por la policía como la jefa del frente número 47 de las FARC, se acogió junto con su compañero y su hija a las medidas de reinserción para insurgentes.
[6] Las FARC fueron engañadas para que entregaran a sus 15 secuestrados con mayor significado político a agentes de inteligencia en lo que se especula fue el rescate de rehenes más «limpio» en la historia.
[7] El escándalo de los «falsos positivos» es como se conoce a las revelaciones hechas a finales del año 2008 que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate.
[8] El Programa Presidencial para los Derechos Humanos registró de enero a octubre del 2009, 27 homicidios de sindicalistas, 14 de ellos maestros. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportó 37 homicidios, que incluyeron 4 mujeres, durante el mismo período.
[9] En la madrugada del 1 de marzo de 2008, fuerzas militares y policiales colombianas invadieron territorio ecuatoriano para llevar a cabo la Operación Fénix, que conllevó el asesinato mientras dormían de 22 guerrilleros de las FARC, entre los que destacaba el Comandante Raúl Reyes. A pesar de la violación de la soberanía del Ecuador, el gobierno colombiano posicionó fuertemente en los medios internacionales una supuesta relación entre las FARC y el gobierno de Rafael Correa.
[10] Jaime Cardona tenía antecedentes por narcotráfico y lavado de activos desde el año de 1977 y era considerado en ese entonces como el segundo hombre de la organización de Medellín. Fue capturado en una finca situada en Cáceres, corregimiento del municipio de Caucasia, a dos horas de Medellín, y durante el operativo fueron encontrados 530 Kg. de cocaína que acababan de llegar a bordo de una avioneta procedente de San José del Guaviare.
[11] El Tiempo: Principal diario colombiano y el único de circulación nacional en Colombia, de propiedad mayoritaria de la familia Santos Calderón, dos de cuyos miembros, son Francisco «Pacho» y Juan Manuel Santos Calderón, primos entre sí, uno vicepresidente actual de Colombia, y el segundo presidente electo.
[12] Pablo Escobar Gaviria, «El Patrón«: Principal líder del crimen organizado colombiano asociado al narcotráfico, agrupado en el denominado «Cartel de Medellín«. Dado de baja en Medellín, durante un operativo de la Policía, el 2 de diciembre de 1993.
[13] Carlos Lehder Rivas: Narcotraficante colombo-alemán, nacido en Armenia (Quindío) y asociado al «Cartel de Medellín«. En 1987 fue capturado por las autoridades colombianas y de inmediato se le extraditó a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por narcotráfico y lavado de activos. Su condena inicial a cadena perpetua más 135 años, fue reducida a 55 años por su testimonio en contra del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega.
[14] Jefe del Clan Ochoa, asociado al Clan Medellín.